El gobierno español recurre la ley de alquileres catalana pero no pide su suspensión inmediata

MadridDespués de semanas de tira y afloja y de negociaciones con la Generalitat, el gobierno español ha acabado optando por un punto intermedio en cuanto a la ley catalana de vivienda que regula los alquileres. Sí que la recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya hizo el PP, pero no pedirá la suspensión cautelar, que dejaría la norma sin efecto inmediatamente.

Lo ha confirmado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva federal socialista. El también secretario de organización del PSOE ha afirmado que era "impossible no recurrir" con un informe "tan negativo" del Consejo de Garantías Estatutarias, que el verano pasado ya tumbó por unanimidad una buena parte del texto acordado por JxCat, ERC, CatECP y la CUP, y con el voto en contra del PSC.

Ahora bien, ha puntualizado que era un "gesto importante" que no se pidiera la suspensión inmediata. Esto quiere decir que se mantendrá vigente hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva el recurso o bien se apruebe en el consejo de ministros una ley estatal que deje en papel mojado la catalana. En este sentido, Ábalos ha subrayado que continuaban trabajando para impulsar pronto una ley de vivienda que "garantice la seguridad jurídica", porque "la única manera de garantizar un derecho es hacerlo dentro de un derecho". No es del mismo parecer Podemos, que presiona para que se regule el precio del alquiler y la norma se apruebe cuanto antes mejor.

El Sindicato de Inquilinos –uno de los grupos que negoció en el Parlament la norma catalana– ha lamentado la decisión de los socialistas y ha asegurado que, a pesar de que no se haya pedido su suspensión, el recurso "pone las bases para que el Tribunal Constitucional lo acabe tumbando". "El único motivo es que quieren desgastar una ley que está funcionando", ha denunciado al ARA el portavoz del sindicato, Jaime Palomera, y ha añadido que se trataba de una "decisión política" que respondía "a las presiones de una minoría". Aun así, el portavoz ha remarcado que la fecha tope para tomar una decisión definitiva sobre el recurso será el consejo de ministros de mañana y ha pedido "cautela".

Este lunes el Sindicato de Inquilinos se ha manifestado ante la sede del Partido Socialista en Barcelona para reclamar celeridad en la elaboración de una ley estatal. Sobre esto, Ábalos ha insistido que "es muy fácil y temerario decir que uno se pone junto a los especuladores", pero que hace falta una ley que tenga suficientes garantías para que no la acabe tumbando el alto tribunal. El TC se está convirtiendo cada vez más en el argumento del PSOE cada vez que Unidas Podemos presiona por una norma ambiciosa: Ferraz da a entender que desde el partido lila no miran bastante los aspectos técnicos y que cualquier ley suya acabaría en papel mojado en los tribunales.

El TC ya admitió a trámite en enero un recurso de inconstitucional presentado por el PP. La ley 11/2020 se aprobó el septiembre pasado y regula los precios del alquiler a través de un índice de referencia, entre otros mecanismos. Es justamente este índice el que el PSOE defiende que es inconstitucional, mientras que el partido lila y el Sindicato de Inquilinos aseguran que tiene que salir adelante también a escala estatal. Ábalos ha propuesto que la bajada del precio de los alquileres se incentive a través de deducciones a los propietarios.