La triple derecha no da tregua y también impugnará el fondo para avalar las fianzas

BarcelonaLa concesión de los indultos a los presos políticos el pasado 23 de junio abrió una rendija a la posibilidad de sacar la política catalana de los tribunales, pero la triple derecha está decidida a no dar tregua y mantener la judicialización. Lo han demostrado este mismo miércoles, puesto que la respuesta de Vox, Ciudadanos y el PP a la comparecencia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho en el Parlament para hablar precisamente de la desjudicialización ha sido anunciar acciones legales contra la decisión del Govern de crear un fondo para asegurar a los ex altos cargos afectados por las fianzas millonarias que les impone el Tribunal de Cuentas por el gasto en acción exterior.

Con una actitud desafiante, el líder de la extrema derecha, Ignacio Garriga, ha anunciado que recurrirá el decreto ley que permite la creación del fondo y presentará una querella por malversación contra el president Aragonès. "Empieza su cuenta atrás", ha soltado, y ha llegado a asegurar que el Govern acabará "en la prisión". "Los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, salen al rescate de los condenados por malversación", ha denunciado: "Si prospera, incurrirán en el mismo delito y los haremos sentarse en el banquillo".

También Ciudadanos y el PP han amenazado con acudir a la justicia, pero no han dado más detalles, a pesar de que el líder del partido naranja, Carlos Carrizosa, ha explicado que ya han pedido al gobierno español que intervenga las cuentas de la Generalitat de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. "Esto no es judicialización, es defenderse de los que vulneran las leyes", ha defendido Carrizosa, y ha advertido de que su formación no dudará en recurrir a la justicia. Si el Govern "pisa derechos", ha expuesto, al Tribunal Constitucional; si "dan un golpe a la democracia", al Supremo, y si "desvia dinero y hay que cuantificarlo", al Tribunal de Cuentas. "¿Quién pide desjudicialización? Cienmileuristas poderosos", ha criticado.

Los populares, por su parte, están estudiando si recurrirán el decreto ante el Constitucional o bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, tal como ha dicho su líder, Pablo Casado, en declaraciones recogidas por Efe. Casado también ha explicado que espera que el gobierno español recurra el fondo para ayudar a los dirigentes independentistas "por responsabilidad". "Que paguen de su bolsillo", ha reivindicado el número 1 del partido en el Parlament, Alejandro Fernández, que además ha señalado a los socialistas: "Nos dijeron que con los indultos habría distensión. Pues menos mal". Al frente político se ha añadido además la entidad unionista Convivencia Cívica Catalana, la primera que recurrió los indultos a los presos políticos, que ha pedido al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad.

El Govern defiende la legalidad del decreto

Aragonès ha defendido el decreto insistiendo en que se ciñe a la legalidad. Para ejemplificar la normalidad de la medida, ha recalcado que otras administraciones, como la Junta de Andalucía, también tienen pólizas de seguro contratadas que cubren la responsabilidad contable de sus altos cargos. Además, ha querido destacar que no se trata de un pago directo del Govern sino de un contraaval para conseguir un aval bancario, que es lo que se presentaría ante el Tribunal de Cuentas. Una medida que permite "ganar tiempo" para encontrar una respuesta en política a la represión, ha mantenido.

Los consellers de Economía y de la Presidencia, Jaume Giró y Laura Vilagrà, también han tenido que responder durante la sesión de control al Govern a las insistentes preguntas de Vox, Cs y el PP sobre la cuestión. "Es un mecanismo para cubrir sanciones –ha argumentado Giró en el pleno–. Pero más allá de esto es también un instrumento para restablecer el espacio de libertad para poder hacer acción política en Catalunya sin el miedo a que vendrán a embargarte la casa". "Esto es recuperar la libertad", ha sentenciado. Vilagrà, a su vez, ha indicado que la Generalitat "protegerá a todos los servidores públicos, ya sean mossos d'esquadra o altos cargos", y ha puesto encima de la mesa el "principio de indemnidad", que conlleva que ningún servidor público se pueda ver "perjudicado" como consecuencia de haber ejercido las competencias que corresponden a su cargo. Justamente este principio está en la argumentación del decreto de creación del fondo de riesgo que tiene que amparar a todos los multados por el Tribunal de Cuentas.