El Supremo amnistía a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva y levanta su inhabilitación
Manuel Marchena acata al Constitucional con duras críticas contra la “innecesaria grandilocuencia” y el “razonamiento invasivo” de la sentencia
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MadridDos años y cuatro meses después de que entrara en vigor, la amnistía ha llegado plenamente a los condenados por malversación en el juicio del Procés. El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha aplicado la ley a cuatro miembros del Govern del 1-O, que estaban inhabilitados hasta 2030 y 2031: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. De esta manera, recuperan todos los derechos políticos y podrán volver a presentarse a las elecciones, ocupar cargos públicos o, por ejemplo, volver a dar clases en la universidad. La luz verde definitiva al perdón llega poco más de siete años después de la sentencia del Supremo y cuando hace cinco años que salieron de la prisión gracias a los indultos. La decisión, a regañadientes y entrando en el combate dialéctico con el Constitucional, es la penúltima intervención de Manuel Marchena en la persecución judicial del referéndum del 1 de octubre. Su último baile será la aplicación de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que continúan a la espera. Antes, será necesario que Pablo Llarena concluya el sumario, un último paso que dará en los próximos días.
La decisión del Supremo de amnistiar a los cuatro exconsellers llega exactamente dos semanas después de que el Constitucional resolviera el recurso de amparo que presentó Dolors Bassa y ordenara al alto tribunal que amnistiara la malversación. “El desenlace del recurso de amparo no puede tener otro efecto que el archivo definitivo”, admite el auto, de once páginas. “Asumimos en su integridad la parte dispositiva de la sentencia”, añade con resignación. Y es que Manuel Marchena es muy duro con el Tribunal Constitucional, tanto con el texto de la sentencia, que presenta como una “resolución suscrita por siete magistrados” –los de talante progresista–, como con su papel corrigiendo la plana a decisiones del Supremo. Aunque niega que quiera entrar en un “choque institucional”, no ahorra reproches y envía una batería de dardos envenenados contra lo que cree que son “sobrantes epítetos” y “consideraciones manifiestamente prescindibles y absolutamente innecesarias”.
“La innecesaria grandilocuencia de los vocablos revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”, argumenta el juez que presidió el juicio del Procés. ¿De qué se queja? Protesta porque la sentencia del TC recriminó al Supremo que hubiera hecho una “interpretación extensiva e impredecible” de la amnistía, distanciándose del “sentido común” y de la “lógica” y basándose en una “drástica contradicción” y una “reducción teleológica”.
Asimismo, carga con contundencia contra las decisiones del Constitucional que considera que “han ensanchado hasta límites inéditos en su propia historia” el espacio que la carta magna reserva a las garantías constitucionales: “La mutación en una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”, lamenta. También recuerda que hay catorce magistrados –cinco conservadores del Constitucional, que emitieron un voto particular discrepante, y nueve jueces del Supremo– que “han defendido” la misma interpretación de la amnistía y que también son víctimas de la “descalificación” del TC: “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”, replica Manuel Marchena.
Por otra parte, después de haber estado dos años negándose a mover ficha, el Supremo reconoce que es “palmario” que entre los efectos de la extinción de la responsabilidad penal derivados de la amnistía está la eliminación de los antecedentes penales. Ahora bien, esto “exige una resolución administrativa” del ministerio de Justicia. Por tanto, el alto tribunal lo notificará a la cartera que encabeza Félix Bolaños para que pueda actuar. Esto también permitirá borrar los antecedentes de Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn y Meritxell Borràs.
El Gobierno y la Moncloa celebran la decisión
Pocos minutos después de conocerse la noticia, la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expresado la “celebración, alegría y satisfacción” del ejecutivo catalán por la decisión del Supremo: “Por las personas beneficiarias y, sobre todo, porque esta ley fue concebida en beneficio del conjunto de Cataluña, en términos de cohesión, de reencuentro y de iniciar una etapa de normalización en términos políticos y sociales”, ha resumido. Desde Madrid, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, también ha celebrado la aplicación de la amnistía “en su totalidad” y ha sacado pecho de que supone “más convivencia”.
El independentismo también canta victoria. “Arrastrando los pies, tarde y refunfuñando, pero el Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación”, ha escrito Carles Puigdemont en X. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha sacado pecho de una “nueva victoria” del independentismo: “Una amnistía que forzamos para conseguir demostrar que votar por la independencia de Cataluña no es ni puede ser nunca ningún delito”.
Los cuatro condenados
Oriol Junqueras aspira a ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en 2028. El actual líder republicano no pudo presentarse a las elecciones del 12-F de 2024 y tampoco ha podido volver a ser profesor de Historia en la Universidad Autónoma. Raül Romeva, que fue consejero de Asuntos Exteriores, tuvo que renunciar a presidir la Fundación Irla, vinculada a ERC, por las dudas sobre su inhabilitación.
En cambio, Jordi Turull ha podido ser secretario general de Junts desde junio de 2022, a pesar de que no se ha podido presentar a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Dolors Bassa renunció al escaño de diputada en el Parlamento en marzo de 2018, justo antes de volver a entrar en prisión, y no ha vuelto a la política institucional. De hecho, conoció el veredicto del TC mientras estaba de viaje en Senegal con una amiga.