Paso adelante para conseguir que todos los docentes de Cataluña tengan el nivel C2 de catalán, tal como marca la Ley de Educación de 2009. Según ha podido saber el ARA, este curso finalmente sí se convocarán oposiciones docentes –tanto para infantil y primaria, como para secundaria– y, como novedad, el C2 de catalán pasará a ser obligatorio. Aunque esta información todavía debe presentarse en la mesa sectorial con los sindicatos prevista para el próximo 12 de noviembre, la previsión que hay sobre la mesa es que las pruebas se realicen durante el mes de marzo de 2027.

Cuando Noemí Blazquez vio que en Cataluña se aprobaba el decreto de inclusiva en el año 2017 aún no tenía hijos. "Pensé: qué avanzados somos siempre aquí en Cataluña, qué bien que quieran hacer que no haya separación de los niños en centros de educación especial, que no haya un apartheid". Un par de años más tarde se quedó embarazada y al vivirlo desde dentro su percepción empezó a cambiar. "Mi hijo es maravilloso, pero el recorrido educativo que hemos tenido que seguir ha sido duro y también se pasa un duelo", explica. Su hijo, que ahora tiene siete años, tiene un autismo de grado 3 (el más alto), un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y cuadros de epilepsia.

El curso que viene la estabilidad de las plantillas de docentes de escuelas e institutos de Cataluña sufrirá una nueva sacudida. A partir de este jueves se abre el periodo de solicitudes para el concurso de traslados estatal en Cataluña. Un proceso que se realiza en toda España cada dos años y que es una oportunidad para que los docentes que ya son funcionarios puedan cambiar de centro. Según ha podido saber el ARA, el cálculo del departamento de Educación es que unos 20.500 docentes funcionarios tengan que participar en este procedimiento. Teniendo en cuenta que la red pública este curso tiene unos 85.000 docentes, el concurso de traslados podría provocar la movilidad de uno de cada cuatro maestros y profesores en activo, aunque en muchos casos hay docentes que ya quieren quedarse en el centro donde están y lo consiguen.

Este curso escolar es anómalo para gran parte del alumnado de Cataluña. Más de 1.000 centros educativos se han quedado sin colonias ni salidas –o con recortes importantes– por decisión del profesorado. Este movimiento forma parte de una estrategia de presión de los docentes para reclamar que se les paguen estas salidas y pernoctaciones (el curso pasado ya se estableció que se compensaría con 50 euros la noche, pero los sindicatos lo ven insuficiente) y, sobre todo, para instar al departamento de Educación a sentarse a negociar las demandas de los sindicatos. Este martes han movido ficha las familias: 391 asociaciones de familias de alumnos (AFA) se han puesto del lado del profesorado y han sumado fuerzas para exigir al gobierno "medidas concretas" para recuperar estas actividades.

Vuelven las movilizaciones en el ámbito escolar. La Asamblea Educativa de Cataluña ha aprobado este sábado un nuevo ciclo de huelgas que se alargará también hasta el segundo trimestre del curso. La primera de las paradas está prevista para el 26 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales. También han convocado una manifestación previa, para el 21 de noviembre, y han hecho un llamamiento a la huelga general.

Linda Darling-Hammond es una de las investigadoras y responsables de política educativa más influyentes de los Estados Unidos. Fue presidenta de la Asociación Americana de Investigación Educativa y dirigió el equipo de transición educativa de Barack Obama en 2008 y de Joe Biden en 2020. También ha participado de manera directa en la reforma educativa que ha hecho reflotar los resultados educativos de California. Visita Barcelona con motivo de las jornadas del Anuario de la Educación de Equitat.org.

La movilización docente se enfría. Según la consulta que han realizado esta semana los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, COS, CNT y Asamblea Educativa de Cataluña (AEC), hay más docentes que no quieren volver a hacer huelga que los que piden una nueva jornada de paros. Concretamente, de los casi 33.000 profesionales que han participado en la consulta —hay 96.000 en el conjunto del sistema—, 16.358 han asegurado que están dispuestos a hacer huelga. A efectos prácticos, esto implica que menos de dos de cada diez docentes han manifestado que querrían volver a secundar un nuevo paro.

Este viernes se han hecho oficiales los temas que formarán parte del debate educativo de país para hacer remontar los resultados académicos. Después de reunirse con los grupos parlamentarios, el presidente del Consejo de Educación de Cataluña (CEC), Joan Manuel del Pozo, ha anunciado que finalmente el proceso se centrará en cinco grandes cuestiones: la inclusión y no segregación; la profesionalidad docente –sobre todo la formación inicial y a lo largo de la carrera laboral–; la corresponsabilidad de las familias; la gobernanza al servicio de los aprendizajes –tanto a escala general como dentro de los centros educativos–, y la corresponsabilidad de los ayuntamientos para descentralizar el sistema educativo y repartirlo por el territorio.

Josep Oriol Pujol Humet lleva cuarenta años ejerciendo responsabilidades en la Fundación Pere Tarrés, dedicada a la educación en el tiempo libre, actualmente con más de 100 centros socioeducativos y más de 200 centros de esplai federados. Formado como psicólogo por la UB y como director empresarial por Esade, fue gerente y director del Servicio de Colonias (16 años) y director general (24 años), cargo del que ahora se jubila. Pujol Humet ha sido clave en el fortalecimiento y profesionalización de la entidad. Pero se marcha con un regusto agridulce por el momento de crisis social que vive el país y por el malestar interno que han provocado las denuncias de injerencias del arzobispo Joan Josep Omella en la fundación.

Este jueves ha entrado en vigor el nuevo estatuto de los estudiantes universitarios, que no se actualizaba desde el año 2010. Entre las novedades de este documento estatal se encuentra que todas las asignaturas deberán tener recuperación, que deberá haber un descanso de 24 horas entre exámenes o que los estudiantes tendrán derecho a recibir atención psicológica gratuita en la universidad. Aunque el texto se ha aprobado esta semana en el consejo de ministros, muchas de las directrices ya estaban incluidas en la Losu, la ley orgánica del sistema universitario que se aprobó el año 2023.

Educación no retirará las pizarras digitales de las aulas de I3, I4 e I5, como anunció que haría en junio de 2025. Finalmente, el Gobierno ha optado por restringir su uso, pero no las sacará de las aulas de los más pequeños de las escuelas. El motivo principal es que estos dispositivos se adquirieron a través de fondos Next Generation –durante el mandato del consejero Cambray–, lo que hace que ahora el Gobierno no tenga poder para retirarlas totalmente o moverlas sin correr el riesgo de dejar de tener el mantenimiento garantizado. De esta manera, tal como ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA, el departamento de Educación suprimirá los "usos libres" de las pantallas en el segundo ciclo de infantil y no permitirá que tengan conexión a internet, pero no las retirará.

La necesidad de revisar la formación de los docentes y la manera como se aborda la pobreza infantil y la complejidad al alza en las aulas han centrado el debate en el primero de los encuentros que ha impulsado Pimec sobre educación, que ha contado con las voces de cuatro exconsejeros del ramo: Irene Rigau, Anna Simó, Meritxell Ruiz y Ernest Maragall. En pleno debate social y con un debate de país en marcha para redefinir el modelo educativo catalán –dinamitado por el error en las pruebas PISA, pero abonado por las protestas de docentes y familias en el último año–, los cuatro han coincidido en que hay que "blindar la educación" de los diferentes ciclos políticos para garantizar el futuro del país, ya que el sistema educativo es una cuna para las nuevas generaciones y, por tanto, para afrontar las futuras transformaciones económicas y sociales. Eso sí, siempre "guiados por la evaluación" de resultados.

La Universidad de Barcelona ha presentado este miércoles la Cátedra Fundaciones Ferrer de Estudios Palestinos, la primera que se impulsa en Europa dedicada exclusivamente a esta materia. La cátedra tendrá un enfoque multidisciplinario, con profesorado de los ámbitos del derecho internacional, la ecología y el medio ambiente, los estudios árabes, la historia contemporánea, la comunicación y las artes. Estos estudios se financiarán con el apoyo de las fundaciones ligadas a los laboratorios farmacéuticos Ferrer, que tienen entre sus líneas de actuación la acción por Palestina.

El Tribunal Supremo ha anulado por un error de forma el decreto con el que el gobierno español quería frenar los "chiringuitos universitarios", es decir, la norma para endurecer los criterios para permitir crear centros privados que no cumplieran con los estándares de excelencia. En concreto, el tribunal no ve justificado que se tramitara por la vía de urgencia. Poco después de hacerse pública la sentencia, el ejecutivo ha anunciado que trabaja para restaurar el decreto "lo antes posible". También se han pronunciado los rectores de universidades del Estado, y han incidido en el hecho de que se trata de un error de forma y no de fondo y que hay que mantener la calidad del sistema universitario.

Hace tres cursos el departamento de Educación, entonces liderado por el gobierno de ERC, creó Sensei, una prueba piloto que debía ser la base para crear un programa de formación. Con el tiempo, se tenía que acabar transformando en un MIR para los docentes, similar al de los médicos. La prueba se ponía en marcha con un presupuesto de once millones de euros que provenían de fondos europeos. Con esta inversión, durante tres cursos se ofrecieron 250 plazas para formar a docentes noveles. Estos fondos, sin embargo, solo llegaban a cubrir el programa Sensei durante tres años y, por tanto, el curso pasado fue el último en el que el sistema educativo catalán contó con la prueba piloto de este anhelado MIR educativo. Ahora, para suplirlo, el departamento de Educación ha puesto en marcha un nuevo programa de formación que será estable –no como el Sensei–, pero que contará con la mitad de plazas y no tendrá un presupuesto propio, sino que se integrará dentro de la inversión que hace el Gobierno en la plantilla docente.

"Antes de nada que quede claro: nosotros estamos a favor de la escuela inclusiva, pero en estas condiciones es imposible". Lo explica Martina, tutora de 2º de primaria de una escuela pública de la provincia de Barcelona. Han accedido a dejar que el ARA pase un día con ellos para comprobar cómo funciona la escuela inclusiva desde dentro. Sin filtros. Piden, sin embargo, el anonimato. Por eso todos los nombres de este reportaje son ficticios.

"La fortaleza de los sistemas educativos depende de la de sus docentes [...] y cada vez es más difícil atraer, formar y retener a docentes de alta calidad". Con esta premisa, la OCDE ha centrado su informe sobre el estado de la educación de este 2026 —el Education at a Glance— en la escasez de docentes y las medidas que se pueden adoptar para hacerle frente. Entre los muchos datos que analiza el organismo internacional se encuentra la temporalidad de los contratos de los docentes, una variable en la que España sale claramente mal parada. Según el informe, el Estado español es el quinto país de la OCDE con un porcentaje más alto de docentes de instituto sin un contrato indefinido.

"Este proyecto no va contra la FP privada; al contrario, reforzará la calidad de los centros privados". Con esta afirmación la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha presentado el proyecto de decreto con el cual el gobierno español quiere poner fin a los chiringuitosprivados que han encontrado una vía de negocio en el mundo de la formación profesional (FP). Con el nuevo decreto, presentado este lunes y que se prevé que se apruebe antes de final de año, el ejecutivo de Pedro Sánchez busca poner unos límites y unas exigencias concretos a este tipo de formación privada, que en la última década ha crecido exponencialmente, especialmente en la modalidad online. Por ejemplo, en Cataluña, el curso 2024-2025 ya había el doble de alumnos haciendo un grado de FP en la privada que en la concertada.

Saber leer, leer para aprender y gusto por la lectura. Estas son las tres patas en las que, según el departamento de Educación, se debe basar el plan de lectura de centro (PLEC). O, lo que es lo mismo, el plan que marca la línea didáctica y organizativa que debe seguir una escuela o instituto para garantizar que los alumnos acaben siendo unos buenos lectores. A estas alturas, este documento organizativo es solo una recomendación y solo unos 700 de los poco más de 2.500 centros educativos públicos tienen un plan de lectura que cumple los requisitos que marca la Generalitat. Ahora bien, dentro de las medidas para reforzar el aprendizaje que ha anunciado la consejera Esther Niubó esta semana está, precisamente, que el PLEC sea obligatorio. Esto implica que, de cara al próximo curso, más de 1.800 escuelas e institutos públicos tendrán que crear desde cero su plan de lectura o bien modificarlo para cumplir esta directriz.

La infinidad de datos que analiza el informe PISA y las muchas maneras de analizarlos siguen dando que hablar. Después de que el miércoles investigadores de EsadecPol –el centro de políticas económicas de Esade– y Innovamat Research Lab advirtieran en un estudio que había un error en el informe PISA que suponía que la afirmación de que los alumnos acomodados habían perdido más nivel que los vulnerables era falsa, la OCDE ha contestado. En una respuesta hecha llegar por escrito a los medios de comunicación, la OCDE –el organismo que organiza las pruebas PISA en todo el mundo– resta importancia al asunto: apunta que la diferencia entre la conclusión de su informe y la de los investigadores españoles "refleja una elección metodológica y no un error metodológico". Aun admitiendo que todavía no han "tenido la oportunidad de revisar la investigación al detalle", sí defienden que "las conclusiones del volumen de PISA siguen siendo válidas y coherentes".