Sánchez asegura la investidura mientras crece el malestar de los jueces

Madrid / BarcelonaEste viernes habría sido un día para destapar cava en la sede del PSOE. El 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez convocó elecciones por sorpresa tras el batacazo de las municipales y autonómicas, parecía imposible llegar hasta aquí: la próxima semana será reelegido presidente del gobierno de España tras completar la mayoría absoluta con el PNV y Coalición Canaria. Ahora bien, hoy en Ferraz no se brindaba cava: por séptima vez la sede socialista en Madrid ha sido protagonista de altercados, provocados por el enfrentamiento de grupos ultras y fascistas con la Policía Nacional, y un día más el poder judicial ha levantado la voz contra la amnistía pactada con los soberanistas y, sobre todo, el concepto lawfare que menciona el pacto entre Junts y el PSOE.

Han sido todos los jueces decanos de España –la máxima autoridad de cada partido judicial– y los presidentes de las audiencias provinciales quienes han mostrado su rechazo al entendimiento firmado por los socialistas. En un comunicado han asegurado que puede suponer la "rotura de la separación de poderes". De esta forma, la base del poder judicial, que normalmente no se pronuncia sobre los acontecimientos políticos, se ha sumado al comunicado que este jueves emitió la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. Así, se oponen a un pacto que contiene "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", que podrían dar lugar a "acciones de responsabilidad o modificaciones" legislativas”. Es decir, niegan que pueda existir lawfare –el uso de los tribunales para perseguir a adversarios políticos– y rechazan de lleno que el Congreso de los Diputados pueda “revisar” procedimientos judiciales, ya que sería un atentado, dicen, a la separación de poderes del estado de derecho. De hecho, el CGPJ también ha redoblado su presión: ha trasladado a las instituciones comunitarias que Sánchez ha pactado "con un prófugo de la justicia su impunidad por varios delitos, entre ellos delitos de corrupción", relatan, en el alusión al expresidente Carles Puigdemont por hacer el referéndum del 1-O.

No han sido los únicos que han levantado el dedo. Aparte del poder judicial –así como asociaciones conservadoras y progresistas–, se han pronunciado varios sindicatos policiales. Una asociación de guardias civiles ha llegado a asegurar que están dispuestos a "derramar su sangre para defender a España", considerando que la amnistía deja en papel mojado el papel de la policía judicial. Incluso, que puede haber un "aumento" del número de atentados y una nueva crisis de convivencia en Cataluña. Las declaraciones no pasaron desapercibidas por el ministerio del Interior, pilotado por Fernando Grande-Marlaska, que iniciará acciones penales y disciplinarias contra los responsables. Por otro lado, ante la Ciudad de la Justicia en Barcelona, ​​donde declaraban agentes investigados por maltratar a una chica en las protestas postsentencia de 2019, sindicatos policiales también se han manifestado contra la amnistía –informa Cesc Maideu–.

Lleno de investidura miércoles

A pesar de la revuelta del poder judicial, sin embargo, el calendario en el Congreso de los Diputados seguirá adelante. La mayoría plurinacional que permitió la presidencia del Congreso para Francina Armengol volverá a reflejarse para investir a Sánchez, presumiblemente, el próximo jueves. Una vez que los nacionalistas vascos han dado el sí y el PSOE ha puesto la guinda del pastel logrando el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, que hace unas semanas había votado favorablemente en la investidura de Feijóo, el camino está expedido. "A diferencia del PP, el PSOE tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario que no esté representado por la derecha y la extrema derecha", subrayaba este viernes la número 2 de los socialistas, María Jesús Montero, desde el patio del Congreso , y se congratulaba que la "legislatura está garantizada". Sin embargo, desde Junts no han dicho lo mismo: tanto la presidenta del partido, Laura Borràs, como el secretario general, Jordi Turull, han advertido de que si no hay "avances" le retirarán el apoyo. "Durará lo que dure su palabra", ha asegurado Borràs en Catalunya Ràdio. Este sábado y domingo Junts ratificará el pacto en una consulta a la militancia –los consejeros nacionales del partido ya han apoyado este viernes–, mientras que los últimos en pronunciarse serán los de Podem el martes.

El PSOE ha estado dispuesto a asumir el desgaste de la amnistía –una medida a la que se había opuesto el gobierno de Sánchez y que sólo será posible gracias al cambio de tornas que en la anterior legislatura se logró en el Tribunal Constitucional con un presidente afín al PSOE– a cambio de la estabilidad de los socios parlamentarios. ¿Logrará consolidarse la mayoría plurinacional o dentro de cuatro años será, esta vez sí, el turno de PP y Vox? De momento, la legislatura de la agenda territorial empezará a andar para desesperación de la derecha.

El calendario que se prevé es que el lunes la ley de amnistía se envíe a EHBildu, PNV y BNG y se registre, con la posibilidad de que el martes la califique la mesa. Por su parte, Armengol anunciaría el debate de la investidura para el miércoles y el jueves. El plan del PSOE avanza, no sin la oposición interna de Emiliano García Page –ha abierto la puerta a impugnar según hipotéticas concesiones fiscales en Catalunya– y de una derecha con muchas patas: el PP insiste en que articulará una respuesta “contundente” por la vía parlamentaria, judicial y en la calle. De nuevo, este domingo habrá concentraciones en las capitales de provincia contra los acuerdos de Sánchez. Este será el anfitrión este fin de semana de una cumbre de líderes socialdemócratas de la UE en Málaga. Ayer se vio con el alemán Olaf Sholz, convertido ya en uno de los líderes más influyentes de la izquierda europea.