El Supremo abre juicio oral contra Reguant por no haber respondido a Vox en el juicio del 1-O

BarcelonaSolo seis días después de que el TSJC condenara a seis meses de inhabilitación y 1.080 euros de multa por un delito de desobediencia al secretario tercero de la mesa del Parlament y ex concejal de la CUP en Lleida, Pau Juvillà, por no haber descolgado unos lazos amarillos de su despacho municipal en las elecciones locales del 2019, este lunes la formación anticapitalista ha anunciado que su compañera de filas Eulàlia Reguant también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el mismo delito. El Tribunal Supremo ha notificado a la ex concejala de Barcelona que abre juicio oral contra ella por haberse negado a responder a las preguntas de Vox en el juicio del 1-O. La Fiscalía le pide seis meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia grave.

La CUP ha revelado que la notificación del Supremo les llegó el 24 de noviembre pasado y que presentarán un escrito reclamando su absolución, paralelamente a otro reclamando la nulidad del proceso, porque Reguant era aforada y la instrucción la abrió el juzgado de instrucción número 10 de Madrid. "El objetivo es que el Supremo vuelva a empezar la instrucción de la causa, porque es aforada", ha señalado el diputado Xavi Pellicer. El caso del exdiputado Antonio Baños, que también se negó a responder a Vox, sí seguirá su curso en el juzgado de instrucción número 10, porque no es diputado.

Después de denunciar que "el Estado quiere anular la voluntad política del independentismo", Reguant ha instado al movimiento a devolver "la represión como un bumerán desde el Parlament" y ha recordado la condena a Juvillà o los procedimientos judiciales abiertos contra los diputados de ERC Josep Maria Jové o Lluís Salvadó, con el fin de denunciar "la deriva autoritaria del Estado".

Como ya hizo durante su declaración ante el juzgado de instrucción número 10 de Madrid el 25 de febrero del año pasado, cuando se reafirmó en que no respondió a las preguntas de la extrema derecha acogiéndose a la objeción de conciencia, Reguant ha dicho este lunes que se trata de una "decisión colectiva" porque "aceptar la presencia de quien niega derechos fundamentales es una declaración de intenciones del poder judicial". "La presencia de Vox evidenciaba que era imposible obtener justicia, como vimos después con la sentencia del 1-O", ha dicho.

La diputada de la CUP ha denunciado que la presencia de Vox como acusación particular en el juicio a los presos políticos "no se puede entender como una anomalía del Estado, porque sigue personándose en otras causas", y ha añadido que la extrema derecha "se ha ido transformando desde la Transición" manteniendo una "estrecha vinculación con la judicatura".