Recta final para Sánchez: las leyes que aún se pueden aprobar en el Congreso

MadridEn menos de un mes acaba el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. La última semana de actividad ordinaria en la cámara baja será la del 24 de junio, cuando está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez por los últimos escándalos judiciales en su entorno. El presidente del gobierno español deberá dar explicaciones ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las revelaciones de la investigación del caso Leire Díez. Este campo de minas judicial del PSOE ha hecho que las carpetas legislativas hayan quedado en un segundo plano. Con una mayoría parlamentaria más débil que nunca, Sánchez afronta la recta final de la legislatura con serias dudas de que consiga aprobar las leyes que están en un cajón del Congreso así como los acuerdos pendientes con sus aliados de la investidura.

Formaciones de izquierdas como Sumar, ERC y EH Bildu han alzado la voz en las últimas semanas para exigir a los socialistas que reaccionen y pisen el acelerador para desplegar la agenda social durante el siguiente periodo de sesiones. De septiembre a diciembre de este año, si no hay adelanto electoral, el PSOE todavía tendrá una nueva oportunidad de intentarlo, si bien los pronunciamientos de otros partidos como Junts, el PNB y Podemos, que han proclamado que la legislatura ya está agotada, complican las posibilidades de que las medidas pendientes vean la luz. El fantasma del adelanto electoral así como el de la moción de censura, además, hace que sea imprevisible lo que pueda pasar de aquí a 2027, cuando están previstos los comicios.

El compromiso de los presupuestos

A pesar de esta perspectiva, en la Moncloa mantienen la determinación de presentar un proyecto de presupuestos de cara al otoño, que es la iniciativa más importante que tienen en el horizonte. De hecho, el día antes de la comparecencia de Sánchez, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llevará al consejo de ministros la actualización del cuadro macroeconómico de las cuentas públicas del Estado. Fuentes del gobierno español dicen que tienen pensado, según sus planes, presentarlos antes de que comience octubre. El ejecutivo de Sánchez todavía trabaja con los presupuestos del 2023 prorrogados, hecho que es una de las principales críticas que le ha hecho la oposición, especialmente el PP, si bien también es una exigencia de los socios, como es el caso de Sumar, ya que es una de las vías para conseguir que se concreten algunas de las políticas que aspiran a desarrollar.

El congelador de Armengol

Decenas de normas están en lo que los de Alberto Núñez Feijóo han bautizado como "el congelador de Francina Armengol", en referencia a la presidenta del Congreso y el hecho de que numerosas propuestas de la oposición no llegan nunca a culminar el trámite parlamentario. Solo provenientes del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, hay una cuarentena de proposiciones de ley bloqueadas.

Fuentes de los populares remarcan que hay algunas que, si se descongelaran, podrían ser aprobadas con los votos de Junts y del PNB. Es el caso de las leyes del PP en materia de vivienda y, concretamente, contra las ocupaciones o la del suelo. En el primer caso, el PP ha intentado darle un nuevo impulso presentando una similar durante este periodo de sesiones a través de una iniciativa de su grupo parlamentario en el Congreso. La del Senado hace más de dos años que está en fase de enmiendas, con casi noventa ampliaciones de plazo.

Las propuestas del PP no son las únicas que no han acabado de ver nunca la luz porque están en el limbo parlamentario. Hay más de un centenar de iniciativas en fase de enmiendas en el Congreso, entre las cuales proposiciones de ley de la mayoría plurinacional así como proyectos de ley del gobierno español. Una de las que ha conseguido salir recientemente y con opciones de prosperar por la predisposición de Junts es la ley del cine, que después de casi dos años en el mismo cajón llegará la semana que viene a pleno con la votación de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Esta iniciativa, de hecho, se arrastra de la anterior legislatura cuando se vio frustrada por el adelanto electoral. También está pendiente desde antes de 2023 la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ya superó con éxito hace un año y medio las enmiendas a la totalidad de la derecha, si bien está encallada en la siguiente fase, la de ponencia y posterior dictamen en la comisión de Interior.

Sin embargo, desde el ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes encabezado por el ministro Félix Bolaños, el negociador por excelencia con los grupos parlamentarios, reivindican que el gobierno español "está desarrollando con normalidad su programa de legislatura". Fuentes consultadas por el ARA destacan la previsión de que en las próximas semanas se aprueben definitivamente leyes como "la que asegura la pensión digna a los mutualistas, la que penaliza las llamadas terapias de conversión o la regulación de los cribados neonatales". En un plazo algo más lejano dentro de esta recta final de legislatura fijan como prioridades, aparte de los presupuestos, las propuestas para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de dieciséis años, la mejora del sistema de financiación autonómico y la condonación de la deuda o la regulación de los alquileres turísticos.

Las exigencias de ERC y Junts

Justamente desde ERC sitúan esta reforma de la financiación como uno de los ejes centrales de sus reivindicaciones pendientes en lo que queda de legislatura así como normas bloqueadas en el Congreso como la ley de plurilingüismo y la de industria, todavía en fase de enmiendas. La vivienda también es una de las prioridades y fuentes de los republicanos recuerdan que tienen todavía pendiente de tramitar su proposición de ley de alquiler de temporada y habitaciones. Esta última es una iniciativa que puede topar previsiblemente con la oposición de Junts, que mantiene que no está dispuesto a negociar nada con el PSOE. Fuentes juntaire circunscriben las normas a las que pueden dar apoyo en lo que queda de legislatura a los compromisos que el PSOE ya había adquirido con ellos, como la delegación de competencias en inmigración, o asuntos que puedan concordar con su agenda propia.