Sánchez condiciona la amnistía a la renuncia de Puigdemont a la unilateralidad

MadridPedro Sánchez y Míriam Nogueras se verán las caras este viernes en el Congreso con una premisa sobre la mesa: para que fructifique el acuerdo entre el PSOE y Junts, que pasa básicamente por una ley de amnistía, es necesario que la formación de Carles Puigdemont se comprometa con la vía pactada. "Debemos tener elementos para comprobar realmente que no quieren una vía unilateral", indicaban fuentes del gobierno español durante las conversaciones informales con periodistas en el Palacio Real de Madrid, con motivo de los actos institucionales del 12 de octubre. El líder del PSOE asegura que las negociaciones avanzan y van en la buena dirección, pese a ser consciente de que la de Junts es la pieza más complicada del rompecabezas de la investidura. Fuentes de la Moncloa admiten la complejidad de la operación, sobre todo por los recelos entre Junts y ERC con las elecciones catalanas en el horizonte, y porque la intención de Sánchez es ligar con los socios acuerdos de legislatura.

El presidente español en funciones se reserva la carta de hablar directamente con Puigdemont, tal y como hizo el miércoles con el líder de los republicanos, Oriol Junqueras. Se le preguntó con insistencia, y no lo descartó explícitamente, si bien indicó que habla y se reúne con los grupos parlamentarios. La ronda de contactos termina este viernes con Nogueras –antes se reúne públicamente por primera vez con EH Bildu–, uno de los perfiles más beligerantes contra el PSOE en la anterior legislatura. Fuentes socialistas subrayan que Junts todavía "hay que mover" y asumir que no habrá ni referendo de autodeterminación ni independencia de Catalunya. Tras una legislatura de fuertes críticas a ERC por su apuesta por el diálogo, en Ferraz creen que el partido de Puigdemont necesita "hacer eclosión".

El gobierno español quiere "muestras inequívocas" que Junts actuará "dentro de la Constitución". ¿Cómo se puede demostrar este compromiso? Existe un elemento de la negociación que evidenciará qué están dispuestos a asumir todos los actores en danza. Se trata de la ley de amnistía y la exposición de motivos que deberá acompañarla. Habrá que hacer un relato sobre los motivos políticos de la medida y el PSOE ya ha ido dando pistas de cuál debería ser la base argumentativa: la síntesis es que la desjudicialización trae convivencia a Catalunya y así lo han demostrado los indultos, pero no son suficientes. En cambio, el independentismo sitúa a la amnistía como un punto de partida para abordar la resolución de fondos del conflicto, con la autodeterminación como una opción que debe ser discutida.

Con los indultos, ERC ya evidenció que dejaba de lado la unilateralidad y abrazaba la estrategia del diálogo, pero, de momento, Junts no ha dado ese paso que reclama el PSOE. En la Moncloa dejan muy claro que la ley de amnistía debe tener "seguridad jurídica" porque tendrá que pasar el filtro del Tribunal Constitucional.

57 diputados por la amnistía

Este viernes Sánchez habrá escuchado las propuestas de los grupos parlamentarios y, tal y como ha prometido públicamente, se pronunciará sobre sus peticiones y emitirá la posición del PSOE respecto a la amnistía. Esta semana los dirigentes del partido y él mismo en esa conversación con periodistas han repetido una cifra: 57 diputados. Es la suma de los potenciales aliados de la investidura: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Todos ellos plantean la amnistía –con distinta intensidad–, por lo que no es solo una exigencia de un partido con siete diputados como contrapartida para hacer Sánchez presidente, se defienden los socialistas cuando la derecha le acusa de ceder la gobernabilidad de el Estado a las peticiones de Junts.

Desde los mismos salones del Palacio Real, Alberto Núñez Feijóo ha remarcado que buscará todos los instrumentos del estado de derecho contra la amnistía. De momento, tiene una parte de la calle que clama en este sentido, tal y como se ha demostrado durante el desfile militar, marcado por los insultos a Sánchez. El presidente en funciones ha responsabilizado al PP y Vox de instigarlas y ha acusado a Feijóo de "apropiarse de los símbolos comunes". El líder del PP replicó que "no merece esta difamación".