El independentismo se enfrenta a una nueva fianza millonaria, ahora por la acción exterior

BarcelonaEl Tribunal de Cuentas ha citado este viernes, diada de Sant Jordi, a los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont; el exvicepresident Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y una treintena de cargos y excargos más de la Generalitat para que asuman una nueva fianza que se prevé millonaria, ahora por presuntas irregularidades en la acción exterior del Govern. El tribunal ha acabado la instrucción que comprende la actividad del Govern en el extranjero entre los años 2011 y 2017 y les insta a depositar una liquidación provisional de una cantidad todavía por concretar por responsabilidades contables. En el informe origen de la instrucción se analizaron 416,8 millones de euros de gasto, de los que se infería que una parte podrían haber servido para sufragar actividades de promoción del Procés. Bajo lupa se encuentra especialmente la actividad del Diplocat, que representó 15,8 millones de euros, pero también se suman conferencias, viajes y gastos a las delegaciones del Govern que el Tribunal considera que pueden haber sobrepasado las competencias en acción exterior que tiene la Generalitat. Todos ellos están citados el 29 de junio a las nueve y media de la mañana en Madrid, y la citación se puede alargar al día 30 si es necesario.

No es la primera causa relacionada con el Procés que revisa el Tribunal de Cuentas. Los líderes independentistas, con Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau al frente, tuvieron que asumir el pago de casi 5 millones de euros por el coste de la consulta del 9-N –el caso se encuentra ahora en el Supremo, que todavía no ha admitido a trámite el recurso de las defensas contra la sentencia– y en el caso del referéndum del 1-O fueron unos 4 millones, con Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers como principales afectados. De hecho, esta segunda causa, derivada de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los consellers por malversación, se ha acabado juntando con la de la acción exterior, y las dos tendrán un juicio contable en paralelo. Las fianzas no se han devuelto y, a pesar de que la mayor parte se ha sufragado gracias a la caja de solidaridad, muchos tienen bienes embargados. Si ahora se les hace pagar 15 millones más y no pueden hacerse cargo, el tribunal podría embargar todos sus bienes presentes y futuros. Además, la Fiscalía tiene abierta una investigación para aclarar si en la acción exterior del Govern se pueden haber cometido delitos penales.

Entre los citados para el 29 de junio, aparte de Mas, Puigdemont y Junqueras, también están los exconsellers Francesc Homs, Neus Munté, Jordi Turull, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva; los exsecretarios Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertran, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria; las interventoras generales de la Generalitat Maria Vidal y Rosa Vidal; los interventores delegados Jordi Sierra, Javier Acín y Francesc Cubel; el exsecretario general del Diplocat Albert Royo; y también los delegados exteriores del Govern en Alemania, el Reino Unido, Francia, Suiza, Polonia, los Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y Bélgica.

El origen de la causa

El encargo primigenio para fiscalizar al por menor la acción exterior de la Generalitat lo hizo el Senado a finales de 2017 con el impulso del PP. La recopilación de todas las facturas no fue difícil teniendo en cuenta que el 155 estaba en vigor y que la conselleria de Exteriors fue una de las más inspeccionadas por el gobierno español durante aquel periodo. Aún así, el Tribunal de Cuentas se quejó de la ausencia de algunas facturas. El marzo de 2019 se aprobó el informe fiscalizador sobre estos gastos. En un documento de más de 500 páginas, se repasaban un total de 416,8 millones de euros gastados sobre todo en las delegaciones en el exterior y se apuntaba a presuntas irregularidades del independentismo. La tesis del tribunal es que una parte de los recursos destinados a la promoción de la Generalitat en el extranjero de los últimos años se pueden vincular al impulso de la causa independentista y, por lo tanto, se puede atribuir una responsabilidad contable a los exmiembros del ejecutivo porque no la consideran legal. Esto implica que el tribunal puede pedir millones de euros a los líderes independentistas –todavía no ha detallado la cantidad– si concluye que todo ello forma parte del Procés.

La Generalitat, que en teoría es la perjudicada y quien recibirá el dinero en última instancia, descarta las irregularidades y siempre ha defendido el archivamiento de la causa a pesar de que el Tribunal de Cuentas le ha pedido que se personara como parte denunciante. Sí que lo hizo Societat Civil Catalana y otras entidades unionistas como Abogados Catalanes por la Constitución y Asociación Cívica y Cultural. Las tres, además de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, también han sido citadas el 29 de junio.

Entre los gastos detallados por parte del Tribunal de Cuentas y que el órgano considera irregulares están, por ejemplo, 479.633 euros gastados en un total de 45 viajes al extranjero de cargos públicos. Unos viajes que, según el informe, sirvieron para “promocionar el Procés” y, por lo tanto, los convierte, a parecer del tribunal, en irregulares. También incluye 515.675 euros pagados en informes y asesoramiento por parte de las delegaciones en el exterior del Govern, entre otras cosas. "La falta de control de la actividad económica financiera de las delegaciones, su autonomía financiera y la ausencia de un sistema para conocer sus actividades y el coste, así como la amplitud y la ambigüedad de su actuación, permite que se haya hecho y financiado todo tipo de actividades o gastos sin limitaciones y sin justificar la necesidad ni controlar el gasto", apuntaban los autores del informe.

Conferencia en el Parlamento Europeo

Se ha revisado, pues, toda la actividad de la Generalitat en el exterior, y esto que el Tribunal Supremo ya evaluó una parte durante el juicio del 1-O. En la sentencia, Manuel Marchena, de hecho, avaló, por ejemplo, que la conferencia en el Parlamento Europeo que hicieron Puigdemont, Junqueras y Romeva el 24 de enero de 2017 se amparaba en su "derecho a la libertad ideológica". Incluso excluyó de la malversación los más de 100.000 euros que costaron los anuncios contratados a varios diarios europeos (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Standaard, Corriere della Sera y Financial Times) para publicitar aquella conferencia que versaba específicamente sobre el derecho a la autodeterminación de Catalunya.

Del resto de conferencias, eventos y viajes de consellers, delegados o del Diplocat, el Tribunal tendrá que decidir cuáles acaban siendo objeto del juicio contable al que se someterá a los responsables de la acción exterior de la Generalitat hasta 2017. De este cálculo dependerá la millonaria fianza que se espera, a pesar de que una parte ya haya prescrito: solo se pueden exigir responsabilidades por los cinco años anteriores a la denuncia.