¿Por qué Puigdemont tiene ahora una oportunidad?
MadridLa recta final de la legislatura tendrá seguramente más interés del que se podía pensar meses atrás, en especial para Cataluña y la política catalana. Obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez sufrirá porque es muy improbable que consiga aprobar el proyecto de presupuestos que se ha vuelto a comprometer a presentar este año. Y seguramente a la crisis de Ceuta le queda mucho tiempo. Pero hay otro objetivo que se podría alcanzar durante las próximas semanas. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y los otros miembros de su ejecutivo que están pendientes de las sentencias que debe dictar el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Es bien cierto que el Supremo nunca habría aplicado por su cuenta la ley de amnistía al líder de Junts, pero en esta recta final de la legislatura hay una concatenación de circunstancias que hacen verosímil lo que hasta ahora había sido imposible.
Uno de los factores más importantes ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da apoyo a la ley al rechazar las dudas que le habían planteado la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas sobre su compatibilidad con principios esenciales del derecho europeo. No se puede descartar que si el Supremo ve alguna brecha que le permita volver a presentar una cuestión prejudicial al TJUE, lo haga. Pero en la misma sala penal que dictó las condenas de los líderes del Procés que fueron juzgados en 2019 se ha ido extendiendo el deseo de no alargar inútilmente una causa que ya hace nueve años que dura.
El tribunal que celebró el juicio ha sufrido más de una baja por jubilación y ya no tiene el mismo presidente, Manuel Marchena, que no forzó su continuidad después de los dos mandatos que son norma general. Ahora es uno más entre los magistrados, aunque conserva una indudable autoridad entre los componentes de la sala. En todo caso, si el Supremo vuelve a apostar por una estrategia que le permita no dar por cerrado el asunto se arriesga, tras la resolución de la justicia europea, a ser corregido por el Tribunal de Justicia de la UE. La sentencia dictada por esta instancia el pasado julio fue muy clara en el sentido de considerar que el Procés no afectó intereses económicos de la Unión y, por otra parte, al establecer que el perdón a los líderes del Procés no era una "autoamnistía", sino una vía legítimamente acordada para "reducir las tensiones institucionales y políticas, así como un escenario de reconciliación".
Si este pronunciamiento no hubiera sido tan claro, el Supremo podría haber alargado con más facilidad el debate sobre la ley y su aplicación. Pero ahora lo tiene más difícil, porque durante las próximas semanas el siguiente movimiento será la concesión del amparo a los líderes del Procés por parte del Tribunal Constitucional. El Supremo no les aplicó la ley de amnistía porque consideraba que esta norma no permitía perdonar a los que hubieran obtenido un beneficio económico del delito cometido, en su caso el de sedición en concurso medial con el de malversación. La expresión "concurso medial" hace referencia al hecho de que el desvío de fondos públicos fue el medio para cometer el delito principal.
La tesis del Supremo fue que el beneficio personal se había producido porque habían financiado el proyecto independentista precisamente con dinero público y no con su propio patrimonio. La mayoría progresista del Constitucional tiene claro que esta es una interpretación forzada e incorrecta de la ley, porque no hubo un enriquecimiento de los acusados ni fue este el objetivo que perseguían. Cabe recordar, por otra parte, que la figura penal de la sedición ya no existe en el Código Penal, revisado después de la causa del Procés.
El Constitucional, en definitiva, ha ido ganando todas las batallas de fondo para llegar a una situación que le permita ahora dar el paso definitivo a favor de la plena aplicación de la ley de amnistía. En el órgano de garantías han esperado hasta la sentencia de la justicia europea para tomar decisiones. El próximo día 22 se debatirá por primera vez sobre los recursos de amparo de los líderes independentistas, y el grupo progresista ya tiene preparada su estrategia. El primer recurso que se examinará será el del secretario general de Junts, Jordi Turull. El ponente del caso es el magistrado José María Macías, que siempre se ha manifestado contra la amnistía porque la considera inconstitucional. Su propuesta, que ya se ha conocido este sábado, será rechazar el recurso, una posición minoritaria en el Constitucional, donde hay cinco magistrados del sector conservador y siete del grupo progresista. Una vez comprobado que la posición de Macías está en minoría, la fecha clave pasa a ser la del 5 de octubre, en la que tendrá lugar el siguiente pleno del órgano de garantías.
La vía de la amnistía
La sentencia a favor del amparo a los líderes del 'Procés' llegará, en definitiva, en esta segunda sesión plenaria. Si Macías ha renunciado como ponente para esta ocasión, habrá sido sustituido por un magistrado del bloque progresista. Si se mantiene, lo tendrá que hacer para redactar otra propuesta de resolución de acuerdo con el criterio mayoritario, aunque después vote en contra de su propio texto. Si se produjera algún tipo de estrategia dilatoria de los conservadores, la respuesta sería votar, en primer lugar, el recurso de Dolors Bassa, sentencia de la cual es ponente el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La importancia de que la primera sentencia del órgano de garantías sea estimatoria del recurso reside en el hecho de que será la de cabecera, y marcará el camino de las otras, estableciendo una doctrina común para el resto. De hecho, es posible que no hagan falta más pronunciamientos. Lo que se pretende desde el Constitucional es que el Supremo actúe rápidamente de manera consecuente con la concesión del amparo y el reconocimiento de que fueron vulnerados los derechos fundamentales de los líderes independentistas cuando se les denegó la aplicación de la amnistía. Será el juez Pablo Llarena, como instructor de la causa del 'Procés', quien tenga que decidir entonces si levanta la orden de detención contra Puigdemont. Pero la aplicación definitiva del perdón la debe ejecutar la sala de lo penal. Razonablemente, el instructor y la sala se tendrán que coordinar para tomar sus respectivas decisiones. Al respecto, un punto importante para el Supremo es que Feijóo haya defendido "pasar página" a la etapa del 'Procés'.