El PSC y ERC desbloquean el 'cuarto cinturón' ferroviario para no pasar por Barcelona

Barcelona / MadridDesde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

Por otra parte, republicanos y socialistas también han pactado sacar adelante una sociedad mercantil para ejecutar las inversiones del Estado pendientes en Catalunya después de que Junts tumbara el consorcio de inversiones en el Congreso de los Diputados. El Govern prevé activar la maquinaria para aprobar los presupuestos después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y, en paralelo, también se convocaría una comisión bilateral Estado-Generalitat en la que el ejecutivo español debería validar los compromisos a los que llegue con ERC.

Vamos por partes. ¿Qué es la línea orbital? Se trata de completar un proyecto que permitiría conectar Vilanova i la Geltrú y Mataró pasando por ciudades como Vilafranca del Penedès y Granollers. Es una red alrededor del área metropolitana de la que se habla desde hace décadas. En el proyecto que se actualizó en 2024, contaba con un total de 39 estaciones, 23 de las cuales serían nuevas. Ahora mismo hay tramos hechos, como el de Vilafranca del Penedès hasta Martorell, pero hay que habría que hacer de nuevo, como la conexión entre Granollers y Mataró. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el proyecto tendría un coste de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, que debería invertir, en buena parte, el Estado. Oficialmente, el gobierno español evita confirmar cualquier pacto, pero las fuentes consultadas por el ARA indican que el paquete se habría decidido ya a tres bandas la semana pasada a través de varias reuniones en la capital catalana y en el Estado.

"El tren orbital es una respuesta imprescindible a la situación crítica del ferrocarril en nuestro país", explicaba el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el sábado desde Tàrrega. Desde Esquerra defienden esta red como un nuevo modelo de movilidad que potencia el tren frente al coche. Este proyecto no es nuevo, ya que el primer tripartito ya lo había puesto sobre la mesa, pero después quedó guardado en un cajón. "Si tenemos que llegar a un acuerdo presupuestario, debe haber un compromiso explícito con el tren orbital", decía hace pocas semanas Junqueras en una conferencia en Sabadell. La ciudad vallesana es precisamente una de las que quedarían conectadas por este eje ferroviario. De hecho, el proyecto también tiene virtudes en términos electorales: permite a los republicanos entrar con una propuesta de movilidad en la segunda corona metropolitana de cara también a las elecciones municipales, donde tienen el objetivo de ganar peso en las grandes ciudades.

El consorcio de inversiones

La otra pata del pacto de los presupuestos, que se está ultimando, es el sustituto del consorcio de inversiones para intentar garantizar que el Estado cumple con lo presupuestado. A diferencia del eje orbital, que no formaba parte del pacto de investidura con el PSC, esta entidad sí que estaba en el documento que firmaron los dos partidos en verano de 2024.Esquerra registró en el Congreso una proposición de ley que regulaba este organismo, pero Junts la dinamitó votando en contra. Tanto el Govern como ERC asumieron entonces que la alternativa que les quedaba era sacar adelante la sociedad mercantil que también preveía la proposición de ley de ERC y que debía servir para ejecutar las inversiones del Estado.

A diferencia del consorcio, esta sociedad puede salir adelante con un acuerdo entre el gobierno español y el de la Generalitat, sin tener que pasar por el Congreso. En la proposición de ley que pactaron socialistas y republicanos, se establecía que el capital social de esta sociedad se repartiría de manera proporcional entre las dos administraciones siempre que el Estado tuviera la mayoría. Un modelo que lo equipara al de la empresa mixta de Rodalies. El consorcio era el que debía establecer las directrices políticas de las inversiones estatales en Cataluña y la sociedad debía tener la potestad más ejecutora. A estas alturas todavía no están elaborados los estatutos de esta nueva empresa y habrá que ver cómo quedan por escrito las funciones que tendrá.

La financiación, después de las andaluzas

Izquierda había fijado el traspaso de la recaudación del IRPF como línea roja para negociar los presupuestos de este 2026. Pero la negativa del gobierno español a delegarla ha hecho modelar el guion del PSC e Izquierda. Ahora ya no es una condición sine qua non para los republicanos, que fijaron otras prioridades.

Y aunque el nuevo ministro, Arcadi España, mantiene la negativa a ceder el impuesto sobre la renta a la Generalitat, sí que tiene previsto sacar adelante el modelo de financiación autonómico, que comportaría 4.700 millones de euros más para Cataluña. La Moncloa lo ha incluido en el plan normativo del 2027. El calendario incluye activar los contactos bilaterales con los consejeros autonómicos después de las elecciones andaluzas, con el objetivo de convencerlos de las bondades del nuevo modelo. Después, ya hacia el verano, convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar aprobarlo.

En este órgano, el gobierno español tiene mayoría y no necesitaría a nadie más. Ahora bien, una de las obsesiones de la Moncloa en este proceso es no quedarse sola con Cataluña —que votaría a favor— frente al resto de las autonomías. Por este motivo, con el más que probable voto negativo de las autonomías del PP y de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista crítico Emiliano García-Page, tener el sí de Asturias (PSOE) se ha convertido en una prioridad. Según fuentes conocedoras, habrían acercado posiciones para que esto fuera así, aunque oficialmente el ministerio no da nada por cerrado.

Posteriormente, el modelo de financiación llegaría al Congreso, donde se jugaría de verdad su viabilidad. Necesitaría el aval de Junts para salir adelante, que ya se ha mostrado en contra porque lo considera insuficiente. En paralelo, en las próximas semanas también debería llegar a la cámara española la condonación de parte de la deuda del FLA (17.104 millones en el caso de la Generalitat). Pero esto también dependerá del voto de los juntaires, que pedían que la condonación de la deuda de la Generalitat fuera total.