La defensa de Español recurre a Marchena para desmontar la versión policial del 1-O

BarcelonaLos tiempos judiciales quisieron que la última sesión del juicio contra los policías nacionales que vaciaron el ojo de el activista Roger Español se celebrara un 1 de octubre, siete años después del día del referéndum en el que el activista independentista fue mutilado. La sesión ha comenzado con demora: se ha suspendido hasta la una del mediodía porque el inspector imputado había alegado "un problema de salud" y se ha reanudado cuando ha vuelto del hospital. Todo ello ha provocado que el juicio tenga que acabar finalmente el viernes. La jornada de este jueves ha contado con las declaraciones del inspector responsable del operativo, de dos subinspectores y del escopetero que disparó a Español. Unas declaraciones, sin embargo, han quedado eclipsadas por el discurso final de la defensa de Español, que incluso ha recurrido a una sentencia de Manuel Marchena y a otra que se dictó por el caso de Esther Quintana, para desmontar la versión policial del 1-O.

En su informe, el abogado Benet Salellas ha recordado el dolo eventual que ratificó una sentencia del magistrado del Tribunal Supremo –que confirmó una condena a dos mossos– alegando que "cuando el autor somete a la víctima a una situación en la que no tiene la seguridad de control se le imputa en términos de dolo eventual". También ha recordado la sentencia de Quintana, víctima en la huelga general de 2012 de una mutilación idéntica, en este caso por parte de la policía catalana, y que motivó la prohibición de los proyectiles. Esta resolución consideró que había dolo –aunque absolviera a los encausados porque no los identificó–, entre otras cosas porque "recriminó que se había disparado a menos de 50 metros" del activista, prohibido por el protocolo del cuerpo, lo cual multiplicó la gravedad de la acción. En el caso de Español se produjo a 14,12 metros.

Salellas ha continuado su exposición explicando que "el acusado sabía que podía provocar el resultado lesivo" con un "disparo voluntario" del cual se "desentiende"; y que "el resultado no era inimaginable", entre otras cosas porque las pelotas de goma "habían sido prohibidas por el Parlament por el peligro conocido". Además, también ha añadido que el lanzamiento se produjo a menos de 15 metros, cuando el uso normal debería ser a más de 50 metros. Durante el 1-O, en la calle Sardenya fue "el único lugar donde se utilizaron las balas de goma". Todo ello, según la defensa de Español, "para castigar" al activista en un momento en el que "no había peligro".

"La policía no ha obtenido imágenes que confirmen que en el último tramo hubiera lanzamiento de adoquines", ha apuntado Salellas apelando a los vídeos visualizados durante el juicio. Y todavía ha añadido que hay un "in crescendo policial precisamente cuando hay un suflé de los manifestantes". El abogado, además, ha apuntado que solo pasaron "ocho segundos entre las porras y las salvas" previas a disparar pelotas de goma –e incluso un agente ha confirmado que las órdenes fueron simultáneas. Las imágenes que se proyectaron también permiten ver que había un herido y que continuaron disparando, siendo otro punto clave.

Para Salellas, ver a ciudadanos con los brazos en alto no era "un peligro extremo" como para disparar de la manera en que se hizo. La abogada de Irídia, Anaïs Franquesa, todavía ha añadido que la sentada masiva previa era de carácter pacífico y que la desproporción policial ya vino de ahí y se multiplicó después. Según la jurisprudencia aportada por la letrada, la violencia debe ser "la menor" por la intención y empleando el "medio menos peligroso" y "de la forma menos lesiva". Los representantes del activista también han señalado las órdenes de los jefes operativos a pesar de la escasa distancia.

La versión de los policías

Para defenderse, los acusados se han escudado en "la extrema gravedad" de la situación del día del referéndum, con un "lanzamiento de adoquines" que no ha quedado probado, pero también por la distancia de los disparos, que veían adecuada a la situación. También se han aferrado al hecho de que emplearan el rebote para disparar. Su objetivo era evitar la prisión.

En concreto, la versión del escopetero, Israel Ramos, se ha basado en justificar su actuación en el hecho de que "cumplía órdenes". Ahora bien, cuando le han preguntado si se debería disparar en caso de duda sobre la distancia, ha afirmado: "En caso de duda no dispararía". Todos los policías que han declarado han dicho que estaban perfectamente formados y que aprendían a hacer "el rebote" y nada más.

A su parecer, estaba justificado disparar "alrededor de los 15 metros" y aseguran que tomaron suficientes precauciones, a pesar de que los peritos demostraron que la lesión en el ojo se podía causar igualmente disparando hacia el suelo. La tesis de la defensa es que un incidente anterior habría desencadenado las ganas de escarmentarlo.

Ahora bien, el inspector Ángel Diego Vaquera –número 73.861–, ha admitido, a su vez, que las órdenes generales de disparar no quieren decir que se tengan que ejecutar porque existe la "capacidad de decidir que no se debe disparar" por parte de cada escopetero en función del contexto, "ante la duda" y teniendo en cuenta el "principio de mínima intervención". Uno de los puntos que ha intentado estirar la defensa del inspector y el resto de agentes es que los Mossos relataron que el policía español no apuntó directamente a Roger Español.