Aún no se sabe qué papel tendrá Yolanda Díaz en las próximas elecciones estatales. Queda claro, sin embargo, que tras renunciar a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, dejará un legado de siete años al frente del ministerio de Trabajo, si las generales se celebran en el 2027. Una voz sindical trabajada de cerca no duda en calificar la agenda de reformas y medidas impulsadas desde su cartera como un "punto de inflejo" 2021.

En la cruzada de la ministra de Trabajo y Economía Social para mejorar las condiciones laborales, la reducción de la jornada se lleva todos los focos. Pero detrás hay otra, menos mediática y más delicada, que a nivel político está aún por empezar: la de la compensación por los despidos improcedentes.

Este otoño vendrá acompañada de la reforma laboral, que quedó varada antes del verano. La medida de mayor alcance es la reducción en un 6,25% de la jornada laboral semanal (dejándola en 37,5 horas) manteniendo el mismo sueldo. El bloqueo de las patronales no es de extrañar, porque los costes laborales suelen ser los más importantes en cualquier empresa. Y para algunas pymes, una pequeña variación puede poner en juego la viabilidad económica. Pero conviene recordar que la última reducción fue en 1983, bajo el gobierno del entonces flamante presidente Felipe González, que consolidó las 40 horas actuales (en vez de 43). De esto hace cuatro décadas, antes de los móviles, de internet, y de tantas otras tecnologías que, en teoría, nos hacen más eficientes.

Foment del Treball reclamó volver a negociar la reforma laboral en cuanto a la contratación al considerar que "no ha resuelto los problemas que pretendía resolver", que era limitar la temporalidad de la mayoría de actividades económicas, sino que "se ha limitado a esconderla de las estadísticas fundamentales".

La Comisión Europea ha dado luz verde al segundo desembolso del Plan de Recuperación, y el más importante en cuanto al volumen: 12.000 millones de euros. El gobierno español solicitó esta parte de los fondos europeos Next Generation a finales de abril. A pesar de que la decisión final, es decir, su ejecución, depende del conjunto de los estados miembros (en concreto del Comité Económico y Financiero), Bruselas ha aceptado el desembolso después de valorar positivamente el cumplimiento de una cuarentena de hitos pactados en el Plan de Recuperación español, entre ellas la reforma laboral y algunos de los cambios de la reforma del sistema de las pensiones. La decisión final del Comité, sin embargo, no se espera que sea contraria. El órgano tiene hasta 4 semanas de margen para estudiar la validación de forma que el desembolso llegaría a finales de julio. Así, los 12.000 millones se sumarían a los casi 20.000 millones cobrados durante el 2021.

El paro sigue llevando nombre de mujer. A lo largo de 2021, el perfil de persona en paro de larga duración –más de un año– corresponde mayoritariamente a mujeres. Se trata del 65% del total de casos, frente al 35% de varones desempleados desde hace cuatro años o más. También son mayoría entre las personas que llevan entre uno o cuatro años en las listas del paro. Esto se extrae del informe Mercado de trabajo y protección por desempleo, publicado este miércoles por CCOO. "Es un problema estructural y no parece que los planes puestos en marcha para atender a estas personas hayan tenido el efecto esperado", sintetiza el informe. Por franjas de edad, del total de mujeres en paro las más castigadas son las de entre 35 y 49 años (71%), seguidas de las de entre 25 y 35 años (65%) y de las mayores de 50 años (63%).

Este miércoles se acaba el plazo que dio el Gobierno español para que las empresas adapten sus contratos a la nueva reforma laboral. La normativa la aprobó el consejo de ministros a finales del año pasado y el ejecutivo de Sánchez dio un plazo de tres meses para que las empresas hicieran la transición de la antigua a la nueva reforma. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Qué contratos desaparecen y cuáles se crean? Los repasamos.

Aire para los más de 100.000 trabajadores que continúan afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El gobierno español ha consensuado con los agentes sociales –sindicatos y patronales– que los ERTE actuales vinculados al covid-19 se prorroguen durante un mes, es decir, hasta el 31 de marzo, para acabar de adaptarse al mecanismo que tiene que permitir transitar hacia los ERTE de la reforma laboral. Así lo han confirmado fuentes del diálogo social, después de la reunión de este lunes con el ejecutivo, y de hecho la misma ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó el viernes que daría un mes de margen a las empresas para adaptarse a los nuevos modelos. Además, el gobierno español ha decidido prorrogar hasta el 30 de junio los ERTE desplegados en las Islas Canarias después de la explosión del volcán de La Palma, así como el plan Me Cuida.

La pandemia del coronavirus ha cambiado la manera de trabajar en muchos sectores, sobre todo en aquellos con posibilidades de teletrabajar, y Bélgica ha incorporado estos cambios a su regulación laboral. Esta madrugada el complejo gobierno de coalición de este pequeño país centroeuropeo ha llegado a un acuerdo de reforma laboral que tiene como eje central la flexibilización del trabajo, por ejemplo con la opción de concentrar todas las horas de trabajo en cuatro jornadas.

Golpe a la estrategia del PP para revocar la aprobación de la reforma laboral. Los letrados del Congreso han determinado que la votación del diputado Alberto Casero fue válida y que no hubo ningún error informático, tal como denunciaba la formación conservadora. En un informe publicado este viernes, la secretaría general de la cámara baja ha resuelto que no se tenía que dar permiso a Casero para corregir el voto telemático. Hacerlo lo habría situado en una posición de ventaja respecto de los que participan presencialmente del debate que no estaba justificada. Además, los letrados acompañan su decisión con un informe de la dirección de tecnologías de la información y la comunicación que detalla cómo el diputado del PP confirmó lo que había votado.

Ha sido una semana carnavalesca en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de Diputados. Pero el tono periodístico es diferente si se habla de una cámara o de la otra. Lo que pasa en el Congreso genera preocupación y disgusto, porque el Congreso es real y tangible. En cambio, las cosas de nuestro Parlament, que como todo el mundo sabe es de estar por casa, se ventilan con una risita tertuliana, con un deje paternalista que esconde cierto morro, teniendo en cuenta que tras los árboles del esperpento independentista está el bosque de la represión arbitraria del Estado, que a veces da la impresión de que sea un castigo merecido por la impericia de nuestra clase política. Y así el gobierno de las togas va haciendo camino, en España, prácticamente sin oposición. Ya nos lo encontraremos -todos juntos- el día que el imperio de la ley se convierta en la excusa para no dejarnos ni abrir la boca.

Ferran Bel (Tortosa, 1965) es el portavoz en el Congreso del PDECat. Atiende al ARA después de que el partido apoyara este jueves la reforma laboral y critica a JxCat y ERC por no validarla, argumentando que Catalunya se beneficiará de algunas contrapartidas en los próximos meses.

Alberto Casero (Cáceres, 1978) será recordado siempre como el diputado del PP que aprobó el nuevo marco laboral impulsado por Yolanda Díaz para modificar la reforma de Mariano Rajoy del 2012. En Trujillo, un municipio de su provincia de unos 10.000 habitantes, ya lo conocían porque fue el alcalde entre 2011 y 2019, después de haber sido diputado de la Junta de Extremadura (2003-2011). Con 24 años obtuvo su primer escaño, entre 2011 y 2015 fue senador y, durante el mismo periodo, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Trujillo.

Más allá del diputado del PP Alberto Casares, los otros dos grandes protagonistas de la semana en el Congreso son Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El presidente de la formación, Javier Esparza, no cree que puedan seguir porque el jueves rompieron la disciplina del partido votando en contra de la reforma laboral. "Nos han engañado a todos. Es que nos han mentido a todos, a toda la dirección del partido y al conjunto de la sociedad navarra y española, esta es la realidad", ha subrayado en declaraciones a los medios.

El final, si es que ha llegado, de la votación de la reforma laboral de este jueves en el Congreso fue digno de giro de guion de película. Una de las medidas estrella del gobierno español ha salido adelante gracias al voto del diputado del PP Alberto Casero, y con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompiendo la disciplina de voto para intentar hacer fracasar la votación. La confusión fue tan grande que la bancada de la derecha incluso llegó a celebrar eufóricamente el rechazo a la reforma laboral que había proclamado por error la presidenta del Congreso de Diputados, Meritxell Batet, hasta que los servicios de la cámara le hicieron notar el error y dio luz verde a la normativa. "Tongo, tongo", exclamaban a gritos diputados del PP y Vox. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, avisaba de que antes de la votación presencial se había trasladado a la mesa un "error informático" en la votación de Casero, que fue telemática por enfermedad. Según el PP, Casero había votado que no y en el certificado de votación aparecía que sí y, por lo tanto, había que parar la votación. Como este voto es tan importante, la primera pregunta que hay que hacerse es si se puede dar marcha atrás. Y la mesa del Congreso ya ha dicho que no hay ningún motivo para hacerlo, aunque el PP amenace con llegar al Tribunal Constitucional.

La aprobación este jueves del real decreto de reforma laboral en el Congreso de Diputados, al margen del contenido de la norma, deja un profundo mal sabor de boca por cómo se produjo. Por dos motivos, uno formal y uno de fondo. Y los dos están íntimamente relacionados. La accidentada votación no se produjo porque sí, sino que respondió a la ajustada mayoría que había negociado el gobierno de Pedro Sánchez. El hecho de que a última hora los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) rompieran la disciplina de voto y no obedecieran el pacto de la dirección de su partido con el gobierno es indicativo de la debilidad de la posición del ejecutivo, que ya no había conseguido sumar a la iniciativa a sus principales socios externos de legislatura, es decir, el PNV, ERC y Bildu, que votaron todos también contra el texto. Solo una equivocación telemática de un diputado del PP permitió que la decisiva normativa saliera adelante en medio de las dudas. Y este es el problema de fondo que evidencia la accidentada sesión de este jueves en la cámara baja: en una cuestión tan relevante como la reforma laboral, el ejecutivo sale adelante por un error ajeno, no por méritos políticos propios. La alegría de los miembros del gobierno una vez la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en medio del abucheo de los diputados populares, proclamó la aprobación de la reforma laboral resultó más bien ridícula. Porque, en realidad, sin el factor suerte, se trataba de una derrota política. Tendrían que estar preocupados. Han perdido la confianza del bloque de investidura y han aprobado una norma central para el país con una legitimidad bajo sospecha. El PP quiere presentar batalla legal contra un resultado que consideran irregular porque aducen que el error no ha sido humano, sino informático. Habrá que ver qué recorrido tiene.

A las siete de la tarde el equipo de Yolanda Díaz llama a Esquerra para que Gabriel Rufián acuda a una reunión en el ministerio de Trabajo con el PSOE. Es miércoles y al día siguiente se vota el decreto de la reforma laboral en el Congreso. El portavoz republicano se pregunta: "¿Por qué?". Hace días que las posiciones no se mueven y ve complicado que se desencallen in extremis, y también se sorprende de que el supuesto encuentro sea a tres bandas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no tenía constancia de ello. "¿Por qué?", se pregunta también. La reunión no se produce y el proyecto tendrá que salir adelante con la mayoría alternativa que ya ha conseguido construir el PSOE por su parte. No llegó el milagro de conseguir el apoyo de ERC; más bien se ha producido otro con la aprobación gracias a un error de un diputado del PP.

La reforma laboral se ha aprobado en el Congreso de milagro, con un añadido de poesía y confusión. De hecho, la mesa está estudiando un error con el voto de un diputado del PP, partido artífice del marco laboral que ahora se modifica, que ha permitido que salga adelante el real decreto. Por si no había habido suficiente intriga en los últimos días, durante el recuento han saltado todas las alarmas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que el decreto quedaba derogado, a pesar de anunciar una votación ajustadíssima de 175 votos a favor y 174 en contra. Las caras del presidente, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz han sido un poema durante unos momentos. La bancada de la derecha lo ha celebrado, pero instantes después Batet ha corregido: "Los servicios de la cámara me informan de que queda convalidado el real decreto". Se ha levantado la sesión con gritos de "tongo, tongo" de la bancada de la derecha.