Una semana después de que Leire Díez entregara al PSOE el pen drive con la información que ha ido recopilando, varios medios de comunicación han empezado a publicar parte de su contenido. El ex militante socialista avanzó que se trataba de documentación y audios obtenidos en el marco de la supuesta investigación periodística que está llevando a cabo sobre las cloacas policiales del Estado. El PSOE entregó el pen drive en la Fiscalía aunque, según Díez, gran parte de los archivos estaban ya judicializados. Ahora bien, entre los audios que se han ido conociendo, también hay inéditos que aún no habían salido a la luz.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas explica en la entrevista que el ARA publica este domingo que ya ha presentado la querella por la operación Catalunya que anunció el lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. La querella tiene dos patas. La primera es todo lo que hace referencia a la publicación de noticias falsas a través de la llamada "policía patriótica", una maniobra orquestada por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo de la cúpula del PP, según prueban los audios facilitados por el propio expolicía. Y la segunda hace referencia al espionaje con Pegasus del que Mas fue víctima entre 2015 y 2020, según el laboratorio canadiense especializado.

Nuevo capítulo de esta gran comedia de España con cualquier cosa importante que tenga que ver con Cataluña. Nunca lo diría: ahora resulta que incluso el PSOE tiene sospechas fundamentadas de que Cospedal puede haber mentido en sede parlamentaria (es delito) cuando dijo que la operación Catalunya no le sonaba de nada, a pesar de que en un audio se la sentía tan tranquila celebrando con el comisario Villarejo que la fabricación de mentiras con dinero público hubiese en a para desviar dinero de contratos públicos para poder pagar las deudas con ilustres confidentes de la policía. Los socialistas se han puesto dignos: "No podemos asumir como normales los graves audios publicados [...] en los que Cospedal apunta alconocimiento por parte de Mariano Rajoyde los hechos que se juzgan".

Susana Monje, extesorera del Barça en época de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, ha denunciado que la policía española le hizo "chantaje" para que facilitara informaciones relacionadas con la familia Pujol. Unos hechos que se han conocido a partir de nuevas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que ha sacado a la luz Elmon.cat.

El periodista Antonio García Ferreras se ha defendido hoy de las acusaciones de haber difundido noticias falsas sobre Pablo Iglesias a raíz de la publicación de unas grabaciones hechas por el excomisario José Manuel Villarejo. "Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo era, ni la información sobre las cuentas en las Granadinas ni ninguna otra. Ni sobre Podemos ni sobre nadie más", ha asegurado el periodista apenas iniciar la emisión de Al rojo vivo, el programa que dirige y presenta en La Sexta, cadena de la cual también es directivo. Este fin de semana Crónica Libre hizo públicos unos audios de Villarejo en los que se puede oír una conversación entre el excomisario y Ferreras. En los audios el periodista duda de la veracidad de las informaciones sobre unas supuestas cuentas bancarias de Pablo Iglesias en las islas Granadinas, un paraíso fiscal, que le facilitó Eduardo Inda, periodista de OK Diario. "Yo le dije: «Eduardo, esto es muy serio. Yo voy con ello, pero es muy delicado y demasiado burdo»", dice Ferreras en el audio.

La publicación de audios del archivo de José Manuel Villarejo está poniendo cierta luz a la operación Catalunya y evidenciando las mentiras de algunos de sus protagonistas. Pero solo Andorra está dispuesta a juzgar la conchabanza que empezó con la conversación de La Camarga en julio de 2010. Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Villarejo, llamada Tándem, ha rechazado en varias ocasiones levantar el secreto de la documentación sobre la operación Catalunya. Considera que es parte de su tarea policial y que está “legalmente clasificada”.  

La exlíder del PP en Catalunya y actual senadora, Alícia Sánchez-Camacho, dio en 2012 al excomisario José Manuel Villarejo una lista de independentistas a quienes se tenía que investigar en el marco de la operación Catalunya. Entre ellos no sólo situó al entonces president de la Generalitat Artur Mas, sino también al ex líder de Unió Josep Antoni Durán i Lleida e incluso al entonces director de la Fundació La Caixa y actual conseller de Economia, Jaume Giró, según revelan unos audios que ha publicado El Món. Sánchez-Camacho justifica la inclusión de Giró en esta lista negra diciendo que "se ha vuelto totalmente independentista" a pesar de cobrar entre "400.000 y 500.000" euros al año. "Acuérdate de Giró", insistía Sánchez-Camacho mientras pasaba los números de teléfono a Villarejo.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha vuelto a los juzgados un año y medio después de haber sido absuelto en la Audiencia Nacional. Esta vez lo ha hecho para declarar como testigo en el juicio por una supuesta trama de corrupción policial y narcotráfico, el caso Macedonia, que lo tuvo en el punto de mira durante cerca de una década. Trapero nunca llegó a estar investigado en el caso, pero el juez mantuvo bajo sospecha durante ocho años a algunos de sus subordinados, miembros de la unidad anticorrupción de los Mossos, por su relación con un confidente, Manuel Gutiérrez Carbajo, a quien la Fiscalía considera el líder de una banda de narcos. El mayor ha dado verosimilitud a la tesis de la defensa de este hombre, que asegura que el excomisario José Manuel Villarejo aprovechó el caso Macedonia para desacreditar a Trapero y los Mossos.

¿Qué credibilidad pueden tener las palabras del excomisario José Manuel Villarejo? El debate ha vuelto a reavivar a raíz de sus declaraciones sobre el vínculo de los servicios secretos españoles con los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils. No es la primera vez, ni probablemente será la última, que el expolicía aprovecha su condición de amplio conocedor de las cloacas del Estado para hacer afirmaciones que desatan todas las polémicas. En diversas de ellas, no ha aportado nunca pruebas. En otras, se ha servido de su extensa fonoteca para intentar documentarlas. A menudo, incluso, sus consideraciones han coincidido con las de la Fiscalía. Una fiscalía que ahora pide para él más de 100 años de prisión en el marco del caso Tándem, la macrocausa sobre su red de espionaje que salpica a empresarios, partidos y cargos políticos, comisarios de la Policía Nacional y periodistas.

A la espera de que se pronuncie el presidente del gobierno español o algún ministro, su delegada en Catalunya, Teresa Cunillera, ha asegurado que el excomisario José Manuel Villarejo "no tiene ninguna credibilidad" después de que haya vinculado al CNI con los atentados en Barcelona de agosto del 2017. "Tiene una larga trayectoria de intentar sembrar sombras de sospecha sin aportar nunca pruebas", ha denunciado en una rueda de prensa, donde ha insistido que "las insinuaciones no tienen base lógica ni material". "No hay más explicación que las ganas de enredar", ha resuelto. Cunillera también ha lamentado que desde algunos sectores se le dé credibilidad y se ha dirigido particularmente al Govern para pedir que "no le haga el juego" al excomisario porque en Catalunya "no se necesita crispación". "¿Hasta qué punto queremos hacer grande una mentira y dar credibilidad a quien acusa sin pruebas?", ha pedido. También ha reclamado "respeto" a las víctimas y a la investigación que se hizo de los hechos.

Es público y notorio que el excomisario José Manuel Villarejo está enfrentado con el ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, al cual acusa de ser el responsable de su situación. Por eso hay motivos para dudar de todas las acusaciones de Villarejo contra Sanz Roldán, como las que ha hecho este martes en el curso del juicio por el caso Tándem, donde, sin tener ninguna relación con el caso que se juzga, ha insinuado que el CNI fue responsable de alguna manera de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

Hoy, en este análisis, contestaremos una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida: ¿en qué país vivimos? Porque este jueves está salpicado de respuestas. ¿Quieren recordar en qué país vivimos? Acompáñenme.

Resultó muy fácil. Demasiado quizá. Aitor Martínez, abogado del bufete Ilocad, cuyo director es el ex magistrado Baltasar Garzón, pidió ayer en nombre de su cliente, uno de los 27 acusados, el ex comisario Enrique García Castaño, suspender dos sesiones del juicio y mira por dónde lo consiguió sin resistencia alguna del tribunal.

Durante los años de la burbuja inmobiliaria fue uno de los empresarios más importantes y más ricos de España –llegó a aparecer en la lista de multimillonarios de Forbes – como presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso. Años después, Luis del Rivero se ha convertido en el hombre que ha hecho sentar ante un juez a tres de los directivos más relevantes del Íbex-35: primero fue el expresidente de BBVA Francisco González, y ahora el presidente de Repsol, Antoni Brufau, y el expresidente de CaixaBank Isidre Fainé. 

La semana empieza con preocupación porque van entrando enfermos de covid en las UCI a un ritmo que podría obligar a desprogramar operaciones que no fueran urgentes. También es verdad que, como cada día hay más personas vacunadas (el 16% de los catalanes ya han recibido una dosis, al menos), los expertos calculan que la vacunación ya ha evitado un 60% de muertes por covid-19 en Catalunya. Esto lo han notado mucho en las residencias de la tercera edad, por ejemplo. Es un momento de contrastes: ingresos hospitalarios, confinamientos que castigan la salud mental y el bolsillo, y la luz del final del túnel en forma de vacunas cada vez más grande.