En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio pasado fue cuando Gabriel Rufián apareció por primera vez como uno de los nombres que los españoles valoraban como candidato a la presidencia del Estado. El porcentaje era bajísimo, de un 0,6%, pero lo que era significativo era que un dirigente de ERC, en concreto el portavoz del partido en el Congreso, apareciera en las quinielas. El fenómeno Rufián ha ido creciendo con el paso de los meses –en la encuesta de este mes de marzo el porcentaje había crecido hasta el 5,8%–, espoleado por su campaña a favor de un frente de izquierdas. Todos los partidos soberanistas de izquierdas, empezando por el suyo, ERC, le dieron la espalda y la sensación era que Rufián remaba a contracorriente, aunque él no se cansa de decir que lo que defiende es lo que siente en la calle y lo que a la izquierda siempre se le ha criticado: la falta de unidad. Y especialmente en un momento de auge de la derecha y la extrema derecha. Sumar saludó la propuesta de Rufián, pero le invitó a añadirse a la coalición que ya estaba negociando con Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid. Un proyecto donde no está, por cierto, Podemos. Es precisamente por eso que la persona que ha recogido el guante a Rufián es Irene Montero, la número dos del partido lila.

Podemos ha llegado a un acuerdo con Esquerra Unida y Sumar para presentarse en coalición a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. El pacto se ha sellado antes de que se cumpliera el plazo máximo legal para registrar la confluencia de izquierdas bajo el paraguas de la marca Per Andalucía, que acababa a las 23:59 h. En una negociación a contrarreloj, que se ha alargado más de doce horas desde que se inició el jueves por la mañana, las tres formaciones han anunciado un acuerdo para concurrir juntos en una candidatura que estará liderada por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo.

Nueve veces ha repetido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la "mano tendida" de los morados para ir en coalición con Izquierda Unida (EU) y Movimiento Sumar a las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. Y es que después de dos sonoras batacadas en las urnas en Aragón y en Castilla y León –con menos del 1% de los votos–, Podemos da un giro de 180 grados a la estrategia de los últimos meses y, por primera vez, se abre a aliarse con el partido de Yolanda Díaz en una cita electoral. Levanta así el veto que había impuesto a Sumar y que había hecho descarrilar otros entendimientos: "Con todos los actores", ha dejado claro en rueda de prensa. La oferta, que llega a cuatro días de que acabe el plazo para registrar coaliciones, no cambiaría el número 1 de Por Andalucía, el líder de EU, Antonio Maíllo.

La semana comienza de una forma muy peligrosa. Como saben, Trump ha anunciado ataques a las centrales eléctricas de Irán si no desbloquea el estrecho de Ormuz e Irán ha avisado de que su respuesta será atacar a las plantas desalinizadoras de los países del golfo Pérsico. Tú me atacas la luz y yo te ataco el agua.

El PSOE y Podemos pactaron a principios de año una regularización masiva de migrantes para dar papeles a medio millón de personas que ya viven en el Estado. Lo hicieron a través de la elaboración del reglamento de extranjería para que no tuviera que pasar por el Congreso, donde difícilmente habrían reunido la mayoría para sacarlo adelante. Pero el PP ha encontrado una rendija para intentar influir en el Senado, a través de la ley sobre la multirreincidencia impulsada por Junts que se votó la semana pasada en la cámara alta. Los populares impulsaron una enmienda para endurecer las condiciones de la regularización de migrantes y, según ha podido saber el ARA, Junts votará a favor este jueves en la votación definitiva en el Congreso. La regularización saldrá adelante igualmente, pero aumentarán los controles para obtener el permiso de residencia.

Ha sido una semana convulsa a la izquierda del PSOE. Comenzó con la resaca de una sonora batacada en las elecciones de Castilla y León y ha acabado con los ministros de Sumar haciendo un pulso a Pedro Sánchez para incluir medidas en vivienda en el escudo social contra la guerra. En medio, la irrupción del tándem Irene Montero - Gabriel Rufián ha sacudido el tablero. El acto que compartirán en Barcelona dentro de veinte días ha hecho entrar a Podemos de nuevo en la ecuación y sacarlo del aislamiento en que estaba inmerso desde hacía tiempo. El entorno del portavoz de ERC en el Congreso lo circunscribe a "un acto y nada más que un acto", pero los morados dejan entrever que puede cristalizar en una futura alianza electoral. "No se me ocurre un equipo mejor, tienen un camino que espero que puedan recorrer", reivindicó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Y la misma Irene Montero reconoció públicamente que un tándem electoral con Rufián es una "muy buena idea" y, a diferencia de lo que sostienen desde el entorno del republicano, confesó que citas como esta se hacen "no solo para las generales, sino también para las generales".

"Un partido que ha tenido a Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas y Pere Aragonès está por encima de todo". El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este viernes la importancia de su formación por encima de cualquier disputa concreta, también en lo que respecta al nombre de los candidatos. "No tenemos ningún miedo de nada", ha respondido en una entrevista a la SER Catalunya cuando se le ha preguntado si teme que Gabriel Rufián pueda abandonar ERC en busca de un frente estatal de izquierdas. "ERC va mucho más allá de todo", ha insistido. "Si no hemos tenido miedo de la cárcel, ¿cómo hemos de tener miedo de cualquier otra cosa, y menos de esto", ha dicho.

La división de la izquierda será tan antigua como la izquierda misma. El purismo ideológico, la rigidez doctrinal y la escasa habilidad táctica, añadidas en ocasiones a un personalismo que teóricamente rechazan, son características históricamente asociadas a los grupos y grupúsculos que se han situado a la izquierda de la izquierda "oficial". Unos condicionantes que a menudo les llevan, de forma casi inexorable, a la disidencia ya la fragmentación, y que acaban traduciéndose en una impotencia política inversamente proporcional a la virtud ideológica que predican.

"Sería inaceptable que en próximas citas electorales, las fuerzas progresistas democráticas no fueran capaces de articularse de la forma que sea para construir frentes populares democráticos amplios que puedan detener a la derecha y la extrema derecha". Son las palabras que pronunció Ada Colau en octubre, justo después de regresar a Cataluña después de participar en la Flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza y que acabó retenida por el gobierno de Israel. En estas declaraciones ya resonaba un aval velado en la propuesta de Gabriel Rufián de un frente plurinacional de izquierdas. Ahora que el portavoz de ERC en el Congreso da un paso más para defender este proyecto, con un acto conjunto con un portavoz de Más Madrid, Colau hizo explícita su bendición a la llamada de Rufián a la unidad de las izquierdas.

La legislatura española a menudo cuelga de un hilo. La aritmética endemoniada que dejaron las elecciones del 23-J obliga a Pedro Sánchez a "sudar la camiseta" en cada votación. Una de las asignaturas en las que más sufre el gobierno español es en la convalidación de los decretos ley, normas que aprueba el consejo de ministros y que necesitan el aval del Congreso. Esta legislatura se ha derogado cinco, el mismo número que en los 45 años anteriores. No sorprende que los dos aliados habituales que más veces han abandonado la Moncloa sean Junts y Podem. Por contra, Esquerra es el único socio que ha votado a favor de los 31 decretos ley que el gobierno español ha impulsado y que se han sometido a votación en la cámara baja. Los republicanos son, junto al PNV, los únicos que tienen una cláusula específica en el acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE en la que se comprometen a "dar estabilidad" a la legislatura "en paralelo al cumplimiento de los compromisos adquiridos" a través de la "voluntad de aprobar", entre otras cosas, los decretos leyes.

Quisiera creer que en cuanto a su forma de concebir la participación en la vida política, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no será lo mismo después de las experiencias que está teniendo estos días. El acto más solemne y digno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín, de Huelva. En ese funeral de estado lo más importante fue la intervención de Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas mortales. "Somos las familias [ahora ya 46] que lucharán por saber la verdad", dijo, por subrayar el sentido y el propósito de sus palabras. "Solo la verdad –añadió– nos ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio".

El presidente Illa continúa ingresado y, por tanto, hoy fue el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, quien contestó las preguntas formuladas al presidente en la sesión de control.

Podemos había sido hasta ahora un muro ante el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración en Cataluña. "No se hará con los votos de Podemos", aseguraba el partido lila, muy beligerante con los motivos "racistas" que achacaba al pacto. Esta oposición frontal era el principal escollo para materializar una de las exigencias de los de Carles Puigdemont para apoyar parlamentario a los socialistas. El incumplimiento de este punto fue, de hecho, uno de los principales motivos esgrimidos por los junteros para romper con la Moncloa. En uno de los momentos más delicados de la legislatura, con el gobierno español contra las cuerdas por la crisis ferroviaria, el PSOE ha pulsado la tecla que Podemos ya había apuntado que podía ser el deslumbrante de este bloqueo: la regularización de medio millón de personas que ya están en el Estado.

Pacto entre el PSOE y Podemos para regularizar a los inmigrantes irregulares que ahora mismo están en España. Así lo ha anunciado la formación lila, a través de la eurodiputada Irene Montero, en un acto este lunes en Madrid, donde ha anunciado que el gobierno español hará un decreto de forma inmediata para poner fin a la situación de irregularidad de estas personas en el seno de España. Fuentes de la Moncloa confirman al ARA que será este martes mismo. La medida afectaría a medio millón de migrantes (de los que más de 150.000 residen en Catalunya), según cálculos de la formación lila, los cuales tendrán que acreditar cinco meses de residencia en España previos al 31 de diciembre del 2025. Tendrán tiempo para realizar los trámites hasta dentro de seis meses, el 30 de junio.

Hace tiempo que la izquierda del PSOE ha puesto en marcha una operación de renovación. Sumar, el movimiento ciudadano que Yolanda Díaz impulsó en abril del 2023, se convirtió apresuradamente en una coalición electoral de cara al 23-J para cobijar a progresistas de todo el Estado. Pero casi tres años después ha perdido su empuje en un inicio. Desde la unidad de ese momento, la galaxia de Sumar ha sufrido un divorcio irreconducible con Podemos; la deserción de parte de Compromís; tres derrotas electorales en Galicia, en el País Vasco y en las europeas, y ha desprendido una polifonía en temas primordiales sin conseguir la seducción que buscaba. Ahora bien, las izquierdas no echan la toalla y se han conjurado para reflotarse. Desde hace meses, con especial énfasis en las últimas semanas, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes –los cuatro partidos con presencia en el consejo de ministros– están manteniendo conversaciones para realizar una actualización global necesaria a la alianza de cara a las futuras elecciones generales. Ahora bien, el nuevo horizonte se dibuja después de que Podemos se haya separado de él y Compromís se haya distanciado de él, sin un liderazgo definido y con dudas profundas sobre el rol que debe tener Yolanda Díaz.

Los casi 88.000 aragoneses que en las elecciones generales de 2023 optaron por la papeleta de Sumar se encontrarán con un dilema en las próximas elecciones autonómicas, el 8 de febrero. Si en aquella ocasión pudieron votar una candidatura unitaria de las fuerzas a la izquierda del PSOE, ahora tendrán que elegir entre tres listas distintas: la de Izquierda Unida y Sumar, la de Podemos y la de la Chunta Aragonesista (CHA) y Verds Equo. A este estropicio se añade el hecho de que, mientras compiten electoralmente, la Chunta seguirá integrada dentro del grupo de Sumar en el Congreso. De las tres formaciones, la CHA es ahora mismo quien más peso tiene en las Cortes de Aragón: tiene tres diputados, por delante de Podemos (1 diputado) y Izquierda Unida (1 diputado). Por si fuera poco, el candidato de la CHA es nada menos que Jorge Pueyo, diputado en el Congreso y, por tanto, miembro de Sumar en la cámara baja.

Se ha hecho habitual ver al gobierno español perder votaciones o necesitar acuerdos con múltiples partidos políticos. Pero hace diez años que el PP o el PSOE empezaron a tener ese quebradero de cabeza. Las elecciones del 20 de diciembre del 2015 dieron paso a una fragmentación inédita en el Congreso de los Diputados, y acabaron con el bipartidismo histórico: perdió 83 escaños, mientras que Podemos y Ciutadans –procedente de Catalunya– irrumpieron en la Cámara Baja con 69 y 40 diputados, respectivamente. Pese a las evidentes discrepancias políticas, la noche electoral ambas formaciones hicieron el mismo diagnóstico: Pablo Iglesias, el líder de los morados, reivindicó que había "nacido" una "nueva España" y Albert Rivera, el rostro más visible de Cs, celebró que empezaba una "nueva era política de esperanza e ilusión". Ninguno de los dos proyectos tiene hoy esa fuerza –Cs incluso ha desaparecido–, pero el bipartidismo no se ha recuperado. Ahora son Vox y Sumar quienes les han tomado el relevo para consolidar un sistema con cuatro partidos estatales que conviven con la retahíla de partidos autonómicos que también son clave para la gobernabilidad.

La unidad a la izquierda del PSOE que logró Irene de Miguel en Extremadura va camino de convertirse en un espejismo. Unidas por Extremadura es la coalición que sumó Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde bajo el mismo paraguas –Sumar no se presentó y apoyó–. Y es también la suma que permitió inyectar optimismo a un espacio que no pasa por su mejor momento a raíz del estropicio entre Sumar y Podemos, y en un momento en el que la demoscopia le pronostica un bajón a escala estatal. Por eso, los resultados de Extremadura, en los que Irene de Miguel hizo crecer tres escaños la coalición unitaria, son un pequeño oasis que, por ahora, se hace difícil de replicar en otros territorios que tienen elecciones autonómicas a la vista, como Andalucía, pero también en todo el Estado, donde la unidad que Yolanda Díaz tejió por las elecciones del 2023 está debilitada: Podemos rompió con Sumar, y Esquerra Unida s'all.

Una de las preocupaciones en el PSOE de cara al próximo ciclo electoral es la capacidad de resistir del espacio a su izquierda. Fuentes socialistas tildan de "desastre" la posibilidad de que varias marcas concurran por separado, porque puede diluir su fuerza, e instan a las formaciones de este espacio político a organizarse para evitar que esa atomización les deje sin un socio con escaños suficientes para revalidar una coalición de gobierno. Si Pedro Sánchez logra aguantar hasta el 2027, tal y como ha dicho que pretende hacer, todavía hay margen de maniobra a nivel estatal. Ahora bien, el adelanto electoral en Extremadura ha obligado a estas formaciones a moverse deprisa para cerrar una candidatura autonómica cara al 21 de diciembre. El resultado es que la nueva cita ha vuelto a reavivar la batalla entre Sumar y Podemos.

Lo que por la mañana parecía que debía ser un vía crucis para el PSOE ha acabado siendo, tras varios giros de guión, una nueva victoria parlamentaria de Pedro Sánchez, que vuelve a demostrar una vez más que es un auténtico especialista de la supervivencia política en las condiciones más difíciles. En este caso, la novedad es que el partido que ha salvado a Sánchez no ha sido ni ERC ni Junts, sino Podemos, que había amenazado con tumbar tanto el embargo de armas a Israel como la ley de movilidad. Por último, ha votado a favor del embargo de armas y se ha abstenido en la ley de movilidad, y Sánchez ha podido salvar al match ball.