El PSOE y Junts prevén anunciar un "acuerdo político" este jueves

Bruselas / BarcelonaEl PSOE y Junts per Catalunya se preparan para anunciar definitivamente un acuerdo. ¿Cuándo? Este mismo jueves. A estas alturas, la cúpula de Junts se traslada a Bruselas para cerrar el entendimiento con el PSOE. También se han desplazado diputados y senadores. Según fuentes conocedoras de la negociación, está previsto que este jueves se anuncie un "acuerdo político" con los socialistas y que se siga trabajando con el texto de la ley de amnistía, en la que todavía faltarían flecos. Cuando estén, se registraría la proposición de ley en el Congreso de Diputados. En cualquier caso, está previsto que haya una ejecutiva extraordinaria de Junts esta noche y posteriormente una consulta a la militancia.

A lo largo de este miércoles y jueves de madrugada los negociadores se han continuado intercambiando documentos y propuestas y contrapropuestas sobre la ley de amnistía. Y es que el lunes, la imputación por terrorismo del expresidente Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, por Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional impactó de lleno en las negociaciones. Desde Junts han querido volver a revisar de arriba abajo la ley de amnistía y desde el PSOE admiten el efecto de la decisión del juez Manuel García-Castellón. Incluso se muestran comprensivos de que Junts quiera asegurarse de que no hay rendijas legales. Nada puede quedar "en el aire", dicen: "Queremos un texto impoluto". Por eso, a lo largo de la jornada, los negociadores han asegurado que las conversaciones "avanzaban": el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se ha quedado en Bruselas y ha negociado (telemáticamente) con los representantes de Junts. El expresidente Carles Puigdemont pilota las conversaciones junto al secretario general del partido, Jordi Turull, la presidenta de la formación, Laura Borràs, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Hasta el día de hoy el escollo más importante era la cuestión del lawfare. Es decir, la forma de introducir las causas que no cuelgan directamente del 1-O en la ley de amnistía, porque Junts considera que el Estado ha utilizado a los tribunales para perseguir a adversarios políticos. El PSOE no aceptaba este concepto, por lo que hay que ver qué desgarrador encuentran los negociadores para desatascar definitivamente el pacto.

Aparte de la ley de amnistía, el acuerdo con Junts también pasa por un reconocimiento del conflicto político, sus orígenes y una mesa de negociación con la figura de un mediador, que sería internacional.

Aviso de la Comisión Europea

En medio de todo ello ha aparecido un nuevo actor importante que se interesa por la ley y expresa "preocupaciones serias": la Comisión Europea. A través de una carta al gobierno español, el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió información "detallada" sobre la norma del olvido judicial del Proceso. "Les agradecería que me facilitaran información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley", dice la carta, a la que ha tenido acceso el ARA y va dirigida a los ministros de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop.

El comisario, que siempre se ha mostrado beligerante con los independentistas, admite en la carta que todavía no existe ninguna propuesta formal de la norma, pero considera justificado que la Comisión esté al corriente de los detalles por la "considerable importancia en el debate público". De hecho, no es la primera vez que se pronuncia al respecto, porque el mes pasado ya advirtió de que Bruselas miraba de cerca la negociación sobre la amnistía, sobre todo en lo que se refiere al delito de malversación.

Por otra parte, en la carta Reynders también pica la cresta en España por el mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial y pide abordar una reforma –para que gane independencia del poder político– “sin demora”. Lamenta que hasta ahora "no ha habido avances" a pesar de la "urgencia" de la cuestión.

¿Quién es, sin embargo, Didier Reynders? Es un político belga, miembro del Movimiento Reformador, que forma parte del grupo liberal europeo y que en otras ocasiones ya se ha alineado con los postulados de la derecha en España. En 2021 fue criticado desde las filas independentistas porque se reunió con Societat Civil Catalana y el año pasado, durante una visita del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mostró interés por que se cumpliera la sentencia del 25% de castellano del Tribunal de Justicia de Cataluña en las escuelas catalanas. Recientemente vino a Catalunya y se reunió con el jefe del ejecutivo, pero sin declaraciones públicas. En este sentido, uno de los primeros en celebrar la carta fue el eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez.

Sin embargo, fuentes socialistas restan importancia al movimiento y aseguran que ya esperaban que la derecha maniobrara para intentar frenar la investidura. De hecho, la respuesta de Bolaños no ha tardado en llegar: agradece al comisario el interés –aunque ha conocido el contenido de la carta "a través de los medios"– y le recuerda que si finalmente se aprueba una ley de amnistía no será el gobierno español, sino los grupos parlamentarios a través del Congreso, quienes se ocuparán, entre otros, porque al estar en funciones el ejecutivo no puede registrar ninguna proposición de ley en las Cortes. "Sin embargo, en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía, tenga la seguridad de que le explicaremos a usted ya la vicepresidenta Věra Jourová todos los detalles, así como la posición de nuestro gobierno", añade. "Best regardes", concluye el ministro.

Movimientos para desactivar el juez Castellón

Paralelamente, los encausados ​​investigados por terrorismo también han movido ficha a la Audiencia Nacional. Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont y representado por Gonzalo Boye, ha presentado un escrito en el que intenta desactivar la acusación del juez Manuel García-Castellón sugiriendo que ya se habría saltado el derecho de la Unión Europea en materia de terrorismo, sobre todo en lo que se refiere al intento del magistrado de vincular la muerte de un ciudadano francés por una parada cardiovascular en el bloqueo del aeropuerto de Tsunami Democrático el 14 de octubre de 2019.

Boye recuerda que el artículo 26 de la directiva europea de lucha contra el terrorismo habría obligado al magistrado a contactar con las autoridades francesas para garantizar los derechos al difunto ya su familia para ser una presunta víctima de terrorismo.

¿Qué dice la directiva? El artículo 26 que cita al letrado –que también defiende a Puigdemont– hace referencia a los derechos de las víctimas de terrorismo en otros estados miembros. En este sentido, argumenta que el magistrado Castellón debería haber hecho lo siguiente: "Los estados miembros garantizarán que las víctimas de terrorismo residentes en un estado miembro distinto al que se cometió el delito tengan acceso a la información ya los servicios de apoyo así como a los sistemas de indemnización disponibles".

En este sentido, Boye dice que si Castellón no ha hecho nada de todo esto, es necesario que se actúe de forma inmediata en esta dirección por la "grave situación de incumplimiento".

Éste no ha sido el único movimiento del independentismo en las últimas horas contra Castellón. El empresario Oriol Soler, a través de la defensa que ejerce Benet Salellas, ha presentado un escrito en el que recusa al magistrado. Hace referencia a una conferencia que dio en el Foro la Región de Ourense sobre la amnistía, en la que afirmó: "No está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud". Y añadió: "Estos señores han dicho que cuando puedan lo volverán a hacer; por tanto, ¿será esa amnistía la primera de muchas otras después?"

En el escrito, Salellas argumenta que estas declaraciones comprometen la "imparcialidad del juez y concluye que impide que continúe con la instrucción del procedimiento. Ahora bien, será el magistrado quien deberá responder a estos mismos escritos y decidir si hace algo.