La ley del concebido no nacido, promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y asumida por Alberto Núñez Feijóo como promesa si llega a la Moncloa, es ambigua porque se presenta como una política de promoción de la natalidad y de apoyo a las familias, pero convierte la ayuda en la puerta de entrada de un marco ideológico que puede poner en riesgo los derechos reproductivos.Permitir a la mujer embarazada obtener prestaciones a partir de la semana 14 de embarazo puede parecer, a primera vista, una simple modificación administrativa. Y es cierto que, jurídicamente, esta ley no modifica la norma estatal que regula los derechos con relación a la salud sexual y reproductiva, entre los cuales el derecho al aborto. Pero su alcance no se agota en la letra de la ley. Detrás está la voluntad de introducir, paso a paso, los postulados de la agenda antiavortista de la extrema derecha.Las grandes transformaciones jurídicas no acostumbran a suprimir derechos de un día para otro. Antes suelen modificar el marco conceptual desde el cual estos derechos son interpretados. La iniciativa de Ayuso se inspira en el movimiento norteamericano de la fetal personhood, que ha ganado fuerza en los últimos años en Estados Unidos. Su objetivo es crear una “personalidad fetal” que blinde los derechos del no nacido por encima de cualquier otro, entrando así en conflicto con los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto, la contracepción y hasta la fecundación in vitro.Para entender qué implica este concepto, es interesante seguir la cronología de este proceso biológico. El desarrollo embrionario comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide cuando se unen para formar un cigoto; al cabo de unos días el blastocisto implantado en el útero materno da lugar al embrión y, hacia la novena semana, el embrión se convierte en feto. La ciencia puede describir este camino, pero no puede señalar el momento exacto en que una vida humana en desarrollo deviene una “persona”. Esta respuesta no es científica, sino moral, filosófica o religiosa. Y ahora también quiere ser política, para acabar rigiendo ideológicamente las políticas públicas sobre el inicio de la vida.La vida prenatal merece consideración moral. Pero una cosa es reconocer valor moral a la vida prenatal y otra muy diferente es convertirla en sujeto de derechos equiparable a una persona nacida. La ley madrileña hoy por hoy no restringe ningún derecho de la mujer y puede leerse únicamente como una ayuda a la maternidad. Pero no es neutra, porque desplaza el debate hacia el estatuto que debe tener el no nacido. Y este movimiento es resbaladizo. Primero se dice que el concebido cuenta para que los progenitores reciban una ayuda. Después, que si cuenta para obtenerla, quizá también deba contar para otros efectos. Y finalmente, que si tiene derechos en algunos ámbitos, no se entiende por qué no debería tenerlos en todos. El problema de fondo es que algunos postulados que la extrema derecha engendra y a los que da vida pueden acabar debilitando, hasta hacerlos morir, derechos democráticos reconocidos.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

Paso a paso, ya sea forzado por los pactos con Vox o por iniciativa propia, el PP va asumiendo los postulados de la extrema derecha en diferentes ámbitos, como la inmigración, la violencia de género o, ahora, la agenda antiavortista. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que cuando llegue a la Moncloa impulsará una ley del concebido no nacido para que las mujeres puedan recibir ayudas desde el momento mismo de la fecundación, cuando acrediten el embarazo. Se trata de una supuesta ley que se presenta como social y en defensa de la familia, pero que en realidad lo que quiere establecer es un principio ideológico que condiciona los derechos de las mujeres, que es que, como dijo la misma Isabel Díaz Ayuso, "el concebido es persona desde el primer minuto".

Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, una controvertida ley del no nacido. La norma otorga el estatus de miembro de la unidad familiar al embrión, de modo que, desde el momento en que se acredite el embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas por maternidad sin esperar al nacimiento. Se trata de una medida que se enmarca en la guerra cultural contra el progresismo de la presidenta madrileña que, a un año de las elecciones autonómicas, está en plena competición con Vox para evitar que le resquebraje esa mayoría absoluta. De hecho, pocos días después de que Juanma Moreno Bonilla haya tenido que ceder ante la extrema derecha para poder ser investido presidente de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si es presidente del gobierno español, seguirá los pasos de Ayuso e impulsará una ley estatal del no nacido.

Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, no irá "p'alante", utilizando la expresión que tantas veces ha empleado él contra los líderes del PSOE. La jueza ha decidido archivar el caso contra él por haber filtrado los nombres y la foto de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña. Después de haber escuchado las declaraciones tanto de Rodríguez como de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, la magistrada considera que no hay indicios de revelación de secretos, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso el ARA. El PSOE ya ha avisado que recurrirá contra la decisión.

Nuevas revelaciones complican la situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un informe de la Agencia Tributaria española (AEAT) apunta que una empresa de Alberto González Amador no tenía "los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención, ya que era una compañía de tratamientos estéticos y de belleza.

Los últimos cambios en el transporte público de la Comunidad de Madrid han abierto un pulso entre Renfe y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Desde este lunes, el padrón pasa a ser un requisito indispensable para obtener el abono del transporte público en la comunidad, algo que Renfe rechaza. El operador ferroviario español denuncia que el cambio normativo da alas a la "segregación" entre los usuarios y a la "diferenciación" a la hora de acceder a un derecho y un servicio como el transporte público. La cuestión es que la decisión del gobierno de Ayuso ha generado polvareda porque coloca en el centro de la diana a la población migrante en situación irregular, que suele encontrarse con dificultades a la hora de empadronarse en las ciudades, como han denunciado en reiteradas ocasiones diferentes entidades sociales o el mismo Defensor del Pueblo. Además, el cambio también llega en un momento en que el PP abraza la "prioridad nacional" que impulsa Vox, y que supone dejar en fuera de juego a la población extranjera en situación irregular.

El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

Agustín de Foxá (Madrid, 1906-1959) fue un aristócrata y diplomático español conocido sobre todo por una novela abiertamente hostil a la Segunda República española, Madrid, de corte a checa (1938). El libro que nos interesa aquí, sin embargo, es otro: Por la otra orilla (1955), donde dibuja una mirada nostálgica y paternalista –muy de aquella época– hacia América Latina. Poseo la primera edición de este compendio de crónicas publicado por Ediciones de Cultura Hispánica, con una portada que evoca sin remedio la estética del NO-DO (el libro, por cierto, costaba 80 pesetas de 1955; era carísimo). Haciendo abstracción de la adjetivación cursi de algunos pasajes, así como de la ideología de fondo, se trata de una obra en general interesante y bien escrita.Para Foxá, la América hispana le parece, en general, un espacio de continuidad cultural, un “mundo hermano” donde España ha dejado una huella profunda y, al mismo tiempo, ha recibido influencias que también la han transformado. Sus descripciones combinan nostalgia imperial, fascinación estética y la búsqueda de un exotismo que quiere ser efectista y que a menudo se expresa a través de la prosa poética. Foxá observa el Nuevo Mundo como un espejo invertido: un territorio donde la historia española ha tomado caminos inesperados. A lo largo de sus 526 páginas, esta mirada, propia de la mentalidad franquista y de los textos publicados por las Ediciones de Cultura Hispánica, tiende a idealizar el pasado colonial, a presentarlo como un vínculo civilizador y sentimental, pero en el caso de Foxá sin rehuir del todo las partes más problemáticas previamente edulcoradas. En la página 437 ("El cenote sagrado") llega a relativizar, por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos en México, cosa que en pleno nacionalcatolicismo resultaba bastante problemática.

Isabel Díaz Ayuso tensa todavía más la cuerda con México. La presidenta madrileña no parece tener suficiente con la polémica por su viaje al país, en el que reivindicó al conquistador Hernán Cortés, y este jueves ha hecho otra afirmación con clara voluntad provocadora: "México no existió hasta que llegaron los españoles", ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid. "Era otra civilización", ha añadido en respuesta a las críticas del PSOE por su estancia mexicana.

Los últimos días, Isabel Díaz Ayuso ha estado de viaje oficial a México. La distancia le ha impedido meterse en la actualidad más candente de la semana y la finalidad de su visita transoceánica se ha puesto en duda. Por este motivo, nada más poner los pies en España ha necesitado un altavoz de urgencia para intervenir, aunque fuera en diferido, en todas las polémicas.Martes al mediodía, Nacho Abad la acogió en En boca de todos, uno de los programas más amarillos y ultras de la televisión. Un espacio con un registro poco adecuado para hacer entrevistas presidenciales. Abad, con actitud servil, preparó un guion donde Ayuso pudiera practicar sus dos deportes preferidos: el victimismo y colgarse medallas. Nada más empezar, Abad le hizo un recopilatorio de los insultos que sus adversarios políticos le habían dedicado en los últimos días: “Le voy a decir lo que han dicho de usted: la han llamado trasnochada, ridícula, esperpéntica, provocadora, mentirosa contumaz y víctima recalcitrante”. Mientras tanto, ella bajaba la mirada afligida, lamentando la agresividad de la política. Ayuso respondió todas las preguntas con un tono apocado y una actitud infantilizada, como si repitiera una lección aprendida de memoria para exhibir sus virtudes. Nacho Abad le iba sirviendo los temas en bandeja para que ella los rematara con claridad: “¿Vamos a regularizar delincuentes?”, “¿Hay dinero para todos?”, “¿Qué es la prioridad nacional?” Unas preguntas que le servían a ella para soltar un mitin político con los grandes hits de la derecha más aferrada, poniendo en el centro la españolidad y los peligros de la inmigración. No es casualidad. Hacer énfasis en los problemas de inseguridad que conlleva la inmigración es una de las obsesiones de Abad en las noticias de sucesos. El presentador también apuntó que estaban investigando a Zapatero por cobrar comisiones ilegales. “¿Zapatero o lavadero?”, rotulaba el programa en la pantalla para dar contexto a la respuesta. También le mostraron las críticas del gobierno español por haber desatendido la crisis del hantavirus, y Ayuso se permitió la libertad de imitar ridículamente al ministro Ángel Víctor Torres por los mensajes que le había enviado. Hizo lo mismo con la ministra Mónica García, que será su adversaria en las próximas elecciones en Madrid. Ante las críticas por su viaje a México y las actividades que había llevado a cabo, Ayuso cargó contra la presidenta Claudia Sheinbaum por haberle boicoteado los actos y por ponerla en peligro durante el viaje. Calificó a México de "narcoestado" y advirtió que, con Pedro Sánchez en el gobierno, “España podía convertirse en México”.El espectáculo televisivo llama la atención desde la perspectiva catalana. En Cataluña, nos hemos acostumbrado a que el presidente de la Generalitat, sea quien sea, intervenga en entrevistas institucionales, formalmente muy cuidadas y preparadas desde la exigencia periodística. Es un servicio al ciudadano. Lo que vimos en Cuatro fue todo lo contrario: un show para que Ayuso se sirviera de él en beneficio propio, como plataforma de propaganda y limpieza de imagen.

La Serenísima Isabel Díaz Ayuso ha dicho unas palabras que nos interpelan dolorosamente. Las ha dicho después de que –incomprensiblemente– el gobierno mexicano no haya entendido su encendida alabanza a Hernán Cortés. "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro", ha murmurado, de regreso a la capital de la madre patria.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

La Comunidad de Madrid "va muy bien" y se reivindica como "el motor económico de España". Sin embargo, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este escenario positivo se produce "a pesar de" el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda madrileña denuncian ""la asfixia" a la que, a su parecer, los tiene sometidos el Estado. Desde 2019, cuando Ayuso tomó las riendas del gobierno regional, la "deuda consolidada" del gobierno español con Madrid ya asciende a 12.367 millones de euros, según el cálculo del equipo de Ayuso. "El gobierno del señor Sánchez tiene secuestrados los dineros de los madrileños que van a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación", sostiene en declaraciones a la prensa la consejera Rocío Albert, encargada de los asuntos económicos de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, acorralada por las críticas, ha decidido regresar antes de lo previsto de su viaje oficial a México. En un comunicado, el gobierno madrileño atribuye la decisión de anular el último tramo –aún quedaban cuatro días de ruta– al "boicot" del gobierno de la progresista Claudia Sheinbaum, a quien la presidenta madrileña se ha enfrentado durante su estancia. "La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del estado español, la cultura y la libertad de empresa y expresión", asegura la Comunidad de Madrid.

La primera regla de los líderes autoritarios es deslegitimar las instituciones y no reconocer nunca una derrota electoral. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, que seis años después aún no ha reconocido la victoria de Joe Biden en 2020. En España es Vox quien aplica al pie de la letra el libro de instrucciones del trumpismo, y ya hace semanas que Santiago Abascal y los suyos propagan en las redes y por tierra, mar y aire la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez prepara un pucherazo de cara a las elecciones previstas para el año que viene. Este caldo de cultivo se alimenta a través de fake news sobre el poder de Indra, sobre la manipulación del voto por correo o sobre los efectos que tendrá la regularización de inmigrantes sobre el censo, que son nulos. El objetivo, sin embargo, es crear un clima irrespirable, cercano a la insurrección, y preparar el terreno para impugnar los resultados si estos no coinciden con sus expectativas. El riesgo, sin embargo, de provocar un estallido social con violencia es muy elevado, como ya pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio o también en Brasilia el 8 de enero de 2023.

A Isabel Díaz Ayuso no parecen preocuparle demasiado los quebraderos de cabeza diplomáticos entre España y México. Más allá de lo que significó para la izquierda el encuentro progresista en Barcelona, aquella cumbre también fue relevante por otro motivo: la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Estado. Su presencia significó una reanudación de relaciones diplomáticas después de años de choque por la negativa española de pedir perdón por la Conquista. El gobierno español reconoció por primera vez la "injusticia" del pasado colonial con México y después fue el rey Felipe VI quien admitió "abusos" con un gesto que fue muy bien recibido por las autoridades mexicanas. Ahora bien, en medio de este clima de reconciliación, ha irrumpido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, hay 114, casi un 64% del total, que están gobernados por el PP. El porcentaje aumenta si nos centramos en los 37 con más población. Un 70% de los municipios de más de 20.000 habitantes están teñidos de azul. El efecto Isabel Díaz Ayuso provocó que, en las últimas elecciones locales de 2023, la izquierda incluso perdiera algunos de sus feudos del sur de Madrid, tradicionalmente llamado cinturón rojo, como es el caso de Móstoles y Leganés –segunda y cuarta ciudad más poblada–. Los populares también arrebataron al PSOE Alcalá de Henares y Alcobendas –tercera y décima, situadas al este y al norte, respectivamente.

Alberto Núñez Feijóo ha abierto una brecha en su propio partido con la asunción del principio de "prioridad nacional", un emblema de la extrema derecha lepenista que se ha ido extendiendo por el resto de Europa, pero que el PP nunca había hecho suyo. Es más, lo había rechazado con vehemencia.