Política

Los presupuestos del Govern cuelgan de un hilo por el Hard Rock

El PSC exige desatascar un proyecto que los comunes vetan, mientras el Govern asegura que se está siguiendo el "curso normal de tramitación"

BarcelonaFue uno de los escollos de la negociación de los presupuestos del 2023 y lo sigue siendo para los del 2024: el complejo del Hard Rock en Vila-seca y Salou (Tarragona) vuelve a encallar este año las conversaciones entre el PSC y el Govern de ERC, hasta el punto de que deja el proyecto colgando de un hilo. El Govern asegura que está a la espera de un informe de la consejería de Acción Climática –que ya hizo uno que destacaba el impacto negativo del proyecto–, imprescindible para que pueda aprobarse el plan director urbanístico. Éste fue, precisamente, uno de los compromisos que adquirió la Generalitat con los socialistas en el pacto de presupuestos del año pasado y que debía desbloquearse, a lo sumo, en junio del 2023.

Todo ello generó momentos de tensión este miércoles durante la última reunión sobre las cuentas que han mantenido el Govern y el PSC. Según varias fuentes consultadas de ambos lados, el encuentro en el Palau de la Generalitat no fue bien con Hard Rock como escollo insalvable. Por un lado, la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, y, por otro, el diputado socialista Jordi Terrades, dieron por finalizada la reunión antes de tiempo, sin que todavía no se haya fijado una nueva . Y eso que el objetivo del Gobierno era cerrar la negociación esta misma semana.

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Fuentes oficiales de Presidencia restan importancia al final abrupto de la reunión y aseguran, en cambio, que el encuentro fue "correcto" y que se sigue "adelantando bien". Fuentes de ambos lados apuntan a que, tras el choque del miércoles, probablemente hará falta una llamada entre Aragonès y el líder del PSC, Salvador Illa, para desatascar las cuentas, como ya ocurrió hace un año. Una llamada que no sería excepcional porque ya ha habido varios contactos durante la negociación.

Proyecto en 'standby'

La tramitación del plan director urbanístico del Hard Rock está en standby. Desde el Ejecutivo defienden que el proyecto está "siguiendo su curso normal de tramitación, como cualquier otro expediente", y que los socialistas están poniendo este macroproyecto como excusa para "dilatar" la aprobación de las cuentas. Sin embargo, hay otro actor que complica la ecuación: los comunes han puesto como línea roja para sumarse al entendimiento de que el Hard Rock no salga adelante. El dilema para ERC es que los necesita ambos y que, además, hay voces internas que se afanan por guardar definitivamente en el cajón una inversión que nunca convenció a los republicanos.

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"Hay un documento firmado por el señor Aragonès y por mí. Ya lo tenemos acordado. A mí no me gusta ni perder el tiempo ni hacerlo perder. Si no se cumple, no hay presupuesto, al menos con los votos del PSC", decía Isla en una entrevista en el ARA el 2 de diciembre. Para aprobar las cuentas del 2024, los socialistas exigen antes de que se desatasquen los compromisos del año pasado y, a diferencia de la B-40, en cuanto al Hard Rock lo más caliente está en el fregadero. El Govern rebaja esta presión y asegura que todo está más cerca de lo que parece.

El contexto de emergencia por sequía en Cataluña complica aún más la validación pública de un macroproyecto que contempla un gran casino, dos hoteles, una gran piscina, un área comercial y un recinto para congresos con una capacidad global para acoger a 15.000 personas. Ante las reticencias de los comunes, el propio Aragonés subrayó desde el Parlamento que el Hard Rock no vería la luz "en los próximos meses" y que el proyecto debería adaptarse al nuevo contexto.

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Y todavía hay otro flequillo: CriteriaCaixa ha subido el precio de los terrenos de la operación –que el Gobierno se ha comprometido a comprar antes de traspasarlos a Hard Rock– para ajustarlo a la subida del IPC, un incremento que habrá que saber si los inversores pagarán. Según fuentes consultadas por el ARA, el precio subiría ahora a los 130 millones de euros.

El reloj avanza y la negociación a varios niveles podría ganar peso si, en caso de que se acabe aprobando la amnistía, el gobierno español necesita realizar un cambio de cromos para aprobar sus presupuestos. ERC, de hecho, quiere vincularles a los catalanes, pero en Madrid sus votos han perdido peso específico, ya que Pedro Sánchez también necesita a los de Junts. Las negociaciones en el Ayuntamiento de Barcelona también son relevantes. En cualquier caso, el pasado año el acuerdo entre Esquerra y el PSC ya estaba cerrado a 1 de febrero.

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Compromisos pendientes

En las últimas reuniones –los negociadores se han encontrado dos veces por semana como mínimo–, socialistas y ejecutivo han ido avanzando en dos frentes diferentes: uno, el de los compromisos pendientes de 2023 (aunque, según el Gobierno, ya se han cumplido el 70% de las medidas pactadas); y el otro, las líneas maestras de las nuevas cuentas con las prioridades que han señalado los socialistas –educación, vivienda y seguridad–. Los negociadores de ambos lados consideran que no deberían representar ningún escollo si se resuelve antes el bloqueo por el Hard Rock.

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Según fuentes socialistas, además del Hard Rock el Gobierno va tarde con los compromisos inversores con el Metro de Barcelona, ​​la reducción a la mitad de los tiempos de espera en dependencia, la ejecución de la ampliación de la desalinizadora de la Tordera –ahora que el Estado se ha comprometido a invertir 287 millones– y la potabilizadora del Besòs. No les preocupa tanto la ejecución de la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès, que ven encauzada aunque todavía no se haya firmado el convenio. Precisamente el ministro Óscar Puente estará este viernes en Catalunya en la inauguración del tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls.

"Presión territorial"

Ante el conflicto por el Hard Rock, varias fuentes socialistas consultadas son claras: no renunciarán a una operación que, a su juicio, llevará nuevas inversiones, puestos de trabajo e infraestructuras en el Camp de Tarragona. "Hay una presión muy fuerte de los municipios para que salga adelante", explica una voz socialista del territorio, que relata que tienen el compromiso personal de Salvador Illa de que el PSC aguantará la posición. Esta semana el alcalde de Salou, Pere Granados, se ha encargado de poner voz a esta presión pidiendo la dimisión del Govern.