Terrorismo, cautelares y 'lawfare': los soberanistas estudian cómo blindar la ley de amnistía

BarcelonaSi algo teme al independentismo es que la cúpula del poder judicial impida la aplicación de la amnistía tras ser aprobada en el Congreso de Diputados. Hasta ahora jueces y fiscales han manifestado una hostilidad extrema a la norma y no es ningún secreto que intentarán evitarla. De ahí que tanto Junts como Esquerra, pero también dirigentes vinculados a Sumar como el jurista Jaume Asens, trabajen en enmiendas parciales para acabar de "blindar" la ley de amnistía. "Estamos negociando posibles enmiendas", confirmaba el miércoles Asens en una entrevista en el Más 324. ¿Cuáles son los puntos que están en revisión? Básicamente tres, aunque no todas las partes lo ven claro y de la misma forma: la cuestión del terrorismo, la de las medidas cautelares –en relación directa con las euroórdenes– y también el tema de lawfare, aunque éste es el que genera menos consenso dentro de las filas independentistas.

Su objetivo es, en definitiva, que la ley de amnistía no quede en papel mojado por la reacción de los jueces una vez se ha hecho pública la ley: "Ahora existe el riesgo de que no pueda ser aplicada inmediatamente o en un plazo razonable, impidiendo la finalidad por la que fue hecha, que es hacer justicia", aseguran fuentes independentistas.

El límite para presentar las enmiendas parciales es este martes, día 16. Por tanto, todavía quedan horas para que todos los partidos de la investidura, incluido el PSOE, lleguen a un pacto para salir adelante. Su objetivo, apuntan fuentes independentistas, es que el rechazo del poder judicial a la norma no deje la amnistía en el aire. A continuación detallamos en qué ámbitos varios juristas estarían estudiando cambios:

Terrorismo

Es uno de los puntos más polémicos desde el inicio de las negociaciones de la ley de amnistía y en las que Junts y Esquerra han mantenido criterios diferentes, aunque el objetivo de ambos partidos es que el caso de los CDR y de Tsunami Democrático –formalmente investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional– estén incluidos en la amnistía. Como ningún partido quería incluir el delito de terrorismo directamente dentro de la amnistía –por no chocar con el Tribunal Constitucional o Europa, que consideran el terrorismo un delito no amnistiable–, Junts y el PSOE decidieron incluirlo por la vía del exclusión. Es decir, recogieron que quedaban fuera de la amnistía todos aquellos actos definidos como terrorismo por sentencia firme, asumiendo que aquellos relacionados con el Proceso que todavía están en fase de investigación como CDR o Tsunami quedarían amparados por la ley.

ERC, sin embargo, no cree que con esta fórmula quede blindado. De hecho, fuentes del partido explican que preferirían que no hubiera referencia explícita alguna al concepto terrorismo. Así lo han defendido desde hace semanas en las conversaciones técnicas con Junts. Los republicanos, de hecho, habrían preferido definir concretamente todas las causas judiciales amparadas en la amnistía –entre ellas las existentes en la Audiencia Nacional–, como ya se hizo hace dos años cuando el independentismo presentó una proposición de ley, que entonces el PSOE tumbó.

Junts estudia dos vías según fuentes jurídicas conocedoras de la negociación: la supresión del delito de terrorismo del capítulo de exclusiones y no mencionarlo en la ley, interpretando que el caso de los CDR o Tsunami ya quedaría incluido en las definiciones de movilización por el Proceso descritas en la ley; o añadir el requerimiento de sentencia firme a los demás delitos que excluye a la amnistía como el de torturas, lesiones o actos en contra de los intereses financieros de la Unión Europea para que el Tribunal Constitucional no pueda decir que se vulnera el principio de igualdad, porque sólo se menciona cuando se hace referencia al terrorismo.

Medidas cautelares

Una de las formas que tienen los jueces de retrasar los efectos de la ley de amnistía es presentar una cuestión de constitucionalidad en el TC o una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para evitar que esto impida el regreso a corto plazo a los exiliados –Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Lluís Puig– se estudian enmiendas para asegurarse de que decaerán las órdenes nacionales de detención de inmediato.

La proposición de ley ya dice ahora que una vez entre en vigor la ley "se levantarán las medidas cautelares" –ya sea de prisión provisional u órdenes de detención– incluso cuando tenga lugar una cuestión de constitucionalidad (es la pregunta que un juez hace al TC sobre artículos concretos, que deja en suspenso el procedimiento judicial). Ahora bien, ahora la ley no dice nada de la cuestión prejudicial en el TJUE –una pregunta del juez en este caso al Tribunal de Justicia de la UE, que también suspende el procedimiento– y estudian añadirle una referencia.

También pretenden "blindar más" el hecho de que deban retirarse a toda costa las medidas cautelares para garantizar el retorno de los exiliados. Fuentes jurídicas apuntan a que Junts quiere dejar claro que, por un principio de especificidad de la norma, debe prevalecer lo que dice la ley de amnistía por encima de otras interpretaciones que puedan hacer los jueces de la ley del Tribunal Constitucional, que dice que una vez planteada la cuestión de constitucionalidad habrá una "suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial".

'Lawfare'

Hay dos comisiones de investigación en el Congreso (la de la operación Catalunya y la de Pegasus) que, en teoría, deberían definir si ha habido lawfare durante el Proceso a través del uso de las cloacas del Estado. Ésta fue una de las obsesiones de Junts en la negociación con el PSOE, pero no de ERC. Los republicanos, partidarios de definir las causas con más concreción y de centrarlas en el Proceso, recelaban de la posibilidad de que Junts quisiera añadir personas del partido no vinculadas directamente a actividades relacionadas con el movimiento independentista.

Junts sí cree que s debe reflejar y fuentes jurídicas explican que para evitar que en casos como el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, con el referéndum de Nueva Caledonia queden desamparados de la amnistía quieren modificar los supuestos que deben entrar en la ley. El redactado actual de la ley ampara "los actos vinculados directa o indirectamente al Proceso oa sus líderes [...] que hubieran sido realizados por quien haya prestado asistencia, colaboración, asesoramiento, representación o seguridad" a los impulsores del 1-O. Una de las opciones es quitar la referencia al Proceso. Asimismo, también estudian modificar las fechas que ahora mismo englobaría la norma: si ahora habla del 2012, situarlo en el 2011.

El PSOE no cierra la puerta a introducir cambios, aunque calcula el desgaste que le pueden acarrear determinadas modificaciones. El martes habrá la resolución, cuando las enmiendas inicien su trayecto en la cámara baja.