Illa se compromete a comprar pisos de familias vulnerables para evitar casos como el de Maricarmen Abascal

BarcelonaSalvador Illa da el pistoletazo de salida oficial al curso político con nuevas promesas, sobre todo en vivienda. El presidente de la Generalitat ha anunciado en el debate de política general en el Parlament que el Govern impulsará un fondo antidesahucios; las compras compartidas y temporales entre administraciones y ciudadanos que no llegan a pagar la entrada de un piso, y la ampliación de los préstamos de emancipación de los jóvenes.

El presidente ha apuntado que el objetivo es evitar más casos como el de Maricarmen Abascal, que fue desahuciada de su casa en Madrid con 87 años. "Este no es el modelo de sociedad que queremos", ha remarcado Illa, a pesar de que Cataluña es la autonomía con más desahucios del Estado. "En Cataluña tenemos valores y ponemos la humanidad por delante de todo", ha remachado en contraposición a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, ha aprovechado para agradecer la tramitación del decreto Maricarmen impulsado por el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez.

Es en este contexto, en el del desahucio de Maricarmen Abascal y una vez el debate sobre los precios de los alquileres se ha situado en el centro de la esfera política, que Illa ha lanzado el compromiso de crear un fondo de 25 millones de euros para evitar nuevos desahucios similares. Según ha explicado el presidente, solo se activaría como "último recurso" y para frenar los desahucios de ciudadanos "vulnerables". La cifra de dinero que pone la Generalitat es "ampliable" e Illa ha invitado a otras administraciones –como ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones– a aportar más financiación.

Esta, sin embargo, no ha sido la única medida "inédita" que Illa se ha comprometido a sacar adelante. También ha anunciado que el Govern ofrecerá la opción a catalanes de "cuarenta años con ingresos estables" –pero que tienen "dificultades para acceder a una hipoteca"– de compartir propiedad con la Generalitat: el 50% de la vivienda se lo quedaría la administración pública, que cedería la propiedad durante cuarenta o cincuenta años. Durante este tiempo la vivienda se podría vender o alquilar e incluso heredar, pero una vez transcurrido el tiempo la persona tendría que decidir si paga la otra mitad a la Generalitat o si pierde el piso, que iría destinado al parque de vivienda social. Esta medida contará con una financiación de 100 millones de euros.

Illa también ha hecho un anuncio en otra de las cuestiones más candentes de la agenda pública, como es la educación, y ha propuesto a los grupos parlamentarios crear una nueva regulación para "reconocer la autoridad pública" de los profesores. Aun así, no ha detallado cómo pretende conseguirlo y ha pedido al resto de fuerzas políticas que se impliquen para analizar "la mejor manera de hacerlo".

Por otro lado, el presidente también ha anunciado que impulsará la celebración en Cataluña de una conferencia de regiones europeas que estén "comprometidas con la democracia, el estado de derecho y los valores europeos". El líder socialista, que ha vuelto a realizar un discurso con referencias a la actualidad internacional, ha anunciado la puesta en marcha de un programa Cataluña-Ucrania para reforzar y facilitar la ayuda de las administraciones catalanas a Kiev. "Queremos que nuestro compromiso tenga continuidad, estructura y resultados concretos en beneficio mutuo", ha subrayado el presidente.

La aplicación de la amnistía

El próximo 6 de octubre comenzarán en paralelo un pleno en el Parlamento de Cataluña y otro en el Tribunal Constitucional. En Madrid el sector progresista del TC validará la amnistía completa a la exconsellera Dolors Bassa y, por extensión, al resto de dirigentes del 1-O a los cuales el Tribunal Supremo se había negado a amnistiar. Aquel día todavía no será efectiva, pero el presidente de la Generalitat confía en que en el próximo pleno del Parlamento, previsto para el 20 de octubre, Cataluña pueda recibir a los diputados que siguen en el exilio. "Quiero que en el próximo debate que tengamos en el Parlamento contemos con el presidente Puigdemont", ha dicho.

El presidente ha reivindicado la obra de su gobierno para mejorar la vida de la gente y también para mejorar la convivencia. Y aquí es donde entra la amnistía, necesaria para construir una sociedad "más unida, cohesionada y próspera". "La ley de amnistía tiene el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del TC. Su aplicación es de obligado cumplimiento sin más dilaciones. Y así será, como siempre he defendido", ha insistido. Illa defiende de forma vehemente la aplicación de la amnistía desde que en 2023 fue uno de los acuerdos entre el PSOE, ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Antes él, igual que el resto del Partido Socialista, se había opuesto a esta medida.

"Propaganda" y "falta de ambición de país"

Las críticas al discurso del presidente no se han hecho esperar en las ruedas de prensa posteriores al pleno. Este miércoles confrontará con los portavoces y ya sabe que no se encontrará un camino de rosas. Desde Junts, Salvador Vergés ha definido el discurso de Illa como "propaganda" del todo "previsible": "Nos preocupa mucho que hemos visto a un presidente que vive en una Cataluña imaginaria", ha remachado. Su "triunfalismo", según el dirigente de Junts, contrasta con el hecho de que el presidente se ha mostrado "muy lejos del sufrimiento de médicos, maestros, campesinos y pescadores".

Desde los socios de investidura como ERC, Ester Capella ha lamentado el "discurso aburrido en la forma" y con "falta de ambición de país en el fondo". A la vez ha censurado la escasez de recursos anunciados en vivienda: ha afirmado que son "una gota en el océano". A su vez la líder de los Comunes en la cámara, Jéssica Albiach, ha apuntado que "Cataluña no está mejor" y que el discurso contra la extrema derecha no acaba de funcionar sin medidas: "Hemos visto triunfalismo y «vuelva usted de aquí a diez años»", ha dicho, y ha añadido que no ha anunciado la "intervención del mercado" de la vivienda, sino "dar dinero a los inversores". Esta diagnosis que "se queda a medias" también la ha compartido la CUP; su portavoz, Xavi Pellicer, ha tildado de "rescate a los secuestradores" las ayudas a la compra porque cree que van hacia los fondos buitre y ha reprochado que Illa haga "malabares".

En el flanco de la derecha españolista, la portavoz del PP, Lorena Roldán, ha cargado contra Illa por su intervención "muy decepcionante", que parecía "un disco rayado", y el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha apuntado que Illa "está alejado de la Cataluña real" y ha tildado de "ridículas" las medidas en vivienda.