El pulso por la reforma laboral aterriza (de nuevo) en el Congreso

MADRIDA pesar de que parecía que con el acuerdo a tres bandas (sindicatos mayoritarios, patronales y gobierno español) por la reforma laboral llegaba la calma alrededor de uno de los temas más espinosos de la primera mitad de la legislatura española, nada más lejos de la realidad. El pulso dentro del diálogo social en los últimos meses, y que se desvaneció el pasado jueves con el anuncio del pacto, ha saltado ahora al Congreso y, en particular, entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y sus aliados. ERC, EH Bildu y el PNV no garantizan dar el visto bueno a la reforma -que previsiblemente se aprobará este martes en consejo de ministros- si no se modifican varios aspectos cuando se tenga que validar en la cámara baja.

Tanto republicanos como abertzales ya anticiparon el mismo día del acuerdo que no apoyarán una norma que consideran "aguada". "Si [la reforma] quiere prosperar y ser convalidada en el Congreso, el texto pactado con los agentes sociales tendrá que evolucionar mucho durante el trámite parlamentario", apuntan fuentes de ERC en el Congreso. A pesar de este aviso para navegantes, la preocupación no parece haberse instalado, de momento, dentro del gobierno español, que todavía arrastra la resaca del tortuoso camino de la negociación para las cuentas públicas de 2022 y la ley del audiovisual. "No tengo ninguna duda de que [la reforma laboral] conseguirá un amplio consenso [en el Congreso]", ha dicho el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá (PSOE), en una entrevista a La Sexta este lunes.

Escrivá, que ha definido como "ambicioso" el nuevo texto, ha reiterado que "no es la primera vez" que el gobierno de coalición se encuentra en situaciones como esta y ha sentenciado: "Al final lo hemos ido solucionando todo, también leyes muy importantes". En paralelo, desde el PSOE se ha apelado a la "importancia" de sacar adelante la reforma después "del gran esfuerzo de sindicatos y patronales". "Espero que se mantenga al máximo posible el acuerdo con los agentes sociales", ha defendido el portavoz de la formación socialista en el Congreso, Felipe Sicilia, en rueda de prensa este lunes.

Pero, ¿qué puede pasar una vez la norma llegue al Congreso? Se abrirán tres escenarios: el primero, la no convalidación del decreto ley que aprobará el consejo de ministros para que entre en vigor antes del 31 de diciembre, tal como el ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a cambio de los fondos europeos. Esto implicaría que la norma dejaría de ser efectiva de facto y, por lo tanto, se volvería al marco normativo hasta ahora vigente, es decir, el del PP de 2012. El segundo escenario, y el más "fàcil" para el gobierno central, sería el de la convalidación del decreto una vez llegue al Congreso, es decir, que el ejecutivo consiguiera arrancar una mayoría de votos para mantener la norma tal como se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De momento, teniendo en cuenta las posiciones de los diferentes partidos políticos en la cámara baja española, los números para que esto pase no salen.

Finalmente, y como tercer escenario, el Congreso podría convalidar el decreto pero pedir que se tramite como proyecto de ley, es decir, que los partidos puedan presentar enmiendas totales o parciales y modificar el texto, un trámite que se puede alargar como mínimo 4 meses. Aquí es donde entrarían en juego las demandas de los socios y, a la vez, los equilibrios del gobierno español con la CEOE, que ya ha advertido de que si se cambia "una sola coma" de la reforma laboral acordada el ejecutivo no podrá contar con ellos "para sentarse a la mesa a partir de ese momento". El gobierno de coalición, sin embargo, no cierra la puerta o, como mínimo, no lo hace el partido violeta. "Hay que respetar a quien pide más", ha defendido el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha anticipado que este mismo lunes han arrancado los contactos con el socios de la investidura para conseguir su apoyo para la reforma laboral.

Los aliados, sin embargo, se quejan de que estos contactos "llegan tarde". Entre las diferentes demandas, ERC, EH Bildu y el PNV coinciden en priorizar la aplicación de los convenios de ámbito autonómico y provincial por encima de los convenios estatales, a diferencia de lo que se estableció con las reformas laborales del 2010 (PSOE) y 2012 (PP). Un elemento que no llegó a prosperar durante la negociación con los agentes sociales, explican al ARA fuentes del ministerio de Trabajo, y que, de hecho, tampoco se incluye en el acuerdo entre el PSOE y Podemos para el gobierno de coalición. "Ineludiblemente, se tendrá que incluir y estamos convencidos de que se incluirá", insisten fuentes de ERC. "Es fundamental, y sin esto no apoyaremos la reforma. Hoy estamos en el no", insistía este fin de semana el líder del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Desde EH Bildu también piden "recuperar las indemnizaciones por despido" que el PP abarató en 2012. Un punto que tampoco se ha negociado con los agentes sociales -el ejecutivo lo quiere dejar para más adelante- y que es una línea roja para los empresarios, como la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales. "Rompería la unidad de mercado", ha argumentado este lunes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, si bien en su momento defendió el salario mínimo interprofesional por territorios. El partido abertzaletambién critica que no se recojan las demandas de los sindicatos con más presencia en el País Vasco, ELA y LAB.

Ni la CEOE hace decantar al PP

"[Garamendi] ya tiene frentes internos como para estar pendiente del PP", apuntaba hace dos semanas al ARA una fuente cercana a los empresarios. Una predicción que después se traduciría en 4 abstenciones, entre las cuales la de Foment del Treball, dentro de los órganos de gobierno de los empresarios a dar el visto bueno a la reforma laboral. A pesar del sí de los empresarios, el Partido Popular ya ha anticipado que no lo apoyará. "Cuando gobernemos volveremos a la reforma del PP", ha dicho el vicesecretario de comunicación de los populares, Pablo Montesinos, este lunes a RNE. Si bien Montesinos ha asegurado que la relación con la patronal es "buena y cordial", ha afirmado que "acordar por acordar no siempre es bueno". De hecho, a lo largo de estos meses de negociación diferentes fuentes próximas al diálogo social tienen constancia de los contactos de los populares con los empresarios para tratar de evitar lo que ha acabado pasando: otro acuerdo con el gobierno español.