La Comisión Jurídica Asesora da la razón a una víctima del foam y tacha la actuación de los Mossos de "desproporcionada"

BarcelonaLa Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo de la Generalitat, ha concluido que los Mossos d'Esquadra actuaron de forma "desproporcionada" el 18 de octubre de 2019, durante las protestas postsentencia, cuando uno de sus agentes de orden público supuestamente va disparar un proyectil de foam que golpeó la cabeza de Olga. Tal y como avanzó el ARA, la joven quedó gravemente herida: sufrió un traumatismo craneoencefálico y la ingresaron en la UCI. Al día siguiente fue operada de urgencia. Estuvo ingresada trece días, pero las secuelas fueron mucho más allá. En 2020 le acreditaron una pérdida de audición del 85,8% en la oreja izquierda y también sufrió una crisis epiléptica grave por lesiones cerebrales. También le ha quedado un agujero en el cráneo de 1,8 cm y una cicatriz de 23 cm.

La Comisión afirma que "no ha quedado acreditada una realidad absoluta de los hechos", pero sí existen "indicios suficientes para llegar al convencimiento de que la lesión que sufrió fue causada por el impacto de un proyectil de foam" . Por eso, propone que la Generalitat indemnice a la víctima con 69.218 euros.

A las 22.54 horas, Olga estaba con una amiga en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. Era el 18 de octubre de 2019 y mucha gente volvía a casa después de una concentración contra la sentencia del Proceso. En los jardines no había ninguna manifestación. De repente, Olga vio cómo se acercaban tres furgonetas de los Mossos d'Esquadra. En ese momento una chica grababa un audio que lo captó todo, incluso los disparos. El ARA tuvo acceso a ese audio que recoge esta sucesión de hechos. "Vienen hacia aquí, tira hacia arriba. ¿Has oído el disparo? Están disparando. Lo han tocado en la cara. Está en el suelo inconsciente". Hablaban de Olga.

"Se considera altamente probable que los estrépitos que se oyen en las pruebas gráficas aportadas se puedan corresponder con rasgos de proyectiles de foam efectuados con las lanzaderas que las dotaciones de antidisturbios del cuerpo de Mossos d'Esquadra emplearon ese día, y que uno de estos rasgos pudiera ser el que acabara por impactar sobre la persona reclamante", concluye ahora el informe del órgano consultivo, avanzado por El País y al que ha tenido acceso este diario.

Olga prefirió no llevar su caso a los tribunales, sino que, defendida por el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, abrió una vía administrativa para que la Generalitat reconociera el daño causado. Ella reclama 266.781 euros de indemnización y ya rechazó un acuerdo económico porque implicaba renunciar a que la administración admitiera su responsabilidad.

La Brimo de los Mossos en ningún momento ha reconocido que uno de sus agentes disparara el proyectil y la respuesta que dieron a instancias de la instructora del caso del departamento de Interior fue breve: "Ante el alud de desórdenes, no disponemos de los recursos de geolocalización que permitan rastrear todos los movimientos. No se puede descartar o afirmar que existiera una actuación en este punto". Ahora, sin embargo, los Mossos sí pueden geolocalizar los furgones.

La Comisión Jurídica interpreta que esta respuesta en ningún momento desmiente la versión de la joven, que está reforzada con diversas pruebas como el audio o el informe médico. "En consecuencia, se considera que la reacción de las fuerzas de orden público fue desproporcionada en medios y formas", zanja la resolución. Ahora la instructora de Interior tendrá que tener en cuenta ese posicionamiento antes de resolver definitivamente.