Los tiempos judiciales quisieron que la última sesión del juicio contra los policías nacionales que vaciaron el ojo de el activista Roger Español se celebrara un 1 de octubre, siete años después del día del referéndum en el que el activista independentista fue mutilado. La sesión ha comenzado con demora: se ha suspendido hasta la una del mediodía porque el inspector imputado había alegado "un problema de salud" y se ha reanudado cuando ha vuelto del hospital. Todo ello ha provocado que el juicio tenga que acabar finalmente el viernes. La jornada de este jueves ha contado con las declaraciones del inspector responsable del operativo, de dos subinspectores y del escopetero que disparó a Español. Unas declaraciones, sin embargo, han quedado eclipsadas por el discurso final de la defensa de Español, que incluso ha recurrido a una sentencia de Manuel Marchena y a otra que se dictó por el caso de Esther Quintana, para desmontar la versión policial del 1-O.

La recta final del juicio a cuatro policías por vaciar un ojo a Roger Español durante el 1-O ha comenzado con un objetivo: aclarar el máximo de detalles sobre cómo fue el disparo que realizó el escopetero de los antidisturbios de la Policía Nacional que ahora se sienta en el banquillo de los acusados con tres mandos. Este miércoles los especialistas de la Unidad de Fotografía y Audiovisuales de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra han explicado al tribunal sus conclusiones después de ver todas las imágenes del día. Los agentes han explicado que un fotograma de las imágenes muestra que el escopetero no apuntó directamente a Español, sino que habría disparado hacia el suelo. En las imágenes también se ve una "mancha negra", la pelota, que rebota contra el suelo antes de impactar en la cara de Roger Español.

Roger Español (Tarragona, 1974) fue uno de los miles de activistas que el 1 de octubre de 2017 defendieron las urnas y los colegios electorales donde se celebraba el referéndum de independencia. Él se llevó la peor parte, cuando una de las balas de goma que la Policía Nacional disparó en Barcelona le vació el ojo derecho. Hoy, nueve años después, todavía busca que se haga justicia y ha hecho sentar en el banquillo de los acusados a cuatro de los policías que participaron en aquellas cargas, entre ellos el escopetero que le disparó. Serán los únicos agentes juzgados por la violencia policial del 1-O.

El fiasco de los intérpretes de catalán en el juicio del caso Roger Español acabará con sanciones. Según ha avanzado Nació Digital y han confirmado al ARA fuentes del departamento de Justicia, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la empresa a la que se había adjudicado el servicio de traducción, Ofilingua SL, para imponerle las "penalizaciones económicas" previstas en los pliegos del contrato.

El episodio de la supuesta traductora del catalán al castellano que no fue capaz de traducir ni un par de frases sencillas en el juicio contra los cuatro policías que le vaciaron un ojo al activista Roger Español, haciendo que los letrados catalanes tuvieran que autotraducirse o pasar directamente al castellano, no es de ninguna manera anecdótico. En el caso de un juicio político como este (es político un juicio en el que una víctima de violencia policial por razones políticas todavía tiene que pasar por el trago de ser revictimizada para reclamar el reconocimiento que se le debe), un hecho como este debe entenderse como una agresión añadida, o como mínimo sobrevenida, que se tenía que haber evitado por todos los medios. En vez de esto, la agresión se produjo con toda la crudeza y todo el esperpento que caracterizan el sempiterno desprecio de la justicia española por la diversidad lingüística, es decir, por cualquier lengua que no sea el castellano. Porque esta es la otra circunstancia que hace que la escena en el juicio contra los policías que mutilaron a Español no se pueda considerar un hecho aislado ni anecdótico: la lista no solo de desprecios, sino también de actuaciones judiciales en forma de resoluciones y sentencias, de la justicia española contra la lengua catalana es ya inacabable, incontable e inaceptable. Y llega exactamente hasta el día de hoy.Cabe esperar que se haya encontrado la manera de poder proseguir el juicio contra los únicos cuatro policías que habrán tenido que responder por la persecución contra el independentismo catalán en las condiciones adecuadas en lo que respecta al servicio de traducción. Pero eso no elimina el problema de fondo, y el problema de fondo es que las lenguas oficiales del Estado son exactamente eso, oficiales. No cooficiales, como quieren algunos y como se repite a menudo incluso desde los medios de comunicación catalanes, asumiendo, sin darse cuenta, una posición de subsidiariedad que no viene al caso. Son lenguas oficiales del Estado y, por tanto, los servidores del Estado –los jueces y los fiscales y todo el sistema judicial lo son– deberían conocerlas y respetarlas. Y, por tanto, se deberían poder celebrar juicios sin necesidad de servicios de traducción, repitiendo los estereotipos franquistas de los chistes con españoles perplejos cada vez que oían hablar una lengua distinta al castellano.Hablando de víctimas, en el juicio del que hablamos salió enseguida, por parte de los policías acusados, el victimismo según el cual actuaron de manera “absolutamente perfecta” porque se encontraron ante unas hordas extremadamente violentas de independentistas peligrosos. Todo el mundo sabe que eso es mentira, y tener que volver a oír esta comedia por parte (una vez más, los policías también lo son) de servidores públicos no hace más que profundizar en las heridas que dejó la represión contra el Procés. Heridas físicas, como en el caso de Roger Español, pero también heridas políticas, cívicas, sociales. Lo mínimo que puede hacer la justicia es evitar infectarlas, y esto obviamente se puede decir también pensando en la ley de amnistía.

De los 10.000 policías nacionales que el Estado envió a pegarnos el 1 de Octubre, solo se están juzgando a cuatro. El jefe de este grupo ha declarado que, con la cantidad de objetos que les lanzaba la gente, quedaba suficientemente justificado “poder usar los medios antidisturbios”, que “no son lesivos, son disuasorios”. Y lo dice a pocos metros de Roger Español, a quien vaciaron un ojo con las pelotas de goma que dispararon directamente al cuerpo.El acusado puede mentir, claro está, sobre todo si sigue el ejemplo de sus jefes. La vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría afirmó aquel día: “El objeto de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades”.Una intérprete jura ante el juez que ejercerá el cargo de intérprete bien y fielmente, y a continuación es incapaz de traducir una pregunta del catalán al castellano que cualquiera de nosotros habría traducido sin ningún problema. Al final, los abogados mismos hacen la traducción hasta que alguno se cansa y se pasa al castellano. Al día siguiente, la prensa averigua que la intérprete es graduada en traducción e interpretación en la UPF, pero especializada en ucraniano y ruso.Vienen recuerdos del juez Marchena prometiendo que, en todo caso, los vídeos de las cargas policiales ya los verán al final del juicio, "con sumo gusto". Un abogado veterano de los presos políticos les dijo: “Ya veréis que cuando empiece el juicio no tendréis que ir y venir de la prisión cada día”. El servicio de streaming para seguir el juicio de los policías en Barcelona no funcionó el jueves por la tarde. La duda es, pues, si los acusados serán absueltos o si serán absueltos y les darán una medalla.

Uno de los titulares que dejó este jueves el juicio del caso Roger Español tiene que ver con los intérpretes que había en la sala, incapaces de traducir las preguntas de los abogados del catalán al castellano. Los letrados de las acusaciones particular y las populares, ejercidas por Irídia, Òmnium y la ANC, acabaron autotraduciéndose o interrogando a los policías directamente en castellano después de que hasta dos intérpretes no pudieran hacer su trabajo, un hecho que las entidades han denunciado por "vulneración de los derechos lingüísticos". ¿Pero cómo se pudo dar esta situación?

Han pasado muchas cosas esta semana, y la más importante (aunque lo parezca) no es que Florentino Pérez vaya hoy a Ceuta a hacer una rotunda profesión de españolidad del Madrid y de Ceuta. Una especie de “cómo no te voy a querer”, si soy el Madrid.Pero hoy la noticia en Ceuta es que por fin a los miles de personas que malvivían en las playas las han trasladado al puerto de la ciudad, donde les espera un campamento en condiciones. Ha tenido que pasar un mes y diecinueve días para que el presidente de Ceuta, el gobierno español, la justicia y los sindicatos policiales se hayan puesto de acuerdo y no lo hayan impedido más. Una gestión vergonzosa. Por cierto, muy lejos pero muy cerca de Ceuta, en Nueva York, los gobiernos de Marruecos e Israel han firmado el acuerdo por el cual Rabat y Tel-Aviv elevan sus relaciones diplomáticas a nivel de embajada, y muy pronto intercambiarán embajadores. Marruecos no es solo el vecino que tiene la llave de paso de la inmigración africana a la UE, sino que refuerza su alianza de siempre con los Estados Unidos, ahora con Trump.Pero, claro, en una semana en la que el tema de debate ha sido si la IA nos puede matar a todos antes de 2030, cualquier otra noticia parece pequeña. En realidad, todo importa. Si hablamos de nosotros, ha comenzado, como saben, el juicio a los cuatro policías nacionales acusados de tortura y lesiones con resultado de pérdida de un órgano, cuando dispararon la bala de goma que dejó tuerto a Roger Español el 1-O. Anteayer dijeron que la actuación fue “absolutamente perfecta”, y ayer los policías declararon, muy compungidos, como prueba de la agresividad con la que fueron recibidos, que la gente les gritaba “españolazos”, que ellos solo se defendían, que avisaron y que ellos no iban a hacer daño sino a disuadir. Y lo decían con Roger Español allí presente.Policía: “La manera tan agresiva, con la cual el público allí concentrado estaba lanzando objetos, mm, piedras, adoquines, botellas, desde... desde las fachadas también lanzaban, y corría un grave riesgo su integridad física. Esto es más que suficiente, más que suficiente, para poder usar los medios antidisturbios de los que legalmente están dotadas las unidades de intervención, que no son lesivos, mm, no son... Son disuasorios. No son lesivos, son disuasorios”.Pero el momento que lo resume todo es este. La jueza llama a una intérprete de catalán, que se pone tan nerviosa que no puede interpretar nada.

El presidente de la Generalitat viajó ayer hasta Extremadura para celebrar allí la Diada Nacional. Dijo que iba a presentar y compartir una “Cataluña abierta, inclusiva y solidaria”. Me pregunto cuándo ha dejado de ser abierta, inclusiva y solidaria. ¿O es que abierta, inclusiva y solidaria quiere decir española? ¿A quién se lo dice, todo esto, el presidente? ¿A Madrid? ¿Al rey? ¿Al Íbex-35? ¿A los votantes del PSOE en Cataluña, para que no voten a Abascal? Porque Illa se marchará y el gobierno extremeño continuará insuflándole a los extremeños los mismos prejuicios de siempre. Fíjense que ayer, para argumentar que está en contra del nuevo sistema de financiación, la presidenta extremeña, María Guardiola, dijo que quiere evitar que se repita una nueva oleada migratoria extremeña. Me pregunto de qué le ha servido a Extremadura 43 años de autonomía si todavía estamos así. Como saben, en estas ocasiones la palabra que más se repite es solidaridad. Y después de décadas de ver el esfuerzo fiscal que hacemos en Cataluña, uno se pregunta dónde está la solidaridad con los catalanes, entre los cuales hay miles y miles de hijos y nietos de extremeños, que tienen que coger Rodalies cada día, o la AP-7, o tienen que hacer cola en las listas de espera de la sanidad. Insisto, la buena vecindad siempre es buena, pero debe estar basada en el respeto y en la verdad.Y hablando de defender a los catalanes por los servicios que pagan al Estado pero el Estado no les presta, hablemos de Rodalies. El robo de cable de la Estación de Francia, en Barcelona, causó retrasos en la R2 sur. Hombre, cuando ya te pueden robar el cable en la misma Estación de Francia no es que tengas la guardia baja, sino que no tienes ningún tipo de guardia, y esto va para Adif. Es el sexto robo en 10 días. Y como una noticia se entiende mejor al lado de otra:Una joven crea un sistema para alertar de los retrasos de Renfe y Adif. Es un sistema inventado por Marina Castellano, ingeniera de 24 años de Badalona, que avisa de las incidencias de Cercanías hasta tres cuartos de hora antes que los canales oficiales. No hace falta decir nada más, ¿verdad? Es un sistema que detecta, verifica y procesa miles de mensajes en las redes sobre averías. Castellano es estudiante de ingeniería matemática en ciencia de datos en la Universidad Pompeu Fabra, y cuando tuvo que abordar su trabajo de final de grado (TFG), enseguida le vino a la cabeza la idea de mejorar la información de Cercanías "para hacer la vida un poco más fácil a los usuarios". Si lo puede hacer una estudiante, ¿por qué no lo hacen los que cobran por hacerlo? Porque no piensan en la gente, es decir, en el servicio que prestan.

Las primeras palabras de hoy deben ser para felicitar a Sebastià Alzamora.Ayer el ministerio español de Cultura anunció que le concedía el Premio Nacional de Poesía 2026 por el libro “Sala Augusta seguit de Llengua materna”, publicado por Proa. En una cultura hispánica en la que solo aquello que es castellano es auténticamente español, que el ministerio haya distinguido a un autor en catalán es un oasis de reconocimiento y convivencia que celebramos. Esto, más lo que ha dicho Alzamora, que “el premio lo ha recibido un libro escrito en catalán en Mallorca, donde la derecha y la extrema derecha españolas trabajan para cargarse la lengua catalana en todos los ámbitos”. Sea como sea, muchas felicidades, Sebastià.Por lo demás, estamos en las mismas. Con un cambio que parece menor, pero puede no serlo. El juez Llarena tuvo ayer una de cal y otra de arena sobre la aplicación de la amnistía.

Nueve años después de las cargas policiales del 1-O, Roger Español ha explicado ante un tribunal cómo y cuándo una bala de goma le vació un ojo. Su testimonio ha abierto el juicio a los únicos cuatro policías que serán juzgados por las cargas del 1-O. Un escopetero y tres mandos se exponen a 13 años de prisión por una actuación que el jefe de los antidisturbios ha descrito como "absolutamente perfecta", mientras que varios testigos han explicado que los agentes disparaban directamente al cuerpo de las personas, no al suelo para que las pelotas de goma rebotaran. Español cree que el disparo fue "una represalia" por haber lanzado una valla cuando un agente le había golpeado con la porra.

Siete años después del 1-O cuatro policías nacionales se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados por la pelota de goma que mutiló un ojo a Roger Español. Son los únicos agentes que serán juzgados por las cargas de una jornada con un millar de heridos. La Fiscalía ha pedido absolverles porque cree que estaban cumpliendo con su trabajo y la Abogacía del Estado les defiende. Aun así, la denuncia de Español y las acusaciones populares de Irídia, la ANC y Òmnium han hecho que el caso llegue hasta el juicio que comienza este miércoles, en el que los agentes se exponen a condenas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de tortura y lesiones con pérdida de un órgano.

Más de un centenar de entidades y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación han presentado este miércoles un manifiesto de apoyo a Roger Español, el activista al que la Policía Nacional sacó un ojo durante el referéndum del 1-O. El manifiesto llega a las puertas del juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los cuatro agentes implicados en el operativo, que son los únicos que no han sido amnistiados de los 162 policías encausados.

La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a los cuatro agentes de la Policía Nacional procesados ​​por un delito de lesiones en el operativo del 1-O en el que Roger Español perdió un ojo por el impacto de un balón de goma. El tribunal ha concluido que las lesiones durante las cargas en la Escola Ramon Llull de Barcelona no están amparadas por la ley de amnistía y, en cambio, sí la aplica a Español, que estaba acusado de un delito de atentado contra los agentes.

Desde su publicación en el BOE, cientos de encausados ​​han pedido poder acogerse a la ley de amnistía, y algunos ya han sido los primeros al beneficiarse de su aplicación esta misma semana. Es el caso del exconseller de Interior Miquel Buch, el de Lluís Escolà, el sargento de los Mossos que hizo de escolta de Carles Puigdemont en el exilio, y el de una decena de manifestantes. Pero entre los cientos de represaliados, algunos no han solicitado que se les aplique esta medida de gracia.

Después de más de cuatro años y medio de investigación, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha dejado a un paso de ir a juicio a Roger Español y cuatro policías nacionales por el 1-O. El juez Francesc Miralles procesa a Español porque ve “atentado contra agentes de la autoridad” del hombre a quien los agentes reventaron el ojo con una bala de goma. En cuanto a los cuatro policías, uno es el escopetero de la pelota: según el magistrado, “incumplió las medidas de seguridad” sobre cómo usar el material de antidisturbios. Otro de los procesados es el máximo responsable de la actuación policial, “que fue el primero” que utilizó la porra contra personas sentadas en el suelo. Los dos policías más que quedan a un paso de juicio también usaron la porra “incumpliendo la normativa” sobre su uso.

La Audiencia de Barcelona ha abierto la puerta a la posibilidad de que el escopetero que le hizo perder un ojo al activista Roger Español el 1-O con una pelota de goma y el resto de agentes que formaban parte del dispositivo sean condenados por un delito más grave de lesiones intencionadas, con una pena que podría llegar hasta los doce años de prisión. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en Barcelona durante el referéndum –una causa en la que hay unos setenta agentes y mandos a pie de calle investigados– había fijado que el caso se tenía que juzgar solo por un delito de lesiones por imprudencia. Los abogados de la entidad Irídia que llevan el caso de Español y la acusación popular de Òmnium Cultural habían recurrido la decisión en el tribunal para que también se pudiera acusar a estos agentes de lesiones dolosas o intencionadas y la Audiencia lo ha aceptado.