Vivienda
Economía 18/01/2022

Hasta 250 euros al mes durante dos años: así funcionan las nuevas ayudas a jóvenes arrendatarios

El consejo de ministros aprueba el plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros

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Una promoción de pisos en alquiler a la ciudad de Barcelona.

MADRIDEste martes verán la luz una batería de medidas en materia habitacional. A pesar de que el proyecto estrella, la ley de vivienda estatal, todavía tendrá que esperar unos días para llegar a la segunda vuelta en el consejo de ministros, después de que el CGPJ no aprobara el primer informe sobre la normativa , el ejecutivo ha aprobado dos otros paquetes para facilitar el acceso a la vivienda, en especial a la población joven: el bono joven del alquiler y el plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros.

Por un lado, el consejo de ministros ha aprobado vía real decreto ley el bono joven del alquiler, anunciado en octubre por Pedro Sánchez . Se trata de una ayuda mensual de 250 euros para jóvenes de 18 a 35 años y presupuestada en las cuentas públicas del Estado del 2022 con 200 millones de euros. No será compatible con otras prestaciones similares que dan las comunidades autónomas o los ayuntamientos, pero se podrá complementar con las ayudas del plan estatal de vivienda, según explican fuentes del ministerio de Transportes al ARA. Ahora bien, este subsidio todavía tardará "un par de meses" en hacerse efectivo, según explicaba este lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, porque una vez lo apruebe el consejo de ministros se tendrá que negociar con las comunidades autónomas de régimen común (quedan fuera Navarra y el País Vasco, confirman las mismas fuentes) el reparto definitivo por regiones del presupuesto, si bien será un bono retroactivo y, por lo tanto, se podrá cobrar ya desde el 1 de enero, añadía Sánchez. A la espera de conocer los detalles, estas son las líneas maestras de la norma.

Las claves del bono del alquiler

¿Qué jóvenes podrán disfrutarlo?

Aquellos jóvenes de 18 a 35 años que puedan demostrar que viven en régimen de alquiler. Podrán solicitarlo si están dentro del contrato de arrendamiento y acreditan tener ingresos porque están trabajando. Estos ingresos, sin embargo, no podrán ser más de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, unos 24.300 euros anuales, explican fuentes del ministerio de Transportes al ARA. Ahora bien, este umbral podría llegar hasta los 32.400 euros si la persona que recibe la ayuda se tiene que mover a otra ciudad por motivos laborales y los alquileres son más caros.

Inmuebles de hasta 600 euros

Para acceder a la ayuda, sin embargo, la renta máxima del inmueble no podrá superar los 600 euros mensuales. En las comunidades donde los alquileres son más elevados, como pueden ser Madrid o Catalunya, el límite podría llegar a los 900 euros si los gobiernos autonómicos lo deciden así. Una "flexibilización" que comunidades como Catalunya habían pedido.

Ahora bien, habrá excepciones en el supuesto de que se alquile una habitación. Para recibir la ayuda, el precio máximo de esta habitación no podrá superar los 300 euros, si bien las comunidades tendrán margen para ampliar el límite hasta los 450 euros en caso de que se trate de zonas con precios muy elevados como pasa en Madrid, Barcelona o Sevilla. La ayuda continuará siendo de 250 euros.

Para no duplicar prestaciones, quedarán fuera de este bono del alquiler aquellos jóvenes que ya reciban alguna ayuda desplegada por la comunidad autónoma o el ayuntamiento del municipio donde viven. En cambio, sí que se podrá complementar con el ingreso mínimo vital y las ayudas de acceso a la vivienda recogidas al plan estatal de vivienda, según explican fuentes del ministerio al ARA.

¿Durante cuánto tiempo se podrá recibir?

Cada persona podrá recibir la ayuda durante un máximo de dos años y lo tendrá que destinar exclusivamente al pago del alquiler, de forma que el arrendatario tendrá que justificar que ha destinado el dinero a pagar el alquiler. Así, si una persona paga 200 euros de alquiler, solo recibirá este dinero. El gobierno español ha estimado que la ayuda llegará a unos 70.000 jóvenes. Según el INE, en España hay casi 600.000 arrendatarios con ingresos bajos que no superan los 35 años.

Nuevo plan estatal de la vivienda

Con todo, el consejo de ministros de este martes también ha aprobado el plan estatal de acceso a la vivienda para los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2025. Este plan, que está presupuestado con 1.700 millones de euros, recoge ayudas a la vivienda, pero también el nuevo seguro de impago del alquiler que en noviembre anunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Este seguro estará limitado por los ingresos de los beneficiarios (no podrán superar tres veces el IPREM) y por el precio máximo de la vivienda, que se negociará con las comunidades autónomas. Será una póliza que garantizará el pago del alquiler durante un máximo de un año y no podrá superar el 5% del precio anual de la vivienda.

A la espera del CGPJ

Sobre la decisión del Poder Judicial de elaborar una nueva ponencia de informe sobre la ley de vivienda estatal, después de que el pleno rechazara la que había planteado el vocal propuesto por el PSOE, la ministra de Transportes se ha mostrado confiada en tener "pronto" la normativa aprobada en segunda vuelta en consejo de ministros. "La ley contará con todas las garantías", ha dicho Sánchez en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Desde Unidas Podemos no se quiere que la decisión del Poder Judicial modifique el texto actual, mientras que Sánchez ha recordado que "es un texto perceptivo, no de obligado cumplimiento". De hecho, fuentes de Moncloa explican que "nadie dentro del gobierno se plantea modificar el texto".

El Estado toma el control de la Sareb

El consejo de ministros aprobará este martes un real decreto que permitirá que el Estado, a través del Frob, tome el control de la Sareb (más del 50% de las acciones), el banco malo creado en 2012 que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros rescatadas en la anterior crisis. El ejecutivo dará luz verde a un cambio legal que permitirá al Estado tener mayoría en el accionariado de la compañía. Este primer paso se quiere complementar con una salida de los accionistas privado s que le permitiría tener un control total.

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