El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y Mas por el gasto del Govern durante el Procés

MadridPunto final. El Tribunal de Cuentas ha aplicado finalmente la amnistía a todos los líderes del Procés, entre los cuales el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el expresidente Artur Mas. Así lo ha dictado el tribunal este miércoles en una sentencia, a la cual ha tenido acceso el ARA, y en la cual absuelve de responsabilidades contables a todos los exconsejeros y miembros del segundo nivel de la Generalitat entre 2011 y 2017 que participaron en gastos relacionados con el referéndum del 1 de Octubre y la acción exterior del Gobierno. Lo hace después de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que consideró que no hubo afectación de los intereses financieros del club comunitario en la votación de 2017– y en aplicación del artículo 1.1 de la ley de amnistía, que dejaba sin efectos la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los actos relacionados con el 9-N y el 1-O desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023.

Se trata de una decisión muy relevante en términos políticos y judiciales, ya que es la primera vez desde que se aprobó la ley de amnistía hace ya más de dos años que Puigdemont y Junqueras, los máximos líderes del 1-O, han sido efectivamente amnistiados. Hasta ahora, la cúpula del Procés no se había beneficiado todavía de la aplicación de la norma, ya que los diferentes tribunales que pilotaban sus causas habían encontrado resquicios para evitarlo.

El Tribunal de Cuentas es un ejemplo claro: había decidido elevar una cuestión prejudicial al TJUE preguntando si era contrario al derecho europeo aplicar la amnistía en el caso del 1-O. La respuesta del TJUE, sin embargo, fue taxativa: el pasado julio ya dijo que no tenía ninguna vinculación, pero es que, además, defendió el espíritu de "reconciliación" entre España y Cataluña de la ley pactada para la investidura de Pedro Sánchez. Meses después, el Tribunal de Cuentas se ha visto obligado a aplicar la ley y considera ahora en la resolución judicial que no ha quedado "acreditado" que los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat afectaran a los intereses financieros de la UE, siguiendo la estela de la justicia europea. El tribunal remarca que la ley de amnistía dejaba claro que la responsabilidad contable entraba claramente dentro del ámbito de la norma, ya que el mismo legislador considera que queda fuera del "propósito de enriquecerse" que sí condiciona la amnistía en la vía penal. Decreta, así pues, la extinción total de la causa y la absolución de los encausados.

Con esta decisión, el principal caso que queda pendiente de ser amnistiado es la causa principal del referéndum en la sala penal del Supremo, que debe decidir en los próximos días si libra definitivamente de responsabilidades penales a Puigdemont y Junqueras; así como la Audiencia Nacional en el caso de los CDR. Quien parece que todavía tardará tiempo es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE sobre los casos de los dirigentes republicanos Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.

Las consecuencias

Entre los encausados y ahora amnistiados no solo están Puigdemont, Junqueras y Mas, sino exconsejeros y numerosos excargos del segundo nivel de la Generalitat,ya que bajo la lupa estaba todo el gasto de la acción exterior de la Generalitat de 2011 a 2017 y del referéndum del 1-O. La lista de nombres de los afectados es larga y llega a las 35 personas: aparte de Puigdemont, Junqueras y Mas, también quedan absueltos los exconsejeros Jordi Turull, Dolors Bassa, Toni Comín, Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Raül Romeva, así como todos los exdelegados de la Generalitat en el exterior durante el Procés, como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Martí Anglada y Luca Bellizzi, y buena parte de los cargos intermedios que por las competencias que tenían el Tribunal de Cuentas les puso en el ojo del huracán: Antoni Molons, Albert Royo –que desarrolló la diplomacia pública desde el Diplocat–, Josep Ginesta, Joaquim Nin y Aleix Villatoro, entre muchos otros.

Para todos ellos también se dejan sin efectos todas las medidas cautelares, que habían obligado a los encausados a aportar avales millonarios en concepto de fianza por todos los gastos que el Tribunal de Cuentas consideraba relacionados con la independencia. Para tener claras las cifras de las que se estaba hablando, Societat Civil Catalana pedía pagar a los encausados un total de 4,9 millones de euros –2,8 millones por los gastos del 1-O y 2,4 millones de euros por la acción exterior–, mientras que el ministerio fiscal reclamaba un total de 3 millones de euros, 1,2 por el 1-O y 2,2 por la actividad de la Generalitat en el extranjero. A raíz de esto, el Tribunal de Cuentas había pedido fianzas equiparables a estas cantidades a la espera de la sentencia.

Tal como recoge la misma resolución de este miércoles, había ya dinero depositado por esta presunta responsabilidad contable. Para garantizar las responsabilidades de la liquidación provisional del 1-O, se había hecho un depósito de 2,1 millones de euros provenientes de la fianza pagada al Supremo por el 1-O (sufragada en buena parte por la Caja de Solidaridad) y 2 millones que pagó directamente la Caja de Solidaridad con aportaciones de la sociedad civil al Tribunal de Cuentas. En cuanto al gasto de la acción exterior, los encausados optaron por una solución diferente: avales de la Generalitat que se idearon durante el gobierno independentista de ERC y Junts en 2021.

El entonces titular de Economía, Jaume Giró, trabajó en un decreto ley para proteger económicamente a los cargos de la Generalitat ante la responsabilidad contable mientras no hubiera una sentencia firme. En este sentido, a través de un decreto ley que fue avalado posteriormente por el Consejo de Garantías Estatutarias, se estableció la posibilidad de pedir un aval al Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a las fianzas millonarias y evitar así el embargo del patrimonio de una treintena de cargos. Ahora, con la aplicación de la amnistía, el Tribunal de Cuentas también devuelve estos avales al gobierno catalán, mientras que el dinero de la Caja de Solidaridad se debe reingresar en la cuenta. Sus responsables deberán decidir qué hacen con él.