El departamento de Educación ha dicho que la resolución judicial de este lunes contra el catalán no supondrá ningún cambio en el día a día de las aulas catalanas. Pero se ha quedado corto: en realidad, tampoco supondrá ningún cambio en el día a día de la lengua catalana, porque la resolución en cuestión es un capítulo más en los libros que contienen los tres siglos de prohibiciones, persecuciones, multas y limitaciones del catalán, dictadas por España.

Entre un Starbucks y un Yoga Studio Barcelona, ​​a dos calles del Raval y frente a miles y miles de turistas que cada día pasean por las calles que rodean plaza Catalunya. En pleno 2025 y después de saber que el catalán ya es la lengua habitual de menos de un tercio de la población, parece casi imposible que en este punto de la capital catalana se pueda oír la expresión "no entender un borrador".

La disputa judicial sobre el catalán en la escuela ha dejado un goteo constante de resoluciones desde el 17 de diciembre de 2020, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicó la sentencia en la que ordenaba que todas las escuelas catalanas impartieran al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Casi cuatro años después, las escuelas de Catalunya afrontan otro inicio de curso con la enseñanza de la lengua todavía en los tribunales.

¿Cómo pido a los alumnos que se dirijan a los profesores en catalán? ¿En qué hablamos en las reuniones con familias no autóctonas? Si un alumno llega a tercero de ESO y me pide por qué debe estudiar en catalán si en su barrio nadie le habla, ¿qué le digo?

Una de las imágenes que más sorprenden a los visitantes que pasean por Vic y paran la oreja es que los hijos de los inmigrantes interactúan entre ellos en catalán. No importa el color de la piel: la lengua del parque es el catalán.

La inmersión lingüística ha sido desde hace 40 años un pilar de la escuela catalana. Es un modelo que ha tenido un éxito incuestionable en la expansión del conocimiento del catalán, pero hoy da señales inequívocas de desgaste. El incremento de la diversidad en las aulas (con un tercio de alumnos que son hijos de inmigrantes y que, por tanto, tienen el catalán como segunda, tercera o cuarta lengua), los problemas socioeconómicos del alumnado, las recortes a raíz de la crisis y la judicialización de la educación han sido situaciones de emergencia a las que ha tenido que responder la escuela de forma prioritaria y que han perjudicado a la enseñanza en catalán. Encima, no ayuda la invasión creciente de las pantallas, en las que ha habido durante años una escasa oferta de ocio y cultura en catalán.

Hace un par de años, las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya afianzando la obligatoriedad de ofrecer el 25% de las clases en castellano certificaron el final formal del sistema de inmersión en la escuela catalana, que había recibido una vez fatal con la sentencia del TC sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. El final sustantivo, en muchos centros del país, se había ido incubando ya desde algunos años antes, cuando el sistema de inmersión empezó su retroceso práctico. Resumiendo, la inmersión fue una historia de éxito durante un par de décadas, desde su inicio, impulsado por familias del área metropolitana de Barcelona que querían enseñanza en catalán para sus hijos. Y ha decaído en las dos últimas décadas por motivos variados.

La comisión del Parlamento Europeo que ha visitado Catalunya instigada por la obsesión anti lengua catalana del PP, Ciudadanos y Vox se ha ido diciendo que: "Hemos tenido una visión clara de lo que pasa aquí". Son palabras de la jefa de la delegación, Yana Toom. Yo, como los Dupond y Dupont, diría aún más: han tenido una visión clarísima, la visión que se deriva de entrevistarse sólo con los padres antiinmersión y no con los que están a favor. "Es que vinimos porque son los padres del 25% los que lo pidieron, no los demás", se han justificado. Y es en este punto que es importante recordar cómo funciona el negocio.

"Nuestra visita, autorizada por el Parlamento Europeo, ha sido recibida con insultos, ofensas, nos han dicho fascistas y racistas ante la sede del Parlamento Europeo", ha lamentado la liberal Yana Toom, sorprendida por el alboroto que ha levantado desde el lunes la visita de los europarlamentarios que han venido a supervisar la inmersión en la escuela catalana. Efectivamente, ante una gran expectación mediática, incluso otra pequeña manifestación en las puertas de la oficina de las instituciones europeas en Barcelona, ​​este miércoles la comisión de europarlamentarios liberales ha hecho balance de estos tres días en los que se han reunido con responsables de enseñanza, profesores y entidades civiles.

Dolors Montserrat ha venido con la procesión de ultras, semiultras y reultros del Parlamento Europeo a comprobar que la inmersión lingüística en la escuela catalana no hace que a los niños y niñas catalanes les salgan cola y cuernos, ni que excreten azufre.

El Parlamento Europeo aprobó hace un año enviar una delegación de europarlamentarios para investigar la situación del castellano en las escuelas catalanas. Los europarlamentarios aterrizarán este mediodía con una agenda intensa, que desde la conselleria de Educación se ha tildado de "demencial" y desde entidades como Plataforma per la Llengua se ha visto como un abuso de los recursos públicos, además de haberse considerado que tiene "sesgo españolista".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de una alumna delescuela Cerro del Dragón de Canet de Mar a recibir en castellano dos asignaturas troncales aparte de la de lengua castellana. Así, estima parcialmente el recurso de los padres de la niña en contra de la decisión del departamento de Ensenyament, que quería denegarle. Sin embargo, el tribunal desestima el resto del recurso y mantiene el proyecto lingüístico del centro.

Desde esta semana el catalán puede hablarse con normalidad en el Congreso, y el camino para la oficialidad plena en la Unión Europea ya está iniciado. Pero en Cataluña los estudios sociolingüísticos señalan que su uso social está en retroceso y la embestida de los tribunales no ha parado, sobre todo contra la inmersión lingüística en las escuelas. Las continuas sentencias imponiendo el 25% de castellano en las aulas, con la estocada del Tribunal Supremo en el 2021 y la providencia del TSJC de 2022 obligando a la Generalitat a aplicar ese 25% a todo el sistema educativo, generó el contexto propicio para que los grandes consensos volvieran al Parlament hace poco más de un año. Por eso, en junio del año pasado, con un 80% de apoyo, se aprobó la ley sobre el catalán en la escuela, con un pacto entre el PSC, ERC, Junts y los comunes para que el catalán siguiera siendo la lengua vehicular del sistema educativo, con el castellano como "curricular", dejando atrás los porcentajes y poniendo el foco en la realidad sociolingüística y la autonomía de los centros. Todo ello, para intentar sacar la justicia de las escuelas y defender la inmersión. La ley está en manos del Tribunal Constitucional –ahora con mayoría progresista– y las sentencias para incrementar las horas de castellano en aulas concretas han continuado llegando –y se han seguido cumpliendo–, pero el peligro de un efecto dominó ha desaparecido. Al menos a corto plazo.

Los equipos negociadores de PP y Vox en el País Valenciano están perfilando un documento con 50 medidas o ejes que definirán el rumbo de la nueva Generalitat pero con la vista puesta también en las elecciones del 23 de julio. Fuentes de la negociación explican al ARA que lo que se busca es escenificar el cambio político que está en juego en los próximos comicios, es decir, que será una especie de adelanto de lo que después puede pasar en el resto del Estado. ¿Y qué habrá en este documento? Pues aparte de los clásicos de la derecha como por ejemplo la rebaja de impuestos o la supresión de organismos públicos para reducir la administración, se quiere dar una máxima importancia a la lengua. "Será un mensaje para Catalunya y también para todo el Estado", aseguran estas fuentes.

Ha llegado el día en el que el expresidente del PP Pablo Casado ha comparecido ante el juez investigado por las mentiras que dijo ahora hace unos meses sobre la inmersión lingüística en las escuelas catalanas. En su declaración este lunes en sede judicial, ha admitido que no contrastó las declaraciones que hizo en diciembre del 2021 porque eran unos hechos que salían en los medios de comunicación y consideró que no había que hacerlo. A pesar de todo, ha asegurado que "lo volvería a hacer las veces que hiciera falta" para "defender los derechos fundamentales de todos los españoles".

Las descalificaciones de la derecha española contra el catalán y el modelo de inmersión lingüística son recurrentes, pero esta vez podrían tener consecuencias judiciales. Según ha podido saber el ARA, un juez de Barcelona investiga al expresidente del Partido Popular Pablo Casado por un posible delito de injurias –y no descarta uno de calumnias y otro de odio o discriminación– por unas polémicas declaraciones de diciembre del año pasado. Además, lo ha citado a declarar el 30 de enero. Esto es consecuencia de la querella que presentó la Generalitat contra el ya ex líder y que ha sido admitida a trámite después de un buen periplo judicial. Esta vez, las palabras del popular podrían no salirle gratis.

El nuevo curso escolar empezará el próximo lunes con las mismas horas de catalán y castellano que había hasta ahora en las aulas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado aplicar de manera cautelar la sentencia firme que obliga a hacer al menos un 25% de las horas lectivas en castellano, tal como pedía la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que es una de las partes del procedimiento. El TSJC remitió el caso al Tribunal Constitucional, después de que el Govern y el Parlament aprobaran un decreto ley que prohíbe explícitamente el uso de porcentajes en las aulas y una nueva ley que dice que el catalán es la lengua vehicular y el castellano es curricular. De momento, los magistrados no quieren mover ficha, a la espera de que el Tribunal de Garantías les diga si las dos normativas se ajustan o no a la Constitución.

Por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha denegado las medidas cautelares que pedía una familia que quería el 25% en castellano para su hijo, que hace primero de primaria en una escuela de Barcelona. Según ha avanzado TV3 y ha confirmado el ARA, la conselleria de Educación recibió el viernes el texto, en que la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, que es la que ha asumido las sentencias del castellano en las aulas, alega que no puede decretar las medidas que quiere la familia porque hay una nueva normativa aprobada por la Generalitat que prohíbe "expresamente" regular por porcentajes el aprendizaje de las lenguas en la escuela.

En paralelo al debate y las tensiones internas entre los impulsores de la ley por el catalán ha habido otra negociación que ha pasado más desapercibida. La triple derecha también ha tenido problemas para coordinarse. Están de acuerdo al condenar la inmersión, pero Vox, Ciutadans y el PP también son rivales electorales y compiten. La necesidad de participar en una carrera para liderar la lucha contra la inmersión enerva especialmente a la dirección catalana del partido naranja, que nació en 2006 justamente exigiendo un grado más alto de bilingüismo en la escuela y ahora ve cómo la extrema derecha le roba terreno. Entonces solo eran tres diputados, pero lideraban el debate porque nadie más sostenía tesis tan radicales: de hecho, Cs está orgulloso de haber llevado el castellano a los plenos, porque hasta entonces se hablaba casi siempre en catalán. La situación ahora es diferente.

Regular el uso de la lengua en las aulas se ha convertido en una carrera de obstáculos para los partidos. Ha costado el naufragio de un primer acuerdo, alargar las negociaciones dos meses y esperar al aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para poder finalmente llevar al pleno del Parlament la nueva ley del catalán (y del castellano) en la escuela. También ha habido que acelerar el decreto del Govern para evitar la aplicación inmediata de la sentencia que fija un uso mínimo del 25% del castellano, puesto que la ley ha entrado fuera de plazo: acababa el 31 de mayo. Finalmente, los grupos promotores –PSC, ERC, Junts y comuns– han validado el texto este miércoles en el hemiciclo con 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención (del diputado de JxCat Francesc Ten). "Trabajar para garantizar la cohesión social también se hace preservando la escuela de la utilización partidista", ha defendido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, celebrando la entrada en vigor de una norma que "es un gran acuerdo de país". A pesar de todo, acabará en el Tribunal Constitucional, tal como ya han advertido los grupos de Vox, Cs y el PP.