Del Parlamento, "el consejero de Cultura fue expulsado de él de forma ilegítima y con el visto bueno de algunos partidos aquí presentes" por el simple hecho de "poner las urnas". Así de claro se ha expresado Lluís Puig, desde el atril del hemiciclo, en su retorno a la sede de la soberanía del Principado después de nueve años de exilio, rodeado de la plana mayor del independentismo. Un gesto como el de retirar el lazo amarillo de su escaño y alzarlo en señal de victoria ha sido el penúltimo capítulo para cerrar la etapa de la represión en la política catalana. Solo permanece un lazo en un escaño, en posición preeminente. Corresponde al expresidente Carles Puigdemont, que está previsto que vuelva del exilio después de las elecciones españolas, una vez que ya se han levantado las órdenes de detención y solo queda que se le aplique definitivamente la amnistía, igual que a Puig y a Toni Comín, que este jueves también ha vuelto al Estado —el domingo lo hará en Cataluña— para recoger las credenciales de eurodiputado.

Hacía 3.272 días que los cantores de Tarrasa proyectaban la voz por la libertad de los presos políticos y exiliados ante el Ayuntamiento. Concretamente, desde el 14 de noviembre de 2017, cuando empezaron, y ya han pasado nueve años de exilio doloroso. "Llueva, nieve o haga calor": la cita diaria era ineludible entre los cantores que acudían con regularidades dispares. Algunos, con cancioneros para financiar la solidaridad antirepresiva. Este miércoles, sin embargo, y a pesar de cantar las mismas canciones de siempre –como Quiero ser libre, además del himno nacional–, los cientos de congregados que llenaban la plaza sentían una emoción incomparable: era el día del regreso de Lluís Puig. El exconsejero de Cultura ha elegido este acto vespertino del colectivo independentista para poner fin a su exilio, una vez levantadas las órdenes de detención por parte del Tribunal Supremo –todavía queda el archivo de la causa, que debería ser pronto.

El auto de la sala penal del Tribunal Supremo que ha aplicado la amnistía a Dolors Bassa, Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva no deja de ser toda una declaración de guerra. El Supremo dice que se ha sentido desautorizado por el Tribunal Constitucional porque este ha “ensanchado” hasta límites “inéditos en su historia” su función de garante de los derechos, acusándolo incluso de “mutar” su rol para convertirse en “una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo”.

Los que fueron presos políticos ya están amnistiados. Esta mañana, el consejero Lluís Puig ha tuiteado:

Pablo Llarena asume que el Tribunal Supremo está abocado a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, pero se resiste a propiciarlo. Estaba previsto que esta semana el juez instructor concluyera el sumario y remitiera la causa contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig al tribunal del juicio del Procés para que Manuel Marchena aplique la amnistía total y definitiva a los exiliados –primero todavía debía dar un plazo de cinco días a las partes para volver a pronunciarse–. Son las dos resoluciones que faltan para que el Supremo ponga el punto final a la persecución judicial de Puigdemont. Ahora bien, el instructor ha ralentizado el camino y se ha limitado a tumbar el recurso que presentó Vox contra el levantamiento de las órdenes de detención que el Supremo dictó después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía en los casos de malversación. Llarena dilata así el desenlace: da un paso más, pero evita dar el paso decisivo, que deberá llegar en los próximos días.

Laura Díez (Barcelona, 1969) es catedrática de derecho constitucional por la Universidad de Barcelona y miembro del Tribunal Constitucional desde el 2023. Atiende al ARA después de una decisión clave sobre el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa que debe desencadenar en la aplicación total de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Hoy hace 86 años que el presidente Lluís Companys fue fusilado por el ejército español en el castillo de Montjuïc, en Barcelona.

Hace ya días que el entorno de Carles Puigdemont se inclina porque, a pesar del aval judicial a la amnistía y el levantamiento de la orden de detención en su contra, el expresidente no vuelva a Cataluña hasta después de las elecciones del 29-N. Así lo indicaban diversas voces en el ARA, y este martes el abogado del líder de Junts, Gonzalo Boye, ha sido claro en este sentido: "No volverá en medio de la campaña electoral, que es lo que querría el PSOE", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Toni Comín evita fijar una fecha para su regreso a Cataluña, pero asegura que hay "una cierta urgencia" para que pueda recoger el acta de eurodiputado –para la cual debe jurar la Constitución en el Congreso– y empezar a ejercer como representante de Junts en el Parlamento Europeo. En la primera comparecencia pública que hace después de la aplicación de la amnistía a los líderes independentistas, el eurodiputado electo ha celebrado lo que considera "una gran victoria política del independentismo y de todos los demócratas". Ha dicho que el Estado español les ha "tenido que dar la razón", pero ha advertido que la amnistía "no es la victoria definitiva": "Queremos muchas más", ha añadido.

La amnistía total para los líderes y encausados del Procés es una noticia excelente que pone fin no ciertamente al conflicto político entre Cataluña y España, pero sí a uno de los episodios más oscuros de la actual etapa democrática española. La amnistía lo es para los que han sufrido persecución judicial, policial, política y mediática durante nueve años, pero es sobre todo una amnistía que el estado español se concede a sí mismo, después de que sus poderes hayan incurrido en el crimen de lesa democracia de perseguir a ciudadanos por razones ideológicas. Pegar a ciudadanos en la vía pública, encarcelar a dirigentes cívicos y políticos o hacerles ir al exilio, criminalizar las ideas, es incompatible con la democracia y, sin embargo, es exactamente eso lo que pasó en el estado español en el año 2017 y siguientes. Si hubo un golpe de estado en España fue, como se ha dicho y repetido, el que empezó en el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto y se dilató hasta este lunes pasado, cuando por fin se ha podido dar por cerrada la etapa de represión política contra el independentismo catalán. Un golpe de estado hecho desde el Estado y por parte de servidores del Estado, en todos los niveles de poder: desde la policía hasta la monarquía, pasando por los jueces y fiscales (Llarenas, Marchenas, Lamelas, Zaragozas, Madrigals) que han tomado parte activa en una larga y desgraciada historia de lawfare o guerra sucia judicial, pasando también naturalmente por todos los responsables políticos que de alguna manera han impulsado o dado cobertura al despropósito. El estado español se ha jugado su credibilidad democrática, ya de por sí bastante poco consistente, y llegó al punto de bajar a la categoría de democracia defectuosa (en vez de la de democracia plena, donde se encuentra habitualmente) en el año 2021 en el Índice de Democracia de The Economist. Que ahora los responsables de todo esto salgan con completa impunidad no deja de ser injusto, y da un barniz efectivamente melancólico al momento de la aplicación de la amnistía.

El TC resolvió el martes favorablemente el primero de los recursos de amparo contra la inaplicación de la ley de amnistía, el de la exconsellera Dolors Bassa, argumentando que el Supremo la interpretó de forma “extensiva contraria al espíritu y finalidad de la norma”. Esto le ha llevado a anular los autos del 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024 por los cuales el Supremo se negaba reiteradamente a cumplir la ley. La sentencia no es clara, sin embargo, ya que estas resoluciones anuladas no solo afectaban a Bassa sino también a Junqueras, Turull y Romeva. A la vista de esto, una vez notificada la sentencia, el Supremo puede hacer diversas cosas: apresurarse a estudiarla –como ha avanzado que hará el magistrado Pablo Llarena– y aplicarla de forma inminente a Bassa, a las cuatro personas mencionadas o a todos; esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado y decidir, o incluso esperar a que se resuelvan todos los recursos pendientes. Antes, sin embargo, Llarena, instructor de la causa de los exiliados, ha tenido que dejar sin efecto las medidas cautelares y levantar las órdenes nacionales de detención, aunque sea con una argumentación raquítica y diciendo que lo hace provisionalmente a la espera de examinar la sentencia.

La aparición fugaz de Carles Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto de 2024, durante la investidura de Salvador Illa, no ha sido la única visita de los exiliados a Cataluña en los últimos años. A pesar de la orden de detención que pesaba sobre ellos, y que ahora ha levantado el juez Pablo Llarena, el exconsejero Lluís Puig también se atrevió a pisar en diversas ocasiones tierras catalanas. Así lo ha revelado este miércoles en una entrevista en RAC1, en la cual ha asegurado que en los últimos 9 años ha visitado "tierras del Ripollès, la Garrotxa y el Empordà, pero de manera discreta".

Ha llovido mucho, estos días, y adivinen qué servicio ha caído esta mañana: Rodalies. Obviamente, cuando digo que no funciona Rodalies quiero decir que no funciona ni lo que funciona actualmente. Las lluvias causaron el deslizamiento de un talud, y el sindicato de maquinistas se ha negado a trabajar hoy por razones de seguridad. Y como el Gobierno, Renfe y Adif fracasan cada día a la hora de informar a los pasajeros, esta mañana miles de usuarios se han encontrado sin trenes y, en muchos casos, sin un servicio de autobuses de refuerzo. Todo lo que decían las pantallas en Sants es que no había servicio “por causas ajenas” (que eran los maquinistas).

Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

Este martes ha sido un día muy importante en la lucha por borrar los efectos de la represión judicial que se puso en marcha al día siguiente mismo del 1-O contra dirigentes políticos y ciudadanos anónimos por defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La decisión del Tribunal Constitucional, que finalmente ha ordenado al Tribunal Supremo aplicar la amnistía también a los acusados del delito de malversación, abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y a dejar sin efecto la inhabilitación para cargo público que sufren Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Será el final de un proceso que ha durado muchos años: que comenzó con los indultos, continuó con la derogación del delito de sedición y ha culminado finalmente con la aplicación total de una amnistía que la justicia ha intentado torpedear por todos los medios.

El 4 de noviembre de 2019, cuando solo hacía tres semanas que el Tribunal Supremo nos había condenado por el referéndum del 1 de Octubre, comenzaba la campaña electoral para las elecciones españolas del 10 de noviembre. Era la segunda convocatoria en pocos meses, después del fracaso de la investidura posterior a las elecciones del 28 de abril. Aquel día, en un acto político de Esquerra Republicana en la antigua cárcel Modelo de Barcelona, junto con el cabeza de lista Gabriel Rufián, reclamamos la aprobación de una ley de amnistía.

El Tribunal Constitucional tiene previsto aprobar hoy la sentencia por la cual ordenará al Tribunal Supremo que aplique la amnistía de una vez. Después de esta sentencia, habrá que esperar a que el Supremo archive la causa y que el juez Llarena anule la orden de detención de Puigdemont, Puig y Comín para que puedan volver a Cataluña sin riesgo de ser detenidos.

Pasos adelante para la ley de amnistía, a pesar de que dos años después todavía no haya beneficiado a cuatro de cada diez independentistas encausados. Si en el mes de junio la norma se había estancado en la mitad, en las últimas semanas –después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– la cosa se está acelerando, según datos recopilados por Alerta Solidària. En concreto, el 62% de los independentistas ya han sido amnistiados, aunque, curiosamente, la lista todavía no incluye ni a la treintena de encausados en el Tribunal de Cuentas ni a los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo, los dos casos en los que el TJUE validó explícitamente la medida de gracia. La semana que viene se espera que el Tribunal Constitucional (TC) dé también un paso decisivo para que queden amnistiados Carles Puigdemont y los consejeros de su Gobierno perseguidos por malversación.

Con el retorno de Carles Puigdemont más cerca que nunca, una de las preguntas que todavía sobrevuelan este escenario es qué texto del Tribunal Constitucional será el que abra la puerta de entrada al Estado al expresidente de la Generalitat. Ya está en marcha la cuenta atrás para que el TC pulse el botón para que el Tribunal Supremo tenga que rectificar y aplique la amnistía total a los líderes independentistas –es decir, que la aplique también al delito de malversación–, y tiene una fecha clave marcada en el calendario. El martes 6 de octubre. Ese día llegarán al pleno del Constitucional dos ponencias, de dos magistrados de bloques enfrentados, que plantearán aplicar esta amnistía. Una, del presidente del TC, el progresista Cándido Conde-Pumpido, que es la que tiene más opciones de ser la elegida, y otra del magistrado conservador José María Macías, con menos opciones, pero que también será debatida en el pleno.Este jueves ha trascendido el borrador que llevará a esta reunión Macías, el encargado de redactar la propuesta de sentencia sobre el recurso del juntero Jordi Turull. Macías presentó una primera versión que rechazaba esta amnistía total, pero la mayoría progresista la tumbó esta semana y Macías ha hecho una nueva versión que defiende aplicarla, aunque vaya en contra de su propio criterio, que plasmará planteando un voto particular que sí reflejará su opinión personal. "Disponer de lo que no se disponía implica un beneficio", argumentó el ponente conservador inicialmente, en una resolución que defendía que la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación no es "fruto de una supuesta animadversión".

Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.