El PP ha vuelto a hacer uso de la inteligencia artificial (IA) para lanzar un dardo a quien considera sus contrincantes —una estrategia que ha copiado de Donald Trump—. En este caso, sorprende porque lo ha lanzado hacia los sindicatos mayoritarios, CCOO y la UGT, que tienen un papel reconocido en la Constitución: si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, tendrá que reunirse con ellos para, como mínimo, hablar de cuestiones como las pensiones o el salario mínimo interprofesional (SMI). De hecho, hace dos años, Feijóo reivindicó el papel de los sindicatos como agentes sociales en el Congreso de la UGT.

Pronto habrá más disturbios. Vivir en las provincias o en las afueras del imperio tiene ventajas, pero también inconvenientes. Un inconveniente claro es que, cuando el trumpismo empieza a ir de rebajas, aquí todavía tenemos que comernos las amenazas o las agresiones de sus imitadores de tercera regional. La inevitable Ayuso, mitad presidenta de Madrid y mitad performer, calentó la huelga pidiendo al desalentador Feijóo que, si gana, elimine los sindicatos, “porque son basura” (ella usó la palabra basura, más consolidada en castellano como insulto). Era una manera de crispar aún más una vigilia ya de por sí crispada de huelga general, que a su vez se producía a las puertas de la campaña electoral más crispada que ha vivido hasta ahora la democracia española. También una forma de reírse de Feijóo, un ejercicio que siempre apetece a la mejor amiga madrileña de los nuevos líderes fascistas latinoamericanos. Pero Ayuso debía saber que pedía una cosa imposible de realizar, cuando menos en democracia. La posibilidad de hacer desaparecer el sindicalismo pasaría por un retorno al franquismo, cuando solo existía el Sindicato Vertical del régimen. En cualquier caso, por enésima vez, el exabrupto ayusista nos volvía a poner ante una práctica trumpista habitual: degradar la libertad de expresión a la más burda violencia verbal, a fin de deshumanizar al adversario (“basura”) para dejarlo listo para su eliminación, como organización o como persona. Es urgente que nos desacostumbremos a la degeneración del debate público, que nos neguemos como ciudadanos a aceptar que los representantes públicos se expresen como si estuvieran en medio de una fiesta pasada de vueltas.

Discrepancia entre patronales y sindicatos sobre el seguimiento de la huelga general de este miércoles. Mientras los sindicatos y organizaciones convocantes hablan de éxito del paro, las patronales rebajan el seguimiento, si bien destacan el impacto de los piquetes y las dificultades de movilidad como uno de los factores que hacen que el impacto sea superior al seguimiento en sí del paro por parte de los trabajadores.

Los servicios mínimos de Cataluña durante la huelga general del miércoles serán más restrictivos, en general, que los del resto del Estado, según han ido informando las diversas administraciones públicas que han negociado con los sindicatos. En este sentido, la semana pasada las patronales Fomento del Trabajo y Pimec expresaron “sorpresa” por unos servicios mínimos en Cataluña que calificaron de “extremadamente bajos”.

El ministerio de Trabajo mantiene su intención de aprobar el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de que termine la legislatura. Tal como ha indicado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la voluntad es sacar adelante la actualización del 2027 "cuanto antes". Y los hechos así lo demuestran: este miércoles, el ministerio ha convocado a las patronales –la CEOE y Cepyme– y a los sindicatos –CCOO y la UGT– para abordar el incremento. En la mesa de diálogo social, además, se presentará la propuesta del comité de expertos que aconseja que, de cara al año próximo, se suba el SMI un 4,9%, hasta los 1.281 euros brutos en 14 pagas, tal como ha explicado en rueda de prensa Pérez Rey. Actualmente es de 1.221 euros.

Montse Sánchez (l'Hospitalet de Llobregat, 1981) compagina el liderazgo de la Confederación General del Trabajo (CGT, el tercer sindicato en afiliaciones en Cataluña) con su trabajo en Seat, del cual no está liberada. El sindicato es uno de los principales impulsores de la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre en todo el Estado, y participa en iniciativas como la Casa de la Huelga, ubicada en la facultad central de la Universidad de Barcelona. Actualmente, la CGT está en un momento de gran expansión. Según explican, el aumento de afiliados y afiliadas sobre todo es gracias a su apuesta por la conflictividad.

Desde el presente, puede parecer que no hemos vivido nunca una época tan oscura, con un futuro tan incierto y una desesperanza tan acumulada. Si se mira atrás, sin embargo, la insurrección se ha apoderado a menudo de las calles de Barcelona. A veces, la respuesta ha sido una represión feroz –con ejecuciones incluidas– y sin ninguna conquista para los revoltosos. Otras veces, la movilización ciudadana ha hecho caer gobiernos y ha provocado cambios irreversibles. De hecho, muchos de los derechos actuales no existirían sin las grandes movilizaciones.

El accidente de Adamuz, en Andalucía, en enero y el de hace pocos días en Toledo son diferentes. Con las reservas a las que nos obliga la urgencia del análisis, podemos decir que el primero lo causó un mantenimiento insuficiente de la infraestructura, del raíl, mientras que el segundo se ha dado por un error humano en el sistema de emergencia, es decir, lo que se suele llamar procedimientos y prácticas.

Una huelga a la "ofensiva". Así ha definido este jueves la secretaria general de Comisiones Obreras de Cataluña, Belén López, el paro general previsto para el 11 de noviembre, el primero de 24 horas en 14 años. “Es una oportunidad para que el sindicalismo dé un cambio de rumbo", ha asegurado en un encuentro con periodistas la líder del sindicato mayoritario del Principado, que ha añadido que "la época de llegar a acuerdos se ha acabado, desgraciadamente”.

El gobierno español ha garantizado este martes a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal como pactaron las dos partes en el acuerdo marco que firmaron el mes de noviembre del año pasado. Así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en el marco de la comisión de seguimiento de este acuerdo, en el cual se preveía una subida global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

Los sindicatos mayoritarios piden subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos un 7% de cara al 2027 y situarlo así por encima de los 1.300 euros al mes. En una rueda de prensa conjunta de la UGT y CCOO en Madrid, las dos organizaciones han defendido un incremento que llevaría a actualizar el umbral, como mínimo, hasta los 1.306 euros brutos en 14 pagas, o 1.524 euros en doce. Actualmente el salario mínimo en el Estado es de 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que equivale a 1.424 euros en doce mensualidades.

El Sindicato de Inquilinas lleva días flirteando con la idea de una huelga general ante la emergencia habitacional. De hecho, después de que hayan caído los dos decretos del gobierno español este viernes, esta ha sido la primera proclama: "¡Hacia la huelga general!" Es también el lema bajo el cual han convocado manifestaciones en todo el Estado para este fin de semana. Pero no son los únicos. El planteamiento también está sobre la mesa de CCOO y la UGT, que mantienen conversaciones con el movimiento por el derecho a la vivienda para valorar la opción de un paro, según confirman diferentes fuentes sindicales consultadas por el ARA. "No se ha dicho que no al escenario de una huelga general. Está abierto", indican las mismas fuentes.

La siniestralidad laboral continúa su tendencia alcista en Cataluña. Después de un 2025 especialmente crítico, que dejó cifras en máximos de más de una década de muertos en el puesto de trabajo, el primer semestre de 2026 se han registrado hasta sesenta defunciones relacionadas con el trabajo en el Principado. Según datos del Observatorio del Trabajo y el Modelo Productivo de la Generalitat difundidas por Comisiones Obreras, entre enero y junio han perdido la vida 43 personas durante la jornada laboral, un 10,26% más que el año anterior. A esta cifra hay que añadir los diecisiete siniestros in itinere (en el desplazamiento de ida o vuelta del trabajo), un 70% más que en el mismo período del curso pasado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado la “sensibilidad” del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el “problema” del absentismo laboral. Garamendi ha defendido "sentarse y hablar con todo el mundo" para abordar lo que se ha convertido en el gran caballo de batalla del mundo patronal español.

Con la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez en el punto de mira, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha salido en defensa del presidente del ejecutivo español: "Creo que no se apartará de la presidencia, ni creo que deba hacerlo, ha de agotar todo lo que le queda de legislatura", ha afirmado durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas de Información Económica, celebrado esta semana en Santander.

Hace días que Madrid es polo de atracción de grandes eventos –la visita del Papa ha coincidido con diez conciertos de Bad Bunny–, y el sindicalismo europeo ha querido poner su granito de arena. Esta semana, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha escogido el Palacio Vistalegre de la capital española como escenario de demostración de fuerza, pero también para advertir a Europa de que hará de muro de contención ante todos aquellos planteamientos que, a su parecer, supongan un retroceso en materia de derechos laborales y derechos humanos.

“Más industria, pero, sobre todo, de mejor calidad”: Salvador Illa y los principales agentes económicos del país han sellado este lunes el nuevo Pacto Nacional por la Industria. La hoja de ruta hasta 2030 prevé una inversión de casi 4.500 millones de euros en 190 actuaciones comprendidas en cinco grandes ámbitos, como la innovación o la ocupación. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat ha remarcado que el acuerdo "no es un pacto sectorial" sino un "de país y de futuro". El texto ha sido acordado con las dos principales patronales del territorio, Fomento del Trabajo y Pimec, y los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. El objetivo: que en 2030 la industria represente el 25% del producto interior bruto (PIB) catalán, el indicador macroeconómico que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio.

La Generalitat firma un preacuerdo con los sindicatos que representan la mayoría del sector y, en cambio, una mayoría muy amplia de los docentes que han participado en la consulta lo rechazan. No es la primera vez que ocurre algo similar. En diciembre de 2023 el departamento de Salud llegó a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, también en enfermería, y en cambio hubo una huelga indefinida que se alargó más de 40 días, encabezada por organizaciones que hasta entonces eran muy minoritarias. Las grandes movilizaciones de agricultores de febrero de 2024 no estuvieron encabezadas por el sindicato mayoritario Unió de Pagesos ni ningún otro sindicato agrario, sino por una organización nueva llamada Revolta Pagesa que operaba al margen de la representación establecida.

Las patronales y los sindicatos catalanes participarán en la toma de decisiones del consorcio paritario de inversiones entre el Estado y la Generalitat. El acuerdo de presupuestos ratificado por el Govern y Esquerra Republicana de Catalunya este martes prevé la creación de un consejo asesor para "orientar en las funciones" del organismo, así como de la sociedad mercantil de inversiones que deberá constituirse para garantizar su ejecución. Así lo ha confirmado el ejecutivo a las organizaciones económicas más representativas –CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball– en la reunión que han celebrado los cuatro con la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, este martes. Los representantes de trabajadores y empresarios han celebrado la propuesta, aunque han asegurado que todavía "se tiene que leer la letra pequeña".

De repente, los manifestantes empiezan a gritar: "¡Fuera, policía!" Poco después, dos personas abandonan caminando la protesta y se pierde su rastro en una esquina. ¿Quiénes son? Normalmente, una pareja de agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Comisaría General de Información, que visten de paisano y escuchan de cerca las concentraciones, sobre todo aquellas que pueden tener un componente violento. Ahora, pongamos por caso que la concentración ha terminado con disturbios y los manifestantes se reúnen en asamblea para decidir los próximos pasos. Tampoco es extraño que haya agentes de los Mossos camuflados para escuchar qué harán.