La legislatura en el Estado

De la advertencia a la expulsión: el Congreso lanza un debate para regular a los lobbystas

El pleno debate una proposición que también fija un régimen sancionador por los incumplimientos en las declaraciones de bienes de los diputados

BarcelonaLa opacidad que rodea la actividad de los grupos de interés —o lobbies— en el Congreso de los Diputados está a punto de terminar. O al menos, a partir de ahora se está preparando una ley que intentará regularlos. Este martes por la tarde, el pleno debatió una propuesta del PSOE para limitar su actividad, obligándolos a inscribirse en un registro público —como ya se hace en Cataluña— y a cumplir con el código de conducta de la cámara. En caso de incumplimiento y de difusión, por ejemplo, de información falsa, se establece un régimen sancionador que podría conllevar la expulsión del Congreso. Los socios del gobierno español ya han anunciado que votarán a favor, mientras que el PP y Vox han acusado a los socialistas de promover la iniciativa cuando están "asediados por la corrupción", criticó la popular Carmen Navarro.

El objetivo es, según la propuesta, "combatir la desinformación" y garantizar "más transparencia" y "supervisión" de la actividad en la cámara con un mecanismo similar al que ya existe en el Parlamento y el gobierno de la Generalitat. ERC, Junts y el BNG se han mostrado a favor del texto e incluso han exigido que vaya más allá, pidiendo "más rigor" y que los procedimientos sancionadores sean de carácter técnico para evitar su politización, además de pedir el fin de las "puertas giratorias". El PNB y Bildu, por su parte, han criticado que se establezcan las mismas obligaciones de registro para las grandes corporaciones y para pequeñas entidades como las asociaciones de vecinos, pero también se han mostrado a favor de la normativa. Y desde Sumar, el diputado Francisco Sierra ha señalado al PP por usar el lema "Mafia o democracia" y luego no apoyar iniciativas a favor de la transparencia.

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Pero, más allá del debate político, ¿qué propone el texto presentado por los socialistas? Lo desglosamos a continuación:

¿Qué es un grupo de interés?

Se entiende por grupo de interés a aquellas personas físicas y jurídicas, así como a grupos sin personalidad jurídica, que establecen comunicación, directa o indirecta, con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de grupos parlamentarios con el fin de influir en la actividad parlamentaria. Más allá de esta definición, el texto solo prohíbe la participación a quienes hayan sido miembros del Gobierno español o de las Cortes Generales en los dos últimos años, así como a las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos.

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¿Cómo se realizará el recuento?

Los grupos de interés tendrán que inscribirse en un registro que dependerá de la Oficina de Conflictos de Intereses, que podrá denegar la inscripción si considera que el solicitante está incumpliendo alguna normativa como el código de conducta.

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¿Cuál debe ser la relación entre los lobbystas y los grupos parlamentarios?

Todo debe ser público, tanto las personas que se reúnen, el motivo de la reunión como los documentos compartidos, y se publicará en la página web del Congreso. Además, los grupos parlamentarios deben informar si alguna iniciativa que presenten proviene de una propuesta de un grupo de interés.

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¿Qué se considerará una infracción?

Habrá tres tipos de infracciones. Se considerará una infracción leve difundir información falsa involuntariamente. Será una infracción grave hacerlo repetidamente o perjudicar gravemente el funcionamiento de la cámara, o difundir falsedades a sabiendas, obtener información mediante falsedad o aprovecharse de un conflicto de intereses de un empleado del Congreso. En los casos más graves, como difundir información confidencial o mantener contactos sin estar inscrito en el registro de grupos de interés, la infracción se considerará muy grave.

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¿Qué sanciones habrá?

Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ir desde un aviso hasta la suspensión indefinida de la inscripción en el registro, lo que imposibilitará que ese lobi siga contactando con grupos y diputados en el Congreso y lleve a cabo su labor de presión.

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Sanciones por declaraciones de bienes

La propuesta también pone fin a una laguna legal en la Cámara: si bien los diputados están obligados a presentar una declaración de bienes y actividades, no existe un régimen sancionador aplicable cuando no la presentan o la presentan de forma incompleta. El texto pretende acabar con esta situación y establece sanciones que pueden conllevar la pérdida de cargos y complementos salariales.