La Fiscalía ha retirado en el último momento las acusaciones contra los exresponsables de Salud a quienes señalaba por “discriminar” a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el plan de vacunación contra la covid. La acusación afectaba a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon, al exsecretario general de Salud Marc Ramentol, al exdirector del CatSalut Adrià Comella y al exdirector de servicios Xavier Rodríguez Guasch.

Turno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.

El exconsejero de Salud Josep Maria Argimon ha declarado antes de tiempo en el juicio por la vacunación contra la covid a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña. El entonces director del Institut Català de la Salut y secretario de Salut Pública ha asegurado que la decisión de limitar la vacuna AstraZeneca a la franja de edad de 60 a 65 años –fueran o no trabajadores esenciales– respondía a una decisión del Consejo Interterritorial de Salud y "no suponía ningún conflicto ético" ni tampoco en el ámbito epidemiológico, porque priorizaba a las personas más vulnerables al virus. Aun así, era partidario de continuar vacunando a todos los agentes, porque la logística ya estaba a punto, y así se lo comunicó a la consejera Alba Vergés.

Nueva tanda de testigos en el juicio por supuestamente "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles con las vacunas contra la covid. Después de que los mandos de los dos cuerpos exculparan a los procesados, entre los que se encuentran los exconsejeros Josep Maria Argimon y Alba Vergés, este lunes ha sido el turno de explicarse de otros exdirectivos de Salud. Entre ellos, la asesora de Vergés que envió un mensaje clave en la instrucción de la causa, en el que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".

El testimonio de los responsables de la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña ha sido un jarro de agua fría para los sindicatos policiales que acusan a los exresponsables del departamento de Salud de haberlos "discriminado" en comparación a los Mossos d'Esquadra. La segunda jornada del juicio a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon se ha centrado en la declaración de los mandos de estos dos cuerpos que organizaron la vacunación a sus agentes destinados en Cataluña, y ambos han subrayado que hablaban diariamente con su interlocutor en Salud, Xavier Rodríguez Guasch, de quien han dicho que siempre tuvo buena disposición para coordinarse.

Una de las decisiones más relevantes que Junts debe tomar antes de las elecciones municipales del 2027 es el candidato a Barcelona. Tras el adiós de Xavier Trias, es uno de los melones más importantes que hay abierto en el grupo municipal de los junteros y también en el seno del partido: la intención era escogerlo antes de Semana Santa, pero fuentes municipales admiten que todo ello quizá irá más lento de lo previsto. La cuestión es que no existe un candidato claro, pese a que la mayoría de fuentes creen que sale en posición de ventaja Josep Rius, actual portavoz del partido, concejal en la capital catalana y diputado en el Parlament. Al menos para la dirección nacional: es él quien, apuntan varias fuentes, tendría la confianza del expresidente Carles Puigdemont. Ahora bien, hay una parte del partido en Barcelona que no lo ve y apoya al actual jefe de grupo, Jordi Martí, que siempre se ha mostrado dispuesto a presentarse. Ante todo esto, según ha podido saber el ARA de varias fuentes consultadas, se encargó una encuesta interna para poner ciencia en el debate y, entre los nombres que se incluyeron, se encuentra el exconseller Josep Maria Argimon, que se suma a los posibles alcaldables para Junts.

El Govern está preparando una normativa para quitar el tabaco de algunos espacios sensibles, como las entradas de los centros escolares, las terrazas de bares y restaurantes o las paradas de autobús. El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha anunciado en una entrevista a TV3 que en estos momentos están trabajando en la redacción de la normativa que tendrá que definir estos espacios libres de humo. Argimon ha considerado que, hasta ahora, siempre que se ha hecho alguna para impedir fumar en determinados lugares esto ha supuesto que ha habido personas que han dejado el tabaco, y ha considerado positivo avanzar en este camino. Fuentes del departamento de Salud han detallado que en estos momentos se está acabando de cerrar el articulado de la nueva normativa para crear espacios libres de humo.

"Durante 12 años no se ha hecho nada. Es un problema que no se solucionará en 5 años", ha afirmado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, sobre la falta estructural de médicos y enfermeras en Catalunya. A raíz del reportaje del ARA en el que se señala que uno de cada dos facultativos y un tercio de las enfermeras vienen de fuera, el conseller ha comentado en una entrevista en Catalunya Ràdio que esta situación ya se advirtió en 2010. "Hay un estudio [de aquel año] que ya decía que en 2025 habría una falta de médicos importantísima por varias razones. La principal, la demográfica: se jubilan muchos médicos y médicas y los que entran no suplen el número de personas que se van", ha explicado.

"¿Usted se presentará a las primarias de Junts para ser alcaldable de Barcelona?" "Si algo ha de llegar, lo hablaré con el doctor Trias". Es la respuesta que este viernes ha dado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, cuando este viernes se le ha preguntado si quiere ser cabeza de lista del partido en la capital catalana. Ya hace dos meses del adiós repentino de Elsa Artadi, pero ahora mismo todavía no está claro quién la sustituirá. Hoy por hoy hay dos propuestas sobre la mesa, cada una de ellas promocionada por uno de los sectores del partido. Por un lado, Xavier Trias haciendo tándem con Josep Maria Argimon y Neus Munté –lo cual cuadra con la respuesta del conseller de Salud ligando su futuro a Trias– y, por otro, el actual diputado y abogado Jaume Alonso Cuevillas, de la más estricta confianza de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha asegurado este viernes que el departamento que encabeza está haciendo una gran inversión para diseñar y remodelar los centros de atención primaria (CAP) y ha anunciado un "esfuerzo [económico] muy importante" de 449 millones de euros que se destinarán a renovar las equipaciones actuales y a construir una sesentena nuevos hasta 2024. El 25% de la partida presupuestaria proviene de fondos europeos y servirá también para hacer pequeñas remodelaciones y adaptaciones, como por ejemplo climatizaciones o mejoras de acceso a las infraestructuras. En total, Salud prevé impulsar 146 actuaciones, entre las cuales la construcción de 60 nuevos CAP. "Esto es lo que denominamos salario emocional: los profesionales, además de una buena retribución, buscan buenas condiciones laborales y estas se dan en el puesto de trabajo y en su entorno", ha justificado Argimon.

Los contagios crecen y Catalunya vive, de nuevo, una oleada de covid, la séptima en poco más de dos años. La mayoría de los casos no quedan registrados porque, por protocolo, las pruebas solo se hacen a la gente de más de 60 años y los tests positivos comprados en farmacia se han dejado de contabilizar. Saber cómo evoluciona la pandemia es ahora más difícil que nunca, pero hay una prueba indiscutible para identificar un aumento importante de las infecciones: la atención primaria vuelve a hacer más visitas y los hospitales atienden a más enfermos. Y esto está pasando. El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, duda que el impacto de este embate sea similar a los vividos en oleadas anteriores, pero la demanda in crescendo está llegando en verano, cuando el sistema sanitario queda muy tocado por las vacaciones del personal, especialmente de enfermeras, que acostumbran a ser las plazas más complicadas de cubrir. Y, según los profesionales de la atención primaria y hospitalaria, esta menor disponibilidad de efectivos se suma a la incógnita del comportamiento de las variantes que circulan, con mayor capacidad de transmisión. Ya se sabe que cuantos más contagios haya, más se sobrecarga el sistema. 

La ley de la eutanasia, que garantiza el derecho a poner fin a la propia vida con asistencia médica en caso de sufrir una enfermedad grave e incurable, con sufrimiento insufrible, o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, ha ayudado a morir a 60 personas en Catalunya en su primer año en vigor. Cinco personas más están pendientes de hacerlo. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, el organismo independiente encargado de asegurar y controlar que las solicitudes cumplen los requisitos legales tanto antes como después de pedir esta práctica, ha recibido 137 peticiones de asistencia médica para morir dignamente y ha aprobado más de la mitad, un total de 78, y hay 18 más que están en curso. La mayoría de los beneficiarios de esta prestación sufrían enfermedades neurológicas graves (neurodegenerativas, demencias y pérdida completa de la movilidad) y cánceres incurables.

La mascarilla tiene los días contados. O, mejor dicho, las horas, porque a partir de miércoles dejará de ser obligatorio llevarla en los espacios interiores, salvo en el transporte público y los centros sanitarios, a falta de conocer los detalles de la norma que prepara el gobierno español y que se publicará en el BOE. En Catalunya los alumnos de primaria y de secundaria serán los primeros en prescindir de ella porque la Generalitat decidió adelantar la medida al martes, coincidiendo con el retorno a la actividad escolar después de las vacaciones de Semana Santa. El departamento de Salut no publicará la orden hasta esta madrugada.

Después de que el gobierno español pusiera ayer fecha a la retirada de la mascarilla en la mayoría de espacios interiores –será el 20 de abril–, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha celebrado hoy que, por fin, se haya concretado una fecha para esta medida y ha asegurado que Catalunya tiene intención de adelantarla un día en las escuelas para que los alumnos ya vuelvan de las vacaciones de Semana Santa sin mascarilla. La retirada sería efectiva el 19 de abril, que es el primer día de clase después de las vacaciones, pero solo en los centros escolares, según ha adelantado Argimon a Tv3. El conseller planteará la medida a la comisión delegada del Govern sobre covid.

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha presentado esta semana el Plan de Salud 2021-2025, la hoja de ruta del departamento para paliar los déficits que el sistema sanitario arrastra desde hace años y los retos que deja la pandemia. La autoridad sanitaria afirma que los próximos cuatro años es imperativo conseguir que la salud vertebre el resto de las políticas del Govern.

Antoni Bassas conversa con el consejero de Salud , Josep Maria Argimon, que esta semana ha presentado el Plan de Salud 2021-2025.

Después de dos años prácticamente desaparecida, la gripe ha vuelto en Catalunya. A pesar de que su irrupción ha sido progresiva, con algunos casos esporádicos durante el otoño y el invierno, ahora la incidencia empieza a subir "de manera vertical", más rápido que en años anteriores al covid, según el conseller de Salud, Josep Maria Argimon. Así, y por primera vez, el virus de la gripe circula plenamente en convivencia con el coronavirus –a pesar de la estabilización de algunos indicadores– y Argimon ha admitido cierta preocupación porque esta coincidencia en el tiempo pueda aumentar la presión del sistema sanitario.

España ha superado este martes los 100.000 muertos por coronavirus. Desde que estalló la pandemia ahora hace dos años, han muerto 100.037 personas, 18.179 de las cuales residían en Catalunya. Los datos actualizados del ministerio de Sanidad español apuntan que se han detectado poco más de 11 millones de positivos, a pesar de que esta cifra es muy inferior a la real porque durante meses ha habido un infradiagnóstico y ahora, con la bajada de casos, ya no se hace el seguimiento de los contactos.

"Era una operación de riesgo, pero hicimos lo que tocaba porque necesitábamos los materiales para proteger a los profesionales sanitarios. Nos teníamos que buscar la vida y no nos equivocamos", ha afirmado el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha comparecido este jueves ante la comisión ordinaria de salud en el Parlament a petición propia para defender el polémico contrato de mascarillas y trajes de protección entre el Govern y la empresa Basic Devices, firmado los primeros días de la pandemia. La contratación se hizo por la vía de emergencia por un valor inicial de 60 millones de euros y la Oficina Antifraude de Catalunya investigó y calificó la operación de “temeraria” por la falta de referencias sólidas sobre la compañía –era la primera vez que hacía de proveedor del sistema sanitario– y por el pago anticipado para asegurar la adquisición, que finalmente se realizó y se pagaron 35 millones de euros. "Siempre es más cómodo no asumir riesgos, pero en la situación de máxima escasez y presión asistencial en la que estábamos lo teníamos que hacer. Se hizo lo que se pudo", ha reiterado Argimon, que era el director del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en aquel periodo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere obligar por ley a todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a ofrecer abortos quirúrgicos. La interrupción voluntaria del embarazo será una prestación sanitaria más del sistema en la reforma de la ley del aborto que diseña el ministerio de Igualdad, que no solo quiere forzar a los centros hospitalarios públicos a contar con profesionales que no sean objetores de conciencia, sino que eliminará la obligación del período de reflexión de tres días y acabará con la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015. Montero ha presentado este miércoles en comisión en el Congreso los principales cambios que desea implementar para garantizar el derecho al aborto. El texto del proyecto de ley todavía no es público y deberá debatirse en el gobierno español antes de que se pueda aprobar en el consejo de ministros, pero el propósito es "blindar el derecho a interrumpir el embarazo de forma gratuita, libre y segura", según ha dicho la ministra.