El TSJC revoca la apertura del juicio oral de Laura Borràs para garantizarle el derecho de defensa
Acepta las alegaciones de la presidenta del Parlament y da un nuevo plazo de quince días a las partes
BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha revocado el auto de apertura de juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, una vez ha concluido que se vulneró su derecho de defensa al no haber podido acceder hasta última hora a la documentación que siguió investigando el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que fue el que abrió el caso. Este hecho paraliza el procedimiento que se había abierto hace unas semanas y el juez da 15 días más a las partes para que se posicionen. La decisión del TSJC también tendrá una implicación directa en el Parlament, que tenía que decidir si suspendía a la presidenta de sus derechos y deberes en aplicación del reglamento de la cámara.
La causa contra Borràs se bifurcó cuando ella fue escogida diputada en el Congreso. El juzgado 9 prosiguió con sus diligencias pero ya sin que Borràs figurara como investigada. Fue el Tribunal Supremo quien imputó a la entonces portavoz de JxCat en la cámara baja. A partir de ese momento, la defensa de Borràs se quedó sin información de lo que pasaba en el juzgado 9, que incluso llegó a imputar a dos personas más durante los meses posteriores. El Supremo envió el caso al TSJC una vez Borràs dejó el Congreso por el Parlament, pero no fue hasta el pasado 7 de marzo que los abogados de la presidenta pudieron tener acceso a los 9 tomos de información recopilados por el juzgado de instrucción. Una semana después el TSJC dictó el auto de apertura de juicio oral y ahora el propio tribunal y también la Fiscalía admiten que habría que haber dado más tiempo a la defensa.
En quince días hábiles el magistrado instructor del TSJC, Jordi Seguí, volverá a evaluar el calendario y decidirá si emite un nuevo auto de apertura de juicio oral para esclarecer si la presidenta del Parlament cometió prevaricación, malversación de dinero público, fraude administrativo y falsedad documental mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
El juez concluyó que hay indicios de que Borràs "abusara" del cargo al frente de la institución, por la presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo, a quien hacía años que conocía y con quien había trabajado. Por su parte, la presidenta siempre ha negado las irregularidades y ha considerado que es una víctima más de la "persecución política" del movimiento independentista por parte del Estado.