La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ha confirmado este lunes en un juzgado de Barcelona que el Tribunal Supremo autorizó los servicios de inteligencia de España a espiar a los expresidentes del ANC Jordi Sánchez y Elisenda Paluzie. El consejo de ministros desclasificó la semana pasada una parte de los documentos reservados relacionados con este espionaje, lo que ha permitido a Casteleiro, que dirige el CNI desde 2022, explicar ante el juzgado de instrucción número 23 de Barcelona que Sánchez y Paluzie fueron espiados desde el 2019. Aunque Casteleiro sólo, Casteleiro Mossos detectaron intrusiones en el móvil de Sánchez desde el 2015, cuando teóricamente todavía no había autorización para espiarlo. El dirigente independentista fue candidato de Junts al Parlament en el 2018 y en el Congreso en el 2019, y secretario general del partido entre 2020 y 2022.

El Centro llega a la plataforma Movistar+. Se trata de un thriller de espionaje en el que el protagonista es Vicente Alfaro, conocido como Michelín, y al que da vida el actor Juan Diego Botto. La trama arranca con un asesinato que destapa una compleja operación internacional ligada a los rusos. Ambientada en la actualidad, pero con aires de la Guerra Fría, la trama consiste en una carrera a contrarreloj para evitar que un agente infiltrado comprometa la seguridad del Estado. Además, los protagonistas se ven atrapados en una conspiración que incluye también traiciones internas.

El 29 de noviembre de 2003, ocho miembros del CNI se trasladaban con sus vehículos desde Bagdad hasta las bases de Diwaniya y Najaf. Eran los años de la guerra de Irak. Habían recorrido aproximadamente unos 30 kilómetros cuando sufrieron una emboscada en la que murieron todos los agentes, menos uno: José Manuel Sánchez Riera. Ahora, más de 20 años después, ha decidido contar su historia en el libro Tres días de noviembre (Editorial Espada).

El 29 de noviembre de 2003, ocho miembros del CNI se trasladaban con sus vehículos desde Bagdad hasta las bases de Diwaniya y Najaf. Eran los años de la guerra de Irak. Habían recorrido aproximadamente unos 30 kilómetros cuando sufrieron una emboscada en la que murieron todos los agentes, menos uno: José Manuel Sánchez Riera. Ahora, más de 20 años después, ha decidido contar su historia en el libro Tres días de noviembre (Editorial Espada).

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quería captar como confidente al antiguo imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty, el cerebro de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 2017, pero finalmente lo descartó. Así lo acredita la documentación desclasificada –avanzada por El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA– que el gobierno español ha aportado a la comisión de investigación sobre el 17-A del Congreso. "Se incide en su tendencia al engaño y no sujeción al cumplimiento de directrices. Este análisis y las conclusiones extraídas de las entrevistas invalidaba a Es-Satty para cualquier actividad informativa", manifestó el ex director del CNI Félix Sanz Roldán en una comparecencia en la comisión de control de los servicios secretos de la cámara baja el 6 de marzo de 2018.

En pleno escándalo por el Catalangate, el espionaje masivo a independentistas catalanes con el programa Pegasus, el presidente español, Pedro Sánchez, se comprometió con ERC a reformar la ley de secretos oficiales ya reforzar los controles sobre el CNI. del 2022. Esta semana pasada, los Mossos han acreditado el espionaje en el móvil del expresidente Pere Aragonès en algunos períodos sin autorización judicial, un caso por el que está siendo investigada la exdirectora del CNI, Paz Esteban. El caso es que ambas reformas quedaron en un cajón con el adelanto electoral y todavía no se han reactivado. Se trata de dos asignaturas pendientes del presidente español, que este lunes comparece para hacer balance del último año y sacar pecho de que, pese a la debilidad parlamentaria, su gobierno ha podido aprobar 21 leyes.

Que el rey de España sea la persona más protegida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no es cuestión únicamente de seguridad. Las últimas revelaciones en forma de fotografías y audios sobre la relación que mantuvieron Juan Carlos I y la vedete Bárbara Rey ponen de manifiesto que los servicios secretos del Estado, si fue necesario, también han dedicado recursos económicos a encubrir la vida extramatrimonial de la exmonarca. Es imposible cuantificar cuánto dinero el Estado ha tenido que asumir para tapar escándalos, pero los autores del libro El jefe de los espías (Roca, 2021), basado en las notas del ex director del Cesid –antiguo CNI– Emilio Alonso Manglano (1981-1995), publicaban el pasado domingo en el diario Abc que la actriz recibió más de 600 millones de pesetas (unos 3,5 millones de euros) a cambio de no publicar material sobre la relación que había mantenido con Juan Carlos.

El consejo de ministros podría desclasificar documentación sobre los atentados del 17-A Éste sería otro de los gestos del PSOE con Junts para acercar posiciones, después de que este martes se detuviera la votación de la senda de estabilidad para negociarla con la formación de Carles Puigdemont. El jueves se reactivan las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y sobre el 17-A, pactadas entre el PSOE y Junts para votar a la presidencia de Francina Armengol, con la aprobación de los planes de trabajo. Y, tal y como ha avanzado el medio The Objective y ha confirmado el ARA, figura la petición de documentación clasificada relacionada con los atentados en Barcelona y Cambrils que, en principio, el ministerio de Defensa no tendría reparos por revelar. "No tenemos nada que esconder", aseguran fuentes cercanas a la ministra Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, negó que los dispositivos de los miembros del gobierno español, entre ellos el del presidente, Pedro Sánchez, infectados con el programa informático Pegasus tuvieran información secreta o reservada. La ministra ha asegurado que únicamente afectaron a su intimidad, y que "no hay ningún dato" que acredite que la seguridad nacional se hubiera visto comprometida.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que archive la causa contra la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje en el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Según la agencia Efe, el ministerio público considera que los ataques con el programa informático Pegasus contaron siempre con aval judicial. De esta forma, la Fiscalía se añade a la petición que ya hizo la Abogacía del Estado, que defiende Paz Esteban: presentó un recurso en contra de la decisión del juez instructor de mantener como imputada a la exdirectora del CNI mientras aclaraba si el espionaje en Aragonés fue avalado en todo momento por el Tribunal Supremo. Ahora bien, el magistrado Santiago García rechazó esa petición.

El consejo de ministros ha acordado este martes la desclasificación de documentos relativos al espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo hace a petición del juez que investiga la causa abierta en Barcelona, ​​en la que el jefe del ejecutivo catalán declaró el pasado 13 de diciembre y defendió que levantar el secreto de la información era una "obligación ética y moral". También lo es para que tenga sentido la comparecencia prevista para el 26 de enero de la ex directora del CNI Paz Esteban, en calidad de investigación.

En la última década varias de las máximas autoridades del Govern han tenido que pasar por los juzgados por causas relacionadas con el Proceso, pero lo han hecho siempre como investigados o acusados. Este miércoles el presidente del Govern Pere Aragonès ha declarado ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona como víctima del espionaje al independentismo en el marco del caso Pegasus. Aragonés ha señalado expresamente ante el juez al CNI como los responsables del espionaje que, según la querella del president, se habría alargado unos 20 meses, entre julio de 2018 y marzo de 2020, un período clave para la política catalana y española. A la salida de los juzgados, tras declarar durante unos 45 minutos, Aragonès insistió en la necesidad de desclasificar la información relativa al espionaje con el software Pegasus: "El gobierno español tiene la obligación ética y moral de desclasificar la información", ha dicho.

"Según su Estatut, el IVA que se genera por la venta de productos fabricados en Catalunya es 100% para las arcas catalanas. ¡A eso se le llama solidaridad con España!" Este mensaje completamente falso –Cataluña no se queda el IVA de los productos que se fabrican en su territorio– lo escribió Manoplas54, un veterano de uno de los foros más concurridos en el internet español, Forocoches, el pasado día 15. Abrió un hilo de conversación con el título "Boicot a los productos catalanes" donde pide que no se compre nada a empresas que, asegura, están "a favor de la independencia". Señala grandes marcas muy conocidas y de diversos sectores, que nunca se han pronunciado sobre el independentismo, pero que son de propiedad catalana, se han fundado en Catalunya o tienen allí su sede estatal. "Europa tiene judíos y España catalanes", añade el usuario premium Disider, que ha publicado 7.250 mensajes en el foro en cuatro años: una media de cinco cada día, incluidos fines de semana.

Detenidos dos agentes del CNI por un presunto delito de revelación de información secreta en Estados Unidos. Uno de ellos ya está en prisión, según informaron fuentes del caso a la agencia Efe. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado desde Letonia que se abrió un procedimiento judicial a raíz de una denuncia del propio CNI. "Hay un procedimiento judicial, es un procedimiento de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que les denunció", indicó durante una visita a las tropas españolas destacadas en misión de la OTAN.

Por primera vez, un cargo del Centro Nacional de Investigación (CNI) deberá dar explicaciones como investigado por el caso Pegasus, de espionaje político. Según ha avanzado Eldiario.es y ha confirmado el ARA, un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje en su teléfono móvil y ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, cesada en mayo del pasado año después de que estallara el llamado Catalangate.

No todas las víctimas de la operación Catalunya eran dirigentes de partidos independentistas, sino que las pruebas falsas o los trapos sucios también se buscaban entre personas en torno al movimiento. Una de ellas sería el expresidente del Barça Sandro Rosell: "Aunque él no es político, hay tres clases de enemigo en la política: el furibundo, el sanguinario y el compañero de partido", ha señalado en una entrevista en Rac 1 José Manuel Villarejo, donde ha hecho una afirmación que traerá cola: "En el caso del señor Rosell, fue Laporta quien nos dio esa información".

Lo que hoy se conoce como caso Pegasus, el espionaje político mediante el malware intrusivo de la empresa israelí NSO, empezó con el Catalangate. Y el Catalangate, hay que recordarlo, arrancó cuando se hizo público el espionaje en los teléfonos del expresidente del Parlamento y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y del dirigente de ERC en Barcelona Ernest Maragall. La intrusión en los móviles de Torrent y Maragall abrió una causa judicial en octubre de 2020, pero el Catalangate ha crecido con el descubrimiento de que también se espiaron a decenas de activistas, políticos, abogados y periodistas vinculados al independentismo, incluyendo al president, Pere Aragonès. Este escándalo se ha complicado todavía más, reconvirtiéndose en el caso Pegasus, con la sorpresiva admisión pública por parte del Gobierno español de que se había espiado a su presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y que se había intentado con el responsable de Agricultura, Luis Planas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados que impulsará un cambio en la ley que regula el control judicial del CNI, que data de 2002, para "asegurar al máximo el respeto a los derechos individuales". Sánchez ha hecho este anuncio en el marco de la comparecencia sobre el caso Pegasus que fue pedida por el resto de partidos, y en la cual el presidente del gobierno español ha aprovechado tanto para cargar contra el PP como para defender su apuesta por el diálogo con Catalunya. Aun así, el anuncio no ha convencido a los independentistas catalanes y al resto de socios de investidura, que se han mostrado decepcionados y han considerado que las explicaciones eran insuficientes. La crisis, pues, está lejos de haber quedado resuelta hoy.

Mientras el escándalo del Catalangate y el flirteo español con Pegasus todavía colea, el espionaje se enreda todavía más. El Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG, por las siglas en inglés) ha detectado el uso durante el año pasado de otro softwareespía, denominado Predator, comprado por "actores con apoyo gubernamental" de varios países, incluyendo España. En concreto, el equipo de Google ha encontrado cinco vulnerabilidades zero day (errores o huecos en la programación desconocidos por el fabricante, y, por lo tanto, sin solución) que, según asegura "en un alto grado de confianza", se han usado para infectar teléfonos Android con un malware llamado Alien que, a su vez, instala en el teléfono el software espía Predator, capaz por ejemplo de activar el micrófono del móvil y grabar todo aquello que se diga estando cerca.

"Las intervenciones telefónicas son la única fórmula de evitar una secesión en España". De esta contundente forma, el magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) justifica la interceptación de las comunicaciones de 18 dirigentes independentistas, entre los cuales el president Pere Aragonès, que entonces era vicepresidente del ejecutivo, o el entorno del presidente Carles Puigdemont, según ha avanzado el diario El Mundo. Una interceptación que se produjo durante octubre de 2019, en el marco de la sentencia del Procés y de las protestas convocadas por Tsunami Democràtic.