Así pretende Pedro Sánchez evitar las 'fake news'

BarcelonaEn los escasos 40 minutos que duró la entrevista la noche del lunes de Pedro Sánchez en RTVE, hubo dos ideas que se repitieron insistentemente, hasta diez veces cada una. La primera era “máquina del barro”, como forma de definir el entramado político, mediático y policial basado en lo que el presidente español consideró la mentira y el insulto. El segundo concepto repetido ad nauseam fue que las víctimas de las campañas de desinformación son también periodistas y medios de comunicación.

Sánchez se resistió –hasta tres veces– a explicar qué medidas se pueden impulsar para luchar contra las noticias falsas, pero esa insistencia en involucrar a los medios rigurosos en la ecuación sugiere que el líder del PSOE es consciente de la dificultad de legislar sin violentar el derecho fundamental a la libertad de expresión y abrió la puerta a una autorregulación de los medios de comunicación frente al problema. Durante la conversación, Sánchez también aludió a la financiación de estos medios por parte de determinadas administraciones públicas y ha insinuado que habría que revisar esto. La Generalitat elabora un informe anual donde rinde cuentas de estas inserciones y qué medios las reciben, pero es la única administración del Estado que lo hace. Este martes, cuando, entrevistado en la SER, se le ha pedido concreción, ha explicado que "tampoco en cinco días se le puede pedir a nadie que resuelva un problema de las democracias contemporáneas" y ha subrayado una idea expresada el día anterior en RTVE , en el sentido de que se propone "para liderar, pero no monopolizar" el debate al respecto.

Por otra parte, y también este martes, una de las preguntas efectuadas en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros era si se plantean denunciar incumplimientos de la ley de publicidad institucional. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se limitó a decir que se puede valorar la medida. En paralelo, el PSPV solicitaba por la mañana conocer "las subvenciones que Mazón da a los pseudomedios" valencianos y ha alertado de "la connivencia existente entre el PP y quienes difamamos a los responsables públicos", en palabras del síndico del partido a las Cortes, José Muñoz. "Queremos saber cuánto dinero público da Mazón a quienes perjudican la calidad democrática de la Comunitat Valenciana".

Aunque Sánchez ha vendido su maniobra como una especie de revelación repentina de un tema que había dejado pasar hasta entonces, el debate sobre la fina frontera que separa la protección frente a la mentira industrializada y el control de la línea editorial ha sobrevolado en varias ocasiones en los últimos años de gobierno progresista. En noviembre del 2020, por ejemplo, Pablo Iglesias declaraba en el diario argentino Página 12: "La mayor amenaza son los poderes mediáticos que desprecian la verdad".

También durante aquellas semanas, la entonces vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo inauguraba las XVI Jornadas de Periodismo Coca-Cola y declaraba: “La libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo. Deberemos mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, deberíamos intentar empezar a tomar decisiones sobre este asunto”. PP, Vox y Cs lo consideraron la amenaza de crear un orwelliano Ministerio de la Verdad, anunciaron recurrirlo a Europa y Abascal tachó a Sánchez de “tirano”.

Sin consejo audiovisual

Sánchez mencionó también como responsables de lo que calificó de “pseudomedios” terminan en determinadas tertulias televisivas. En este sentido, conviene hacer notar que España es el único país de la UE que no tiene un consejo audiovisual específico, que vele por la actuación de las diferentes cadenas (incluidas las privadas, porque desarrollan su actividad utilizando un bien público cómo es el espacio radioeléctrico). En 2010 se creó el Consejo Español de Medios Audiovisuales (CEMA), con el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero no se llegó a constituir y parte de sus competencias quedaron integradas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo sí ejerce algunas funciones de control, pero rara vez entra en la veracidad de los contenidos, no evalúa la pluralidad política de los canales como sí se hace en Cataluña y suele centrarse sobre todo en aspectos relativos a la publicidad y los horarios protegidos .

Otro asunto que ha marcado la legislatura, en el ámbito de la relación entre poder y medios de comunicación, es la llamada ley mordaza. El PSOE se comprometió a reformarla, pero no pudo salir adelante. Algunos de sus socios, como Esquerra, Junts o Bildu, se negaron a aceptar el texto que se proponía, al considerarlo demasiado light, ya que seguía permitiendo a la policía multar o detener a periodistas indiscriminadamente mientras cubren manifestaciones, aprovechando que el relato en solitario de los agentes tiene ya un valor probatorio suficiente.