La renovación de los órganos no rompe con los vínculos partidistas

BarcelonaLas legislaturas catalana y española avanzan en paralelo y con hitos similares. Tanto en Catalunya como en el Estado se ha conseguido pactar los presupuestos, que verán la luz de manera inminente, y en los dos casos ha habido acuerdo entre el gobierno y el primer partido de la oposición para desbloquear la dilatada renovación de órganos que dependen del Parlament y el Congreso, respectivamente. Y aquí también hay parecidos: el entendimiento del PSOE y el PP para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entre otros, generó una gran controversia por los fuertes vínculos partidistas de los nombres escogidos. El independentismo no se ahorró críticas por este hecho, especialmente en relación con los candidatos de los populares en el TC —a los que ha intentado recusar sin éxito—, pero el pacto logrado ahora por ERC y JxCat con el PSC sitúa al frente de los organismos desencallados varias figuras ligadas a las tres formaciones firmantes. En este caso, es cierto, no se trata de órganos jurídicos.

Dejando de lado la elección de consenso de la nueva Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas -que, aún así, había desarrollado varios cargos gubernamentales durante los gobiernos de Jordi Pujol-, la configuración del resto de organismos desbloqueados deja entrever el color político de las candidaturas. En el caso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la presidencia lleva el sello de ERC: Rosa Romà ya fue designada en 2019 por los republicanos como directora de Marketing, Innovación y Ciudadanía del Servicio Catalán de la Salud. Y entre el resto de consejeros, los de Oriol Junqueras también han situado a Lluís Noguera, ex secretario general de Cultura con Joan Manuel Tresserras.

Por parte de Junts, Àngels Ponsa, nueva vicepresidenta de la CCMA, fue precisamente consellera de Cultura entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, antes de que Esquerra asumiera la cartera, mientras que Pep Riera es actual diputado del partido en el Parlament. Con todo, es el PSC —que había insistido en buscar perfiles más técnicos que políticos para los nuevos nombramientos— quien se lleva una cuota más alta de miembros en el organismo: Gemma Ribas, que fue jefa de prensa del PSC y directora de comunicación de presidencia con José Montilla; la ex consellera de Bienestar y exdiputada socialista en el Parlament Carme Figueras y Lluís Garriga, consejero nacional del PSC y ex jefe de prensa de Joan Clos cuando era alcalde de Barcelona.

Del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) también se desprenden adscripciones políticas. Empezando por su presidente, Xevi Xirgo, que además de director de El Punt Avui es una persona muy cercana al ex president Carles Puigdemont y autor de su último libro. Se evidencia, pues, la mano de Junts, como pasa con la de ERC en el caso de la periodista Laura Pinyol, que había sido jefa de prensa de Josep-Lluís Carod-Rovira cuando era vicepresidente del Govern, y sobre todo con la del PSC: Enric Casas, uno de los nuevos consejeros del CAC, era hasta este pasado fin de semana el secretario de comunicación de los socialistas —de quienes ha dirigido la publicidad electoral durante muchos años—. Es una persona muy cercana a Miquel Iceta y actualmente ejerce de jefe de gabinete del alcalde de Viladecans, el también socialista Carlos Ruiz.

De todos los nuevos cargos, sin embargo, probablemente la cara más conocida es la de Meritxell Borràs. La nueva directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos fue la consellera de Gobernación de Junts en el gobierno de Carles Puigdemont y, a raíz del 1-O, el Tribunal Supremo la condenó a un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia. Una pena que acabó de cumplir en junio del año pasado. A la espera de saber cómo resuelven los tres partidos la inminente renovación de algunos órganos más —como la Sindicatura de Cuentas o el Consejo de Garantías Estatutarias—, las designaciones hasta ahora no se escapan de los vínculos partidistas.