Este es el último análisis de la temporada y, por lo tanto, es momento de hacer balance. Si hablamos de estados de ánimo, llegamos a las vacaciones preocupados porque no se han cerrado muchas carpetas: la amnistía no ha llegado todavía a los exiliados ni a los principales inhabilitados, el nuevo sistema de financiación va muy lento, casi tanto como la mejora del servicio de Rodalies o las obras de Adif, y el sistema educativo en Cataluña, que se fue de vacaciones entre huelgas y comenzará igualmente entre protestas, ha tocado fondo con el descrédito del departamento de Educación y el lamentable episodio final de las pruebas PISA. Solo nos ha faltado saber que el ministerio avisó a la conselleria en abril de 2025 (y no, como se había dicho, en marzo de 2026), que había una tasa de exclusión de alumnos muy alta, pero el aviso fue de técnicos a técnicos y no lo comunicaron en lo más alto del ámbito político. ¿Por qué? No se sabe y eso abona las sospechas de que como el resultado de las pruebas sería muy malo, nadie se quiso hacer cargo de la patata caliente. De hecho, las explicaciones se han dado a finales de julio, tarde y mal, y todo es un enredo de inconcreciones sobre órganos del departamento que se estaban reformando o la coincidencia con otras pruebas. Todo esto no genera confianza.Ha sido un año de protestas en la educación, en la sanidad y en el campo. Ha continuado creciendo el malestar social que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Porque el paro ha bajado a niveles precrisis del 2008 y todo el mundo tiene trabajo, pero los sueldos no llegan a fin de mes. La vivienda es una quimera, mientras oímos hablar de la construcción de miles de pisos de alquiler social y asequible por parte de la Generalitat. Seamos justos, son medidas que pueden generar una oferta para todos los bolsillos de manera sostenida, pero está claro, los pisos no se fabrican de un día para otro.Estamos comprobando los efectos del enorme crecimiento demográfico que ha experimentado Cataluña en los últimos 25 años. Los que tenemos una edad todavía recordamos el anuncio del “som 6 milions”, y hoy ya hemos pasado de los 8 y hay quien habla de los 10. Las costuras del país han reventado por todas partes y subsumidos a las políticas autonómicas de régimen común, no tenemos la soberanía fiscal y presupuestaria necesaria para hacernos un país a medida. Que las inversiones del Estado en Cataluña en 2025 fueran del 8,6% clama al cielo. Una derivada de este panorama es el boom electoral que Aliança Catalana experimentará el curso que viene en las elecciones municipales según todas las encuestas, un boom que anunciaría el sorpasso en las elecciones al Parlament de Catalunya que, si no se avanzan, serían en la primavera de 2028. Hay un agotamiento ciudadano, una pérdida de confianza en los partidos y los liderazgos de siempre, ha reaparecido el fantasma de la angustia existencial lingüística y no nos hemos rehecho del todo del Dragon Khan del Procés. Si añadimos una capacidad muy grande de la extrema derecha de convertir en voto las pulsiones identitarias más primarias, el futuro demoscópico indica que en Catalunya acabará pasando lo mismo que ya ha pasado en otros lugares de Europa y del mundo.El país tiene talento, conserva la traza de hacer las cosas bien, tiene reservas de autoestima, y ha visto de todos los colores como para revolverse ante las adversidades. El país es más sólido de lo que parece ahora mismo y tambalea igual que tambalean todos. El problema es que no tiene el mínimo de soberanía que hace falta para tomar sus propias decisiones. Y por todo ello, nos vamos de vacaciones (y damos gracias) sabiendo que la temporada que viene estaremos ante los mismos problemas y que las soluciones en marcha se quedarán cortas.Buen verano y hasta pronto.

El día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, dictó una sentencia largamente esperada y a la vez muy trascendente para la política catalana y española: según la justicia europea, la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español hace más de dos años no afecta ni el orden legal ni los intereses económicos de la Unión. La resolución es clara y diáfana, y no deja dudas sobre el alcance de su aplicación.

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Hoy tenemos colgada una noticia que empieza diciendo “Bruselas recuerda…”.En concreto, “Bruselas recuerda a los tribunales españoles que deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía”. La noticia podría continuar diciendo “Bruselas recuerda y Madrid desobedece”, o “Bruselas recuerda y Madrid no se acuerda”, porque no es sino desobediencia el caso omiso que el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo están haciendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la plena conformidad al derecho europeo de la ley de amnistía. El sentido de todo esto es evidente: el regreso a Cataluña del presidente Puigdemont tiene valor de humillación para todo el aparato del estado político, mediático, policial y judicial, sobre todo judicial, que convirtió el procesamiento de centenares de catalanes en una razón para vivir con la bandera rojigualda colgada en el balcón, y un mérito para escalar. Y, por tanto, alargarán el castigo tanto como puedan, porque los exilios y las inhabilitaciones impiden una reorganización estratégica del independentismo, que, por más que sea aquí y ya no se marche, no solo no ha encontrado nuevas formas de expresión de amplia aceptación ni nuevos liderazgos, sino que también ha revelado la peor cara de la desorientación y la división.La pulsión obstruccionista española, que remite, pues, a sus esencias, también tiene un componente táctico que es la cuenta atrás a la espera de la caída (y quién sabe si procesamiento) de Pedro Sánchez, que pondría los mecanismos del ejecutivo y parte del legislativo en las mismas manos que el judicial.

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la amnistía, hay tribunales que todavía se niegan a aplicarla. Desde ERC, el vicesecretario general de organización, finanzas y lucha antirepresiva, Pau Morales (Vilassar de Dalt, 1994) nos explica cuál es la hoja de ruta de su partido para continuar presionando.

El monotema futbolístico y el recrecimiento de las neuronas que todos juntos llevamos a estas alturas de un verano que ya es de pleno cambio climático han hecho pasar desapercibida la escandalosa reacción de la cúpula judicial española, y de la derecha ultranacionalista, a la sentencia del TJUE sobre la amnistía. El resumen es el siguiente. Tribunal Constitucional: se lo mirará al volver de vacaciones. Tribunal Supremo: mantiene la orden de detención de Puigdemont y la acusación de malversación, y se guarda el as de plantear nuevas cuestiones prejudiciales, lo que dilataría el proceso unos cuantos meses más. El PP: en palabras del secretario general Miguel Tellado, la sentencia del TJUE no entra “en el fondo del asunto”. El fondo del asunto es cargarse a Pedro Sánchez y su gobierno, tan malvado que ni siquiera da, según el PP, apoyo a la roja.Por parte de los socialistas y los socios de la investidura de Sánchez, y por parte de los directamente afectados –los líderes independentistas ahora amnistiados por el tribunal europeo–, ha dominado la cautela, la prudencia, el cálculo y la calma tensa. Rompió la cuerda del violín Óscar Puente, el ministro hooligan, que la derramó invitando a Puigdemont a “plantarse en España”. Esto –ya que mencionamos el fútbol– es porque Puente, como tantos otros, hace años que aplica a los hechos ciertamente gravísimos que han sucedido en los últimos diez años en el conflicto entre Cataluña y España la lógica burda, emocional e infantil propia del fútbol. Se creen de verdad que “Puigdemont huyó de España dentro del maletero de un coche” y, a partir de aquí, son presa fácil del relato que ellos mismos han ido construyendo. Un relato desinformado y desinformador, maniqueo, que reduce rápidamente la realidad a su nivel de caricatura. “¿Hay sentencia favorable del TJUE? Pues que se plante aquí”. Si la capacidad de análisis de un ministro es esta, hasta aquí ha llegado la riada.Con todo, lo que es verdaderamente alarmante es la actitud de los tribunales españoles hacia sus referentes europeos. El hecho de que un estado sea miembro de la UE comporta que el derecho y la jurisprudencia europeos se incorporen al corpus legal vigente en aquel estado y adquieran un rango de relevancia superior al del derecho y la jurisprudencia “nacionales”. Las sentencias de los tribunales europeos no son sentencias “extranjeras” ni intromisiones intolerables. Las sentencias europeas no se pueden posponer, ni negligir, ni eludir ni ignorar. Muy al contrario, los tribunales españoles las han de acatar, aplicar y hacer aplicar con el mismo celo y diligencia que si fueran sentencias “propias”. Ahora bien, esta del TJUE sobre la amnistía se les atraviesa especialmente. Y es comprensible, porque pone en evidencia el juego sucio que la justicia y la política españolas (en particular, el Supremo y el PP) han practicado y siguen practicando, naturalmente para defender la unidad de España. El TJUE no les da la razón en nada y, sin decirlo, dice lo que son: unos políticos que actúan al margen de la democracia, y unos jueces prevaricadores.

El Tribunal Constitucional comenzará a mirar de nuevo la amnistía dentro de dos meses, el 22 de septiembre, porque en total, ¿qué son sesenta días en la vida de una persona que espera justicia, exiliada o inhabilitada, desde hace casi nueve años? Ya no vendrá de aquí.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Avalada por la justicia europea, la amnistía ha iniciado esta semana el último tramo del camino para que todos los represaliados del independentismo puedan dejar atrás las causas judiciales. Para empezar, en las próximas semanas los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y los treinta y cinco dirigentes políticos a quienes la Fiscalía pide 3 millones de euros al Tribunal de Cuentas, deberían ser los primeros beneficiados por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero en la cúspide de la jerarquía jurídica del Estado, el Tribunal Supremo se resiste a aceptar que los líderes del Procés queden exonerados de cualquier responsabilidad, algunos sin siquiera haberse presentado ante él.

Yo también pienso, como el ministro Puente, que Carles Puigdemont debería hacer las maletas y plantarse en Barcelona, y hacerse encarcelar si hace falta, para demostrar que la justicia española es un ente político al servicio del españolismo, y que le da igual contradecir al TJUE, como antes ya ha enmendado la plana a la soberanía popular representada en el Parlament. Pero no lo haré, porque aunque esté convencido de que un gesto como este sería bueno para el país, y malo para la reputación internacional de España, no me veo con fuerzas para pedir sacrificios a una persona que lleva nueve años obligada a vivir lejos de su tierra.Además de Puigdemont y otros líderes, hay decenas de cargos políticos y altos funcionarios que aún tienen su futuro comprometido, porque están pendientes, dos años después, de la aplicación de la amnistía que los partidos independentistas consiguieron imponer al PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Dos años de falsa reconciliación, de un reencuentro forzado que se sustenta en el chantaje. Esta normalidad tramposa ha atenazado la libertad de acción de dos partidos que pagaron muy caras las vacilaciones del 2017 y que han fracasado en todos los intentos de retomar la iniciativa. Cada uno ha fracasado a su manera, con sus propios espejismos; Junts, con la trampa mística de Waterloo, y ERC, con la trampa prosaica de los acuerdos parciales que la realidad, modelada en Madrid, convierte en inaplicables. Y además está el fracaso conjunto de la rivalidad y la desunión, que ha hecho que se esfumase la opción de plantear a un PSOE débil un auténtico pulso que nos permitiera decir que el Procés no fue totalmente en vano.La sentencia del TJUE es una derrota reputacional para España y sus jueces, pero para Cataluña solo es una victoria táctica que tiene una incidencia limitada. En resumen, todos pierden, pero al menos podemos decir que estamos más cerca de cerrar un capítulo –no el del Procés, sino el de la falsa reconciliación– y abrir otro: el del nuevo proyecto de país, que se presente sin mochilas, con ideas y caras nuevas. Todo es más difícil que hace dos décadas, pero los que estábamos allí estamos (detrás, pero estamos), y los problemas y las amenazas que nos hicieron salir a la calle, por desgracia, continúan acechándonos, aún más graves y dolorosos. Es necesario que una nueva generación dibuje el futuro, sin humillar a los que no salieron adelante, pero sin dejarse encasillar por su legado.Mientras tanto, con el catalanismo desterrado de las calles, la España futbolera ha tomado la ofensiva, porque sabe lo que se juega, porque no tiene ninguna otra llave candente con la que sostener su identidad y porque en nuestro país hay suficientes bobos para tragarse el placebo del Mundial y olvidarse de la cuestión de fondo, que es a quién favorece, realmente, esta monstruosa operación de marketing estatal, a quién está salvando los muebles, tal como el campeonato de 1978 salvó el culo del dictador Videla.Espero, ya que hablamos de ello, que después de la asfixiante experiencia de este Mundial de fútbol no sea necesario volver a insistir a nuestros políticos sobre el hecho de que la batalla simbólica para Cataluña es tan importante como la batalla de la soberanía o la de los impuestos. Está demostrado que el capital simbólico, en entidades plurales, se puede dividir tal como se dividen las competencias y los recursos. El hecho de que España se reserve la exclusiva, para hacer de ella una herramienta de uniformización y adoctrinamiento a través del deporte de masas, desmiente la pluralidad del Estado y es un lujo que no nos podemos permitir. Que Cataluña y Euskadi participaran en los campeonatos de alcance europeo sería un primer paso para corregir esta operación, tan bien trabada, de asimilación nacional a través del ocio (o el opio) del pueblo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía pondrá a prueba a las instituciones españolas y puede dejar en evidencia la politización de la justicia en los altos niveles, que ya hace tiempo que emite señales inquietantes con la mayoría gubernamental en el punto de mira. El presidente del tribunal, el juez belga Koens Lennaert, destaca el propósito de “reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”. ¿Esta idea la comparten quienes han de ratificar la aplicación de la ley? Desde el mundo judicial, se ha salido inmediatamente a marcar distancias. De momento, diferentes portavoces judiciales han querido dejar muy claro tres principios: que el TJUE puede tener la opinión que quiera, pero que sobre la amnistía quienes han de decidir son los jueces españoles; que para interpretar la Constitución ya tenemos el Tribunal Constitucional y no hace falta que lo hagan desde el extranjero, y que no puede haber una aplicación automática de la amnistía. Es decir, calma y paciencia.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es uno de los abogados de cabecera del Procés, el principal responsable de la estrategia jurídica del exilio y uno de los artífices de la ley de amnistía que acaba de ser validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Después de la validación de la justicia europea a la amnistía, quedan un par de preguntas inmediatas, la primera: ¿quién queda por amnistiar?Aquí lo explicamos: los CDR (encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo) y los pendientes del Tribunal de Cuentas, acusados por la Fiscalía y por Societat Civil Catalana, que les reclama cinco millones, pero después hay un pequeño goteo de casos que se reparten por diversos puntos del país. Y la otra: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont? La Núria Orriols, nuestra delegada en Madrid, repasa todos los escenarios posibles, que incluyen el hecho de que el Tribunal Supremo no tiene ningún plazo que le marque ninguna prisa para pronunciarse y que incluso podría volver a preguntar a Europa si la malversación es amnistiable, por más que el Tribunal Constitucional ya hubiera dicho que la amnistía era constitucional. Lo único que es seguro es que el Constitucional se pronunciará en otoño precisamente sobre que la malversación es amnistiable. Y aquí es donde entra el calendario político: por Madrid corre que será en otoño cuando Pedro Sánchez puede anunciar la convocatoria de elecciones. Si Puigdemont llega antes o en plena campaña, las consecuencias son diversas: ayuda a Junts, le hace la campaña a PP y VOX contra el PSOE en España y ayuda al PSC en Cataluña. Ayer Aznar dijo que “la agresión sediciosa” no podía quedar impune. Y es que en la amnistía confluyen dos agravios según el PP, el agravio patriótico (España no se vota) y el del poder, y aquí es donde se encuentran los dos enemigos públicos número uno: Puigdemont y Sánchez. Los quieren a los dos en prisión. El PSOE gobierna habiendo perdido, gracias a la amnistía pactada con Junts. Aznar, por cierto, recordó que la unidad de España es básica para la Unión Europea, como lo es la de Italia o la de Alemania o la de cualquier otro país. Aznar y buena parte de la política española ponen primero la unidad y después la democracia, con la reserva mental de que sin unidad no hay democracia. De este enredo entre bandera agravada y el poder que no tienen, se deriva la razón de la negativa de la cúpula judicial española a aplicar una ley que hace más de dos años que está aprobada, que es Constitucional y conforme a la legislación comunitaria. Recuerden el Estatuto 2006. Llevamos 20 años igual. Y el problema es que en estos 20 años el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, se han multiplicado las necesidades y no tenemos todas las herramientas. Y los partidos de Cataluña están demasiado divididos para superar la enormidad del reto que representa el futuro del país. Una cierta unidad de acción es condición necesaria.Buenos días.

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

La legislatura española acabará más o menos como empezó: debatiendo sobre la ley de amnistía. Pero mientras Pedro Sánchez ya hace tiempo que asumió los costes políticos, parece que el poder judicial todavía tiene facturas pendientes y no está claro si querrá cobrarlas o guardarlas en un cajón. No en vano, la ley del olvido penal, validada el jueves de forma contundente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha afrontado desde el inicio la hostilidad de la derecha política y mediática, pero sobre todo de la derecha judicial, herida por lo que se ve en su amor propio (y en su patriotismo), incluso antes de que el Parlament, única instancia con legitimidad democrática directa, decidiera dejar sin efecto los severos escarmientos impuestos por un puñado de modernos torquemadas a los fautores del Procés. No en vano, la ley ha experimentado muchos obstáculos políticos, como las minas que le puso en el Senado la mayoría del PP, la petición de informes consultivos prescindibles o la intervención de la Comisión de Venecia. Pero también ha tenido que superar el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) —a instancias de la sala segunda del Supremo de Marchena y Llarena— y ante el TJUE —en este caso, por parte de la Audiencia Nacional, que juzga a los CDR por terrorismo (!), y del Tribunal de Cuentas, que dirime la responsabilidad contable por el 9-N de decenas de altos cargos—, con el pretexto de que había dudas sobre el encaje de la ley en la Constitución o en el derecho europeo.Primero fue el Constitucional el que reafirmó la plena constitucionalidad de la ley en una veintena de sentencias derivadas de recursos de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso del inefable García-Page. Y ahora ha sido el TJUE el que se ha pronunciado en dos sentencias sobre la adecuación inequívoca de la amnistía al derecho de la UE, reconociendo que ha servido para rebajar la tensión y que ha actuado como una “herramienta de normalización”, tal como mencionaba el preámbulo de la norma. Este argumento, fundamental, reafirma lo que en su día expresó el abogado general del tribunal, Dean Spielmann, que descartó que se tratara de una "autoamnistía" surgida de un trapicheo político. Además, el Tribunal de Luxemburgo no se opone a que se pueda amnistiar la responsabilidad contable exigida por el Tribunal de Cuentas, porque, como es lógico, una efímera “desconexión” de Cataluña no podía afectar los intereses financieros de la UE, y declara que la ley cumple con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al excluir expresamente de los beneficios los delitos graves y la violación de derechos fundamentales. Game over.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un severo recordatorio de que el juicio del Procés fue una pantomima en la que se vio de todo: se dieron impunemente falsos testimonios que todo el mundo sabía que lo eran, se vieron fiscales que recitaban de memoria lo que debían decir los policías citados a declarar, los testimonios de la defensa eran cuestionados por el tribunal, las pruebas de la defensa no se pudieron mostrar para respaldar la veracidad de las declaraciones de los acusados, por primera vez la acusación particular fue ejercida por un partido de extrema derecha, las entidades de derechos civiles y derechos humanos sufrieron todo tipo de trabas para llevar a cabo su labor de supervisión, y un larguísimo etcétera de irregularidades que se saldaron con una sentencia que confirmó a España como un país con presos y exiliados políticos. No se buscaba justicia, sino venganza por una movilización (las urnas del 1-O) que dejó en evidencia las carencias democráticas de un estado que, ante la disidencia legítima, solo supo acudir a la represión.La sentencia, sin decirlo explícitamente, recoge todo esto. Y más cosas: España perdió la categoría de democracia plena en el índice de The Economist, y pasó a democracia defectuosa, precisamente por la respuesta que dio al independentismo catalán, una respuesta brutal en todos los aspectos: policial y judicial, pero también institucional y político (el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre, la aplicación –inventada sobre la marcha– del 155). Quedó claro que España tiene un grave problema interno: recuperó años después la etiqueta de democracia plena, pero el desarrollo de los hechos ha demostrado que es una expresión que le queda grande a un estado en el que la policía fabrica pruebas falsas contra los enemigos de la derecha ultranacionalista, en el que se espían ciudadanos con programas como Pegasus (recientemente hemos conocido los casos de David Fernàndez y Carles Riera), en el que un rapero lleva más de cinco años en la cárcel por una canción satírica, en el que la ley mordaza no se deroga nunca o en el que ayer mismo dos activistas en Mallorca que habían hecho pintadas contra la saturación turística han sido detenidas y acusadas por la Guardia Civil de pertenencia a banda criminal.O un estado, también, en el que la justicia no tan solo actúa de parte, sino que se niega a aplicar una ley vigente como la de amnistía, ahora reforzada también por la sentencia del TJUE. Previsiblemente, ahora el TC sentenciará a favor de los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas exiliados y condenados por malversación por la organización del referéndum del 1 de Octubre, y el Supremo intentará torpedearlo, porque la alta magistratura española ni tan solo intenta disimular las filiaciones políticas de jueces y fiscales. Los magistrados del TJUE obviamente también son conscientes del contenido político de su sentencia. Ellos, sin embargo, no tienen interés en dar la razón a unos partidos políticos o a otros: dicen más bien que lo que está en juego en España es la democracia misma, y el estado de derecho.

Como era de esperar, el TJUE ha avalado la amnistía a los represaliados políticos catalanes, que fueron acusados de terrorismo (por unas ollas con sulfato para las plantas o porque era a “el ambiente”) y de malversación (porque durante el referéndum gastaron luz de las escuelas y papel de váter). La reacción de los políticos ha sido muy diferente, según el color. El PP catalán ha hecho salir a Lorena Roldán y ha escondido los cuadros de más arriba. Junts ha sacado a Gonzalo Boye y a Turull, no a Puigdemont. Illa, desde el Palau, ha hecho una declaración institucional en catalán, castellano e inglés. Esquerra ha sacado a Junqueras, que ha dicho que tenía ganas de abrazar a Puigdemont o en Girona o en Barcelona. En cambio, Rufián, en X, ha dicho, después de celebrarlo, que “El PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca”.

El magistrado del TJUE que ha dado voz al aval de la justicia europea a la amnistía ha mencionado el propósito de reconciliación que lo animaba. Ha sonado prometedor, esperanzado, deseable. Pero el poder judicial ya ha emitido suficientes señales de que, en el caso del Procés, reconciliación rima con prisión. La justicia europea le ha señalado a la española que no hay más camino que la amnistía y, en cambio, ya veremos cuándo vuelve Carles Puigdemont o se habilita Oriol Junqueras. El contraste es tan descarado que un ministro socialista español ha llegado a afirmar que “no estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, llegara a todas las instituciones del Estado”. Claro que el ministro de Cercanías habla por la herida de las imputaciones a la familia de Pedro Sánchez, no por las del Procés, y que solo es un aliado de la causa del sentido más elemental de la justicia por pura necesidad de supervivencia política. No es nada nuevo: juzgaron a los presos políticos por rebelión, fueron condenados por sedición y han pasado más de dos años sin aplicarles la amnistía por un delirante delito de malversación y de terrorismo para los CDR. Poca reconciliación habrá aquí.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado diciendo lo que, en realidad, ya sabíamos. No porque la respuesta fuera previsible o deseada desde una perspectiva política, sino porque cualquier lectura mínimamente rigurosa del derecho de la Unión hacía muy difícil sostener que la ley de amnistía vulnerara los principios europeos que algunos invocaban con una convicción más ideológica que jurídica. La cuestión no es, pues, qué ha dicho Luxemburgo, sino por qué algunos tribunales españoles decidieron preguntarle lo que ya sabían que respondería.Cuando el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional plantearon sus cuestiones prejudiciales no se encontraban ante una auténtica duda interpretativa, porque no había una incertidumbre jurídica de suficiente entidad que justificara trasladar la decisión al TJUE. Había, sobre todo, una voluntad de ganar tiempo. De dilatar la efectividad de una ley aprobada por el legislador democrático y de mantener viva una confrontación que hacía años que había dejado de ser jurídica para convertirse, esencialmente, en política.Esta es, probablemente, una de las grandes anomalías institucionales de la última década. El gobierno de Mariano Rajoy decidió subcontratar a los tribunales la respuesta a una cuestión esencialmente política. En cualquier estado de derecho maduro, los jueces garantizan las reglas del juego, pero no sustituyen a quienes tienen la legitimidad democrática para resolver los conflictos políticos.