Quién queda por amnistiar después de la sentencia del TJUE?
Los condenados por el Tribunal de Cuentas y los procesados por terrorismo son los primeros que deberían beneficiarse
BarcelonaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley de amnistía, y ha desactivado de esta manera las principales dudas de los jueces españoles que hasta ahora se han resistido a aplicarla. La Gran Sala del tribunal de Luxemburgo ha resuelto las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas –sobre los 35 ex altos cargos de la Generalitat investigados por la financiación del 1-O y la acción exterior– y por la Audiencia Nacional, en la causa contra los CDR de la operación Judes. La sentencia llega dos años y medio después de que entrara en vigor la ley, y puede ser el desbloqueo definitivo para decenas de causas que llevan meses –algunas, años– paralizadas a la espera de una respuesta de Luxemburgo.
¿Quién queda pendiente?
Según los datos recogidos por Alerta Solidària, actualizados con los dos años de vigencia de la norma, de los 1.544 casos analizados por la entidad –entre manifestantes, activistas, políticos y policías encausados por el 'Procés'–, había 664 susceptibles de ser amnistiados –muchos casos habían quedado archivados con el tiempo–. De estos, todavía hay 257 sin resolver o bien porque se les ha rechazado de entrada o bien porque los tribunales aún no se han pronunciado.
Un de los casos que dependía directamente de la sentencia europea es el de los doce miembros de los CDR encausados en la Audiencia Nacional por la operación 'Judes', acusados de terrorismo, con peticiones de hasta 27 años de prisión por supuestamente planear acciones contra sedes de instituciones catalanas en 2019. La instrucción derivó el caso a Luxemburgo con una cuestión prejudicial sobre si perdonar un delito de terrorismo chocaba con la normativa europea. Ahora el TJUE ha respondido que no. Por lo tanto, Eduard Garzón, Esther Garcia, Sònia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Joaquim Delgado, Xavier Buigas, Ferran Jolis, David Budria y Clara Borrego deberían quedar exonerados de cualquier responsabilidad penal.
El otro gran bloque afectado es el de los 35 ex altos cargos del Govern –entre los cuales Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas– que el Tribunal de Cuentas envió a juicio por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat. La Fiscalía les pide 3,1 millones de euros y la acusación que ejerce Societat Civil Catalana, 5 millones. El TJUE ha negado que la amnistía lesione los intereses económicos de la UE y los 35 deberían ser amnistiados.
Hay dos cuestiones prejudiciales que restan pendientes de análisis por parte del TJUE. No se ha analizado la presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), que afecta a los ex altos cargos del Govern Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. Tampoco se ha analizado la presentada por el juzgado de lo penal 3 de Vilanova i la Geltrú, que lleva el caso de un manifestante. ¿Qué ocurre en estos dos casos? El portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral, asegura que en la prejudicial de Vilanova el juzgado "ponía en cuestión el conjunto de la ley" a pesar de que el caso que le afectaba solo era un delito de desobediencia de una persona que llevaba un lazo amarillo en una mesa electoral en 2019. El caso ya fue validado por el TC, asegura. "Si se puede amnistiar el terrorismo se puede amnistiar la desobediencia". Al mismo tiempo, sostiene que la resolución del TJUE sobre el caso del Tribunal de Cuentas "es aplicable al caso del TSJC porque las dudas eran las mismas", sobre los supuestos de malversación, si afectaba al derecho comunitario en intereses financieros de la Unión Europea.
Entre manifestantes y activistas hay 164 casos sin resolver según Alerta Solidària: 75 denegados y 89 pendientes de resolución. La entidad insiste en que muchas de estas causas no quedan bloqueadas por una denegación expresa, sino por la simple inacción de los juzgados, algo que la ley no preveía: teóricamente, las resoluciones debían resolverse en plazos cortos.
Para acabar de entender la afectación de los casos pendientes, Montserrat Pi, profesora de derecho de la Unión Europea en la UAB, aclara que "el Tribunal de Justicia no se pronuncia exactamente sobre el derecho interno ni sobre el caso", sino "sobre la interpretación del derecho de la Unión". Pi destaca que esta decisión "es obligatoria" para quien la plantea, pero también tiene "efectos erga omnes", es decir, "vincula a todos los tribunales". Si las dudas son las mismas, quedan resueltas por la sentencia aunque no hubiera petición expresa por parte de un tribunal. En el caso de los dos que el TJUE no ha resuelto todavía, Pi reconoce que "hay una gran discrecionalidad del juzgado", que podría esperar a recibir respuesta concreta a sus dudas –aunque ya estén resueltas en las sentencias de este jueves.
El contraste de cifras
Más allá de los casos concretos, los recuentos sobre quién se puede beneficiar de la amnistía son diversos. La Fiscalía General del Estado calculó, cuando la ley entró en vigor en 2024, que 486 personas se podrían beneficiar, repartidas en 82 procedimientos –entre ellos el 1-O, el Tsunami Democrático y los CDR–. Es una cifra sensiblemente inferior a la de Alerta Solidaria y sus 664 casos, y aún más alejada del cálculo de Òmnium Cultural, que en su momento llegó a cifrar en 1.616 los posibles beneficiarios.
La discrepancia refleja metodologías diferentes –la Fiscalía solo cuenta procedimientos penales abiertos en el momento de hacer el recuento, mientras que Alerta Solidaria y Òmnium suman sanciones administrativas y casos ya archivados o absueltos.
Quién ya ha recibido la amnistía
A pesar del bloqueo de algunos tribunales, la ley sí ha tenido recorrido estos dos años: un total de 403 personas –sumando activistas, políticos y policías– han sido amnistiadas. Lo han sido prácticamente todos los policías encausados: 158 agentes han visto extinguida su responsabilidad penal –89 de la Policía Nacional, 62 de la Guardia Civil y 7 mossos de esquadra–, con la única excepción de los 4 agentes que dispararon la bala de goma que hizo perder un ojo a Roger Español, que serán juzgados este otoño. Alerta Solidària insiste en que, en el caso de los policías, la amnistía se ha aplicado de manera prácticamente automática.
Entre los manifestantes y activistas, de los 345 casos que la entidad considera amnistiables, 181 ya tienen la amnistía concedida –poco más de la mitad–. Y entre los políticos y cargos públicos, 64 ya han sido amnistiados y quedan 93, entre los cuales los 35 del Tribunal de Cuentas o los dirigentes del 1-O que están en el Tribunal Supremo como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.