El PSOE avala la comisión sobre la operación Catalunya pero la limita a la época del PP

MadridAl PSOE le satisface que se vayan creando comisiones de investigación en el Congreso relacionadas con la llamada policía patriótica de la época de Mariano Rajoy. Ya sea para indagar en la trama Kitchen o la operación Catalunya, siempre y cuando –eso sí– no implique extender la materia más allá de la órbita del PP. Esta es la condición que ha puesto para dar luz verde a la comisión de investigación que Esquerra, Junts, el PDECat, EH Bildu, BNG y la CUP presentaron sobre la trama andorrana de la operación Catalunya. Los socialistas, imprescindibles para que la iniciativa haya salido adelante este jueves en la cámara baja, han presentado una enmienda en la que aguan la trama específica de la operación Catalunya y eliminan la posibilidad de averiguar otras irregularidades de gobiernos que no necesariamente sean del PP.

"Si el PSOE se piensa que no saldrá salpicado, se equivoca. La represión ideológica del Estado contra el independentismo es patrimonio común de todos los gobiernos de España, sean del PP o del PSOE", ha defendido el diputado de Junts Josep Pagès, que en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen ya solía mencionar la trama andorrana de la operación Catalunya. De hecho, durante la comparecencia del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el 2 de diciembre del año pasado, le informó de que estaba investigado. Y él se quedó con cara de póquer: "No tengo ni idea de qué está hablando. ¿Qué es BPA [Banca Privada d'Andorra]?".

Ahora el pleno del Congreso ha acordado crear una comisión de investigación que, originalmente, llevaba por nombre la "presunta intromisión en la soberanía del principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en la llamada operación Catalunya". Entre sus objetivos estaba llegar al detalle de la supuesta trama de extorsión del estado español en 2014 a los dirigentes de la BPA y al gobierno andorrano con la connivencia de FinCEN, el departamento antifraude del tesoro de Estados Unidos, para obtener datos bancarios de la familia Pujol, entre otros. Pero la intención de los partidos impulsores también era investigar "cualquier trama parapolicial al margen de la legislación" y los "entramados irregulares por parte del resto de miembros del gobierno de aquel momento hasta el actual".

En el nombre y en los objetivos de la comisión que finalmente se ha aprobado queda claro que se investigarán las actuaciones del ministerio del Interior "durante el gobierno del PP en relación a las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial". La prueba más clara de que la motivación del PSOE no es precisamente investigar la operación Catalunya es que el documento de la enmienda que el partido ha facilitado a los medios lleva por nombre "Enmienda Kitchen". La votación de la enmienda ha contado con 191 votos a favor, 153 en contra y una abstención.

"La comisión ha de tener un campo de trabajo más amplio del que se propone en la iniciativa", ha defendido el diputado del PSOE Felipe Sicilia, que ha subrayado que los últimos meses se han ido conociendo nuevos audios entre ex dirigentes del PP y el excomisario José Manuel Villarejo. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa Tándem, Manuel García-Castellón, ha abierto una pieza separada para analizar las grabaciones. En cambio, descartó imputar de nuevo a la ex número 2 del PP María Dolores de Cospedal, tal como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Sicilia ha destacado que, en los últimos cinco años, será la cuarta comisión contra el PP.

"La razón de estado antes que nada"

Si el PSOE quiere redirigir la investigación hacia el PP, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha querido dejar claro que la crítica es contra un estado que tiene como "imaginario el corolario de una, grande y libre". "Igual que dicen a por ellos, dicen hasta el final. Si tenemos que violentar fronteras –presuntamente–, lo haremos. Si tenemos que presionar a banqueros –presuntamente–, lo haremos. Si tenemos que coaccionar y falsificar –presuntamente–, lo haremos. Porque la razón de estado viene antes que nada", se ha quejado.

Desde el PDECat, el diputado Genís Boadella ha denunciado la "auténtica vulneración de derechos fundamentales" y "la actuación negligente de los poderes públicos" en el caso de la trama andorrana de la operación Catalunya, y ha pedido al PSOE "no mire hacia otro lado". Por parte de EH Bildu, Jon Iñarritu también ha señalado que con gobiernos socialistas se han mantenido prácticas como la de conceder medallas y "jubilaciones doradas" a altos cargos implicados en conjuras ilegales. De hecho, la Moncloa mantiene la inmunidad diplomática de Celestino Barroso, agregado del ministerio del Interior en Andorra cuando se desarrolló la operación Catalunya.