Puigdemont y el PSOE ultiman el pacto

Barcelona / MadridJunts y el PSOE lo tenían todo preparado el jueves para que hubiera pacto: la cúpula del partido de Carles Puigdemont subió a Bruselas para validar el entendimiento y también estaba preparada la reunión del consejo nacional y la consulta telemática a los militantes durante el fin de semana. Ahora bien, todo se interrumpió a última hora: la letra pequeña de la ley de amnistía, a juicio de JxCat, no amparaba suficiente a los investigados en causas no directamente vinculadas al 1-O. La crisis fue profunda durante unas horas y parecía que se iba todo a pique. Sin embargo, el mismo viernes por la noche pudo reconducirse: ahora la mayoría de fuentes aseguran que el pacto se está ultimando. Ahora bien, sin estar todavía cerrado del todo: mientras que desde el PSOE ya lo dan por sentado, fuentes de Junts mantienen que, si no se acepta incorporar el lawfare en la amnistía, no habrá entendimiento definitivo.

Para analizar todo ello, este domingo a primera hora el expresidente Carles Puigdemont ha convocado a una parte de la cúpula de Junts –el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, de su estrecha confianza– para abordar la recta final de las negociaciones con el PSOE, tal y como ha avanzado la Ser y ha confirmado el ARA. El resto de la cúpula, entre la que está la presidenta del partido, Laura Borràs, tiene previsto trasladarse a Bruselas también este lunes por la mañana. Y los demás miembros del secretariado permanente, en función de cómo avancen las conversaciones con los socialistas.

Y es que hay algo que todavía no está del todo solucionado: el perímetro de la amnistía y las "garantías" que realmente será efectiva ante un poder judicial que ya ha levantado la voz en contra de la medida -este mismo el lunes el Consejo General del Poder Judicial hará un pleno en el que el sector conservador reclama rechazar la amnistía–. Junts quiere asegurarse que también entran los casos de lawfare y quienes están bajo secreto de sumario ahora mismo, pero pueden aflorar más adelante como una reacción de los tribunales a la amnistía. Si no es así, a juicio de Puigdemont, sería dejar "soldados atrás".

"El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", ha resumido este domingo el expresidente catalán. De este modo, Puigdemont quiere "asegurarse", según fuentes conocedoras, de que las causas que también derivan, en su opinión, de la persecución contra el independentismo entren en la amnistía (Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay, Miquel Buch y Laura Borràs podrían ser algunos de los beneficiados) y también las que quizás ahora mismo no tiene conocimiento. Una condición que hasta ahora el PSOE no se mostró dispuesto a aceptar.

Turull también ha insistido en la misma idea a través de Twitter. Ha difundido un artículo del ex diputado de Josep Pagès en El Nacional en la que defiende una amnistía que no excluya los casos que consideran "lawfare". "Es el quid de la cuestión", ha dicho el secretario general de Junts: "El denominado lawfare no fue siempre coetáneo en el referéndum, sino que se utilizó, posteriormente (muchas veces, significativamente, contra las personas espiadas por Pegasus), como instrumento represivo con el objetivo de atemorizar y desmovilizar el independentismo", afirma Pagès, que añade: "Proteger a todos los represaliados, repararlos mediante una amnistía, debe ser una de las líneas rojas que, en caso de traspasarse en una negociación, comportaría una renuncia imposible de justificar".

Hay que tener en cuenta que la norma no puede citar ni nombres ni causas concretas, por lo que los negociadores deben redactar cada una de las casuísticas para que puedan englobar todos los supuestos que quieren, según se redacte, el margen de interpretación del poder judicial será mayor o menor y entrarán más o menos investigaciones en el olvido judicial. En los negociadores de Junts pesa mucho la experiencia de la última reforma del Código Penal: el Tribunal Supremo interpretó que el cambio legal en la malversación no era aplicable al 1-O.

¿Y qué dicen, desde el PSOE? Fuentes socialistas confirman que siguen hablando con Junts y que van "poco a poco con cuestiones muy técnicas". Ahora bien, se muestran optimistas hasta el punto de poder cerrar el acuerdo en las próximas horas y realizar ya la investidura esta semana. Después de el aval de la militancia socialista en pactar con Sumar y los independentistas, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado: "Hoy estamos más cerca de conseguir la investidura de Pedro Sánchez". Desde el PSC también se mostraron este domingo "contentos y satisfechos" con el resultado de la consulta: es "absolutamente coherente" con el 23 de julio, ha dicho la vicesecretaria de organización, Lluïsa Moret.

Hay que ver, pues, qué fórmula encuentran los negociadores para superar el escollo del lawfare, ya que hasta ahora el PSOE se ha negado a ampliar el perímetro de la amnistía. Consideran que según plasmen en la proposición de ley no pasará el filtro del Tribunal Constitucional y no están dispuestos a sacar adelante una norma que el máximo intérprete de la Carta Magna pueda tumbar. "Nosotros no tenemos prisa", responden desde Junts.

Junqueras y Mas

Por otro lado, este domingo también se ha pronunciado sobre la situación el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y el expresidente Artur Mas. El dirigente republicano, en una entrevista en El Periódico, ha contradicho Junts y ha afirmado que la amnistía que ya ha cerrado con los socialistas "no tiene exclusiones". "Es para todos aquellos que han estado implicados en la causa política de la independencia y, en este sentido, nadie debe sufrir", ha remachado. A su vez, Mas, sin entrar en la concreción de las negociaciones, sólo ha reclamado a través de su videopodcast A favor de la política que Catalunya "vuelva a ser capaz" de llegar a "consensos de país y de estrategia política".