Se podrá ir menos rápido y habrá más radares para comprobar que los conductores, especialmente de camiones, cumplen realmente el límite de velocidad. Estas son dos de las principales medidas que este jueves ha anunciado el departamento de Interior para hacer frente al aumento de accidentes mortales en la AP-7, la autopista catalana con mayor tráfico de vehículos. Los datos de esta arteria de la circulación del país no son buenos: este año hasta 15 personas han perdido la vida, más del doble que el pasado año. "El objetivo es mejorar la seguridad vial para reducir víctimas mortales y heridos graves", ha afirmado la consejera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa este jueves por la mañana, en la que también ha anunciado un refuerzo de la formación para los camioneros extracomunitarios.

En la calle Frederic Mompou de la ciudad de Tarragona, desde hace unos días, se puede oír a media voz un pequeño grupo de religiosas que reza en la vía pública. "Señor mío, te pido por los padres que han abortado, derrama sobre ellos tú infinita misericordia", imploran con retratos de la Virgen María y rosario en mano. Lo hacen, dicen, por "las almas de aquellas y aquellos" que ingresan en el único centro privado especializado en interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de la provincia de Tarragona, la Clínica Eira. "Hace cosa de un año empezaron a venir, los martes, cuando abrimos consulta. No eran muy visibles y sólo oraban. Pero ahora vienen cada día con pancartas y se ponen delante de la clínica. ¡Incluso me han hecho una foto!", expone el doctor Abel Garcia, anestesista de la Clínica Eira. Aunque una instrucción del departamento de Interior de principios de año veta las concentraciones antiabortistas en los centros para evitar que coaccionen las mujeres, estos grupos han encontrado un resquicio para hacerlo sin saltarse la norma: si no son al menos veinte personas no deben comunicar el acopio y no se les puede prohibir que lo hagan.

La consejería de Interior de Núria Parlon y el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska están trabajando para ampliar el techo de agentes de los Mossos d'Esquadra, según ha podido saber el ARA. Ahora mismo este techo es de 22.006 efectivos, acordado en 2021 por el entonces titular de la conselleria catalana, Joan Ignasi Elena. Entonces se consideró un acuerdo prácticamente histórico, puesto que el número máximo de agentes permitidos no se movía desde el año 2006. En ese momento, la negociación fue de urgencia y forzada, ya que el tope era de 18.267 agentes y el cuerpo ya tenía 17.900 efectivos. Ahora, el nuevo techo tampoco parece suficiente.

Desokupa podrá formar a los vigilantes de seguridad privada que trabajan en el metro de Barcelona, ​​en Cercanías o en los juzgados tras alcanzar un acuerdo de colaboración con ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, un sindicato con 1.200 trabajadores afiliados. Ahora bien, estos cursos no serán oficiales, no se considerarán una formación homologada y no se incluirán en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, según ha podido saber el ARA. ¿El motivo? Ni la empresa Desokupa, ni ninguna de sus derivadas, están inscritas en el registro del departamento de Interior como centro de formación de personal de seguridad privada. Aunque la competencia para establecer los programas de formación de estos trabajadores cuelga del Estado, el registro depende de la Generalitat y fuentes de Interior confirman que esta empresa no figura.

Más mujeres en una promoción que todas las que existen ahora mismo como funcionarias. Esto es lo que ocurrirá en los Bomberos de la Generalitat en los próximos meses, después de que esta semana haya salido la lista de los 240 futuros efectivos que a principios de abril empezarán el curso de formación en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) . Hicieron las oposiciones durante el pasado año, las primeras que tenían un 40% de plazas reservadas para mujeres, siguiendo la política de feminización de los cuerpos de emergencia impulsada por la comisaría de Interior. Según ha podido saber el ARA, de esta promoción han salido 95 futuras bomberas, más que todas las que hay ahora mismo en el cuerpo, 74.

El departamento de Interior de la Generalitat ha emitido una resolución prohibiendo que grupos antiabortistas se concentren a las puertas de los centros de interrupción voluntaria del embarazo de Catalunya, según ha podido saber el ARA. Sobre todo, esta decisión va dirigida a una asociación concreta: 40 Días por la Vida. Son una entidad religiosa con 20 años de historia que nació en Estados Unidos y se ha expandido por todo el mundo. España no es una excepción y en los últimos días frecuentaban las puertas de estos centros médicos y, según fuentes gubernamentales, increpaban a las mujeres que acudían a ellos. No eran concentraciones masivas, pero duraban horas y horas, hasta el punto de que a veces han pasado la noche haciendo turnos. La campaña comenzó el 14 de febrero y está previsto que acabe el 24 de marzo, coincidiendo con el período de la Cuaresma. En total son 40 días. Su actividad se ha acelerado desde la aprobación de la nueva ley de aborto hace un año.

Ya hace ocho años que entró en vigor la polémica ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, una norma promovida por el PP y criticada por algunos sectores porque consideran que permite a la policía sancionar con demasiada discrecionalidad. Han pasado los años (y los colores políticos de los gobiernos), pero la ley sigue en vigor a pesar de los intentos fallidos de reformarla. Ahora hace dos meses cayó la nueva norma propuesta por la Moncloa por el desacuerdo con ERC, EH Bildu y Junts. No obstante, la ley no ha dejado de crear revuelo y ha permitido, por ejemplo, que activistas a favor del derecho a la vivienda fueran multados por sentarse en un portal en medio de un desahucio o fotoperiodistas que cubrían una manifestación. En Catalunya, fuentes del departamento de Interior apuntan que los últimos años habían aumentado las actas que los Mossos d'Esquadra levantaban amparándose en la norma. De hecho, Catalunya es la cuarta comunidad con más sanciones impuestas. Ante esta situación incómoda, el departamento encabezado por Joan Ignasi Elena intentó esquivar los efectos de la ley mordaza con un nuevo protocolo interno. Entró en vigor en julio del año pasado y diez meses después se observa que, hasta ahora, ha conseguido reducir el alcance de la norma española.

No tendría que ser extraordinario que el Govern indemnice de oficio a alguien que ha perdido un ojo por un proyectil policial por el solo hecho de participar en una protesta, sin haber cometido ningún delito. Pero Ester Quintana tuvo que pelearlo a fondo en los juzgados. Su caso marcó un punto de inflexión, con la prohibición en 2013 del uso de balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra y la creación, el año siguiente, de un protocolo para indemnizar a las víctimas de actuaciones de la policía catalana. Tenía que ser un cambio de dirección que no lo fue tanto: el protocolo no se había aplicado nunca hasta ahora –los consellers Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn y Miquel Buch no crearon nunca la comisión que lo tenía que ejecutar– y los proyectiles policiales, ahora de foam, continúan reventando ojos.