Comuns ha empezado este lunes a negociar los presupuestos con el Govern con la voluntad de llegar a un acuerdo lo antes posible. "El calendario para aprobar las cuentas está en la mesa del Govern", ha subrayado antes de la reunión el portavoz del partido en el Parlament y uno de los negociadores, David Cid. El encuentro llega una vez el ejecutivo ha cumplido con el requisito que Comuns le había puesto para iniciar las conversaciones: empezar a sancionar a propietarios por incumplir la ley de vivienda en Cataluña. Pese a la intención de ambas partes de ir al trabajo, para que las cuentas puedan ser aprobadas es imprescindible el concurso de ERC que, por ahora, sigue esperando algún compromiso explícito por parte del PSOE para que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF tal y como está acordado.

Ahora mismo, si un ciudadano quiere comprarse un coche eléctrico o instalarse un punto de recarga en casa tardará, en promedio, dos años y seis meses en recibir la ayuda de la Generalitat. Pero existen ayudas muchas más esenciales, como el reconocimiento de la situación de dependencia o del grado de discapacidad, que la administración tarda casi un año en resolver. Con la voluntad de reducir el tiempo de espera, el Gobierno activó un plan de choque en noviembre para agilizar los diez trámites con mayor impacto entre la ciudadanía, con más de 650.000 solicitudes sólo el año pasado. De ellos, ocho están en fase de remodelación con medidas implantadas y que ya han dado los primeros frutos, según el ejecutivo catalán.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió este domingo por la mañana con la empresa china Huawei. Fuentes del Govern aseguran que se trata de una visita "institucional y de cortesía". El encuentro se ha producido en pleno polémico por el contrato que el ministerio del Interior adjudicó a la multinacional china para gestionar el almacenamiento de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

El Gobierno cerrará la oficina comercial de Acción que mantiene en Tel Aviv, en Israel. La mañana de Catalunya Ràdio y ha podido confirmar el ARA, así lo ha acordado Comuns con el ejecutivo ante la situación que se vive en Gaza, donde el bloqueo de cualquier tipo de ayuda humanitaria por parte de Israel se ha sumado a los meses de matanzas indiscriminadas contra la población civil palestina, con cerca de 54.000 muertes contabilizadas hasta ahora. Este mismo miércoles a primera hora de la mañana, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la líder de Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, se reunieron en el Parlament para oficializar el pacto.

Albert Piñeira (Puigcerdà, 1980) era escogido el martes como nuevo director general de la Casa de la Generalidad en Perpiñán relevante Christopher Person después de que éste se negara a hablar de la Cataluña del Norte. El exalcalde puigcerdanense del PDECat y Junts se convierte así en el último fichaje del mundo convergente que ha hecho el presidente Salvador Illa después de las incorporaciones de Miquel Sàmper, Ramon Espadaler o David Bonvehí. La formación de Carles Puigdemont no pierde a un dirigente cualquiera.

Hace un año, Junts impidió la reforma de la ley de inmigración para hacer obligatoria a los gobiernos autonómicos la acogida de los migrantes menores no acompañados que llegan mayoritariamente a Canarias. El gobierno español, que ya ha cerrado un acuerdo con Junts para delegar competencias en inmigración a la Generalitat, sabía a quién iba a convencer y este martes se ha evidenciado con el real decreto aprobado en el consejo de ministros después días de negociaciones. Juntos ha anunciado el acuerdo antes de que la Moncloa y ha destacado que el esfuerzo con la acogida que algunas autonomías ya han hecho hasta ahora se tendría en cuenta: Catalunya, una de las que más menores ha recibido, tendrá que acoger ahora entre 20 y 30 y, en cambio, llegarán a Madrid más de 700.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha emplazado a PSC y PSOE a demostrar la voluntad de cumplir los acuerdos ya firmados antes de negociar los presupuestos. Así lo reiteró el líder republicano durante la intervención en abierto a los medios en el primer consejo nacional tras su reelección como máximo dirigente de la formación. En una intervención breve y con un ademán grave, Junqueras ha advertido al PSC de que si no cumple con la financiación y el traspaso de Cercanías, firmados con Salvador Illa y Pedro Sánchez, respectivamente, no habrá negociación para las nuevas cuentas.

El Govern aprobó el pasado 10 de diciembre la creación de los Premios mejores Aceites de Oliva Verge Extra Catalunya y sólo tres días después organizó una gala en la Fatarella para reconocer la labor de los productores catalanes. El ejecutivo hacía el anuncio ni un mes después de la polémica por la presencia del presidente, Salvador Illa, en una feria del aceite de Jaén en Sabadell el 17 de noviembre. El independentismo le acusó de "promover a los competidores" de los productores catalanes y calificó la visita de Illa de "lamentable".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, considera que sus primeros cuatro meses de mandato han consolidado un "cambio de etapa" en Catalunya. Es, de hecho, el objetivo que se había marcado el líder socialista cuando llegó a Palau: cambiar el frame del debate en Cataluña y enterrar definitivamente el Proceso. Por eso este lunes, en una comparecencia tras el último consejo ejecutivo del año, Illa ha celebrado haber dejado atrás "episodios que no han sido buenos y que han provocado sufrimiento".

Hace un año, en la Fiesta de la Rosa del PSC, Pedro Sánchez y Salvador Illa intervenían sin todavía ser presidentes de España ni de Catalunya. Sánchez lo tenía a la vuelta de la esquina, pero Isla aún debería esperar casi un año para poderlo ser gracias al adelanto electoral. Un año más tarde, Illa ha participado por primera vez como presidente en el tradicional acto que el PSC organiza cada año en Gavà frente a miles de personas. Pero Sánchez no ha podido estar por la lluvia, que sólo ha dado una tregua mientras la alcaldesa de esta localidad y el líder del PSC han hecho su intervención.

Poco a poco los socialistas van desembarcando en la administración catalana y en los organismos que dependen de ella. Uno de estos organismos es el Centro de Estudios de Opinión (CEO), el ente responsable de las encuestas públicas en Catalunya, que hasta ahora lideraba el politólogo valenciano Jordi Muñoz. Desde hoy Muñoz deja paso al nuevo director del CEO, el también politólogo Joan Rodríguez Teruel (Barcelona, ​​1974). Teruel es profesor en la Universidad de Valencia y antes de dedicarse plenamente a la vida académica y en la investigación fue director adjunto de análisis y prospectiva a la Presidencia de la Generalitat bajo los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla. También fue concejal en La Garriga entre 2004 y 2008.

Cuando Salvador Illa asumió el cargo de presidente de la Generalitat sólo estaba la bandera en el Salón de Sant Jordi del Palau, lo que provocó las críticas de las entidades espanyolistas. Este viernes, sin embargo, en su primera recepción oficial en la Generalitat, el jefe del ejecutivo socialista ha recuperado la bandera española en la sala de los diputados del Palau, que es la antesala del despacho presidencial y es donde se celebran los encuentros con dirigentes y personalidades.

La primera visita de Salvador Illa como presidente de la Generalitat no ha sido elegida al azar. Ha elegido la sede de los Mossos d'Esquadra, en el Complejo Central de Egara, en un momento de profunda crisis en la policía por la detención fallida de Carles Puigdemont. "Tienen mi apoyo y el de mi Gobierno", ha empezado diciendo Isla en una declaración institucional tras visitar las dependencias policiales y reunirse con las unidades y con los sindicatos. Una muestra de apoyo del presidente y de la nueva consejera de Interior, Núria Parlon, en un momento delicado para la policía. El presidente Isla ha defendido a la policía diciendo que es uno de los servicios públicos "más importantes", pero también ha dejado claro que hay cosas que mejorar: "Tenemos una buena policía, pero siempre se puede hacer mejor".

El escritorio, prácticamente vacío. En los archivos sólo quedan algunos pocos documentos como metáfora que ya no queda trabajo por hacer. Al menos a Joan Ignasi Elena, hasta este lunes consejero de Interior. Sólo queda sacar algunos libros de encima de la cómoda, varios bolis de un bote y redecorar cuadros y alfombras. Esto ya será decisión de la nueva consejera, Núria Parlon. Pero uno tendrá que cambiarlo obligatoriamente: el retrato del presidente saliente, Pere Aragonès, que aún corona el despacho. Justo debajo, como símbolo de la transición, hay tres diarios, el ARA, La Vanguardia y El Periódico, que anuncian en portada el nuevo gobierno de Salvador Isla.

El presidente Pere Aragonès traerá nuevamente la defensa de la amnistía al Senado. El jefe del Gobierno asistirá el lunes a la comisión convocada por el PP para debatir el informe sobre el impacto autonómico de la norma y lo hará con el convencimiento de que la ley para el olvido judicial del Proceso debe defenderse "a todo por todas partes", según ha explicado en una entrevista esta mañana en SER Catalunya. En su argumentación, sin embargo, aún ha añadido otro motivo: "Como independentista, republicano y de izquierdas, trolear el PP siempre apetece".

La misma semana que el presidente, Pere Aragonès, remodeló el Gobierno para ascender a Laura Vilagrà en la vicepresidencia y situar a Sergi Sabrià como viceconsejero de Estrategia y Comunicación, hubo otro cambio que, pese a ser relevante, pasó desapercibido: el Gobierno destituyó el 23 de enero a la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Mercè Corretja. Y no solo: dos semanas después el ejecutivo también apartó a una de sus colaboradoras, la directora general de derechos y asuntos constitucionales del cuerpo de letrados de la Generalitat, Maria Àngels Arróniz. Estas destituciones no se han producido por "motivos profesionales" –todas las fuentes consultadas apuntan la validez de las dos juristas– sino por un conflicto abierto durante meses entre Correa y el secretario de Gobierno, Xavier Bernadí, a quien varias fuentes acusan de " presiones" en el gabinete jurídico de la Generalitat. La última: la elaboración de un informe sobre la proposición de ley de amnistía, en trámite en el Congreso de los Diputados, que Correa de entrada se opuso a realizar pero que acabó elaborando por la presión de Bernadí.

Buenas noticias para el ejecutivo de Pere Aragonès, que pasa del suspenso al aprobado. Los catalanes aprueban su gestión con una nota media de un 5, mientras que en la anterior encuesta, que se publicó en febrero del año pasado, le suspendían con un 4,4. Así se desprende de la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO), que se ha hecho pública este jueves y que se realizó entre el 29 de septiembre y el 30 de noviembre antes de la polémica por los malos resultados del informe PISA. Un 62% de las dos mil personas encuestadas aprueba la gestión de la Generalitat en el último año con un 5 o más, mientras que un 35% la suspende con una nota inferior a un 5. Esta nota supone seis décimas más de apoyo que en la anterior encuesta. Entonces, la nota media del ejecutivo de Pere Aragonès, que llevaba cuatro meses gobernando en solitario, fue de 4,4 y sólo aprobaba entre los votantes de Esquerra (5,4).

La CUP sólo ha aprobado unos presupuestos desde que irrumpió en el Parlament en el 2012. Fue en el 2017 y el sí de los anticapitalistas en el ejecutivo de Junts pel Sí estuvo condicionado a la convocatoria del referéndum que se acabaría celebrando ese otoño. Ni antes ni después de ese año los anticapitalistas han secundado unas cuentas por la negativa de las grandes fuerzas independentistas a atender sus peticiones.

Pere Aragonès quiere empezar a poner manos a la obra a los acuerdos a los que el Govern y ERC llegaron con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. Una semana después de que el Congreso le inviste otra vez jefe del ejecutivo español, el presidente de la Generalitat ha convocado este jueves por la tarde una reunión extraordinaria del consejo ejecutivo para dar los primeros pasos para concretar el traspaso de Cercanías y también una reforma de la financiación autonómica para Cataluña. Dos cuestiones que el Gobierno pactó con el PSOE, además de la ley de amnistía y mantener la mesa de diálogo. Para la cuestión ferroviaria, Aragonés ha elegido a Pere Macias como comisionado para negociar el traspaso, es decir, quien tendrá que materializar las negociaciones con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Y para acabar con el déficit fiscal, el Gobierno quiere elaborar su propia propuesta de modelo de financiación "singular" para Cataluña en el plazo de tres meses, es decir, un nuevo pacto fiscal.