El gobierno español quiere excluir a las familias numerosas con rentas altas del bono social eléctrico. Así lo recoge la estrategia española contra la pobreza energética 2026-2030 que el consejo de ministros ha aprobado este martes, según fuentes del ministerio. Esta estrategia busca profundizar con los agentes del sector que las familias que tienen derecho a este descuento en el recibo de la luz lo perciban, a la vez que modificar la actual situación, en la que muchos hogares con rentas altas lo reciben. La estrategia fijará que en el caso de las condiciones y criterios para el bono social eléctrico se incluya una vinculación a la renta de los hogares, para asegurar "que le reciben quienes más lo necesitan", según el ministerio. Sin embargo, para materializar esta reforma el gobierno español deberá modificar un real decreto y establecer el criterio de renta en el caso de las familias numerosas.

Dos contadores sociales cada semana. En poco más de cuatro años, tan sólo 108 en toda Cataluña, según la compañía Endesa. La solución para evitar que familias vulnerables se queden sin suministro eléctrico por no poder pagarlo ha sido un fracaso porque se calcula que un millón de personas sufren pobreza energética, aproximadamente el 20% de la población.

Hace una hora que oscurece, pero Nati y su vecina Nora se resisten a subir al piso que comparten con maridos e hijos. "Si pudiéramos bajar el colchón a la calle, dormiríamos mejor", dice Nati, riendo, mientras grita a los niños porque aún tienen que cenar. Son las diez y media de la noche y un termómetro enorme que hay en una esquina marca todavía los 31 ºC, pero aseguran que dentro de la vivienda el ambiente es aún peor.

Recuperar y consolidar las rebajas fiscales que se adoptaron durante la pandemia de la cóvido y durante la crisis energética que se produjo en el inicio de la guerra en Ucrania. Es una de las principales propuestas de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña para luchar contra la pobreza energética. La Mesa ha elaborado un nuevo dossier, La energía como derecho: un reto social ante la pobreza energética, elaborado por la Asociación Ecoserveis en colaboración con el ARA y el Hub Social.

Más de 47 millones de europeos sufren una falta de calefacción adecuada en casa durante el invierno, y 10 millones de ellos están en España. Los países más fríos no son los más afectados por la situación: los que peor salen parados son Portugal (con un 20,8% de la población afectada), España y Bulgaria (20,7%) y Grecia (20%). El análisis elaborado por el ARA y la red de periodistas CORRECTIV.Europe confirma esta tendencia según los datos más recientes disponibles, del año 2023.

Los datos no engañan. En Europa hay 47 millones de personas que sufren pobreza energética, es decir, que en invierno no pueden calentar suficiente casa. De éstos, 10 millones están en España, y de éstos, 1,5 en Catalunya. El mapa que dibuja Eurostat demuestra que, curiosamente, allí donde existe un problema más grave no es en los países donde hace más frío, los del norte, sino en el del sur, como España, pero también Portugal o Grecia. En estos países, alrededor del 20% de la población tiene problemas para calentar su casa. Pero lo más preocupante es que la cifra, lejos de reducirse, va en aumento. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que en 2021 tenía un 15,9% de población afectada y ahora tiene un 20,1%. Si miramos otro indicador, el de la población con problemas para pagar la factura, vemos que también es un dato elevado: un 14% en el caso de Catalunya.

En Cataluña son cada vez más las personas que sufren pobreza energética y viven sin acceso a servicios básicos como la electricidad, la calefacción o el agua corriente. Mari M. y Pedro (nombre ficticio para preservar su privacidad) comparten con el ARA sus vivencias para visibilizar un problema que crece y persiste. La falta de estos servicios esenciales no sólo afecta a la calidad de vida, sino que también genera gastos adicionales y compromete los derechos fundamentales. El contraste entre las dos realidades que conviven en una misma ciudad, e incluso en un mismo edificio, es impresionante.

El Departamento de Derechos Sociales impulsa un programa piloto para paliar la situación de pobreza energética personas en riesgo de exclusión social que residen en una vivienda pública. El proyecto combina ayudas para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de viviendas residenciales, actuaciones de capacitación y acompañamiento social a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

España vive una primavera económica, pero el sol no calienta por igual a todos los hogares. La reflexión la ha lanzado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, este martes durante la presentación de la memoria socioeconómica y laboral correspondiente al año 2023 y que elabora anualmente el organismo. Ha sido la forma a través de la que Costas ha dado pie a una de las conclusiones más preocupantes del informe: en el 2023, año en el que el coste de vida continuaba por las nubes pese a la progresiva normalización de los precios, crecieron los hogares que sufren carencia material severa (ya son un 9% del total); también aquellas que llegan a fin de mes con mucha dificultad (9%), así como las familias que viven en situación de pobreza energética (20,7%). También creció la pobreza infantil. "No puedo entender cómo aceptamos que España siga siendo uno de los países europeos con mayor pobreza infantil", ha dicho Costas.

En un círculo, una mujer explica que la compañía eléctrica le amenaza con cortarle la luz porque no paga, y un hombre pide la palabra para preguntar cómo puede solicitar el bono eléctrico. En las dos horas que dura el asesoramiento que dos miércoles al mes ofrecen los activistas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) se sienten consejos, preguntas y también respuestas que sirven para llevar algo de calma a quien se ve entre la espada y la pared. En este corro hay activistas técnicos, con conocimientos profesionales sobre facturas, pero también personas que aportan su experiencia personal en la lucha contra la pobreza energética, un concepto que la APE ha sabido poner en la agenda política y social.

Hablamos, estos días, de la baluerna que el alcalde García Albiol plantará en la ciudad de Badalona, ​​y que representa un árbol de Navidad. Prometió que la tendrá más larga que la de otro alcalde, el de Vigo, en Galicia, que fue el pionero en eso del tamaño del cilindro navideño. Con esta demostración lumínica, no exenta del horterismo que le corresponde, el inquieto alcalde pretende incentivar el comercio. Ya lo dice el dicho: “Only difference between men and boys es el número de sus toys”. Qué traducido vendría a ser: “La única diferencia entre los niños pequeños y los hombres de pie es el precio de sus juguetes”. Diría que el hombre, por méritos propios, se ha ganado el apodo del Gigante del Pi.

Solo 48 familias vulnerables tienen instalado un contador social de luz en Cataluña. Dos años y medio después de que se anunciara la medida en el marco de un convenio entre la Generalitat y Endesa para evitar los pinchazos eléctricos y los riesgos que ello conlleva, lo que debía ser una medida contra la pobreza no pasa de datos de un tímido plano piloto. Sobre esta poca implementación ha puesto este lunes el foco la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación en el Parlament de su informe para analizar las políticas públicas contra la pobreza energética. Para la síndica, ya deberían haberse instalado "miles" de contadores por todo el país, teniendo en cuenta que Cataluña está en el top 10 de países europeos con más habitantes empobrecidos y que en una década se ha casi cuadruplicado la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En España la cifra se ha doblado, hasta situarse en el 17% en 2022. "Cataluña está en posición de fragilidad en pobreza energética", ha dejado dicho ante los diputados.

Asegura sentirse como una David que ha vencido a Goliat. “La lucha ha merecido la pena”, dice satisfecha Yolanda Peregrín, al conocer que un juzgado de lo penal de Barcelona ha condenado a tres trabajadores de DPS Consulting (ahora Padres Seixa), un despacho jurídico contratado por Endesa para reclamar las deudas de clientes utilizando métodos que, según la sentencia, incluyen la "intimidación" y "coacciones". Una especie de cobradores de frac de las deudas en la gran eléctrica. En el caso de Peregrín, en una llamada de julio del 2020, una operaria de la empresa se hizo pasar por funcionaria de los juzgados y la amenazar diciéndole que si no pagaba los 2.300 euros que debía le embargarían todos los bienes y cuentas a su nombre. La mujer logró grabar la conversación, que ha sido clave para la condena, que todavía se puede recurrir a la Audiencia de Barcelona y, por tanto, no es firme.

Familias vulnerables o pobreza energética son conceptos que en los últimos años han entrado con fuerza en el vocabulario de los medios de comunicación. La guerra en Ucrania ha agravado este problema y el gobierno español ha establecido una serie de medidas para aligerar el peso de las familias. Algunas, como la rebaja del IVA o del impuesto a la electricidad, son automáticas, pero otras requieren un cierto conocimiento de los mercados energéticos y cierta proactividad por parte de los usuarios.

El consejo de ministros aprobará este martes la letra pequeña de algunas de las medidas que se incorporaron al plan de contingencia energético presentado hace justo una semana. En concreto, se trata de un paquete de cambios en materia energética y social que el propio Pedro Sánchez presupuestó en 3.000 millones de euros a cargo de las cuentas públicas para el año que viene. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha anticipado que estarán en vigor todo el 2023, según explicaba este lunes en una entrevista a Cinco Días. El objetivo de todas ellas es que los hogares más vulnerables o que hasta ahora no se han beneficiado del tope al precio del gas –es el caso de los edificios con calefacción central– vean reducir todavía más su factura de la luz.

En la visita relámpago que el pasado miércoles hizo Boris Johnson a Kiev para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania, el premier británico saliente afirmó: "Sabemos que pagamos [mucho más altas] nuestras facturas de energía por los males de Vladímir Putin, pero el pueblo de Ucrania lo está pagando con la sangre". Lo dijo cuarenta y ocho horas antes de que este viernes se haya anunciado en Londres un brutal aumento del 80% del precio estándar del gas y de la electricidad para una casa de cuatro personas en Inglaterra, Escocia y Gales a partir del 1 de octubre. De las 1.971 libras anuales actuales (2.327 euros) pasará a costar 3.549 (4.192).

El miedo de vivir con la amenaza de un desahucio es muy conocida por Nadia Mermouri, una de los miles de personas que ha vivido en carne propia lo que es tener que depender de la fortaleza (la propia, la de los vecinos y la de los movimientos sociales) para garantizar un techo a sus dos hijas. La situación de falta de ingresos hizo que en 2017 recibiera la primera notificación judicial para desahuciarla de su piso. Después vinieron dos más; la última –con fecha abierta en 2018– la obligó a hacer guardia día y noche en casa durante casi dos semanas. La pesadilla, explica, no solo la vivían ella y su marido, sino también las dos hijas menores de edad: "Tu procuras que no se te note, pero es imposible disimular y acaban notando, en tu carácter, que te angustia perder la casa, ven cosas", recuerda de aquellos días.

Europa se prepara para un otoño energéticamente muy incierto. La reducción del suministro de gas y petróleo por parte de Rusia ha agravado una escalada de los precios de la energía que parece que no tiene freno. En paralelo, las familias vulnerabilizadas contienen el gasto energético, asfixiadas por una crisis energética y un contexto socioeconómico nada optimista. Los efectos graves de la crisis social derivada de la pandemia son palpables, y a estos se han añadido las consecuencias de la guerra de Ucrania, una inflación nunca vista e, incluso, la sombra de una recesión económica.  

La empresa cobradora de Endesa, DPS Consulting, tendrá que responder ante la justicia por sus métodos a la hora de reclamar facturas impagadas. La denuncia de una clienta fue admitida a trámite en diciembre de 2020 y ahora, una vez finalizada la investigación del caso, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) junto con Arrels Advocats (que defienden a la clienta) se han presentado como acusación y piden penas de hasta dos años de prisión para tres miembros de este bufete de impagos: la trabajadora que hizo la llamada y dos directivos. Los acusan de un delito de estafa en grado de tentativa, coacciones y usurpación de funciones públicas, porque la cobradora se hizo pasar por una funcionaria de los juzgados y amenazó con embargar las cuentas de la clienta de Endesa –considerada como vulnerable– si no pagaba las facturas pendientes.

La situación de los servicios sociales en Badalona es crítica, con personal insuficiente para una carga de trabajo que no ha parado de crecer durante la crisis de la pandemia, y que ha evidenciado todavía más las costuras de la red. Lo denuncian los sindicatos CCOO, CATAC y UGT, que reclaman a los nuevos responsables del Ayuntamiento un plan de choque para absorber las necesidades crecientes de unos vecinos que están sufriendo cortes de luz continuos o desalojos de viviendas.