Tan importante como la sentencia de 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez ha sido la respuesta que ha dado el gobierno español, que la ha considerado una sentencia política. Quizás ya no llama la atención, porque ya hace meses que los socialistas españoles cruzaron una línea que debían pensar que nunca tendrían que cruzar, ellos, que eran un partido de estado, y se atrevieron a considerarse por primera vez víctimas de “lawfare”, pero que el poder ejecutivo considere que el poder judicial prevarica (aunque no lo diga con esta palabra) indica a qué altura vuela la calidad democrática del Estado.

Mañana a las 9 se jugará el España-Francia, y el nacionalismo banal español se infiltra por todas partes, incluida la pantalla del móvil de los clientes de Movistar, que, en vez de decir “Movistar” dice “con la selección”, con independencia de que el cliente pase olímpicamente del Mundial o la selección le caiga mal. El rendimiento que obtienen los estados y las empresas de sus selecciones deportivas explica hasta qué punto el deporte también es política y la identidad también es negocio. Cruel paradoja para tantos catalanes que han gritado alguna vez “ni España, ni Francia, Países Catalanes”, y resulta que mañana, o la una o la otra. Sobre M. Rajoy y su comentario de que Francia juega sin franceses, decir que: primero, siguiendo su razonamiento, España juega sin españoles, y segundo, que la Francia republicana se ha sentido muy ofendida, pero que estaría bien que mirara si la indignación que siente por el comentario racista es coherente con la ausencia de racismo en la vida de cada día. En contra de lo que dice este artículo, no es que personas como Rajoy lleven el Mundial al terreno de la identidad, es que todo el Mundial es una competición de identidades (solo hay que ver los himnos, las banderas y los jefes de estado en los palcos). Otra cosa es qué se entiende por identidad nacional en cada país. Pero esta semana tiene otra cita importante, que es la del jueves, día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar sentencia sobre la amnistía, en concreto sobre si el delito de malversación es amnistiable o no. Es un episodio más de esta canción del enfado judicial en que se ha convertido la negativa del poder judicial español a aplicar la ley de amnistía tal como la aprobó el poder legislativo ya hace más de dos años, en mayo del 2024. Recuerden que, para impedir su aplicación, el Supremo llegó a establecer que, como el referéndum se pagó con dinero público, los líderes del Procés se enriquecieron personalmente porque se ahorraron de poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es del Supremo). Bien, el jueves el TJUE se pronunciará, pero aunque la sentencia diga que la amnistía es conforme a la ley europea, no se aplicará automáticamente, sino que entonces, el Tribunal Constitucional debe decidir si la interpretación que hizo el Supremo es correcta o no, se supone que dirá que no, pero esta sentencia no llegará hasta el otoño, prácticamente cuando harán 9 años que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig están en el exilio.  

Desde la cárcel, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC a las elecciones catalanas de 2017, a las generales de 2019 y también a las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de que está indultado y fuera de la cárcel, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

El 16 de julio hace semanas que está cercado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre si la ley afecta o no a los intereses financieros de la UE, a petición de una cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un colchón argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Ahora bien, hay ejemplos muy recientes que evidencian una lentitud que podría repetirse con la aplicación de la amnistía.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque fuentes consultadas por el ARA remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. Ahora bien, hay un precedente inmediato en el cual el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan a que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa todavía no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimase que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

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Hoy hace siete años que terminó el juicio en el Tribunal Supremo contra los principales responsables de organizar el referéndum del 1 de Octubre. Aquella causa judicial, que culminó con condenas severes por sedición, malversación y desobediencia, marcó un antes y un después en la política catalana y española. También estos días, fruto de las necesidades aritméticas del PSOE y de la exigencia de los partidos independentistas, hace dos años de la aprobación de la ley de amnistía, que a pesar de que se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y tiene el aval del Tribunal Constitucional, una parte de sus destinatarios continúan esperando que se les aplique, cuando es una norma plenamente vigente.El debate sobre la amnistía fue intenso. Durante meses se discutió si era conveniente, oportuna y justa. Se cuestionó su constitucionalidad y se presentaron recursos para intentar impedir su entrada en vigor. Todo esto se podría considerar que forma parte del legítimo juego democrático. Pero una vez el Congreso aprobó la ley y el Constitucional validó los aspectos esenciales, cualquier discusión sobre su legitimidad jurídica debería haber quedado resuelta, pero el Tribunal Supremo ha mantenido el pulso para no aplicar la ley, estirando el chicle de la malversación hasta el punto de sostener que hubo un enriquecimiento personal, aunque todo el mundo sabe que no hubo apropiación de recursos públicos, ni enriquecimiento personal, ni ningún beneficio económico individual.Dos años después de la ley de amnistía, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Lluís Puig y Toni Comín continúan sin ver reconocidos plenamente los efectos de la norma. En el caso de los exiliados, que ni siquiera han sido juzgados ni condenados, el Tribunal Supremo ya ha descartado aplicarles la amnistía. En el caso de los dirigentes que fueron condenados, el mismo tribunal ha optado por aplazar indefinidamente la decisión con el argumento de que hay que ver el pronunciamiento, que hace meses que se espera, de las instancias europeas sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Y de esta manera, quien días pasa, años empuja.La sala de lo penal del Tribunal Supremo y buena parte de las élites del poder judicial no han digerido que la sentencia del juicio del Procés pueda acabar en papel mojado. Lo viven como una humillación institucional y ya han dejado claro que retorcerán la interpretación de la ley de amnistía hasta hacerle decir lo contrario de lo que está escrito. La interpretación que hacen es tan forzada que incluso alguna magistrada hizo un voto particular discrepante abiertamente y pidiendo que se aplique la ley.  El pecado original de la amnistía es que deja en papel mojado una sentencia que había sido presentada como la respuesta definitiva del Estado al reto independentista, y la decisión del legislador altera aquel relato y abre una nueva etapa política que algunos no parecen dispuestos a aceptar. La consecuencia de esto es preocupante porque el Tribunal Supremo actúa como un contrapoder, como si tuviera capacidad para decidir qué leyes merecen ser aplicadas y cuáles pueden ser sometidas a una reinterpretación permanente hasta hacerlas inoperantes. Es una actitud que desborda las funciones propias del poder judicial y que erosiona uno de los fundamentos básicos de cualquier democracia: el respeto a la voluntad expresada por los representantes de la ciudadanía.Cuando un tribunal deja de aplicar una ley porque no comparte sus efectos, el problema ya no es jurídico sino político. La obstinación para que Puigdemont no pueda volver del exilio sin pasar por la prisión y para que Junqueras y el resto de dirigentes continúen inhabilitados deja muy claro que una parte del poder judicial prioriza su ideología a su deber de aplicar las leyes. Bloquear la amnistía con pretextos que no tienen fundamento es, sin tapujos, una manifestación de autoritarismo incompatible con las reglas elementales del estado de derecho.Pero tan grave como esto es el silencio de muchos responsables políticos. Demasiados dirigentes parecen cómodos con una situación en la que las leyes solo son exigibles cuando coinciden con sus preferencias ideológicas. Cuando el estado de derecho es un instrumento para perseguir adversarios y no una garantía para proteger derechos es un estado de derecho de cartón piedra. Y esta es una anomalía que trasciende el independentismo. Porque cuando una democracia permite que sus tribunales desobedezcan el espíritu y la finalidad de una ley aprobada por la cámara parlamentaria y validada por el Constitucional, el perjuicio no es solo para los afectados. El perjuicio es para la democracia misma.

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Si la anterior legislatura española (2019-2023) estuvo marcada por las causas judiciales contra el independentismo, la actual se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial para el PSOE. El hilo conductor entre ambas fue, además, la amnistía, que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar para tener los votos de ERC y Junts para la investidura. Si bien su aplicación, cuando hace dos años que se aprobó, aún no se ha culminado –con más de un centenar de políticos, activistas y cargos públicos con procedimientos pendientes de resolver–, uno de los efectos palpables que ha tenido la medida es el enfado de la derecha política y judicial por la concesión de los socialistas. De hecho, la legislatura comenzó con las protestas constantes ante la sede del PSOE alentadas por la extrema derecha y también por cargos del PP.

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La posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont vuelva a Cataluña en verano se aleja. El motivo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía no ha comunicado la fecha en la que se pronunciará sobre la amnistía. La práctica habitual de este órgano es que avise con un mes de antelación, de modo que desde el Tribunal Constitucional (TC) ya no esperan una resolución de las cuestiones prejudiciales en relación a la malversación antes de junio. Este calendario de la justicia europea complica las perspectivas de que el TC pueda resolver el recurso del líder de Junts antes de las vacaciones de agosto, según confirman a el ARA varias fuentes del Constitucional.

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En una entrevista de ayer en La Vanguardia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo afirmó que Pedro Sánchez está retrasando la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. No es nuevo. Ya antes Feijóo había dicho que Sánchez ha engañado a Carles Puigdemont con la ley de amnistía.

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Ante El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, decenas de familiares de presos se han acumulado este sábado para esperar a sus queridos. Mientras pasaba la tarde, un teléfono retransmitía una prenda pregrabada en la que la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaba un proyecto de ley de amnistía total a los presos políticos que se acumulan en las prisiones venezolanas. La legislación cubre "todo el período de violencia política", desde 1999, cuando Chávez entró en el poder, hasta "el presente".

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Algunas de las 400 personas desalojadas ayer en Badalona han pasado la noche en la calle.

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Algunas de las 400 personas desalojadas ayer en Badalonahan pasado la noche en la calle.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha revelado este miércoles en el pleno que "por recomendación de los expertos" se han investigado "todas las muestras con las que se ha trabajado en los seis centros o empresas que han trabajado con brotes de peste porcina africana". Una parte de la secuenciación la ha realizado el Instituto de Investigación Biomédica y otra parte ha acudido a diligencias del laboratorio de referencia del ministerio de Agricultura español. El último pleno del año ha estado marcado por la comparecencia del presidente por la peste porcina, que le ha servido para defenderse de las críticas de la oposición por la gestión de la peste porcina africana, su ausencia en la primera semana de la crisis y el posible origen en un laboratorio de IRTA.

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Hace 522 días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley de amnistía, tras una negociación convulsa entre el PSOE y Junts y los intentos del PP de torpedearla en el Senado. Sin embargo, los líderes del 1-O siguen sin haberse beneficiado en su totalidad por las reticencias del Supremo en aplicarla al delito de malversación. Ahora bien, tanto ellos como el resto de encausados ​​por el Proceso comienzan a ver la luz al final del túnel: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado esta semana avalando el gran grosor de la norma. Hace reproches menores, como que el tiempo de dos meses que se dio para aplicarla —y que muchos tribunales igualmente no han cumplido— es insuficiente, pero defiende la finalidad de "reconciliación" política y social.

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La opinión del abogado general de la Unión Europea no implica ninguna decisión definitiva, pero sí que es un buen indicador para el gobierno español y los independentistas de cara a una resolución favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a no ser vinculante, el hecho de que el letrado considere que la extinción de la responsabilidad penal no afecta a los intereses financieros del club comunitario y que es posible también amnistiar al terrorismo es un aval a la labor que ha realizado la mayoría plurinacional en el Congreso. Pero vamos a palmos, ¿cómo se concreta esto en cada caso? ¿Cómo afecta al expresidente Carles Puigdemont? ¿Y a los expresos políticos encabezados por Oriol Junqueras?

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La decisión de la defensa de Carles Puigdemont de recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ya hacía prever una dilación en los plazos para resolver la amnistía en el expresidente de la Generalitat. Este jueves el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, lo ha confirmado en un almuerzo con periodistas. "Difícilmente podrán ser resueltos antes de Navidad", ha dicho sobre los recursos de amparo tanto de Puigdemont como de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Conde-Pumpido ha atribuido este "retraso" de "mínimo un mes" en relación con los tiempos previstos inicialmente —en el TC contaban admitirlos a trámite a principios de septiembre y finalmente lo harán en el pleno de la próxima semana— a la decisión de tratar de apartar a los magistrados conservadores José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por parte de la misma.

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El líder de ERC, Oriol Junqueras, se postulará como candidato del partido a las próximas elecciones catalanas, tal y como han avanzado Catalunya Ràdio y El Periódico y ha podido confirmar el ARA. El líder republicano, que recuperó la presidencia de la formación en diciembre del pasado año, lo hará oficial este martes en una conferencia en Barcelona bajo el título Una nueva ambición nacional. Hasta ahora, Junqueras se había resistido a confirmar su intención de quererse presentar a las próximas elecciones catalanas, porque aseguraba que en estos momentos seguía inhabilitado y que, aunque quisiera, no podría.

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Sánchez ha logrado que su denuncia sobre Israel lo tape todo: la cárcel de su número tres, Cerdán; la imputación de su hermano y su esposa o la dificultad para aprobar los presupuestos o el embargo de armas en Israel. La denuncia que Sánchez hace de la tragedia palestina es justa, pero el mundo no acaba aquí, y se la están recordando partidos con los que tiene acuerdos, como Esquerra o Junts, o los que tiene en la oposición, como el PP.

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El movimiento de Puigdemont en el TC no solo ha desconcertado a los miembros del alto tribunal, sino también a varios dirigentes de Junts, que no acaban de ver la virtud de retrasar la decisión sobre el recurso de amparo de la amnistía. Sin embargo, en medio del desconcierto hay fuentes que dan dos posibles explicaciones.

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A menos de 24 horas que el Tribunal Constitucional (TC) tuviera previsto dar el primer paso para estudiar el recurso de Carles Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo, la defensa del expresidente hizo un movimiento que, en la práctica, implicaba dilatar los plazos del procedimiento. La recusación de tres magistrados conservadores –José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel– automáticamente paralizaban la admisión a trámite del recurso de amparo, tal y como ha sucedido este martes en el pleno del TC. Ahora el órgano de garantías debe estudiar si accede a apartar a estos magistrados, lo que puede alargarse como mínimo un mes, y después ya podrá entrar a valorar el posible levantamiento de la orden de detención y si la amnistía es aplicable en su caso por el delito de malversación.

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