Al día siguiente de que Isabel Díaz Ayuso compareciera durante más de dos horas en la Asamblea de Madrid sin dar explicaciones sobre el ático de lujo, los ataques de la oposición han provocado la reacción de la presidenta madrileña después de que la hayan acusado de "corrupción". "El ático y el chao, pescao serán el epitafio de su vida política", ha rematado este viernes la portavoz de Más Madrid en la cámara autonómica, Manuela Bergerot. La líder de la oposición ha argumentado que la compra del inmueble de 6,3 millones de euros es "la demostración definitiva" de que Ayuso "es una corrupta". En la misma línea, el PSOE ha denunciado que la líder del PP de Madrid "se ha creído Dios y se ha emborrachado de poder". "El ático es un antes y un después. Se le ha acabado el chollo y la carrera política", ha asegurado la portavoz socialista, Mar Espinar.

Después de un verano perseguida por el escándalo del ático de lujo, en el que ha sido el episodio más comprometido de su carrera política, Isabel Díaz Ayuso ha tratado de pasar página a la crisis reivindicando que tanto ella como su ejecutivo están en plena forma y tienen "más ganas que nunca". Es el mensaje y la energía que ha querido transmitir este jueves en una comparecencia de dos horas en la Asamblea de Madrid, que celebra el debate del estado de la región, en el que la presidenta madrileña no ha ofrecido más explicaciones sobre la polémica compra del inmueble. "Hablemos de cuestiones que realmente importan" con "optimismo e ilusión", reivindican desde el PP de Madrid. La bancada popular ha aplaudido en pie la intervención de Ayuso, a quien incluso voces internas habían puesto en cuestión por la gestión de la polémica del ático de lujo, y su líder ha sacado pecho de su proyecto sin hacer ninguna autocrítica y centrando su discurso en desgranar una cascada de anuncios –"100 nuevas medidas" de diversos ámbitos– y en atacar a Pedro Sánchez.

Evidentemente el titular es irónico. Y si no, juzguen ustedes mismos. Resulta que Eduardo Inda ha publicado una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las puertas de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. Y esto que sigue son las preguntas que le hace, todas muy ingeniosas y, sobre todo, incisivas. Primera: "Hemos recorrido todo el circuito, hay mucha bandera de España, ¿no? Esto es un poco facha, un poco fascista, un poco reaccionario. Y aquella bandera, que es más grande que la de Colón...". Segunda: "En cada curva, por todas partes está la bandera de España. El delegado del gobierno, Francisco Martín, seguramente habría preferido banderas de Bildu". Tercera: "La verdad es que lo que hemos visto es impresionante, descomunal, de esto no hay en el mundo". Cuarta: "Está muy bien la zona llena de bares y restaurantes, que parece la Plaza Mayor, con sitios muy conocidos. ¿De quién fue la idea?". Quinta: "A mí tanta bandera de España me encanta, soy muy fascista, muy facha, pero me encanta". Sexta: "¿Qué le ha parecido la curva peraltada?" Séptima: "Dicen que será el circuito con más transporte público del mundo". Octava: "Usted dijo que el Gran Premio no costaría ni un euro al contribuyente. ¿Lo mantiene?" (Esta es la única pregunta que se salva, y la respuesta de Ayuso es: "¿Por qué el Gran Premio de Cataluña puede tener 40 millones y Madrid cero?" O sea, que costará dinero a los contribuyentes.) Novena: "Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que es un personaje pintoresco, ha dicho que el Gran Premio no aportará nada a los madrileños". Décima: "¿Vendrá el presidente del gobierno?" Undécima: "¿Vendrá algún ministro o representante del gobierno central?" Duodécima: "Y el amigo de Bildu y ETA, el delegado del gobierno".

A estas alturas, el único interés de la figura política de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el de personificar la idea del poder banal: el poder en bruto que no tiene ningún otro objetivo ni propósito que el de mantener en funcionamiento el poder mismo –y beneficiarse de él, por supuesto, ella y un círculo formado por cómplices y usureros (a quienes hay que devolver los favores con intereses)–. Sus posicionamientos ideológicos son inconsistentes, vagos; incluso su anticatalanismo es rutinario, un capítulo del mismo libreto de instrucciones que incluye también el nacionalismo madrileño, la exaltación de las “raíces cristianas” de la cultura española (sea lo que sea que entiende esta gente por cultura española), la reivindicación del colonialismo español en América, el antifeminismo o el negacionismo del cambio climático y de la pandemia.La Comunidad de Madrid –un artefacto administrativo y político que debería ser discutido a fondo, empezando por su misma razón de existir– se ha convertido hace tiempo en un engranaje óptimo de esta manera de entender el poder, en la que la política, las finanzas, la justicia y los medios de comunicación configuran, en efecto, un estado dentro del estado, con unas leyes propias no escritas en ningún lugar pero conocidas por todos. Una oligarquía, si quieren llamarlo así. La escenificación más contundente de la eficacia y la afinación alcanzadas por este engranaje es el enfrentamiento de la Comunidad de Madrid con el gobierno de España presidido por Sánchez y con la Generalitat presidida por Illa, en tanto que poderes alineados dentro de la esfera socialista. El episodio –hasta ahora– más crudo y espectacular de este enfrentamiento lo han protagonizado a medias Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez, un personaje que desmiente por completo el perfil de los spin doctors como cerebros escondidos en la sombra o detrás de la tramoya del poder. A Rodríguez, que es un bocazas, las cámaras, los micros y las redes sociales le entusiasman, y se permitió el lujo de anunciar paso a paso la caída de todo un fiscal general del Estado sin que el poder judicial que debía hacer efectivo el guion que Rodríguez iba anticipando –el Tribunal Supremo– tuviera ningún tipo de vacilación a la hora de llevar adelante una jugada tan burda y descarada. Al contrario, había una clara autocomplacencia en todo ello.Uno de los ingredientes más reconocibles de esta receta de entender el poder es la impunidad, que tiene efectos embriagadores, estupefacientes y afrodisíacos. Igual que hace de estado dentro del estado, al poder de la Comunidad de Madrid también le gusta hacer de partido dentro del partido, y Ayuso y su entorno se han hecho el mito de haber tumbado a un secretario general y candidato a la presidencia (Casado), y de tener al siguiente (Feijóo) en sus manos. Pero últimamente Feijóo se ha permitido dejar sola a Ayuso en el escándalo del ático y en la reunión del viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde acudieron todos los barones del Partido Popular, contra el desplante de Ayuso. La impunidad es una sustancia que tiene subidas potentes, pero también bajadas bruscas.

Es habitual que cuando un medio saca una exclusiva se adueñe del tema y haga un seguimiento detallado, entre otras cosas para evitar que otros se apropien de él. "Este tema tiene que ser nuestro", se oye a menudo en las redacciones. Esto es precisamente lo que está haciendo estos días El País con la noticia del ático de Isabel Díaz Ayuso, destapada el 28 de julio y que todavía colea, para desesperación de la presidenta madrileña, que el día 24 de agosto denunció que "no se podía estirar más el chicle" del ático, en aquella intervención coronada por un muy castizo "chao pescao". Pero El País ha continuado publicando informaciones casi cada día, e incluso una deliciosa pieza en la que se analizaba la obsesión de los españoles por los áticos en función de referencias cinematográficas como Mujeres al borde de un ataque de nervios.

La elección de las palabras es importante, como lo es la no elección. Con los niveles de lenguaje, la oralidad, la falsa retórica, la impostura, el cuidado, las palabrotas, los barbarismos, el argot, construimos una manera de entender el mundo. En el viaje a Sicilia que hicimos con lectores del ARA e Il Viagetto, una siciliana nos explicaba que ella y su hija se entendían con un lenguaje de signos y expresiones faciales que, en cambio, su hijo, que vivía en Inglaterra, no comprendía. La señal de cortar el cuello, fruncir las cejas y juntar los dedos –“Como una magnòlia”, que diría Víctor Català–, tocarse el corazón, tocarse la nariz... Imitamos la forma cotidiana de hablar de las madres, las abuelas y los políticos.

El todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha ofendido porque un medio de comunicación, en este caso El País, ha publicado que la presidenta madrileña ha alquilado un apartamento en una exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. "Es la primera vez que se persigue dónde vive un político... Increíble", ha tuiteado.

Hace ya veinte días que salió a la luz el escándalo del ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso y la polémica continúa persiguiendo a la presidenta madrileña. La trifulca política y mediática es intrínseca de la forma de hacer de la líder del PP de Madrid, pero el tipo de operación y la gestión comunicativa que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid en las últimas semanas ha convertido este episodio en el que más daño puede hacer a la dirigente popular, a solo diez meses de los comicios autonómicos.

Cuando ya empezaba a preocuparme por si no encontraba buena mercancía para empezar mi turno veraniego en sustitución de Àlex Gutiérrez, me topé con una pieza que, por sí sola, serviría para escribir una semana entera de Paren las máquinas (tranquilos, no lo haré). Se trata de una pieza del suplemento Yo Dona, de El Mundo, titulada así: “Isabel Díaz Ayuso lleva a la Paloma su vestido fetiche del verano: escotazos y aberturas en la cintura para enseñar los abdominales”. De verdad que no sé ni por dónde empezar.

Un “antipartido” que “no se alinea con ninguna ideología” y que reniega del “régimen del 78” es el responsable de que la Audiencia Nacional esté investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que, en paralelo, un juzgado de Madrid haya abierto una causa penal sobre la compra de el ático de lujo para Isabel Díaz Ayuso. Es Iustitia Europa, una formación conocida por intervenir como acusación popular en los casos judiciales del entorno del PSOE y que en 2027 dará el salto a las elecciones generales. “Somos transversales y defendemos que la solución a la corrupción ha de venir desde la sociedad civil. Después de casi cincuenta años, tenemos un problema grave en España y hay que alejarse de las ideologías de izquierdas y derechas”, defiende su presidente, Luis María Pardo, en conversación con el ARA.

Isabel Díaz Ayuso ha llegado al mes de agosto más contra las cuerdas que nunca. El polémico viaje a México de hace pocos meses, la investigación judicial contra su pareja y la gestión de los graves incendios que han afectado a la Comunidad de Madrid se suman a la última polémica que ha sacudido su figura. Se trata de la compra y posterior venta precipitada de un ático de lujo en Chamberí con un valor de 6,6 millones de euros —la Comunidad de Madrid publicó el anuncio de la venta este viernes— rodeada de declaraciones contradictorias y justificaciones poco convincentes. Inicialmente, el gobierno madrileño sostuvo que se debía convertir en una oficina temporal –a pesar de que no está habilitado como tal– durante las obras en la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo. Pero 24 horas después de que se hiciera pública la información, se apresuró a vender el inmueble alegando que serviría para reconstruir la sierra Oeste tras los incendios.

Hay derechos que protegen libertades concretas. Y hay otros que, además, permiten medir la calidad democrática de una sociedad. El derecho al aborto pertenece a esta segunda categoría. No solo porque garantiza que ninguna persona pueda ser obligada a mantener un embarazo contra su voluntad, sino porque establece un límite fundamental en el poder del estado: decidir sobre la reproducción. Por eso es uno de los indicadores más fiables de la salud democrática.Cada vez que este límite se cuestiona, el debate va mucho más allá del aborto. Lo que está en juego es la relación entre la autonomía de las personas y la capacidad de los poderes públicos de intervenir en los cuerpos, las familias y el modelo de sociedad. No es casualidad que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a derribar de los proyectos autoritarios. Cuando un poder pretende redefinir quién forma parte de la comunidad, quién ha de reproducirla y qué valores han de sostenerla, acaba gobernando la reproducción.Lo vimos en el año 2013 con la contrarreforma de Gallardón. La movilización feminista demostró que restringir frontalmente el derecho al aborto tenía un coste político enorme. Pero las ofensivas reaccionarias no desaparecen cuando fracasan. Mutan.Hoy el debate se llena de conceptos como natalidad, familia, maternidad, "cultura de la vida", concebido no nacido o crisis demográfica. Parece que cambiamos de tema, pero la disputa sigue siendo la misma: quién gobierna la reproducción.Este desplazamiento responde a una crisis profunda. La precariedad, la crisis de los cuidados, el envejecimiento, las dificultades de acceso a la vivienda y los movimientos migratorios cuestionan la manera como sostenemos la vida. Nancy Fraser lo describe como una crisis de la reproducción social, una crisis que afecta las condiciones que hacen posible la vida misma.Ante esto, los feminismos proponen ampliar derechos y garantizar las condiciones materiales para que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones para criarlos dignamente: el horizonte de la justicia reproductiva.Los proyectos autoritarios, en cambio, se preguntan qué reproducción necesita el estado. Anulan la autonomía reproductiva como punto de partida y abren paso a una política demográfica e identitaria, una herramienta antigua y poderosa de control social con la que Margaret Atwood nos ha hecho estremecer en su distopía, y que hoy reaparece en muchas democracias occidentales.Las piezas van encajando. El concebido no nacido de Ayuso y Feijóo como categoría jurídica; la ley de familias del acuerdo PP-Vox en Andalucía; las oficinas de la maternidad de Alicante y Sevilla; la escucha obligada del latido fetal en Castilla y León; los discursos sobre la "prioridad nacional" y las teorías del "gran reemplazo" no son iniciativas inconexas ni independientes, sino que forman parte de un mismo marco conceptual. Toda una arquitectura política que desplaza progresivamente el debate y jerarquiza qué familias y qué maternidades merecen ser protegidas y cuáles no tanto.Su fuerza es que ya no necesitan atacar frontalmente el derecho al aborto, basta con desplazar los imaginarios comunes. Hacer que la pregunta deje de ser si las mujeres deben poder decidir sobre sus cuerpos y pase a ser cómo el estado debe responder ante la crisis demográfica o la protección de "la vida". La ventana de Overton a la reproducción: no elimina derechos de un día para otro, sino que convierte aquello que parecía impensable en socialmente aceptable.

La polémica compra –y posterior venta– de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid ha llegado al Tribunal de Cuentas. La ha denunciado un abogado que, ante la “imposibilidad de acceder” a la documentación sobre esta operación, ha querido “poner en conocimiento” del órgano fiscalizador un “conjunto de hechos con apariencia de haber generado menoscabo a los caudales públicos”. El caso estalló la semana pasada, cuando El País reveló que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de 485 metros cuadrados porque sirviera como “oficina temporal” para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante las obras en la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol, a pesar de que no se tenía constancia. Pese a ello, 24 horas más tarde, el ejecutivo anunció que vendría el inmueble y que destinaría el dinero a la reconstrucción del incendio que ha asolado la sierra oeste.

El dicho según el cual hay noticias que se entienden mejor si se ponen una al lado de la otra a veces funciona. Por ejemplo, es un hecho que la Comunidad de Madrid ha comprado a través de una empresa pública un ático de casi 500 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Madrid, una compra de un valor estimado de entre cuatro y seis millones de euros que se ha hecho fuera de concurrencia pública y sin que estuviera presupuestada en ningún sitio. La respuesta de la presidenta, la inevitable Ayuso, ha sido hacerse la víctima una vez más (ha afirmado que vuelve a ser víctima de una “campaña de desprestigio”). También ofreció una especie de explicaciones según las cuales este ático de lujo será una “oficina” donde “temporalmente se puedan tener reuniones institucionales” mientras se hacen las obras de reforma de otro edificio, y que no está claro que ella lo vaya a usar. El mismo día, Ayuso anunció que abrían en la web de la Comunidad de Madrid un apartado para “canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste”, y al día siguiente, la Comunidad hace el anuncio alucinante de que ahora venderán el ático en cuestión “para ayudar a los afectados por los fuegos”: ni el dinero público se gestiona así, como si fuera un juego de niños, ni la ciudadanía somos necesariamente idiotas. La “reconstrucción”, por cierto, es la palabra que usa la Generalitat Valenciana para administrar, también con notable opacidad, los fondos destinados a reparar las destrozos de la dana del 29 de octubre de 2024. Todavía en tiempos de Mazón, las arcas de la Generalitat recibieron doce millones de euros en donaciones de ciudadanos que quisieron contribuir a esta causa, de los cuales no se ha sabido nunca más nada. No hay noticias de que ni Mazón ni Ayuso hayan tenido que comparecer ante la justicia por la muy presunta corrupción a su alrededor.En cambio, es otro hecho conocido que, a pesar de la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía, y a pesar de haber concedido en dosis homeopáticas un puñado de amnistías de perfil más técnico, el Supremo español se niega a amnistiar a los dirigentes políticos del Procés de un delito de malversación que solo ha existido dentro de la imaginación de los acusadores y de los magistrados que los condenaron. La convocatoria de un referéndum de autodeterminación era parte del programa electoral de los partidos que formaron un Gobierno plenamente legítimo y democrático, y con el gasto para llevar adelante este referéndum no se ha demostrado que se lucrase nadie. Es más, quien era el ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro, manifestó que no se había gastado “ni un duro de dinero público” en “las urnas de los chinos”. Por cierto: el llamado caso Montoro, un gran escándalo de corrupción en el que la Agencia Tributaria y el ministerio de Hacienda habrían sido utilizados para cometer extorsión y otros delitos, ha visto cómo esta semana el juez prorrogaba la instrucción seis meses más, una velocidad inversamente proporcional a la gravedad del caso. Lo que decíamos: a veces, poner noticias de lado ayuda a entenderlas mejor.

La Comunidad de Madrid ha decidido deshacerse ahora del ático de 485 metros cuadrados que compró como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha informado el gobierno madrileño este miércoles al mediodía tras celebrar su consejo de gobierno. Tras 24 horas de polémica desde que se hizo pública la compra del inmueble a raíz de una información deEl País, el gobierno de Ayuso ha decidido incluir este ático en la venta de cuatro inmuebles de su propiedad situados en la Gran Vía de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados como "oficina temporal" para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha publicado este miércoles El País. La presidenta madrileña ha admitido la compra del inmueble, en el barrio residencial de Chamberí y que incluye una terraza de 199 metros cuadrados, pero ha asegurado que no está claro que la vaya a utilizar ella personalmente y ha denunciado una campaña de "desprestigio en plena emergencia" por los incendios. "Es falso, no me estoy comprando nada ni me están comprando nada", ha dicho en rueda de prensa, si bien ha reconocido que el piso es uno de los espacios que se usarán durante la rehabilitación que se hará de la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. La oposición ha denunciado la situación y ha reclamado explicaciones.

Doble mensaje de Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado del incendio que azola la Comunidad de Madrid y que ha quemado casi 10.000 hectáreas. El presidente español ha advertido de que la situación “continúa siendo compleja” porque, a pesar de que las temperaturas han bajado, no se sabe “cuál será la evolución y la intensidad de los vientos” en las próximas horas, pero al mismo tiempo no ha descartado que, durante el fin de semana, haya una “ventana de oportunidad” para “luchar contra el incendio y proteger vidas y núcleos poblacionales”. Lo ha verbalizado después de que, durante la noche, tanto el fuego de Madrid como el de Ávila –que ha calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas– se hayan mantenido sin control a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

Los incendios que asolan el sur de Madrid, Toledo y Ávila de forma totalmente descontrolada no han traído una tregua entre el gobierno español y el ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso solicitara el jueves por la noche la declaración de emergencia nacional "por la gravedad y la simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas" y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporase a los servicios de extinción, este viernes el ministro Óscar Puente ha cargado contra los gobiernos populares por esta manera de afrontar los incendios forestales.

La ley del concebido no nacido, promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y asumida por Alberto Núñez Feijóo como promesa si llega a la Moncloa, es ambigua porque se presenta como una política de promoción de la natalidad y de apoyo a las familias, pero convierte la ayuda en la puerta de entrada de un marco ideológico que puede poner en riesgo los derechos reproductivos.Permitir a la mujer embarazada obtener prestaciones a partir de la semana 14 de embarazo puede parecer, a primera vista, una simple modificación administrativa. Y es cierto que, jurídicamente, esta ley no modifica la norma estatal que regula los derechos con relación a la salud sexual y reproductiva, entre los cuales el derecho al aborto. Pero su alcance no se agota en la letra de la ley. Detrás está la voluntad de introducir, paso a paso, los postulados de la agenda antiavortista de la extrema derecha.Las grandes transformaciones jurídicas no acostumbran a suprimir derechos de un día para otro. Antes suelen modificar el marco conceptual desde el cual estos derechos son interpretados. La iniciativa de Ayuso se inspira en el movimiento norteamericano de la fetal personhood, que ha ganado fuerza en los últimos años en Estados Unidos. Su objetivo es crear una “personalidad fetal” que blinde los derechos del no nacido por encima de cualquier otro, entrando así en conflicto con los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto, la contracepción y hasta la fecundación in vitro.Para entender qué implica este concepto, es interesante seguir la cronología de este proceso biológico. El desarrollo embrionario comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide cuando se unen para formar un cigoto; al cabo de unos días el blastocisto implantado en el útero materno da lugar al embrión y, hacia la novena semana, el embrión se convierte en feto. La ciencia puede describir este camino, pero no puede señalar el momento exacto en que una vida humana en desarrollo deviene una “persona”. Esta respuesta no es científica, sino moral, filosófica o religiosa. Y ahora también quiere ser política, para acabar rigiendo ideológicamente las políticas públicas sobre el inicio de la vida.La vida prenatal merece consideración moral. Pero una cosa es reconocer valor moral a la vida prenatal y otra muy diferente es convertirla en sujeto de derechos equiparable a una persona nacida. La ley madrileña hoy por hoy no restringe ningún derecho de la mujer y puede leerse únicamente como una ayuda a la maternidad. Pero no es neutra, porque desplaza el debate hacia el estatuto que debe tener el no nacido. Y este movimiento es resbaladizo. Primero se dice que el concebido cuenta para que los progenitores reciban una ayuda. Después, que si cuenta para obtenerla, quizá también deba contar para otros efectos. Y finalmente, que si tiene derechos en algunos ámbitos, no se entiende por qué no debería tenerlos en todos. El problema de fondo es que algunos postulados que la extrema derecha engendra y a los que da vida pueden acabar debilitando, hasta hacerlos morir, derechos democráticos reconocidos.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.