Ayuda mensual de 250 euros para los jóvenes y rebaja de alquileres: las medidas del Estado para la vivienda

MadridFinalmente ha habido acuerdo para una ley de la vivienda en el Estado. Después de once meses de retraso, este martes el PSOE y Unidas Podemos han llegado a un consenso para sacar adelante una nueva legislación antes de acabar el año, como recoge el plan normativo para 2021. A la espera de conocer los detalles técnicos de la futura ley estatal de vivienda, el pacto entre los dos socios del gobierno de coalición español recoge que los grandes propietarios, es decir, los que tienen 10 viviendas o más, tendrán que rebajar el precio del alquiler de acuerdo con el índice de referencia de los precios del alquiler que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó el verano pasado. En concreto, la medida busca rebajar los precios de los alquileres de todos los contratos firmados con grandes propietarios en zonas declaradas "tensionadas", según explican fuentes de Unidas Podemos.

Aun así, este punto de la ley diferenciará entre personas jurídicas (empresas y grandes fondos de inversión) y personas físicas, según fuentes conocedoras de la negociación. Mientras que aquellas personas físicas que tengan en propiedad más de 10 viviendas no se verán obligadas a rebajar el precio de los alquileres en función del índice de referencia, las personas en régimen jurídico sí. Pero, a su vez, si en el primer supuesto –las personas en régimen físico– quieren acceder a las bonificaciones fiscales tendrán que reducir el precio según el índice de todas las viviendas que tengan en propiedad. Además, el acuerdo también implicaría retirar los "privilegios fiscales" de los grandes tenedores de vivienda, según fuentes de la formación lila. Pero es una medida que el gobierno español no ha especificado.

En cuanto a los pequeños propietarios (menos de 10 viviendas), el acuerdo recoge que la ley les obligará a congelar los alquileres en aquellas zonas "tensionadas", así como una retahíla de incentivos fiscales para rebajar el precio, explican fuentes de Unidas Podemos. Un "pequeño propietario" es, según el gobierno español, aquel que tiene menos de 10 viviendas en propiedad. Uno de los objetivos que persigue el gobierno español es el de movilizar las viviendas vacíos de propietarios a través de estos incentivos fiscales. En concreto, se podrán llegar a beneficiar de bonificaciones de hasta el 90% en caso de que rebajen los alquileres, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Vivienda social e impulso de la emancipación joven

El gobierno español también ha acordado ampliar el parque de vivienda pública de alquiler y reservará el 30% de todas las promociones a la vivienda de protección oficial –la mitad de ella, es decir un 15%, para el alquiler social–, como ha explicado la portavoz del ejecutivo central, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes. Además, los dos socios de gobierno han acordado la posibilidad de un recargo del IBI de hasta el 150% que los ayuntamientos podrán aplicar a los propietarios (grandes o pequeños) en caso de que la vivienda esté vacía, explican fuentes de la formación lila.

A todas estas medidas se añade un "bono joven" para poder facilitar el acceso a la vivienda de la población joven. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que se creará un bono de 250 euros mensuales para los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan una renta inferior a los 23.725 euros anuales. Esta ayuda se podrá cobrar durante dos años. Se trata de dar respuesta a la "demanda de emancipación" de los jóvenes, ha dicho Sánchez durante el primer Foro Urbano de Urbanismo celebrado en Sevilla. Una propuesta que el ex presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, ya anunció en 2007 –justo antes de la crisis financiera– de la mano de la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón. En aquel caso eran 210 euros mensuales durante cuatro años.

La normativa estatal tiene que servir sobre todo como paraguas jurídico para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan "contener" el alquiler en las zonas llamadas "tensionadas", ha explicado Bolaños. En el caso catalán, la ley de la Generalitat que regula los precios del alquiler cuelga de un hilo después de que el mismo gobierno español la llevara al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, habrá que ver qué impacto tiene la ley estatal sobre esta normativa. "La ley de vivienda no derogará las otras leyes y, sin ley estatal, [las autonómicas] no tendrían paraguas jurídico. Este será el marco general", ha dicho el ministro de la Presidencia.

Rehabilitación

El consejo de ministros de este martes también ha aprobado cinco programas diferentes que ayudarán a subvencionar hasta el 80% de algunas actuaciones de rehabilitación de las viviendas. Las subvenciones podrán llegar a un máximo de 21.400 euros por inmueble, en función del ahorro en el consumo de energía que se consiga con la rehabilitación. En caso de vulnerabilidad social o económica, las ayudas podrán llegar a cubrir el 100% del coste de la mejora de los edificios, barrios y viviendas. Pero estos programas movilizan una inversión que no es española, sino europea. Con ellos el gobierno español "regula" hasta 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial, así como en la construcción de vivienda social, con cargo a los fondos europeos antipandemia.

Negociación complicada

La ley de vivienda acumulaba once meses de retraso y la regulación de los alquileres era el principal escollo. A pesar de que el compromiso acordado entre el PSOE y Unidas Podemos el año pasado era regular los precios, la formación socialista lo enfrió planteando otras vías como la de los incentivos fiscales, que por ahora se mantiene. A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo actual, que ha desbloqueado los presupuestos del Estado para el año que viene, los socialistas hasta ahora proponían la congelación de los precios en aquellas zonas donde el mercado inmobiliario esté tensionado (se aplicará a los pequeños propietarios) y también planteaban incentivos fiscales, como retirar parte de la desgravación del IRPF a los propietarios que no se adapten al índice de precios del Estado, o incentivos para que los propietarios con viviendas vacías las ofrezcan en el mercado, según explicaba el antecesor de Raquel Sánchez en el ministerio de Transportes, José Luis Ábalos. Medidas que habrá que ver si finalmente se recogen o no en la ley.

Por su parte, Unidas Podemos rechazaba los planteamientos del PSOE porque no recogían lo que en aquel momento se firmó: una regulación de los alquileres en las zonas definidas como "tensionadas", donde los precios están por las nubes. Finalmente, la formación lila habría arañado que los grandes propietarios tengan que rebajar los precios de los alquileres por ley en estas áreas. La negociación de la ley de la vivienda estaba encabezada por el ministerio de Transportes (PSOE) y Derechos Sociales (Unidas Podemos), pero las últimas semanas se había añadido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.