Las tesis de Vox hacen mella dentro del Constitucional

MadridEl Tribunal Constitucional (TC) muy probablemente nunca habría tenido encima de la mesa la polémica decisión sobre la legalidad del primer estado de alarma si Pedro Sánchez no hubiera decidido repetir las elecciones españolas en 2019. La nueva cita en las urnas brindó a Vox una oportunidad que no ha desaprovechado el último año y medio de legislatura: en poco más de medio año pasó de 24 a 52 diputados en el Congreso, superando así el umbral del medio centenar de escaños necesario para poder presentar recursos de inconstitucionalidad. Desde entonces Santiago Abascal, del mismo modo que el PP de Mariano Rajoy empezó a hacer durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -con el Estatut como máximo exponente-, se ha aferrado a esta herramienta para intentar torpedinar el ejecutivo de coalición.

Hasta finales del año pasado parecía que la estrategia no estaba teniendo efecto. Entonces la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se plantó a las puertas del TC para denunciar que todavía no se habían resuelto ninguno de los nuevo recursos que habían presentado e hizo un llamamiento a los magistrados a “romper las cadenas” con los políticos para no ser “cómplices del golpe” de Sánchez de la mano del independentismo. Pero la balanza se acababa de inclinar a su favor: la dimisión en octubre del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, del llamado sector progresista, por un presunto caso de maltratos hizo pasar a manos del vocal conservador Pedro González Trevijano el recurso sobre el estado de alarma. El desenlace ha sido una victoria de Vox dentro y fuera del TC en un contexto de pugna en la Moncloa con el poder judicial.

A pesar de ser la victoria más importante, ya no es la única: el 13 de mayo pasado el TC también dio la razón a Vox y anuló la disposición que blindó la presencia del ex vicepresidente segundo del gobierno español Pablo Iglesias en la comisión del gobierno español sobre el CNI. Sánchez había aprovechado el contexto de estado de alarma para hacerlo a través de un decreto por la vía de urgencia, pero el pleno consideró que no había ninguna urgencia para la decisión. Esta sentencia comparte con la de la semana pasada un voto particular muy crítico, el del ex fiscal general del Estat Cándido Conde-Pumpido, que consideró “manifiestamente desproporcionado” que se anulara una decisión reservada al presidente del gobierno español.

El bloqueo en la renovación

Después del precedente del estado de alarma, el TC también tendrá los próximos meses entre las manos decisiones de gran alcance sobre los proyectes estrella de Sánchez: ya ha admitido a trámite el recurso de Vox contra la ley de eutanasia, también la ley de educación -conocida como ley Celaá-, y desde abril estudia las fórmulas de acatamiento y promesa en el Senado de los políticos independentistas, cosa que para el partido de extrema derecha podría llegar a invalidar una legislatura que consideran “ilegítima”. Y todo ello en un contexto de minoría progresista y en el que un tercio del tribunal tiene el mandato caducado desde noviembre de 2019 -uno de ellos es la plaza de Valdés, que de momento está vacante.

Para el ex letrado del TC Joaquín Urías, la situación de interinidad está dando alas al sector más conservador, que tampoco teme por las decisiones que pueda tomar sabiendo que le queda poco tiempo en el tribunal. “La situación actual en el TC arranca en 2017, cuando desde el gobierno de Mariano Rajoy se encomienda al pleno que defienda a España ante el independentismo”, explica al ARA Urías, que cree que ahora mismo se está actuando con una “intencionalidad política evidente” contra las decisiones del gobierno de Sánchez por el simple hecho de que está Unidas Podemos. Es más, asegura que no hay ningún magistrado del tribunal que se sienta próximo a las ideas del partido morado, mientras que considera que tres o cuatro de los vocales del pleno se sienten próximos a las tesis de Vox.

El resultado los últimos años está siendo un tribunal que cada vez defiende más a las instituciones y no a los ciudadanos, “retrocediendo en derechos y libertades”, según Urías. La evolución conservadora ha ido siempre de la mano del bloqueo en la renovación por parte del PP, que cuando ha topado con gobiernos del PSOE en la Moncloa -ya fueran primero de José Luis Rodríguez Zapatero o ahora de Pedro Sánchez- ha frenado el nombramiento de nuevos magistrados.

Pero Vox no habría podido llegar a apuntarse la primera gran victoria judicial si no fuera por un camino tortuoso dentro del propio tribunal marcado por la dimisión de Valdés a raíz del caso de presuntos maltratos y la decisión a última hora de la vicepresidenta, Encarna Roca -designada por CiU- de decantar la balanza contra el estado de alarma.