El PP se rompe por la guerra interna por el poder

MadridLa guerra en el PP es ya inevitable y a cara descubierta. La pugna entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección estatal del PP por el control del partido se embarra pocos días después de la tregua por las elecciones de Castilla y León. En la batalla que hace meses que mantienen Ayuso y Casado ahora se mezclan acusaciones de espionaje a la presidenta madrileña por parte de cargos próximos a la dirección estatal, según publican varios medios como El Mundo y El Confidencial. La operación, que se habría urdido desde el octubre pasado, pasaba por investigar si el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, se había llevado comisiones en algunas de las adjudicaciones que había hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid. No ha sido, sin embargo, hasta este jueves que la dirección del partido ha decidido abrir un expediente informativo a Ayuso –de momento, descarta acudir a la Fiscalía – para aclarar todo este caso. ¿Por qué ahora? Porque Ayuso ha salido a dar explicaciones sobre el caso y a cargar en tromba contra Casado acusándolo de querer acabar con ella: "Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de apoyarte, sean los que te quieren destruir".

Este mediodía ha comparecido en la sede del gobierno madrileño –sin aceptar preguntas– y ha negado cualquier ilegalidad en el contrato a dedo de 1,5 millones de euros adjudicado a la empresa Priviet Sportive SL en abril de 2020, durante el estado de alarma, para suministrar mascarillas. El equipo de la presidenta ha distribuido los detalles del contrato para intentar descartar las sospechas. Lo que no ha hecho es negar que su hermano cobrara una comisión, que según las informaciones publicadas sería de 280.000 euros. Para Ayuso, en todo caso, entraría dentro de la ley. El administrador de la empresa es Daniel Alcázar Barranco, que, según publica Eldiario.es, es amigo de la familia de la presidenta.

Una hora después ha comparecido el secretario general del PP, Teodoro García Egea –él sí que ha aceptado preguntas–, en la sede de la calle Génova de Madrid. Egea ha afirmado que el partido tenía sospechas sobre el contrato desde verano y que Pablo Casado pidió explicaciones a Ayuso en una reunión el mes de septiembre. En el encuentro, para hablar del congreso del partido, Casado le explicó que creía que la adjudicación era "ilegal". La presidenta madrileña le preguntó entonces a su hermano, que le "confirmó que había mantenido relaciones comerciales" con la empresa Priviet Sportive SL, pero que "todo era completamente legal". "Que todo está regulado ante Hacienda y declarado", ha subrayado Ayuso.

El PP considera que Ayuso ha admitido la tesis del partido: que su hermano recibió comisiones por este contrato. La investigación interna, sin embargo, ya había empezado en el mes de octubre, ha dicho Egea, y Ayuso no facilitó ningún tipo de información, sino que impulsó "una campaña masiva de calumnias como las que se han hecho hoy mismo". El expediente que la dirección ha abierto este jueves supone "culminar las investigaciones que se han llevado a cabo".

El PP amenaza con llevarla a los tribunales

Ayuso ha cargado con dureza y sin ningún tipo de filtro contra la dirección de Pablo Casado, a quien ha acusado de actuar con "crueldad" contra ella para intentar desgastarla y apartarla de la carrera para presidir el PP madrileño. "No habría podido imaginar nunca que la dirección de mi partido hubiera podido actuar de una forma más cruel e injusta contra mí", ha soltado solo empezar la comparecencia. Sin ningún filtro, Ayuso ha calificado a los miembros de la dirección del PP de "insensatos" por usar a su hermano para atacarla y "desprestigiarla personalmente y políticamente".

Egea le ha contestado con la misma moneda, advirtiendo que no aceptará ninguna acusación que perjudique su "honorabilidad": "No habría podido imaginar nunca que se atacara de una forma más cruel e injusta la dirección de un partido que se lo ha dado todo". Las palabras de Ayuso son, para el número dos de Casado, "casi delictivas" y ha amenazado con llevarla a los tribunales: "Los servicios jurídicos están estudiando posibles acciones legales". Y como en la guerra siempre hay trincheras, a través de las redes, ya se ha iniciado una campaña coordinada de representantes del partido para dar "ánimos", demostrar "orgullo" y señalar a Pablo Casado como "el mejor presidente".

Dimisión de Carromero por el espionaje a Ayuso

Los dirigentes próximos a Casado que empezaron las investigaciones, entre los cuales El Confidencial cita a Ángel Carromero, director general de coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contrataron con detectives privados para intentar averiguar si el hermano de Ayuso estaba implicado en esta contratación y si se había llevado una parte del pastel pagado a la empresa adjudicataria. El digital también explica que Carromero también había investigado al exmarido y a un exnovio de Ayuso por si habían sido beneficiados con contratos del gobierno madrileño. Carromero ha presentado su dimisión esta tarde. Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la decisión la ha tomado después de mantener una "conversación" con Almeida.

La investigación, que llegó a oídos de Ayuso el mes de diciembre a través del exministro del gobierno de Mariano Rajoy Alberto Ruiz Gallardón, no se llegó a iniciar porque, según publica El Mundo, la empresa de detectives, el Grupo Mira, decidió no aceptar el encargo. Desde la dirección del PP niegan que se contratara a ningún detective para investigarla. Ayuso ha acusado al partido de "filtrar" contra su "honorabilidad" y ha asegurado que ella ha actuado siempre de manera "leal" a la dirección de Casado, a pesar de las acusaciones directas que ha hecho este jueves. "No encontrarán ninguna corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen", ha afirmado. Y ha añadido: "Puedo cometer errores, pero no ilegalidades".

Almeida niega la implicación del Ayuntamiento

El intento de contratar esta investigación privada se habría hecho desde la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMAV), según El Confidencial, para que no se pudiera relacionar directamente con la dirección estatal del PP. Y, según el diario, cuando supieron que Ayuso estaba enterada de ello, intentaron curarse en salud interrogando a los trabajadores de esta empresa pública para saber si se había llegado a hacer la contratación. Tal como ha explicado este mismo jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no se encontró ningún contrato del EMAV con el detective ni la empresa por la cual trabaja.

"No ha habido ningún pago del Ayuntamiento para obtener información de esta naturaleza", ha reiterado el alcalde, que ha querido salir a defender "la honorabilidad" de la institución y se ha negado a responder ninguna pregunta en calidad de portavoz del PP. Almeida también ha explicado que ha hablado con Carromero y que le ha negado haber hecho ninguna gestión al respeto. "Si apareciera alguna prueba o indicio, sería cesado inmediatamente", ha asegurado. Ahora bien, su socio en el gobierno municipal, Ciudadanos, no le han parecido suficientes las explicaciones de Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha pedido que se investigue el caso hasta las últimas consecuencias. Ayuso, que ve una maniobra como el espionaje "más propia de personas que no saben lo que es gestionar una administración y van de pasillo en pasillo sin ninguna responsabilidad", ha asegurado que se cree las palabras del alcalde.

La oposición pide una comisión de investigación

Este jueves había sesión de control en la Asamblea de Madrid y la oposición ha aprovechado para hacer escarnio del tema. Ayuso ya había negado que su hermano hubiera cobrado ningún tipo de comisión ilegal ante las críticas, pero la oposición ha reclamado más explicaciones. De hecho, Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos han pedido una comisión de investigación a la Asamblea para aclarar el asunto, así como también la comparecencia del hermano de la presidenta madrileña. Hace 12 años ya hubo una comisión de investigación en el Parlamento autonómico por un supuesto espionaje interno del PP de Madrid a altos cargos del Ayuntamiento y el gobierno regional con Aguirre como presidenta.