A simple vista,Ícaro: la semana en llamases un panfleto de blanqueamiento policial que parece destinado a proyectarse en institutos y salones de la enseñanza, a ver si despierta vocaciones y sirve para reclutar a jóvenes para los antidisturbios de la Policía Nacional."Volví a aprender por qué levanto este uniforme", dice una agente emocionada, al final. Quizá sea la misma agente que firma la bandera española con la que empieza y termina el documental con frases como "Yo también defendió la unidad de España". Pero Ícaro es más que un panfleto, claro.

Es posible que recuerde la serie Antidisturbios, un drama policiaco de Movistar+ que se adentraba en las miserias profesionales y domésticas de un grupo de hombres de las unidades de intervención de la policía española (UIP). En el último minuto del último capítulo, los protagonistas llegaban a Barcelona para sofocar las protestas contra la sentencia del Proceso. Uno de los personajes aleccionaba a un compañero debutante: "Tranquilo, esto es como todo. Le pones un poquito de firmeza y un poquito de cabeza. Y si le pones un poquito de chulería... ya lo tienesPero la realidad fue menos épica.

El Tribunal Supremo se opone a conceder un segundo indulto al exvicepresidente Oriol Junqueras, así como a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para perdonarles las penas de inhabilitación a raíz de la condena por el 1-O. Se trata de la petición de indulto presentada por un ciudadano particular para levantar la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, que les impide concurrir como candidatos a las elecciones u ocupar cargos públicos hasta el año 2031 en el caso de Junqueras, y en el 2030 para el resto de exconsejeros. Cabe recordar que el Supremo les negó la amnistía por el delito de malversación.

El Govern ha aceptado indemnizar con 69.218 euros a una mujer que resultó herida durante las protestas en Barcelona contra la sentencia del Proceso, en octubre del 2019, por el impacto de un proyectil de foam de los Mossos d'Esquadra. Según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, el departamento de Interior ha asumido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo de la Generalitat, que concluyó que el cuerpo policial actuó de forma "desproporcionada". El informe de la comisión señalaba que muy probablemente uno de los proyectiles disparados impactó al jefe de la joven en una zona donde no se producían disturbios y descartó que la joven actuara con "imprudencia", por lo que se propuso una indemnización de cerca de 70.000 euros.

A la espera de Adrián Sas, que en menos de dos semanas sabrá si debe entrar o no en la cárcel, Dani Gallardo ya debería haberlo hecho este jueves. Pero el joven gaditano de 25 años, detenido durante las protestas por la sentencia del Proceso en Madrid, no se entregó voluntariamente, según confirmó al ARA el Colectivo de Defensa de las Represaliadas. La Audiencia Provincial de Madrid le notificó la semana pasada que a partir de este lunes tenía tres días para ingresar voluntariamente en prisión, pero Gallardo no lo ha hecho ni tiene la intención de hacerlo. "Ninguna persona de nuestro colectivo se entregará voluntariamente", deja claro Carol Aguilar, miembro de este colectivo. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que todavía no se ha activado la orden de búsqueda y captura y que se tramitará en los próximos días. "No nos lo han notificado, supongo que el lunes", confirma Aguilar.

En un principio era una manifestación de apoyo convocada por los sindicatos SUP y AUGC a seis policías nacionales que este viernes por la mañana declaraban en la Ciudad de la Justicia como investigados para vejar y maltratar a Paula, una chica que detuvieron en Via Laietana durante las protestas contra la sentencia del Proceso en el 2019. Entonces Paula tenía 21 años. Más que una muestra de calor hacia los acusados ​​(solo uno ha declarado presencialmente), la concentración se ha convertido en un clamor contra la amnistía, contra Pedro Sánchez, a quien han tildado de "traidor", y contra Carles Puigdemont, cuyo nombre hacían rimar constantemente con la palabra cárcel. "Si les amnistíarán", comentaba un policía sobre la causa que afecta hasta a 13 compañeros suyos. Luego dejaba claro que él no estaba de acuerdo, "ni para los independentistas ni para los polis". Todavía no está claro el alcance de la amnistía ni si entrará Paula –que aparte de ser denunciante está acusada de desórdenes públicos esa misma noche–, ni los policías que le habrían vejado.

Después de más de 660 días de cortes en la Meridiana desde la sentencia del Procés, el Departamento de Interior los ha dejado de autorizar y plantea una ubicación al lado para las protestas, según ha avanzado 'Nación Digital' y han confirmado fuentes de Interior al ARA. La resolución será efectiva a partir de sábado. Fuentes de Interior han apuntado que esta decisión se ha tomado para hacer compatible el derecho a la manifestación con el de los vecinos a no sufrir molestias después de tres años de cortes, a pesar de que también ha influido la convocatoria de contramanifestaciones por parte de partidos y grupos españolistas, la última de las cuales se produjo el pasado 1 de febrero. "Hace semanas que se producen episodios de tensión y queremos revertir esta situación", remarcan las mismas fuentes.

La Audiencia de Girona ha absuelto a un joven detenido durante las protestes postsentencia que tuvieron lugar en Girona el 18 noviembre de 2018 que estaba acusado de haber tirado piedras contra la policía, resistirse a la detención y herir a un agente. El fiscal pedía 5 años de prisión por los delitos de atentado contra los agentes de autoridad, lesiones a un agente y desórdenes públicos. En la sentencia, el tribunal repasa todas las incongruencias en el relato de los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron y considera que no se ha probado ninguna de las acusaciones de la Fiscalía. Así mismo, lamenta las “numerosas lesiones que presentaba el acusado después de la detención”. “Su presencia [de lesiones] unida a la falta de explicación racional por parte de los agentes declarantes lesiona la coherencia externa del relato policial y, en consecuencia, la fiabilidad de su testimonio”, recalca. 

El desalojo de la acampada en la Plaça Universitat de Barcelona como protesta contra la sentencia del Procés ha acabado en condena para tres participantes. El juzgado penal número 7 de Barcelona ha impuesto 22 meses de prisión para uno de los desalojados y seis meses de prisión para dos participantes más. La Guardia Urbana lideró el operativo del 20 de noviembre de 2019 para poner fin a la movilización que hacía 21 días que duraba.

El 18 de octubre de 2019 a media mañana Charles, un hombre sin hogar que hacía tiempo que vivía en las calles de Barcelona, rebuscaba entre la basura de un contenedor de la calle Pelai. Con medio cuerpo en el interior, difícilmente se dio cuenta de que a unos centenares de metros de distancia miles de personas participaban en las Marxes per la Llibertat, una columna de las cuales llegaría poco después a la plaza Universitat. Probablemente ni sabía que cuatro días antes habían condenado a los líderes del Procés, que aquella era la cuarta jornada de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo y que había una huelga general convocada. Pero con la previsión de nuevos disturbios como los que hacía días que se habían producido, y en medio de un dispositivo de seguridad contundente, la presencia de una persona cerca de un contenedor no pasó inadvertida por los agentes y una pareja de la Guardia Urbana de Barcelona lo arrestó.

Guillem Padilla todavía era menor de edad cuando lo detuvieron, el 18 de octubre del 2019, durante la huelga general contra la sentencia del Procés, de la cual este jueves se cumplen dos años. Los manifestantes estaban sentados en el suelo cuando se produjo una carga policial, como se puede ver en este vídeo. al chico, de 16 años, tardó en reaccionar y por este motivo fue atrapado y reducido por un grupo de seis agentes. Conocido desde entonces como "el chico de la sudadera naranja", el joven denunció un uso desproporcionado de la fuerza en la detención y un posible delito de torturas policiales una vez detenido, pero tanto el juzgado de instrucción número 11 como la Audiencia Provincial de Barcelona lo desestimaron. Este jueves, en cambio, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que las dos instancias no investigaron lo bastante los hechos, que hay "indicios" de estos posibles maltratos y que, por lo tanto, se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. Es por eso que ha anulado los dos pronunciamientos y ha dictaminado que se tiene que volver a analizar la actuación de la policía.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) desestimó la semana pasada el recurso de amparo de Jordi Turull contra la sentencia del Procés, lo cual le abría la puerta a ser el primer preso político que recurre su condena en Estrasburgo. Pero la decisión no se tomó por unanimidad, sino que hubo dos votos particulares. Los magistrados Juan Antonio Xiol y Maria Luisa Balaguer consideraron que el alto tribunal tenía que estimar el recurso del ex conseller porque la sentencia vulneraba una serie de derechos, como por ejemplo el principio a la legalidad sancionadora, el derecho a la libertad personal, a la libertad ideológica y de reunión. En el escrito de 26 páginas que se ha hecho público hoy, los dos jueces consideran "desproporcionada" la pena impuesta a Turull, a pesar de que no cuestionan la relevancia "penal" de los hechos que se juzgaron. Ahora bien, ponen en entredicho que fueran constitutivos de sedición, que es el delito por el cual lo condenó el Tribunal Supremo.

El juzgado penal número 16 de Barcelona ha condenado a un militante de Arran a un año y medio de prisión por un delito de atentado a la autoridad y a pagar una multa de 360 euros por causar lesiones a un mosso d'esquadra durante uno de los cortes en contra del encarcelamiento de los dirigentes independentistas en la Avinguda Meridiana de Barcelona. Además, el miembro de la organización juvenil independentista tendrá que compensar al agente con 1.350 euros por haberle provocado una lesión en un dedo al empujarlo y hacerlo caer, según recoge la sentencia. Arran y Alerta Solidària han criticado que la Generalitat ejerciera de acusación en el juicio, donde elevó la petición de indemnización a 4.609 euros. ERC y la CUP incluyeron que el Govern deje de acusar a manifestantes en el pacto para investir a Pere Aragonès, excepto cuando “haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”, puntualiza el documento del acuerdo. 

La justicia española continúa su deriva restrictiva de derechos, aplicando una doble vara de medir según quiénes son los condenados. Este jueves la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a parar el ingreso en prisión de 10 de los 14 ultras que por la Diada del 2013 asaltaron el Centro Cultural Blanquerna de Madrid mientras se hacía el acto institucional de cada año. Todo el mundo tiene en la cabeza las imágenes de los asaltantes entrando con actitud violenta y amenazante, lanzando proclamas a favor de la unidad de España y empujando a los que les hacían frente, como por ejemplo el entonces diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez-Llibre. Lo hicieron a la luz del día del día y sin preocuparse mucho por ocultar su identidad. Aun así, y después de una condena de más de dos años (entre 2 años y 7 meses y dos años y 9 meses) ya ratificada por el Supremo y el TC, todavía ninguno de ellos ha pasado ni un solo día en la cárcel. El ataque, pues, queda impune.

En la semana de las protestas contra la sentencia del 1-O, en octubre del 2019, una de las imágenes más impactantes fue la paliza de un grupo de extrema derecha a un joven de 23 años en el Eixample de Barcelona, entre las calles Rosselló y Balmes. En los días siguientes los Mossos d'Esquadra detuvieron a algunos de los ultras por la agresión, dos de los cuales entraron en la prisión preventivamente pero quedaron en libertad dos meses después. Ahora la Fiscalía ha presentado su calificación de los hechos y pide cinco años de prisión para cuatro de los autores de la paliza –un quinto es menor de edad y por eso no forma parte del mismo procedimiento–. Cree que veían a la víctima como "un enemigo a abatir" por el hecho de ser independentista.

El Tribunal Constitucional ha aceptado la decisión del magistrado Antonio Narváez de abstenerse de participar en las deliberaciones sobre los recursos de los condenados por el 1-O contra la sentencia del Tribunal Supremo. El juez había presentado un escrito en el que él mismo proponía al pleno excluirse, después de que los líderes independentistas hayan pedido en bloque su recusación por unas declaraciones suyas del año 2017. En un coloquio celebrado en Granada, calificó los hechos del Procés de "golpe de estado encubierto". Con este movimiento, el pleno ha decidido rechazar todos los recursos de amparo para que se apartara a Narváez.