El TSJC revoca la apertura del juicio oral de Laura Borràs para garantizarle el derecho de defensa

Acepta las alegaciones de la presidenta del Parlament y da un nuevo plazo de quince días a las partes

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha revocado el auto de apertura de juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, una vez ha concluido que se vulneró su derecho de defensa al no haber podido acceder hasta última hora a la documentación que siguió investigando el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que fue el que abrió el caso. Este hecho paraliza el procedimiento que se había abierto hace unas semanas y el juez da 15 días más a las partes para que se posicionen. La decisión del TSJC también tendrá una implicación directa en el Parlament, que tenía que decidir si suspendía a la presidenta de sus derechos y deberes en aplicación del reglamento de la cámara.

La causa contra Borràs se bifurcó cuando ella fue escogida diputada en el Congreso. El juzgado 9 prosiguió con sus diligencias pero ya sin que Borràs figurara como investigada. Fue el Tribunal Supremo quien imputó a la entonces portavoz de JxCat en la cámara baja. A partir de ese momento, la defensa de Borràs se quedó sin información de lo que pasaba en el juzgado 9, que incluso llegó a imputar a dos personas más durante los meses posteriores. El Supremo envió el caso al TSJC una vez Borràs dejó el Congreso por el Parlament, pero no fue hasta el pasado 7 de marzo que los abogados de la presidenta pudieron tener acceso a los 9 tomos de información recopilados por el juzgado de instrucción. Una semana después el TSJC dictó el auto de apertura de juicio oral y ahora el propio tribunal y también la Fiscalía admiten que habría que haber dado más tiempo a la defensa.

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En quince días hábiles el magistrado instructor del TSJC, Jordi Seguí, volverá a evaluar el calendario y decidirá si emite un nuevo auto de apertura de juicio oral para esclarecer si la presidenta del Parlament cometió prevaricación, malversación de dinero público, fraude administrativo y falsedad documental mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

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El juez concluyó que hay indicios de que Borràs "abusara" del cargo al frente de la institución, por la presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo, a quien hacía años que conocía y con quien había trabajado. Por su parte, la presidenta siempre ha negado las irregularidades y ha considerado que es una víctima más de la "persecución política" del movimiento independentista por parte del Estado.