Hay derechos que protegen libertades concretas. Y hay otros que, además, permiten medir la calidad democrática de una sociedad. El derecho al aborto pertenece a esta segunda categoría. No solo porque garantiza que ninguna persona pueda ser obligada a mantener un embarazo contra su voluntad, sino porque establece un límite fundamental en el poder del estado: decidir sobre la reproducción. Por eso es uno de los indicadores más fiables de la salud democrática.Cada vez que este límite se cuestiona, el debate va mucho más allá del aborto. Lo que está en juego es la relación entre la autonomía de las personas y la capacidad de los poderes públicos de intervenir en los cuerpos, las familias y el modelo de sociedad. No es casualidad que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a derribar de los proyectos autoritarios. Cuando un poder pretende redefinir quién forma parte de la comunidad, quién ha de reproducirla y qué valores han de sostenerla, acaba gobernando la reproducción.Lo vimos en el año 2013 con la contrarreforma de Gallardón. La movilización feminista demostró que restringir frontalmente el derecho al aborto tenía un coste político enorme. Pero las ofensivas reaccionarias no desaparecen cuando fracasan. Mutan.Hoy el debate se llena de conceptos como natalidad, familia, maternidad, "cultura de la vida", concebido no nacido o crisis demográfica. Parece que cambiamos de tema, pero la disputa sigue siendo la misma: quién gobierna la reproducción.Este desplazamiento responde a una crisis profunda. La precariedad, la crisis de los cuidados, el envejecimiento, las dificultades de acceso a la vivienda y los movimientos migratorios cuestionan la manera como sostenemos la vida. Nancy Fraser lo describe como una crisis de la reproducción social, una crisis que afecta las condiciones que hacen posible la vida misma.Ante esto, los feminismos proponen ampliar derechos y garantizar las condiciones materiales para que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones para criarlos dignamente: el horizonte de la justicia reproductiva.Los proyectos autoritarios, en cambio, se preguntan qué reproducción necesita el estado. Anulan la autonomía reproductiva como punto de partida y abren paso a una política demográfica e identitaria, una herramienta antigua y poderosa de control social con la que Margaret Atwood nos ha hecho estremecer en su distopía, y que hoy reaparece en muchas democracias occidentales.Las piezas van encajando. El concebido no nacido de Ayuso y Feijóo como categoría jurídica; la ley de familias del acuerdo PP-Vox en Andalucía; las oficinas de la maternidad de Alicante y Sevilla; la escucha obligada del latido fetal en Castilla y León; los discursos sobre la "prioridad nacional" y las teorías del "gran reemplazo" no son iniciativas inconexas ni independientes, sino que forman parte de un mismo marco conceptual. Toda una arquitectura política que desplaza progresivamente el debate y jerarquiza qué familias y qué maternidades merecen ser protegidas y cuáles no tanto.Su fuerza es que ya no necesitan atacar frontalmente el derecho al aborto, basta con desplazar los imaginarios comunes. Hacer que la pregunta deje de ser si las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y pase a ser cómo el estado debe responder ante la crisis demográfica o la protección de "la vida". La ventana de Overton a la reproducción: no elimina derechos de un día para otro, sino que convierte aquello que parecía impensable en socialmente aceptable.

La polémica compra –y posterior venta– de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid ha llegado al Tribunal de Cuentas. La ha denunciado un abogado que, ante la “imposibilidad de acceder” a la documentación sobre esta operación, ha querido “poner en conocimiento” del órgano fiscalizador un “conjunto de hechos con apariencia de haber generado menoscabo a los caudales públicos”. El caso estalló la semana pasada, cuando El País reveló que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de 485 metros cuadrados porque sirviera como “oficina temporal” para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las obras en la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol, a pesar de que no se tenía constancia. Pese a ello, 24 horas más tarde, el ejecutivo anunció que vendría el inmueble y que destinaría el dinero a la reconstrucción del incendio que ha asolado la sierra oeste.

El dicho según el cual hay noticias que se entienden mejor si se ponen una al lado de la otra a veces funciona. Por ejemplo, es un hecho que la Comunidad de Madrid ha comprado a través de una empresa pública un ático de casi 500 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Madrid, una compra de un valor estimado de entre cuatro y seis millones de euros que se ha hecho fuera de concurrencia pública y sin que estuviera presupuestada en ningún sitio. La respuesta de la presidenta, la inevitable Ayuso, ha sido hacerse la víctima una vez más (ha afirmado que vuelve a ser víctima de una “campaña de desprestigio”). También ofreció una especie de explicaciones según las cuales este ático de lujo será una “oficina” donde “temporalmente se puedan tener reuniones institucionales” mientras se hacen las obras de reforma de otro edificio, y que no está claro que ella lo vaya a usar. El mismo día, Ayuso anunció que abrían en la web de la Comunidad de Madrid un apartado para “canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste”, y al día siguiente, la Comunidad hace el anuncio alucinante de que ahora venderán el ático en cuestión “para ayudar a los afectados por los fuegos”: ni el dinero público se gestiona así, como si fuera un juego de niños, ni la ciudadanía somos necesariamente idiotas. La “reconstrucción”, por cierto, es la palabra que usa la Generalitat Valenciana para administrar, también con notable opacidad, los fondos destinados a reparar las destrozos de la dana del 29 de octubre de 2024. Todavía en tiempos de Mazón, las arcas de la Generalitat recibieron doce millones de euros en donaciones de ciudadanos que quisieron contribuir a esta causa, de los cuales no se ha sabido nunca más nada. No hay noticias de que ni Mazón ni Ayuso hayan tenido que comparecer ante la justicia por la muy presunta corrupción a su alrededor.En cambio, es otro hecho conocido que, a pesar de la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía, y a pesar de haber concedido en dosis homeopáticas un puñado de amnistías de perfil más técnico, el Supremo español se niega a amnistiar a los dirigentes políticos del Procés de un delito de malversación que solo ha existido dentro de la imaginación de los acusadores y de los magistrados que los condenaron. La convocatoria de un referéndum de autodeterminación era parte del programa electoral de los partidos que formaron un Gobierno plenamente legítimo y democrático, y con el gasto para llevar adelante este referéndum no se ha demostrado que se lucrase nadie. Es más, quien era el ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro, manifestó que no se había gastado “ni un duro de dinero público” en “las urnas de los chinos”. Por cierto: el llamado caso Montoro, un gran escándalo de corrupción en el que la Agencia Tributaria y el ministerio de Hacienda habrían sido utilizados para cometer extorsión y otros delitos, ha visto cómo esta semana el juez prorrogaba la instrucción seis meses más, una velocidad inversamente proporcional a la gravedad del caso. Lo que decíamos: a veces, poner noticias de lado ayuda a entenderlas mejor.

La Comunidad de Madrid ha decidido deshacerse ahora del ático de 485 metros cuadrados que compró como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha informado el gobierno madrileño este miércoles al mediodía tras celebrar su consejo de gobierno. Tras 24 horas de polémica desde que se hizo pública la compra del inmueble a raíz de una información deEl País, el gobierno de Ayuso ha decidido incluir este ático en la venta de cuatro inmuebles de su propiedad situados en la Gran Vía de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha publicado este miércoles El País. La presidenta madrileña ha admitido la compra del inmueble, en el barrio residencial de Chamberí y que incluye una terraza de 199 metros cuadrados, pero ha asegurado que no está claro que la vaya a utilizar ella personalmente y ha denunciado una campaña de "desprestigio en plena emergencia" por los incendios. "Es falso, no me estoy comprando nada ni me están comprando nada", ha dicho en rueda de prensa, si bien ha reconocido que el piso es uno de los espacios que se usarán durante la rehabilitación que se hará de la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. La oposición ha denunciado la situación y ha reclamado explicaciones.

Doble mensaje de Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado del incendio que azola la Comunidad de Madrid y que ha quemado casi 10.000 hectáreas. El presidente español ha advertido de que la situación “continúa siendo compleja” porque, a pesar de que las temperaturas han bajado, no se sabe “cuál será la evolución y la intensidad de los vientos” en las próximas horas, pero al mismo tiempo no ha descartado que, durante el fin de semana, haya una “ventana de oportunidad” para “luchar contra el incendio y proteger vidas y núcleos poblacionales”. Lo ha verbalizado después de que, durante la noche, tanto el fuego de Madrid como el de Ávila –que ha calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas– se hayan mantenido sin control a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

Los incendios que asolan el sur de Madrid, Toledo y Ávila de forma totalmente descontrolada no han traído una tregua entre el gobierno español y el ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso solicitara el jueves por la noche la declaración de emergencia nacional "por la gravedad y la simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas" y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporase a los servicios de extinción, este viernes el ministro Óscar Puente ha cargado contra los gobiernos populares por esta manera de afrontar los incendios forestales.

La ley del concebido no nacido, promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y asumida por Alberto Núñez Feijóo como promesa si llega a la Moncloa, es ambigua porque se presenta como una política de promoción de la natalidad y de apoyo a las familias, pero convierte la ayuda en la puerta de entrada de un marco ideológico que puede poner en riesgo los derechos reproductivos.Permitir a la mujer embarazada obtener prestaciones a partir de la semana 14 de embarazo puede parecer, a primera vista, una simple modificación administrativa. Y es cierto que, jurídicamente, esta ley no modifica la norma estatal que regula los derechos con relación a la salud sexual y reproductiva, entre los cuales el derecho al aborto. Pero su alcance no se agota en la letra de la ley. Detrás está la voluntad de introducir, paso a paso, los postulados de la agenda antiavortista de la extrema derecha.Las grandes transformaciones jurídicas no acostumbran a suprimir derechos de un día para otro. Antes suelen modificar el marco conceptual desde el cual estos derechos son interpretados. La iniciativa de Ayuso se inspira en el movimiento norteamericano de la fetal personhood, que ha ganado fuerza en los últimos años en Estados Unidos. Su objetivo es crear una “personalidad fetal” que blinde los derechos del no nacido por encima de cualquier otro, entrando así en conflicto con los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto, la contracepción y hasta la fecundación in vitro.Para entender qué implica este concepto, es interesante seguir la cronología de este proceso biológico. El desarrollo embrionario comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide cuando se unen para formar un cigoto; al cabo de unos días el blastocisto implantado en el útero materno da lugar al embrión y, hacia la novena semana, el embrión se convierte en feto. La ciencia puede describir este camino, pero no puede señalar el momento exacto en que una vida humana en desarrollo deviene una “persona”. Esta respuesta no es científica, sino moral, filosófica o religiosa. Y ahora también quiere ser política, para acabar rigiendo ideológicamente las políticas públicas sobre el inicio de la vida.La vida prenatal merece consideración moral. Pero una cosa es reconocer valor moral a la vida prenatal y otra muy diferente es convertirla en sujeto de derechos equiparable a una persona nacida. La ley madrileña hoy por hoy no restringe ningún derecho de la mujer y puede leerse únicamente como una ayuda a la maternidad. Pero no es neutra, porque desplaza el debate hacia el estatuto que debe tener el no nacido. Y este movimiento es resbaladizo. Primero se dice que el concebido cuenta para que los progenitores reciban una ayuda. Después, que si cuenta para obtenerla, quizá también deba contar para otros efectos. Y finalmente, que si tiene derechos en algunos ámbitos, no se entiende por qué no debería tenerlos en todos. El problema de fondo es que algunos postulados que la extrema derecha engendra y a los que da vida pueden acabar debilitando, hasta hacerlos morir, derechos democráticos reconocidos.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

Paso a paso, ya sea forzado por los pactos con Vox o por iniciativa propia, el PP va asumiendo los postulados de la extrema derecha en diferentes ámbitos, como la inmigración, la violencia de género o, ahora, la agenda antiavortista. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que cuando llegue a la Moncloa impulsará una ley del concebido no nacido para que las mujeres puedan recibir ayudas desde el momento mismo de la fecundación, cuando acrediten el embarazo. Se trata de una supuesta ley que se presenta como social y en defensa de la familia, pero que en realidad lo que quiere establecer es un principio ideológico que condiciona los derechos de las mujeres, que es que, como dijo la misma Isabel Díaz Ayuso, "el concebido es persona desde el primer minuto".

Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, una controvertida ley del no nacido. La norma otorga el estatus de miembro de la unidad familiar al embrión, de modo que, desde el momento en que se acredite el embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas por maternidad sin esperar al nacimiento. Se trata de una medida que se enmarca en la guerra cultural contra el progresismo de la presidenta madrileña que, a un año de las elecciones autonómicas, está en plena competición con Vox para evitar que le resquebraje esa mayoría absoluta. De hecho, pocos días después de que Juanma Moreno Bonilla haya tenido que ceder ante la extrema derecha para poder ser investido presidente de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si es presidente del gobierno español, seguirá los pasos de Ayuso e impulsará una ley estatal del no nacido.

Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, no irá "p'alante", utilizando la expresión que tantas veces ha empleado él contra los líderes del PSOE. La jueza ha decidido archivar el caso contra él por haber filtrado los nombres y la foto de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña. Después de haber escuchado las declaraciones tanto de Rodríguez como de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, la magistrada considera que no hay indicios de revelación de secretos, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso el ARA. El PSOE ya ha avisado que recurrirá contra la decisión.

Nuevas revelaciones complican la situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un informe de la Agencia Tributaria española (AEAT) apunta que una empresa de Alberto González Amador no tenía "los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención, ya que era una compañía de tratamientos estéticos y de belleza.

Los últimos cambios en el transporte público de la Comunidad de Madrid han abierto un pulso entre Renfe y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Desde este lunes, el padrón pasa a ser un requisito indispensable para obtener el abono del transporte público en la comunidad, algo que Renfe rechaza. El operador ferroviario español denuncia que el cambio normativo da alas a la "segregación" entre los usuarios y a la "diferenciación" a la hora de acceder a un derecho y un servicio como el transporte público. La cuestión es que la decisión del gobierno de Ayuso ha generado polvareda porque coloca en el centro de la diana a la población migrante en situación irregular, que suele encontrarse con dificultades a la hora de empadronarse en las ciudades, como han denunciado en reiteradas ocasiones diferentes entidades sociales o el mismo Defensor del Pueblo. Además, el cambio también llega en un momento en que el PP abraza la "prioridad nacional" que impulsa Vox, y que supone dejar en fuera de juego a la población extranjera en situación irregular.

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

Agustín de Foxá (Madrid, 1906-1959) fue un aristócrata y diplomático español conocido sobre todo por una novela abiertamente hostil a la Segunda República española, Madrid, de corte a checa (1938). El libro que nos interesa aquí, sin embargo, es otro: Por la otra orilla (1955), donde dibuja una mirada nostálgica y paternalista –muy de aquella época– hacia América Latina. Poseo la primera edición de este compendio de crónicas publicado por Ediciones de Cultura Hispánica, con una portada que evoca sin remedio la estética del NO-DO (el libro, por cierto, costaba 80 pesetas de 1955; era carísimo). Haciendo abstracción de la adjetivación cursi de algunos pasajes, así como de la ideología de fondo, se trata de una obra en general interesante y bien escrita.Para Foxá, la América hispana le parece, en general, un espacio de continuidad cultural, un “mundo hermano” donde España ha dejado una huella profunda y, al mismo tiempo, ha recibido influencias que también la han transformado. Sus descripciones combinan nostalgia imperial, fascinación estética y la búsqueda de un exotismo que quiere ser efectista y que a menudo se expresa a través de la prosa poética. Foxá observa el Nuevo Mundo como un espejo invertido: un territorio donde la historia española ha tomado caminos inesperados. A lo largo de sus 526 páginas, esta mirada, propia de la mentalidad franquista y de los textos publicados por las Ediciones de Cultura Hispánica, tiende a idealizar el pasado colonial, a presentarlo como un vínculo civilizador y sentimental, pero en el caso de Foxá sin rehuir del todo las partes más problemáticas previamente edulcoradas. En la página 437 ("El cenote sagrado") llega a relativizar, por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos en México, cosa que en pleno nacionalcatolicismo resultaba bastante problemática.

Isabel Díaz Ayuso tensa todavía más la cuerda con México. La presidenta madrileña no parece tener suficiente con la polémica por su viaje al país, en el que reivindicó al conquistador Hernán Cortés, y este jueves ha hecho otra afirmación con clara voluntad provocadora: "México no existió hasta que llegaron los españoles", ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid. "Era otra civilización", ha añadido en respuesta a las críticas del PSOE por su estancia mexicana.

Los últimos días, Isabel Díaz Ayuso ha estado de viaje oficial a México. La distancia le ha impedido meterse en la actualidad más candente de la semana y la finalidad de su visita transoceánica se ha puesto en duda. Por este motivo, nada más poner los pies en España ha necesitado un altavoz de urgencia para intervenir, aunque fuera en diferido, en todas las polémicas.Martes al mediodía, Nacho Abad la acogió en En boca de todos, uno de los programas más amarillos y ultras de la televisión. Un espacio con un registro poco adecuado para hacer entrevistas presidenciales. Abad, con actitud servil, preparó un guion donde Ayuso pudiera practicar sus dos deportes preferidos: el victimismo y colgarse medallas. Nada más empezar, Abad le hizo un recopilatorio de los insultos que sus adversarios políticos le habían dedicado en los últimos días: “Le voy a decir lo que han dicho de usted: la han llamado trasnochada, ridícula, esperpéntica, provocadora, mentirosa contumaz y víctima recalcitrante”. Mientras tanto, ella bajaba la mirada afligida, lamentando la agresividad de la política. Ayuso respondió todas las preguntas con un tono apocado y una actitud infantilizada, como si repitiera una lección aprendida de memoria para exhibir sus virtudes. Nacho Abad le iba sirviendo los temas en bandeja para que ella los rematara con claridad: “¿Vamos a regularizar delincuentes?”, “¿Hay dinero para todos?”, “¿Qué es la prioridad nacional?” Unas preguntas que le servían a ella para soltar un mitin político con los grandes hits de la derecha más aferrada, poniendo en el centro la españolidad y los peligros de la inmigración. No es casualidad. Hacer énfasis en los problemas de inseguridad que conlleva la inmigración es una de las obsesiones de Abad en las noticias de sucesos. El presentador también apuntó que estaban investigando a Zapatero por cobrar comisiones ilegales. “¿Zapatero o lavadero?”, rotulaba el programa en la pantalla para dar contexto a la respuesta. También le mostraron las críticas del gobierno español por haber desatendido la crisis del hantavirus, y Ayuso se permitió la libertad de imitar ridículamente al ministro Ángel Víctor Torres por los mensajes que le había enviado. Hizo lo mismo con la ministra Mónica García, que será su adversaria en las próximas elecciones en Madrid. Ante las críticas por su viaje a México y las actividades que había llevado a cabo, Ayuso cargó contra la presidenta Claudia Sheinbaum por haberle boicoteado los actos y por ponerla en peligro durante el viaje. Calificó a México de "narcoestado" y advirtió que, con Pedro Sánchez en el gobierno, “España podía convertirse en México”.El espectáculo televisivo llama la atención desde la perspectiva catalana. En Cataluña, nos hemos acostumbrado a que el presidente de la Generalitat, sea quien sea, intervenga en entrevistas institucionales, formalmente muy cuidadas y preparadas desde la exigencia periodística. Es un servicio al ciudadano. Lo que vimos en Cuatro fue todo lo contrario: un show para que Ayuso se sirviera de él en beneficio propio, como plataforma de propaganda y limpieza de imagen.

La Serenísima Isabel Díaz Ayuso ha dicho unas palabras que nos interpelan dolorosamente. Las ha dicho después de que –incomprensiblemente– el gobierno mexicano no haya entendido su encendida alabanza a Hernán Cortés. "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro", ha murmurado, de regreso a la capital de la madre patria.