MadridEl 3 de febrero la votación de la reforma laboral agrietó a la mayoría de la investidura y el Gobierno español, en una votación al límite, pudo convalidar el decreto gracias al error del diputado del PP Alberto Casero. Este jueves el Congreso volverá a vivir otra votación agónica, en este caso para validar el decreto de medidas económicas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. El Catalangate ha hecho todavía más profunda la herida abierta hace dos meses entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y su principal socio de investidura, ERC, que no está dispuesto a dejar que la agenda legislativa de la Moncloa siga intacta mientras no se asumen responsabilidades por el espionaje al independentismo. De momento el Gobierno español no tiene garantizado ni el apoyo de ERC ni tampoco de ninguna formación de la bancada de la derecha. El decreto pende de un hilo y solo EH Bildu estaría dispuesto a salvar a Sánchez si la norma corre el riesgo de decaer.
Hasta ahora, solo el PDECat, el PNV, Más País y Compromís han garantizado su voto favorable. Este miércoles por la tarde ERC ha reunido a su ejecutiva y el partido todavía no ha hecho público el sentido de su voto, que se movía entre la abstención o el voto en contra, a la espera de un gesto del PSOE para aclarar el Catalangate. "Todo está abierto", apuntan fuentes republicanas. En el seno del partido ya había debate antes de las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en el Congreso, cuando ha justificado el espionaje. Su intervención, sin embargo, ha dejado muy poco margen para el voto afirmativo de ERC.
En caso de que el partido de Oriol Junqueras se decante por el no, el único que salvaría al ejecutivo estatal es el voto favorable de los abertzales, que también necesitaría el sí de los grupos pequeños como Teruel Existe o el BNG. Sin embargo, ninguno de los dos grupos tenía todavía decidido el sentido de su voto esta tarde. EH Bildu tampoco había tomado una decisión definitiva, pero fuentes de la formación apuntan que, si depende de ellos, el decreto no decaerá. Los abertzales admiten que la confianza en el Gobierno español está “tocada” a raíz del Catalangate –también afecta a dos de sus dirigentes: el diputado en el Congreso Jon Iñarritu y el coordinador general de la formación vasca, Arnaldo Otegi– y consideran que el decreto es “insuficiente”. Pero también señalan que contiene “adelantos sociales y algunas medidas positivas” que creen que no se pueden dejar pasar.
Las condiciones del PP
Para los grupos de la derecha, en cambio, el decreto no va en la dirección correcta. Ningún dirigente del PP ha querido revelar este miércoles si finalmente se decantarán por una abstención o un no, pero todo hace pensar que, después de que la Moncloa no haya aceptado ninguna de las medidas que habían puesto sobre la mesa, los populares votarán en contra del decreto. El vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, ha enviado esta tarde una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cuatro condiciones para avalar la norma: una rebaja del IRPF para las rentas medianas y bajas; bajar también el IVA de la electricidad y el gas al 5%; “agilizar” la ejecución de los fondos europeos y reducir el número de ministerios. El ejecutivo español ya se ha opuesto varias veces a una rebaja de impuestos.
Los populares, además, reclaman que el decreto se tramite como proyecto de ley para que de este modo puedan presentar enmiendas. Una condición que el Gobierno español ha aceptado, según le ha contestado la propia Montero en una carta dirigida a Bravo, donde también le reprocha que no hayan calculado el impacto presupuestario de sus medidas. El gesto supone una aproximación hacia los populares, puesto que abriría la puerta a hablar de sus propuestas una vez se haya validado el decreto este jueves. Fuentes populares han reprochado que el ejecutivo de Sánchez solo se haya puesto en contacto con ellos para pedirles su voto favorable sin entrar en negociar ninguna de las medidas que le enviaron la semana pasada. La misma crítica que ha hecho Ciudadanos, que se ha reunido este miércoles con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sin llegar a ningún acuerdo. Los naranjas exigen como condición al Gobierno español que vete la presencia de ERC y EH Bildu en la comisión de secretos oficiales que se constituirá este jueves en el Congreso.
Tres medidas del decreto
1. Rebaja de 20 céntimos del precio de la gasolina
Una de las medidas del decreto es la rebaja del precio de los combustibles de 20 céntimos por litro. El coste se reparte entre el Estado (que asume 15 céntimos) y las empresas petroleras (que asumen 5 más).
2. Limitación de la subida de los alquileres al 2%
Hasta el 30 de junio el Gobierno español limita el aumento de los alquileres hasta el 2% en el caso de los grandes propietarios (los que tienen más de 10 viviendas o 1.500 metros cuadrados en alquiler). Para los pequeños propietarios, se aplicará este límite cuando no haya acuerdo entre las partes.
3. La factura de la luz
El decreto también incluye medidas para abaratar la factura de la luz. Una de ellas es prorrogar hasta junio las rebajas fiscales aprobadas desde el año pasado y que pasaban por la reducción del IVA al 10%, del impuesto especial de la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto de producción eléctrica.