Salvador Illa ha anunciado este lunes un primer paquete de ayudas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio en la economía catalana. En concreto, este martes el Govern aprobará movilizar 400 millones de euros en ayudas directas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para proteger el tejido empresarial del país, así como las familias. Las ayudas se centrarán especialmente en el transporte, la agricultura y la pesca, los sectores más afectados por el impacto de la guerra, y está previsto que el paquete pueda "ampliarse" según la evolución del conflicto. Este conjunto de medidas deben sumarse a las protecciones desplegadas la semana pasada por el gobierno español.

La guerra en Oriente Medio ha marcado una sesión de control en el Congreso de los Diputados con la mirada puesta en el viernes, cuando el presidente español, Pedro Sánchez, tendrá que detallar las medidas para paliar los efectos económicos del conflicto. Un plan de choque que hoy por hoy es la prioridad del gobierno español, hasta el punto de que enfría la posibilidad de presentar los presupuestos de este año durante este primer trimestre, tal como se había comprometido Hacienda hasta ahora. En una rueda de prensa después de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Sánchez ha dejado en el aire la presentación de las cuentas este mes ante "la gravedad de la situación internacional". De hecho, ha considerado que es una de las "peores crisis" de su mandato. Y es que ahora mismo Sánchez no tiene apoyos para sacar adelante unos presupuestos y gobierna con las cuentas prorrogadas desde el año 2023. Para cumplir con el compromiso que hasta ahora había mantenido, se tendrían que presentar la semana que viene –cuando Sánchez comparece para explicar su posicionamiento sobre la guerra de Irán– o durante la Semana Santa. Después, lo más probable es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje el ejecutivo para ser candidata a las elecciones de Andalucía, que Juanma Moreno Bonilla tiene que convocar (se habla del 31 de mayo o del 21 de junio, ya que la semana del 6 al 12 hay la visita del Papa a España).

Nueva derrota del gobierno español en el Congreso. La cámara baja ha aprobado la revalorización de las pensiones un 2,7% este 2026 (sólo Vox ha votado en contra), pero ha tumbado, por segunda vez, el decreto del escudo social y el decreto que ha impulsado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que preveía que el gobierno español pudiera limitar los precios de bienes. Ambas medidas se han tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. "Tengan claro que la gente tomará nota [de su decisión] y tiene memoria", ha dicho Bustinduy.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una ayuda de 570 euros mensuales para parados de entre 30 y 55 años que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo. Esta nueva ayuda está disponible desde abril de este año y pretende apoyar económicamente a quien tenga unos ingresos mensuales inferiores al 75% del salario mínimo.

Nos piden un futuro sostenible, nos animan a que adquiramos vehículos eléctricos, a que nos instalemos placas solares y sistemas de aerotermia o geotermia o lo que sea que produce energía sin emitir CO2 porque el planeta se está yendo a freír espárragos. Para que soltemos el dinero, nos seducen con ayudas públicas que, en teoría, hacen rentables unas inversiones que, de otro modo, no lo serían. Sin embargo, detrás de estas promesas se esconde una maraña burocrática que convierte la ayuda en engaño y la ilusión en frustración.

Una trabajadora del Ayuntamiento de Barcelona habría desviado dinero de ayudas sociales a cuentas bancarias que no son de los usuarios a los que iban destinados. Según ha avanzado Catalunya Ràdio y confirman fuentes municipales consultadas por el ARA, se trata de una trabajadora del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), al que se le ha abierto un expediente disciplinario y que ya ha quedado suspendida de sus funciones y apartada de su puesto de trabajo. El consistorio, que no concreta la cantidad presuntamente desviada, ha puesto ya el caso a disposición judicial.

Nuevo empuje económico para el comercio y la artesanía. El Departamento de Empresa y Trabajo ha anunciado una nueva línea de ayudas dotada con 9,1 millones de euros para el año 2025. Esta convocatoria se enmarca en el Plan de Competitividad, Crecimiento e Innovación 2024-2028, una iniciativa estratégica que busca fortalecer el comercio, la artesanía y la moda de Cataluña.

A propósito de el anuncio de Salvador Illa, que venía del gobierno de Pere Aragonès, de dar una ayuda a las familias con dos hijos que cobren 3.700 euros entre ambos, los lectores del ARA se han puesto las manos en la cabeza. "3.700 euros es poco? 500 euros, que tendrán que devolver al cabo del trimestre. Por lo tanto, son unos 3.000. . Quedan 1.250. El autónomo, sobre todo si vive fuera de Barcelona, ​​necesita un coche para trabajar, que hará muchos kilómetros del crédito del coche, 100 de transporte público y gasolina. inodoro, jabón para lavar y lavarse, congelados, legumbres, pañales, carne, latas, embutido… son como mínimo 100 euros. Imaginemos, que es muy imaginar, que con este presupuesto puede, también, comprar pescado o alguna golosina para el sábado. Los extras, como cambiar los neumáticos del coche, la contribución urbana, una reparación… deben salir de aquí. pagas extras, en verano y en Navidad si hacen fiesta no cobran ninguna capacidad de ahorro para los meses de sequía y no pueden hacer vacaciones. Dos hijos son pañales y extraescolares, profeso de refuerzo.

El consejo de ministros de este martes ha aprobado un decreto con algunas de las medidas que Pedro Sánchez anunció para mitigar el impacto económico de la política arancelaria de Donald Trump sobre empresas y trabajadores. Pese a que la Unión Europea está haciendo manos y mangas para llegar a un acuerdo con Estados Unidos que suponga una salida de la guerra comercial, el Estado, con el objetivo de enviar un mensaje de tranquilidad a los sectores más afectados, ya ha prometido la movilización de hasta 14.100 millones de euros. Una parte son partidas presupuestarias ya anunciadas con anterioridad, como es el caso del Plan Moves III, mientras que otras se reorientan o se aprueban de nuevo. Del dinero anunciado, el consejo de ministros de hoy martes ha activado 7.720 millones.

El destrozo provocado por la DANA en el tejido del sector cultural valenciano fue tan enorme que el ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ha elaborado un plan especial de ayudas que se suman al plan de choque económico para familias y empresas que ya había anunciado el ejecutivo español. ayudas serán las librerías y las salas de cine, para las que se han aprobado dos líneas de ayudas directas, cada una con una dotación de 300.000 euros.

El gobierno español despliega un primer plan de choque económico para que familias, empresas y autónomos puedan afrontar las pérdidas materiales causadas por la DANA, sobre todo en la Comunidad Valenciana –se ha aprobado la declaración de zona catastrófica–, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Se trata de un plan destinado a los 78 municipios más afectados por la catástrofe y que supondrá hasta 10.600 millones de euros, según detalló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este martes al mediodía en una comparecencia ante los medios de comunicación .

Leemos en el ARA que “se mantiene hasta el 30 de septiembre la rebaja del IVA del 4% al 0% para los alimentos de primera necesidad”, que eran hasta ahora el pan, la leche, la harina, los huevos, frutas y verduras, legumbres y cereales. A partir de ahora se añade el aceite de oliva. La pasta y algunos aceites mantendrán un IVA del 5% también hasta finales de septiembre (el tipo normal es del 10%).

España vive una primavera económica, pero el sol no calienta por igual a todos los hogares. La reflexión la ha lanzado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, este martes durante la presentación de la memoria socioeconómica y laboral correspondiente al año 2023 y que elabora anualmente el organismo. Ha sido la forma a través de la que Costas ha dado pie a una de las conclusiones más preocupantes del informe: en el 2023, año en el que el coste de vida continuaba por las nubes pese a la progresiva normalización de los precios, crecieron los hogares que sufren carencia material severa (ya son un 9% del total); también aquellas que llegan a fin de mes con mucha dificultad (9%), así como las familias que viven en situación de pobreza energética (20,7%). También creció la pobreza infantil. "No puedo entender cómo aceptamos que España siga siendo uno de los países europeos con mayor pobreza infantil", ha dicho Costas.

Presupuestos. Faltan 24 horas para la votación de mañana en el Parlament. En el momento en que les hablo, no hay acuerdo entre el Gobierno y los comunes, pero puede haberlo.

Criar a hijos en Suecia, a la vez que gran parte de mi trabajo es estudiar cómo reducir la pobreza infantil, me permite vivir en persona alguna de las principales medidas para conseguirlo. Una de ellas es la prestación universal en la crianza. Cada mes recibimos 265 euros por ayudarnos en los gastos de dos criaturas, y así pasará hasta que acaben sus estudios. Independientemente de nuestros ingresos, y sin haber pedido nunca esa ayuda, ni asumido trámites burocráticos. Y aunque pueda parecer un milagro nórdico, lo mismo ocurriría –y con mayores cuantías– si viviera en Alemania, Países Bajos o Polonia. De hecho, en gran parte de Europa.

Hay 400.000 hogares en todo España que tendrían derecho a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) pero que no lo solicitan. Es lo que en inglés se denomina non-take-up. Detrás está la compleja tramitación de este tipo de prestaciones, la falta de información alrededor de la ayuda, el miedo a no recibirla porque ya se está cobrando alguna otra prestación, como por ejemplo el paro, o incluso el estigma, entre otros motivos. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su primer análisis sobre el IMV desde que se puso en funcionamiento justo con el estallido de la pandemia, en junio del 2020.

Un paso más para conseguir que la renta garantizada de ciudadanía (RGC) pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital (IMV). La proposición de ley de los comunes para modificar esta prestación y hacerla más flexible ha superado el debate en el Parlamento, y ahora continuará la tramitación. PSC-Unidos, ERC, Junts y la CUP-NCG también han apoyado al nuevo texto. De hecho, los dos socios del Govern han retirado la enmienda a la totalidad que habían interpuesto, de forma que no ha hecho falta ninguna votación en el pleno de este miércoles. El objetivo de la proposición de los comunes es "resolver vacíos" legales de la norma para facilitar la complementariedad de la RGC con el IMV estatal, "maximizar las posibilidades de llegar a colectivos no atendidos hasta ahora por la renta garantizada", sobre todo para aquellas familias que tienen hijos a cargo, y la creación de una nueva prestación complementaria para cubrir las necesidades básicas de acceso a la vivienda.

La Generalitat Valenciana concederá una ayuda de 300 euros a los trabajadores autónomos para que puedan paliar parte de los efectos de la subida de los costes energéticos generada por el incremento del precio de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo. La medida la ha anunciado este jueves el presidente del Consell, Ximo Puig, durante la sesión de control al ejecutivo celebrada en las Cortes.

Son un máximo de 250 euros al mes durante dos años para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de entre 18 y 35 años. Se trata de una ayuda estatal que fue una de las medidas estrella de Pedro Sánchez durante la presentación de los presupuestos y que se concretó en enero con un real decreto. Esta semana –a partir del 8 de junio– ya se puede pedir en Catalunya y de forma retroactiva. La Generalitat, sin embargo, ya adelanta que prevé un alud de solicitudes y que lo más probable es que la demanda supere de lejos la oferta, porque la partida económica que el Estado ha destinado a los jóvenes catalanes es insuficiente (29 millones de los 200 disponibles). Ante esta descompensación, el Govern confirma que el único factor que marcará la diferencia para recibir o no la ayuda será el orden de solicitud.

"Este caso es un cúmulo de despropósitos muy graves". El mismo Ayuntamiento de El Prat, que es quien concedió la ayuda a Mayra, admite que lo que le ha pasado a esta madre de familia de 46 años es, como mínimo, "profundamente injusto". En 2019 se vio obligada a pedir una ayuda de emergencia porque la echaron de la habitación donde vivía realojada con sus tres hijos, que entonces tenían 14, 11 y 2 años. "No tenía adónde ir", explica. En enero del 2020 el Ayuntamiento de El Prat les ofreció una habitación en un piso compartido. Vivían los cuatro en una sola habitación en una casa donde había, en total, una veintena de personas vulnerables y con situaciones complejas. "La convivencia era muy difícil", dice Mayra. Poco después, la pandemia y el confinamiento alargaron esta estancia de manera obligada. La situación no era fácil pero la peor noticia llegó un año después: Hacienda le reclamó por carta 2.271 euros.