¿A quién representa Junts?
MadridDurante muchos años, seguramente desde su fundación en el año 2017, a Junts se le ha acusado de no tener unas líneas ideológicas claras. Con el Procés y la metamorfosis de Convergència, el eje derecha-izquierda se desdibujó y la agenda nacional predominaba en todos los casos. Casi diez años después, los códigos de la política catalana y española son otros y, sobre todo en el Congreso, la agenda de votaciones impone mojarse en debates que hasta ahora habían sido incómodos para los juntaires. Ya no: Junts ha cogido una línea clara en propuestas ideológicas en materia de vivienda que dista del control de precios que plantean las izquierdas, y cada vez se muestra más crítico con el gobierno de Pedro Sánchez.
La prueba ha sido la votación de este martes, en la que los de Míriam Nogueras, avalados por la dirección política de Carles Puigdemont, han tomado posición de forma arriesgada: no a la prórroga de los alquileres de Sumar-PSOE, y no al consorcio de inversiones de ERC-PSOE. Arriesgada porque la vivienda es el principal problema según todas las encuestas de la ciudadanía, y arriesgada porque el consorcio tiene que ver con un intento de ejecutar las inversiones pendientes del Estado en Cataluña.
Vamos por partes. En cuanto a la vivienda, no ha de sorprender a nadie la posición de Junts. De hecho, si hubo una crisis PSOE-Sumar en el consejo de ministros cuando se aprobó el decreto ley es porque los socialistas ya sabían qué pasaría. Los juntaires han elegido defender lo que llaman "pequeños propietarios" y electoralmente consideran que les beneficia. Interpretan que han encontrado un espacio discursivo que en Cataluña no está representando nadie. Y por ahora, dicen, a pesar de las críticas en el debate público, están teniendo buen feedback de estos sectores en pequeño comité. Si este nicho electoral es más o menos grande se verá en las próximas elecciones, pero lo que es cierto es que Nogueras ha elegido representar la antítesis a las políticas de contención de precios que propugna la izquierda de Sumar, Podemos y Esquerra. El discurso moral que exhiben Yolanda Díaz y Gabriel Rufián no hará virar esta posición, y si quieren que Junts matice su posicionamiento tendrán que transaccionar con sus propuestas, que pasan por rebajas de presión fiscal.
Y no nos engañemos, tal como diagnosticó de forma brillante Aitor Esteban, esta legislatura hay una mayoría negativa. No de izquierdas. Josep Sánchez Llibre lo ha descrito así: "Junts ha imposibilitado que se pueda implementar por ley la jornada de 37 horas y media. Ha sido un auténtico muro de contención para evitar propuestas filocomunistas", decía recientemente en el Cafè d'idees de TVE. Esto es relevante para los de Carles Puigdemont, ya que sintetiza un trabajo de reconciliación que han trazado con el empresariado desde la ruptura del 2017.
El terreno inexplorado
Otra cosa es el consorcio de inversiones. Es cierto que Junts ha rechazado el ente pactado entre el PSOE y Esquerra desde el primer momento, pero una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Es decir, ejecutar la decisión y vetar el inicio de la tramitación: no se trataba de un texto definitivo, a diferencia de la prórroga de los alquileres, y los juntaires tenían margen para introducir cambios durante la tramitación. Con esta decisión, pues, Junts da un paso hacia un terreno inexplorado, que es votar en contra de un avance para la Generalitat aunque sea mínimo o cuestionable. Una antesala de lo que puede pasar con la propuesta de financiación.
Es fácil para Junts decir que el ente pactado entre el PSOE y ERC es poco y que rebaja la ambición nacional a cero —algunos empresarios han intentado convencerlos de tapadillo y sin éxito—, pero el problema es cuando el dilema es entre conseguir poco y no conseguir nada. Porque la mayoría de bloqueo también es para sus propuestas —delegación de competencias de inmigración— y mientras el expresidente Carles Puigdemont siga en Waterloo, ellos tampoco podrán exhibir un triunfo gordo de su pacto con el PSOE.