Pasos adelante para la ley de amnistía, a pesar de que dos años después todavía no haya beneficiado a cuatro de cada diez independentistas encausados. Si en el mes de junio la norma se había estancado en la mitad, en las últimas semanas –después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– la cosa se está acelerando, según datos recopilados por Alerta Solidària. En concreto, el 62% de los independentistas ya han sido amnistiados, aunque, curiosamente, la lista todavía no incluye ni a la treintena de encausados en el Tribunal de Cuentas ni a los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo, los dos casos en los que el TJUE validó explícitamente la medida de gracia. La semana que viene se espera que el Tribunal Constitucional (TC) dé también un paso decisivo para que queden amnistiados Carles Puigdemont y los consejeros de su Gobierno perseguidos por malversación.

Con el retorno de Carles Puigdemont más cerca que nunca, una de las preguntas que todavía sobrevuelan este escenario es qué texto del Tribunal Constitucional será el que abra la puerta de entrada al Estado al expresidente de la Generalitat. Ya está en marcha la cuenta atrás para que el TC pulse el botón para que el Tribunal Supremo tenga que rectificar y aplique la amnistía total a los líderes independentistas –es decir, que la aplique también al delito de malversación–, y tiene una fecha clave marcada en el calendario. El martes 6 de octubre. Ese día llegarán al pleno del Constitucional dos ponencias, de dos magistrados de bloques enfrentados, que plantearán aplicar esta amnistía. Una, del presidente del TC, el progresista Cándido Conde-Pumpido, que es la que tiene más opciones de ser la elegida, y otra del magistrado conservador José María Macías, con menos opciones, pero que también será debatida en el pleno.Este jueves ha trascendido el borrador que llevará a esta reunión Macías, el encargado de redactar la propuesta de sentencia sobre el recurso del juntero Jordi Turull. Macías presentó una primera versión que rechazaba esta amnistía total, pero la mayoría progresista la tumbó esta semana y Macías ha hecho una nueva versión que defiende aplicarla, aunque vaya en contra de su propio criterio, que plasmará planteando un voto particular que sí reflejará su opinión personal. "Disponer de lo que no se disponía implica un beneficio", argumentó el ponente conservador inicialmente, en una resolución que defendía que la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación no es "fruto de una supuesta animadversión".

Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.

Para sorpresa de nadie, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por malversación y tráfico de influencias.Es la noticia del día y, a la vez, ya se daba por descontada. ¿Saben aquello que pasa cuando ya se acaban los capítulos de una serie, que los guionistas ahogan a los protagonistas con una acumulación de problemas? Pues estamos aquí: a la legislatura española le quedan meses, y la consigna de “El que pueda hacer, que haga” de Aznar trabaja a destajo. Noten que el juez que envía a juicio a la mujer de Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado, se jubila la semana que viene. Se va por la puerta grande, con una pieza de caza mayor. Porque una cosa es que Begoña Gómez tenga que responder ante la ley como todo el mundo, pero no todo el mundo está respondiendo ante la ley de la misma manera. Carlos Mazón, con cientos de muertos en la conciencia, sigue cobrando un sueldo de diputado. Sería enternecedor si no fuera patético oír ayer en TVE a un ministro de Sánchez, Óscar López, reconociendo que al principio del Procés, él no entendía lo que pasaba, y que ahora lo entiende todo.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

¿Es posible que los mismos jueces del Tribunal Supremo que han dilatado tanto como han podido los plazos de aplicación de la ley de amnistía se avengan pronto a ello, viendo la más que probable decisión del TC, con su considerada “mayoría progresista”?Se lo he preguntado a dos de los políticos directamente afectados. Para que vean el nivel de escepticismo, uno contestó: “No debemos esperar nada del Supremo, y para que el tribunal acabe revocando sus propias decisiones el TC tendría que ser muy contundente en su sentencia, y no está tan claro que sea así”. Y el otro fue más irónico: “Desde hace un tiempo, hago de santo Tomás, y si no lo veo, no lo creo”.El nivel de especulación política sobre la posibilidad de que la amnistía se acerque es inacabable, y razones hay para dar y tomar. Una de las más extendidas es que la prisión y los nueve años de inhabilitaciones y exilio ya han sido un castigo considerable y (esta es la buena) que si los jueces levantan la orden de detención de Puigdemont y el presidente en el exilio cruza la raya, el principal perjudicado sería Pedro Sánchez (“¡Traidor!”) y facilitaría los cantos de sirena postelectorales de Feijóo a Junts. También hay quienes están seguros de que una vez Puigdemont esté en Cataluña, la justicia buscará encausarlo por algún otro hecho.De los planes de Puigdemont no se sabe nada porque, harto de filtraciones, se ha autoaplicado un silenzio stampa. Para los que piensen que, de todas formas, ya es página pasada, quizá deberían considerar que en una situación tan volátil todo lo que pase tendrá importancia. La buena nota del independentismo en esta Diada es un detalle a retener. Y de cómo salga el Gobierno de la gestión que tiene encallada, también.

La recta final de la legislatura tendrá seguramente más interés del que se podía pensar meses atrás, en especial para Cataluña y la política catalana. Obviamente, el gobierno de Pedro Sánchez sufrirá porque es muy improbable que consiga aprobar el proyecto de presupuestos que se ha vuelto a comprometer a presentar este año. Y seguramente a la crisis de Ceuta le queda mucho tiempo. Pero hay otro objetivo que se podría alcanzar durante las próximas semanas. Se trata de la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y los otros miembros de su ejecutivo que están pendientes de las sentencias que debe dictar el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Es bien cierto que el Supremo nunca habría aplicado por su cuenta la ley de amnistía al líder de Junts, pero en esta recta final de la legislatura hay una concatenación de circunstancias que hacen verosímil lo que hasta ahora había sido imposible.

Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

Ya hace casi dos meses que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la amnistía, pero, de momento, todo sigue igual. Los tribunales españoles mantienen bloqueados numerosos casos, incluso los directamente afectados por la decisión del TJUE, como el de los CDR y el del Tribunal de Cuentas. La última decisión, de este jueves, llega del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que mantiene suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables del segundo gobierno del 1-O. El TSJC presentó en 2024 una prejudicial a la justicia europea preguntándole si la malversación podía ser amnistiada. Como el TJUE todavía no ha respondido sobre esta cuestión, los magistrados Fernando Lacaba, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos –que firman el auto–, reafirman su decisión de seguir esperando.

El exconsejero de Cultura y diputado de Junts en el Parlament Lluís Puig (Terrassa, 1959) atiende a el ARA, coincidiendo con la celebración de la Universidad Catalana de Verano en Prada. Vive exiliado en la Cataluña del Norte.

Este es el último análisis de la temporada y, por lo tanto, es momento de hacer balance. Si hablamos de estados de ánimo, llegamos a las vacaciones preocupados porque no se han cerrado muchas carpetas: la amnistía no ha llegado todavía a los exiliados ni a los principales inhabilitados, el nuevo sistema de financiación va muy lento, casi tanto como la mejora del servicio de Rodalies o las obras de Adif, y el sistema educativo en Cataluña, que se fue de vacaciones entre huelgas y comenzará igualmente entre protestas, ha tocado fondo con el descrédito del departamento de Educación y el lamentable episodio final de las pruebas PISA. Solo nos ha faltado saber que el ministerio avisó a la conselleria en abril de 2025 (y no, como se había dicho, en marzo de 2026), que había una tasa de exclusión de alumnos muy alta, pero el aviso fue de técnicos a técnicos y no lo comunicaron en lo más alto del ámbito político. ¿Por qué? No se sabe y eso abona las sospechas de que como el resultado de las pruebas sería muy malo, nadie se quiso hacer cargo de la patata caliente. De hecho, las explicaciones se han dado a finales de julio, tarde y mal, y todo es un enredo de inconcreciones sobre órganos del departamento que se estaban reformando o la coincidencia con otras pruebas. Todo esto no genera confianza.Ha sido un año de protestas en la educación, en la sanidad y en el campo. Ha continuado creciendo el malestar social que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Porque el paro ha bajado a niveles precrisis del 2008 y todo el mundo tiene trabajo, pero los sueldos no llegan a fin de mes. La vivienda es una quimera, mientras oímos hablar de la construcción de miles de pisos de alquiler social y asequible por parte de la Generalitat. Seamos justos, son medidas que pueden generar una oferta para todos los bolsillos de manera sostenida, pero está claro, los pisos no se fabrican de un día para otro.Estamos comprobando los efectos del enorme crecimiento demográfico que ha experimentado Cataluña en los últimos 25 años. Los que tenemos una edad todavía recordamos el anuncio del “som 6 milions”, y hoy ya hemos pasado de los 8 y hay quien habla de los 10. Las costuras del país han reventado por todas partes y subsumidos a las políticas autonómicas de régimen común, no tenemos la soberanía fiscal y presupuestaria necesaria para hacernos un país a medida. Que las inversiones del Estado en Cataluña en 2025 fueran del 8,6% clama al cielo. Una derivada de este panorama es el boom electoral que Aliança Catalana experimentará el curso que viene en las elecciones municipales según todas las encuestas, un boom que anunciaría el sorpasso en las elecciones al Parlament de Catalunya que, si no se avanzan, serían en la primavera de 2028. Hay un agotamiento ciudadano, una pérdida de confianza en los partidos y los liderazgos de siempre, ha reaparecido el fantasma de la angustia existencial lingüística y no nos hemos rehecho del todo del Dragon Khan del Procés. Si añadimos una capacidad muy grande de la extrema derecha de convertir en voto las pulsiones identitarias más primarias, el futuro demoscópico indica que en Catalunya acabará pasando lo mismo que ya ha pasado en otros lugares de Europa y del mundo.El país tiene talento, conserva la traza de hacer las cosas bien, tiene reservas de autoestima, y ha visto de todos los colores como para revolverse ante las adversidades. El país es más sólido de lo que parece ahora mismo y tambalea igual que tambalean todos. El problema es que no tiene el mínimo de soberanía que hace falta para tomar sus propias decisiones. Y por todo ello, nos vamos de vacaciones (y damos gracias) sabiendo que la temporada que viene estaremos ante los mismos problemas y que las soluciones en marcha se quedarán cortas.Buen verano y hasta pronto.

El día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, dictó una sentencia largamente esperada y a la vez muy trascendente para la política catalana y española: según la justicia europea, la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español hace más de dos años no afecta ni el orden legal ni los intereses económicos de la Unión. La resolución es clara y diáfana, y no deja dudas sobre el alcance de su aplicación.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Hoy tenemos colgada una noticia que empieza diciendo “Bruselas recuerda…”.En concreto, “Bruselas recuerda a los tribunales españoles que deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía”. La noticia podría continuar diciendo “Bruselas recuerda y Madrid desobedece”, o “Bruselas recuerda y Madrid no se acuerda”, porque no es sino desobediencia el caso omiso que el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo están haciendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la plena conformidad al derecho europeo de la ley de amnistía. El sentido de todo esto es evidente: el regreso a Cataluña del presidente Puigdemont tiene valor de humillación para todo el aparato del estado político, mediático, policial y judicial, sobre todo judicial, que convirtió el procesamiento de centenares de catalanes en una razón para vivir con la bandera rojigualda colgada en el balcón, y un mérito para escalar. Y, por tanto, alargarán el castigo tanto como puedan, porque los exilios y las inhabilitaciones impiden una reorganización estratégica del independentismo, que, por más que sea aquí y ya no se marche, no solo no ha encontrado nuevas formas de expresión de amplia aceptación ni nuevos liderazgos, sino que también ha revelado la peor cara de la desorientación y la división.La pulsión obstruccionista española, que remite, pues, a sus esencias, también tiene un componente táctico que es la cuenta atrás a la espera de la caída (y quién sabe si procesamiento) de Pedro Sánchez, que pondría los mecanismos del ejecutivo y parte del legislativo en las mismas manos que el judicial.

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la amnistía, hay tribunales que todavía se niegan a aplicarla. Desde ERC, el vicesecretario general de organización, finanzas y lucha antirepresiva, Pau Morales (Vilassar de Dalt, 1994) nos explica cuál es la hoja de ruta de su partido para continuar presionando.

El monotema futbolístico y el recrecimiento de las neuronas que todos juntos llevamos a estas alturas de un verano que ya es de pleno cambio climático han hecho pasar desapercibida la escandalosa reacción de la cúpula judicial española, y de la derecha ultranacionalista, a la sentencia del TJUE sobre la amnistía. El resumen es el siguiente. Tribunal Constitucional: se lo mirará al volver de vacaciones. Tribunal Supremo: mantiene la orden de detención de Puigdemont y la acusación de malversación, y se guarda el as de plantear nuevas cuestiones prejudiciales, lo que dilataría el proceso unos cuantos meses más. El PP: en palabras del secretario general Miguel Tellado, la sentencia del TJUE no entra “en el fondo del asunto”. El fondo del asunto es cargarse a Pedro Sánchez y su gobierno, tan malvado que ni siquiera da, según el PP, apoyo a la roja.Por parte de los socialistas y los socios de la investidura de Sánchez, y por parte de los directamente afectados –los líderes independentistas ahora amnistiados por el tribunal europeo–, ha dominado la cautela, la prudencia, el cálculo y la calma tensa. Rompió la cuerda del violín Óscar Puente, el ministro hooligan, que la derramó invitando a Puigdemont a “plantarse en España”. Esto –ya que mencionamos el fútbol– es porque Puente, como tantos otros, hace años que aplica a los hechos ciertamente gravísimos que han sucedido en los últimos diez años en el conflicto entre Cataluña y España la lógica burda, emocional e infantil propia del fútbol. Se creen de verdad que “Puigdemont huyó de España dentro del maletero de un coche” y, a partir de aquí, son presa fácil del relato que ellos mismos han ido construyendo. Un relato desinformado y desinformador, maniqueo, que reduce rápidamente la realidad a su nivel de caricatura. “¿Hay sentencia favorable del TJUE? Pues que se plante aquí”. Si la capacidad de análisis de un ministro es esta, hasta aquí ha llegado la riada.Con todo, lo que es verdaderamente alarmante es la actitud de los tribunales españoles hacia sus referentes europeos. El hecho de que un estado sea miembro de la UE comporta que el derecho y la jurisprudencia europeos se incorporen al corpus legal vigente en aquel estado y adquieran un rango de relevancia superior al del derecho y la jurisprudencia “nacionales”. Las sentencias de los tribunales europeos no son sentencias “extranjeras” ni intromisiones intolerables. Las sentencias europeas no se pueden posponer, ni negligir, ni eludir ni ignorar. Muy al contrario, los tribunales españoles las han de acatar, aplicar y hacer aplicar con el mismo celo y diligencia que si fueran sentencias “propias”. Ahora bien, esta del TJUE sobre la amnistía se les atraviesa especialmente. Y es comprensible, porque pone en evidencia el juego sucio que la justicia y la política españolas (en particular, el Supremo y el PP) han practicado y siguen practicando, naturalmente para defender la unidad de España. El TJUE no les da la razón en nada y, sin decirlo, dice lo que son: unos políticos que actúan al margen de la democracia, y unos jueces prevaricadores.

El Tribunal Constitucional comenzará a mirar de nuevo la amnistía dentro de dos meses, el 22 de septiembre, porque en total, ¿qué son sesenta días en la vida de una persona que espera justicia, exiliada o inhabilitada, desde hace casi nueve años? Ya no vendrá de aquí.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

Yo también pienso, como el ministro Puente, que Carles Puigdemont debería hacer las maletas y plantarse en Barcelona, y hacerse encarcelar si hace falta, para demostrar que la justicia española es un ente político al servicio del españolismo, y que le da igual contradecir al TJUE, como antes ya ha enmendado la plana a la soberanía popular representada en el Parlament. Pero no lo haré, porque aunque esté convencido de que un gesto como este sería bueno para el país, y malo para la reputación internacional de España, no me veo con fuerzas para pedir sacrificios a una persona que lleva nueve años obligada a vivir lejos de su tierra.Además de Puigdemont y otros líderes, hay decenas de cargos políticos y altos funcionarios que aún tienen su futuro comprometido, porque están pendientes, dos años después, de la aplicación de la amnistía que los partidos independentistas consiguieron imponer al PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Dos años de falsa reconciliación, de un reencuentro forzado que se sustenta en el chantaje. Esta normalidad tramposa ha atenazado la libertad de acción de dos partidos que pagaron muy caras las vacilaciones del 2017 y que han fracasado en todos los intentos de retomar la iniciativa. Cada uno ha fracasado a su manera, con sus propios espejismos; Junts, con la trampa mística de Waterloo, y ERC, con la trampa prosaica de los acuerdos parciales que la realidad, modelada en Madrid, convierte en inaplicables. Y además está el fracaso conjunto de la rivalidad y la desunión, que ha hecho que se esfumase la opción de plantear a un PSOE débil un auténtico pulso que nos permitiera decir que el Procés no fue totalmente en vano.La sentencia del TJUE es una derrota reputacional para España y sus jueces, pero para Cataluña solo es una victoria táctica que tiene una incidencia limitada. En resumen, todos pierden, pero al menos podemos decir que estamos más cerca de cerrar un capítulo –no el del Procés, sino el de la falsa reconciliación– y abrir otro: el del nuevo proyecto de país, que se presente sin mochilas, con ideas y caras nuevas. Todo es más difícil que hace dos décadas, pero los que estábamos allí estamos (detrás, pero estamos), y los problemas y las amenazas que nos hicieron salir a la calle, por desgracia, continúan acechándonos, aún más graves y dolorosos. Es necesario que una nueva generación dibuje el futuro, sin humillar a los que no salieron adelante, pero sin dejarse encasillar por su legado.Mientras tanto, con el catalanismo desterrado de las calles, la España futbolera ha tomado la ofensiva, porque sabe lo que se juega, porque no tiene ninguna otra llave candente con la que sostener su identidad y porque en nuestro país hay suficientes bobos para tragarse el placebo del Mundial y olvidarse de la cuestión de fondo, que es a quién favorece, realmente, esta monstruosa operación de marketing estatal, a quién está salvando los muebles, tal como el campeonato de 1978 salvó el culo del dictador Videla.Espero, ya que hablamos de ello, que después de la asfixiante experiencia de este Mundial de fútbol no sea necesario volver a insistir a nuestros políticos sobre el hecho de que la batalla simbólica para Cataluña es tan importante como la batalla de la soberanía o la de los impuestos. Está demostrado que el capital simbólico, en entidades plurales, se puede dividir tal como se dividen las competencias y los recursos. El hecho de que España se reserve la exclusiva, para hacer de ella una herramienta de uniformización y adoctrinamiento a través del deporte de masas, desmiente la pluralidad del Estado y es un lujo que no nos podemos permitir. Que Cataluña y Euskadi participaran en los campeonatos de alcance europeo sería un primer paso para corregir esta operación, tan bien trabada, de asimilación nacional a través del ocio (o el opio) del pueblo.