La defensa de Argimon incrimina a Vergés en el retraso de la vacunación de los policías españoles: "La consellera pide pararlo"

BarcelonaEl 24 de marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia, se había vacunado de cóvid-19 el 77% de los agentes de los Mossos d'Esquadra, el 68% de la Policía Local y el 77% de la Guardia Urbana. Sin embargo, sólo se había administrado la vacuna al 2,9% de los agentes de la Guardia Civil y al 3,6% de los efectivos de la Policía Nacional destinados a Catalunya. Dos días antes, el 22 de marzo, la entonces consejera de Salud, Alba Vergés, acudió a una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, dependiente del ministerio de Sanidad. En medio del encuentro, Vergés envió un whatsapp a Josep Maria Argimon, entonces secretario de Salud de Pública: "Todos quieren terminar [la vacunación de] grupos esenciales". Acompañaba este mensaje de un emoticono con cara de asombro.

Entre los grupos esenciales estaban la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Nosotros compaginaremos, como hemos hecho siempre", respondió Argimon. En el mismo mensaje, apostó por "recuperar a los colectivos esenciales que quedaban pendientes". Al día siguiente, el 23 de marzo, Judit V., una integrante del gabinete de la consejera Vergés, envió un whatsapp a Carmen Cabezas, responsable del calendario de vacunación: "De momento hemos decidido no seguir vacunando a los esenciales..." No recibe respuesta e insiste: "Hello otra vez, je, je! ¿Qué hacemos en relación con la GC y PN (Guardia Civil y Policía Nacional)? Creo que deberían ir con criterio de edad. ¿Cómo lo ves tú?" Cabezas responde: "Yo creo que debemos hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad". La respuesta de la miembro del gabinete de Vergés va llegar en forma de correo electrónico: "Carmen, hablando con HC (Honorable Consejera Vergés) y SC (Marc Ramentol, secretario general de Salud), no ven a GC y PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65". al día siguiente Cabezas recibió un nuevo mensaje de Judit V.: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo deberíamos parar".

"Esto no quiere decir que no lo retomemos en breve", añadió Judit V. Cabezas repreguntó: "¿Entiendo que se pide que no se vacune a nadie de estos colectivos?" "Noooooooo , los de 60 a 65 sí, como el resto", respondió la miembro del gabinete de Vergés. Ese mismo día Marc Ramentol remitió por la tarde un correo electrónico al área de Salud Pública en la que comunicaba que quedaba suspendida la vacunación a los colectivos prioritarios de entre 18 y 60. Este conjunto de mensajes, a los que ha tenido acceso la agencia Efe y el ACN, les ha aportado la defensa de Josep Maria Argimon y Carmen Cabezas en el juzgado de Barcelona que los investiga por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con este movimiento, Argimon y Cabezas intentan quitarse de encima la responsabilidad de esta decisión e incriminan directamente a Vergés y Ramentol. Este último, de hecho, había responsabilizado anteriormente a Argimon de la decisión.

Petición en el TSJC

La exconsejera Vergés, ahora vicepresidenta del Parlament, está ahora en el punto de mira judicial (hace dos años se archivó una querella contra ella por estos hechos). El primer movimiento después de que salieran a la luz estos mensajes lo ha hecho la Fiscalía: ya ha pedido al juez instructor que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que abra una investigación a la exconsejera, que es aforada, ante los indicios que la incriminan.

La investigación se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil Jucil, Jupol, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar sólo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad. El porcentaje de policías nacionales y guardias civiles vacunados se equiparó a los de los agentes de los Mossos a partir del 8 de mayo, dos meses después de los whatsapps, cuando el TSJC ordenó a la Generalitat que los vacunara de inmediato.