Disponer de un parque residencial potente a precio asequible no requiere solo recursos financieros, que también, sino constancia y continuidad en las políticas, según los diferentes modelos y estrategias con la vivienda en la Unión Europea (UE). París, la ciudad de la luz, tiene 17 veces más vivienda social por cada 1.000 habitantes que Barcelona, según los datos sobre este tipo de inmuebles de ambas ciudades. Manteniendo esta proporción, ya que el municipio de la capital francesa tiene alrededor del 22% más de habitantes que la capital catalana, en la primera hay 127 pisos sociales por cada 1.000 habitantes frente a 7,6 en Barcelona, aunque en los últimos años ha aumentado el impulso de este tipo de viviendas.

Los decretos sobre vivienda que se tumbaron el viernes en el Congreso eran una respuesta de urgencia al estallido social provocado por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid, o el de Olga, la vecina de Hospitalet que se suicidó tras perder su casa, pero no representaban una solución estructural al problema. Esto lo saben incluso los promotores de los decretos y los partidos que votaron a favor. Por tanto, lo primero que hace falta es distinguir entre la respuesta a la emergencia social que suponen los desahucios y la cuestión, más de fondo y multifactorial, del acceso a una vivienda digna en condiciones.

Muchos pequeños propietarios, que son la proporción más grande del mercado de la vivienda, no ven claro el decreto aprobado por el gobierno español que este viernes pasa el examen del Congreso. De los dos decretos de la vivienda, en principio el que incluye medidas para la protección de los vulnerables es el que parecía que tenía más posibilidades de salir adelante, especialmente después del sí anunciado por Podemos y el PNV. Pero el rechazo de Junts —pide al gobierno español que lo retire o votarán en contra— ha trastocado la posibilidad de que prospere. El segundo, el que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos, no tenía ninguna posibilidad, porque también el PNV votará en contra.

Jarro de agua fría para el gobierno español, los partidos de izquierda y los movimientos por el derecho a la vivienda que este jueves por la noche continúan acampados en la Puerta del Sol y la plaza Catalunya. Junts exige al ejecutivo de Pedro Sánchez que retire el decreto antidesahucios o votará en contra, pero la Moncloa ha cerrado la puerta en seco: "El gobierno de coalición progresista no retirará ninguno de los dos decretos de vivienda", han afirmado fuentes gubernamentales este jueves por la noche, tras conocer la decisión de los juntaires. Junts también votará en contra del decreto con la prórroga automática de los contratos.

La crisis de la vivienda continúa agravándose. Mientras los desahucios adoptan nombre propio, la ciudadanía parece decir basta y los políticos buscan recetas a contrarreloj, los datos no hacen más que constatar la gravedad del problema: el precio de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios y de la capacidad de ahorro de las familias.

El gobierno español aprobó el martes dos reales decretos diferentes. Uno con una batería de medidas muy amplia que va desde limitar la compra especulativa de inmuebles hasta suspender temporalmente algunos desahucios, y otro con una sola medida: la prórroga automática de los contratos de alquiler, la principal reivindicación del Sindicato de Inquilinas, que desde el fin de semana ha acampado en la Puerta del Sol —una imagen que ha evocado al 15-M—, y de todos los partidos de la izquierda. A su vez, es el decreto que más pende de un hilo (difícilmente prosperará) por el recelo de Junts y el PNV con el planteamiento. Ahora bien, ¿cuál es la letra pequeña?

Leo que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha tenido que dejar su piso porque no llega a fin de mes. Está separada y tiene dos hijos.

Urbagestión, el fondo de inversión que es propietario del piso de Maricarmen Abascal, ha llegado este lunes a un acuerdo con los abogados de la vecina para que pueda volver a casa. La mujer de 87 años fue desahuciada la semana pasada del piso donde vivía en el barrio madrileño de Retiro, lo que ha desencadenado movilizaciones en todo el Estado, una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y una negociación a contrarreloj entre el gobierno español y los socios de la investidura por un decreto de urgencia en materia de vivienda. Ahora la Maricarmen tendrá que ratificar el acuerdo, han explicado sus representantes, que han explicado que deberá pagar alrededor de un 30% de su pensión, aproximadamente 500 euros (similar al importe que pagaba hasta ahora), en un contrato renovado por ocho años.

Quizás no es el 15-M, pero muchas cosas lo rememoran. "El pueblo unido jamás será vencido". "Viva la lucha de la clase obrera", cantan los miles de personas que este lunes por la noche continúan en la Puerta del Sol de Madrid, muchas de las cuales pasarán allí su tercera noche desafiando la lluvia y el frío que de repente ha llegado a la capital española. Todas ellas tienen claro que hasta que no salga adelante el llamado decreto Maricarmen con las como mínimo cuatro peticiones que ha hecho el Sindicato de Inquilinas, no se moverán.

Quién más y quién menos ha abierto un portal inmobiliario y ha hecho una búsqueda que encaje con sus necesidades, ya sea para encontrar un lugar donde vivir –con cierta desesperación, en más de un caso– o para hacer un estudio de mercado casero. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la futura vivienda y hasta qué punto terminan condicionando la decisión final?

Barcelona ha pasado de 110 solicitantes por cada vivienda en alquiler a 437 solicitantes. El dato lo dio esta semana KPMG en los cursos de la APIE y resume mejor que ningún otro la situación del mercado. Antes de la Ley de Vivienda había ya tensión. Ahora hay embudo. Cuatro veces más demanda por cada piso disponible.

Los jóvenes y los migrantes sufren especialmente la crisis de la vivienda que hay en Cataluña, igual que en muchas otras regiones europeas. Estos dos colectivos son una parte importante de la población con menos rentas, que son quienes salen peor parados de esta problemática.

La Cámara de Comercio de Barcelona ha presentado este miércoles su plan para combatir la crisis de la vivienda. La entidad empresarial ha anunciado un conjunto de 20 medidas "estructurales" para afrontar el reto que supone para el país. Según asegura la Cámara, los objetivos de la iniciativa son "incrementar de manera sostenida la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y garantizar el acceso a una vivienda digna para el conjunto de la ciudadanía". Las estimaciones recogidas por la entidad apuntan que en los próximos cinco años habrá que dar respuesta a más de 180.000 nuevas necesidades de vivienda.

El Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona calcula cuál ha sido el impacto real del tope del alquiler. Los precios en la capital catalana se habrían disparado entre 160 y 270 euros más al mes si no se hubiera implantado esta medida, según apunta un informe elaborado por este ente. Sin la regulación, dice el documento, los arrendamientos habrían continuado creciendo hasta los 1.318,6 euros al mes siguiendo la tendencia de la última década, o podrían haber subido incluso más, hasta los 1.492,2 euros, si se hubiera mantenido el ritmo acentuado de crecimiento del mercado los últimos dos años.

La crédito hipotecario continúa circulando –de hecho, algunas entidades financieras han advertido que de una forma insostenible– mientras los precios de la vivienda suben mes tras mes. En este contexto, ya hay quien está notando una dificultad a la hora de comprar: los hogares en los que la vivienda principal está en régimen de alquiler tienen una "capacidad financiera limitada" para adquirir un primer inmueble en propiedad mediante una hipoteca, según el Banco de España. Sea como sea, el escenario no muestra señales de preocupación a juicio del organismo supervisor, que desde hace unos meses analiza si debe activar alguna limitación sobre los criterios de concesión de las hipotecas de alto riesgo que se están dando.

El gobierno español se vio obligado a dividir en dos partes las ayudas para la guerra en Oriente Medio. La primera, con rebajas fiscales a los combustibles, entre otros aspectos, ya fue convalidada por el Congreso. Pero la oposición de Junts ha hecho descarrilar el segundo decreto, el de la vivienda, que entre otras medidas proponía alargar dos años los contratos de alquiler que llegaban a su término y un tope del 2% en las subidas de la renta.

Dos medidas habitacionales penden de un hilo: la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalizan entre el 22 de marzo del 2026 y el 31 de diciembre del 2027 y la limitación de la actualización anual de los contratos al 2% para esquivar la subida de la inflación por la guerra en Oriente Medio. Ambas propuestas se recogen en el decreto del gobierno español para afrontar, precisamente, el choque económico de la guerra sobre la vivienda, en particular sobre los alquileres, que este martes vota el Congreso. Nada hace pensar, sin embargo, que prosperará.

El martes, 28 de abril, nos jugamos mucho como sociedad. Ese día, el Congreso decidirá si se aprueba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que puede evitar que cerca de 475.000 personas inquilinas en Cataluña, y más de 3 millones en todo el Estado, con contratos que vencen próximamente, se vean obligadas a dejar su vivienda en los próximos meses.

No es tan sencillo como aplicar directamente la teoría económica, pero hay que tenerla en cuenta. Una de las principales vías para conseguir que la vivienda deje de ser un bien de lujo como resulta ser hoy en día –especialmente en las grandes ciudades, pero también en las medianas, que sufren el encarecimiento provocado por la huida de demanda que busca lugares más asequibles para tener una casa donde vivir– es aumentar la oferta. Y que esta se adapte a la demanda. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Convertida en la principal preocupación de la población, la de la vivienda es en realidad una cuestión de estado, que todos los partidos deberían asumir.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este viernes una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si los arrendatarios lo han solicitado. En total, según ha informado el ministerio en un comunicado, las empresas a las que se ha enviado esta carta gestionan más de 50.000 alquileres.