Un ‘tribunal’ politizado

Madrid“El nombre de tribunal es absurdo” y “de tribunal solo tiene el nombre”, coinciden dos personas que conocen bien el órgano que persigue económicamente a una cuarentena de exmiembros del Govern. El Tribunal de Cuentas es el gran desconocido de los tribunales, aunque el nombre no sea pertinente, y solo salta a la luz en contadas ocasiones. Los últimos años lo ha hecho por la causa contra el 9-N y ahora contra el referéndum y la acción exterior de la Generalitat. En 2019 su descrédito lo protagonizó la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella -condenada en primera instancia- gracias a los votos de dos consejeros nombrados por el PP. La falta de independencia es un lastre que ha señalado el Tribunal Supremo, un informe del Tribunal de Cuentas portugués y la propia plantilla.

Se trata de un órgano que no forma parte de la estructura judicial del Estado -no depende del Consejo General del Poder Judicial- y su función es fiscalizar la correcta actuación de las administraciones públicas y partidos políticos en materia contable y presupuestaria. Una de las anomalías es que consejeros escogidos por el Congreso y el Senado analicen la contabilidad de los propios partidos que los han propuesto.

La más polémica es, sin embargo, su competencia de enjuiciamiento, que convive paralelamente con la jurisdicción penal y con la contenciosa administrativa. A menudo trabajan de la mano, y lo ejemplifica el caso de los ERE de Andalucía: la justicia penal trata de acreditar la malversación de fondos públicos y el Tribunal de Cuentas la cuantifica (se han reclamado más de 100 millones de euros). Es lo mismo que ha pasado con la causa del 1-O: el Supremo condenó por malversación, pero trasladó la información al órgano administrativo para que cifrara la desviación. De hecho, durante el trámite de los indultos la Abogacía del Estado pidió al Tribunal de Cuentas que certificara si se había satisfecho la malversación, y respondió que sí, a pesar de que advirtió de esta investigación complementaria sobre la acción exterior.

La línea sobre lo que compete a una jurisdicción u otra es “difusa”, subraya una fuente del sector, y a veces la cierta “autonomía” de esta institución puede llevar a situaciones paradójicas como la del 9-N: el TSJC no condenó por malversación, pero el Tribunal de Cuentas vio irregularidades que, al fin y al cabo, condujeron al pago de cinco millones de euros, preventivamente fianzados. El resultado acaba siendo el mismo, con la diferencia de que no ha habido un proceso judicial con “garantías” para los acusados, apunta.

La fase de instrucción -en la que se encuentra el caso de la acción exterior- se abre a instancia de la Fiscalía y/o la Abogacía del Estado o a través de una denuncia, y por acuerdo del pleno, integrado por los 12 consejeros. Cuatro de ellos acabarán juzgando los hechos. Esta fase inicial la lidera un delegado instructor que es funcionario de libre designación y que tiene la potestad de embargar bienes antes del juicio.

A pesar de que las defensas de los exmiembros del Govern pongan el grito en el cielo, siempre se actúa así. “Se piensan que esto es jurisdicción ordinaria y no paran de recurrir”, comenta una alta funcionaria de la institución. El problema no sería tanto la metodología procesal en si, que también, sino cómo se aprovecha este funcionamiento. “El uso de la sección de enjuiciamiento con el tema catalán es inaudito”, afirma un trabajador que lleva décadas en el Tribunal de Cuentas.

En esta línea se ha expresado la consejera María Dolores Genaro, propuesta por el PSOE, que se desmarca del informe con un voto particular demoledor. Avisa de que el tribunal está obligado a analizar la documentación de manera “objetiva e imparcial” y “recogiendo con exactitud y precisión los hechos verificados, evitando juicios de valor e interpretaciones que no están lo suficientemente fundamentadas”.

Entre 2010 y 2021, de entre más de 500 informes de todo tipo, solo tres tuvieron un voto particular, prueba de la excepcionalidad de lo que ha sucedido. Uno de los otros dos fue por el caso de Botella, vinculado a la venta de inmuebles de protección pública a fondos buitre por debajo del precio de mercado y saltándose los procedimientos. Unas operaciones que afectaron a familias necesitadas y que en la condena inicial obligaban a Botella y siete personas más a pagar 22,7 millones de euros.

En manos de los partidos

Una de las que absolvió a la mujer del expresidente español José María Aznar es Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de su gobierno. También fue quien en primera instancia condenó por el 9-N y quien será la encargada de juzgar el 1-O y la acción exterior. Por el turno de reparto, las causas vinculadas a Catalunya han caído al departamento segundo de la sección de enjuiciamiento, del cual ella es la consejera. En segunda instancia, un hipotético recurso de apelación lo resolverán los otros tres consejeros de la sección: el presidente, José Manuel Suárez Robledano -ex portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y propuesto por el PP-; María Antonia Lozano -consejera del departamento primero-, y Felipe García -consejero del departamento tercero-. Estos dos últimos, propuestos por IU y el PSOE, respectivamente.

La politización de los consejeros del Tribunal de Cuentas es indiscutible, coinciden las fuentes consultadas. Las “presiones” de los partidos son “puntuales, no permanentes”, afirma una fuente conocedora. El hermano de Aznar, Manuel Aznar, es uno de los 12 miembros del pleno. Los escogen el Congreso y el Senado -seis y seis- con una mayoría de 3/5 partes, hecho que siempre ha requerido el entendimiento entre el PP y el PSOE. La correlación ahora es de 7 a 4, dado que en 2018 renunció alegando motivos personales Lluís Armet, propuesto por el PSC. No hay limitación de mandatos, pero se tienen que renovar cada nueve años, y expiran el mes que viene. Fuentes del tribunal dan por hecho que el PP seguirá bloqueando su renovación, como pasa también con el CGPJ. Y es que las negociaciones están paradas.